Política

ESPECIALMENTE POR EL POSICIONAMIENTO DE PRISA TRAS EL 11-M. Cañete denuncia que la Ley Polanco sólo sirve para que Zapatero agradezca "los servicios prestados".

El responsable del Economía del PP ha explicado en la Cope que el único objetivo del Gobierno con la "Ley Polanco" es devolver al grupo Prisa los servicios prestados cuando el PSOE estaba en la oposición. Especialmente, ha destacado Arias Cañete, en la cobertura informativa entre el 11 y el 14 de marzo. Dice que la reforma ni aumenta la competencia ni fomenta el pluralismo sino que sólo beneficia las cuentas de un grupo afín al Ejecutivo. Con ella, aclara, también se pretende enterrar la sentencia del Supremo contra la Ser por el antenicidio.

En declaraciones a La Mañana de la Cope, Miguel Arias Cañete analizó el único objetivo real de la Ley Polanco. Dice que no es otro que devolver al grupo Prisa en forma de beneficios económicos los servicios prestados durante los años de oposición del PSOE. Los servicios, explicó el dirigente popular, se acentuaron entre el 11 y el 14 de marzo, con motivo de la cobertura informativa de los atentados de Madrid en los medios que controla Polanco.

Pero además de esta finalidad, Cañete entiende que con el proyecto de ley de reforma del sector audiovisual, "diseñado a la medida del grupo Prisa", el Gobierno de Zapatero también pretende enterrar la sentencia del Tribunal Supremo contra el antenicidio, que obliga a la Ser a devolver las emisora que compró ilegalmente para acabar con la competencia de Antena 3 Radio.

La cobertura del 11 al 14-M

Para Cañete, "eso esta cantado. Se van a agradecer los servicios prestados al grupo Prisa y a los medios de comunicación que favorecieron al Gobierno en una circunstancia histórica muy lamentable para España, donde padecimos el mayor atentado y donde hubo medios que se posicionaron claramente. Y el Gobierno esta agradeciendo los servicios prestados. Eso es obvio".

En esos días, en los micrófonos de la Ser se habló de que había terroristas suicidas en los trenes, de que el Gobierno de Aznar estaba mintiendo y ocultando datos de la investigación y se llegó a poner sobre la mesa que el PP estaba planteandose suspender las elecciones, "alguna tentación de declarar algún estado de excepcionalidad", se llegó a escuhar entonces.

El que fuera ministro con Aznar recordó que, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo del PSOE, la ley Polanco "ni aumenta la competencia ni fomenta el pluralismo" sino que a lo que realmente contribuye es a la rentabilidad económica de unos medios en poder de Polanco. Curiosamente, explicó, los mismos medios del grupo Prisa que hacen gala de contar con información privilegiada del Gobierno.

El País de las "exclusivas" gubernamentales

El último ejemplo lo tenemos esta misma semana. El viernes, horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el plan ideado por Solbes con medidas sin concertar para dinamizar la economía, El País adelantaba buena parte del contenido de esa iniciativa. Pero no ha sido el único. Con motivo de esta última filtración del Gobierno, El Mundo recordó este sábado algunas de las "exclusivas" de Zapatero al diario de Prisa, "sobre todo los jueves o el mismo viernes, cuando se celebra el Consejo de Ministros".

Así, detallaba que "el pasado 24 de septiembre, ese diario informó de que el Gobierno iba a eliminar el efecto de la inflación en el IRPF desde este año el mismo día de su aprobación. Unos días después, también adelantó que el Ejecutivo iba a modificar 14 artículos del Código Civil para permitir el matrimonio de parejas homosexuales, anunciando además que habían tenido acceso al anteproyecto. Y lo mismo anticipando el plan de Seguridad Vial un día antes de que fuera aprobado. Y a la inversa, el Ministerio de Industria desmintió a El Mundo esta misma semana una información difundida por la agencia Reuters de que se iban a congelar los CTC para el sector eléctrico. Ayer, fue una de las medidas aprobadas por el Gobierno".

EL PP CRITICA EL "DESCARO INSOLENTE" DE BLANCO AL ABOGAR POR ELLO. Sogecable responde a la llamada del PSOE y pide al Gobierno que Canal+ emita siempre en abierto.

Sogecable pedirá al Gobierno que permita emitir a Canal+ en abierto las 24 horas del día, lo que supone cambiar la concesión otorgada en 1989. La excusa es el pluralismo y el interés general, aunque el PP y las televisiones privadas generalistas han advertido de el cambio es ilegal y agrava la situación de monopolio. Sogecable no sólo rechaza cualquier acusación de "favoritismo" sino que se siente objeto de un "acoso político y judicial durante 8 años". De paso, PRISA ha arremetido contra la COPE y acusado a Luis Herrero de "mentir" al denunciar amenazas.

El Consejo de Administración de Sogecable, reunido este martes en Madrid, ha aprobado por unanimidad solicitar al Consejo de Ministros que Canal+ pase a emitir en abierto las 24 horas del día. El anuncio corrió a cargo del presidente Rodolfo Martín Villa. Los matices y el victimismo llegaron de mano de Javier Díez de Polanco, consejero delegado

La solicitud para la emisión de televisión en abierto supondría cambiar la concesión que en 1989 obtuvo Canal+, que contempla seis horas de emisión en abierto y el resto codificada para sus abonados de pago.

Sogecable, que el año pasado redujo sus pérdidas un 52 por ciento, considera que su emisión en abierto supondrá un beneficio inequívoco para el interés general, para todos los ciudadanos y para la industria de la comunicación y el entretenimiento en España, favoreciendo el pluralismo informativo, la producción audiovisual, el sector de la publicidad y a todos los demás agentes que participan en esta industria.

Sin embargo, tanto desde el Partido Popular, como desde las televisiones privadas (Tele 5 y Antena 3) se advierte el Gobierno podría violar la legalidad vigente, perjudicar a la competencia y agravar aún más la posición de dominio de Sogecable en el sector audiovisual español.

Curiosamente, esta solicitud se produce al día siguiente de que el eurodiputado del PP, Luis Herrero, denunciase el lunes, en el Parlamento de Estrasburgo, las maniobras del Gobierno socialista para permitir, a través de la Ley de Televisión Digital, que el Grupo Prisa aumente su control sobre los medios de comunicación en España. Después de expresar públicamente su postura, el periodista denunciaba este martes, en La Mañana de COPE, haber recibido amenazas desde la Cadena SER.

El "acoso político y judicial de Sogecable", según Díez de Polanco

El consejero delegado de Sogecable, Javier Díez Polanco, ha respondido a estas acusaciones sin rubor: "Cuando se habla de favoritismo y amiguismo" hacia Sogecable hay un "gran cinismo" de quien tiene una licencia de televisión analógica como la nuestra e intenta hacer "de una cuestión de resultados económicos un problema político".

Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Ahora Sogecable es víctima indefensa: "Esta casa –prosiguió el consejero delegado de Sogecable– ha vivido un acoso político y judicial durante 8 años y ningún operador ha salido en defensa del pluralismo".

A preguntas de los periodistas, Díez Polanco ha señalado que esperan operar en el mercado de la televisión en abierto "en breve", aunque ha eludido dar detalles sobre el calendario de lanzamiento o contenidos con los que cuenta, mientas el Gobierno no tome la decisión. Pero a juzgar por sus palabras, el Gobierno piensa estudiarlo "en el próximo Consejo de Ministros".

Cambiar la concesión otorgada a Canal+ en 1989

En la rueda de prensa celebrada en Tres Cantos, el presidente de Sogecable, Rodolfo Martín Villa, ha señalado que la petición al Gobierno se sustenta en la creciente incompatibilidad entre la televisión de pago y la terrestre analógica. Mientras que Díez Polanco ha añadido que Sogecable no está pidiendo nada que no tenga ya, es decir una licencia de televisión privada, y que su solicitud consiste en "transformar" el contrato de concesión para poder emitir en abierto, como lo hacen los otros dos concesionarios.

Sogecable se constituyó el 12 de abril de 1989 resultando adjudicataria de una concesión de gestión indirecta del Servicio Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 1989, por un periodo inicial de diez años que fue renovado por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000.

El grupo Prisa fue uno de los primeros aspirantes a una concesión de televisión privada, después de aprobarse la Ley en 1988, aunque posteriormente renunció a presentarse por considerar la Ley demasiado restrictiva. Poco antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, Prisa reconsideró su postura y junto con el francés Canal Plus creó una sociedad concebida como un canal mixto, con 5 horas de programación abierta y gratuita, dedicada preferentemente al cine y deportes, y el resto, hasta 24 horas, codificada, mediante el pago de una cuota mensual. Después, ya con la concesión, no cumplió con los plazos fijados para comenzar la emisión.

El Gobierno lo estudiará "con todo detalle"

Aunque el Ejecutivo negaba esta posibilidad hace meses, la semana pasada la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, lo dejó claro. En Antena 3, y a preguntas del eurodiputado Luis Herrero, De la Vega dijo: "Preguntemos a los ciudadanos: ¿Quieren que Canal+ emita en abierto? La respuesta será mayoritariamente sí".

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este martes, desde Bruselas, que "el Gobierno mirará desde el punto de vista fundamentalmente legal la solicitud hecha por este grupo y en el tiempo que estime oportuno dará su respuesta. No hay ningún plazo al respecto". El secretario de estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha dicho que su departamento lo estudiará "con todo detalle" y pedirá "los informes jurídicos correspondientes" para posteriormente pronunciarse.

La apertura de Canal+ no está prevista en la Ley de Tv Digital

Según informó la agencia Efe, la vicepresidenta afirmó en la rueda de prensa posterior a la presentación del proyecto de ley de impulso de la Televisión Digital, que éste no regulaba la posibilidad de transformar un canal de pago en uno en abierto de ámbito estatal, lo que implica que el Gobierno tendría que aprobar una enmienda para dar respuesta a la petición de Sogecable. "No tiene nada que ver esta ley con la emisión o no emisión en abierto de una televisión. Eso no se regula", afirmó la vicepresidenta.

CANAL PLUS no puede emitir en abierto porque tiene una concesión para hacerlo en codificado.

La vicepresidenta Fernández de la Vega no descarta que la cadena del Grupo Prisa amplíe su cobertura, mientras ella y Zapatero hablan de “pluralismo informativo” para defender el proyecto de ley de televisión

CANAL PLUS no puede ofrecer toda su programación en abierto porque, en 1989, se benefició de una concesión administrativa, resuelta mediante concurso público, para emitir sólo para abonados la mayor parte del día. A pesar de ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el jueves que no descarta autorizar la emisión en abierto de la cadena del Grupo Prisa. “¿Por qué no?”, se preguntó. “Si lo solicita, se estudiará con normalidad”, añadió. En declaraciones a ANTENA 3 TELEVISIÓN, la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó que el ejecutivo, con el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT), pretenda beneficiar a ningún grupo de comunicación. En la misma línea, defendió el texto y argumentó que su objetivo es “favorecer la pluralidad y que haya más canales”.

Por su parte, el propio presidente del Gobierno, en declaraciones a RADIO NACIONAL (RNE), insistió en lo que considera “un compromiso para conseguir un panorama de medios lo más independiente posible, con más voces y más televisiones”. Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido por las críticas y reiteró que, entre sus promesas electorales, estaba la de impulsar “la renovación y la independencia de los medios de comunicación públicos”, así como “una mayor pluralidad en los privados”. Pero el auténtico pluralismo sólo será una realidad cuando desaparezca el sistema analógico y llegue el digital. Y España, en este terreno, va muy atrasada con respecto al resto de Europa, ya que no lo introducirá al menos hasta el año 2010.

Por otro lado, el criterio exhibido por los dos máximos responsables del Gobierno choca con el utilizado para la reforma en el panorama radiofónico, donde se autoriza, por el contrario, que un solo grupo empresarial pueda tener más del 50 por ciento de las emisoras. Esta intención, además, implicará que Jesús de Polanco, el gran beneficiado, pueda incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace 4 años, que le obligaba a devolver las emisoras de ANTENA 3 Radio que pasó a controlar en 1992.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, con el fracaso en el intento gubernamental de tramitarla por el procedimiento de urgencia, ha provocado toda una polémica política y empresarial. Una importante representación de dirigentes de los sectores implicados, casi todos a excepción de los grupos Prisa y Zeta, se unieron el pasado miércoles para denunciar la política del Gobierno en materia audiovisual. Acusan al ejecutivo de atentar contra el pluralismo “con ases en la manga y cartas marcadas a favor de un único grupo empresarial.

La ministra de Educación se reúne por primera vez en la legislatura con la Concapa, pero rechaza pronunciarse sobre esta materia.

Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».

«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.

«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».

Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.

«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».

Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».

Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».

El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia –indicó– pero la enseñanza religiosa es un derecho».

Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.

(08-02-05) El PP acusa al Gobierno de aprobar "el mayor monopolio en radio de la historia de España"

La portavoz del PP en la comisión de control de RTVE, Macarena Montesinos, ha calificado de "auténtico atropello" la reforma del sector radiofónico aprobada por el Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de permitir "el mayor monopolio en radio de la historia democrática de este país". Sin embargo, el Ejecutivo de Aznar fue incapaz de hacer cumplir la sentencia del "antenicidio" y tuvo que ser reprendido por el Tribunal Supremo. Además, se legalizó el monopolio digital y la cadena local de Prisa, Localia.

Montesinos dijo, en declaraciones a Europa Press, que "una vez más el Gobierno ha sorprendido al sector y a la oposición al no dialogar el anteproyecto de ley" y denunció que "una vez más pretende beneficiar a un grupo de comunicación que tiene nombre y apellidos y permitir el mayor monopolio en radio de la historia democrática de este país".

En opinión de la diputada popular, el Ejecutivo ha demostrado que "sólo quería contentar a un grupo mediático" y dijo que prueba además que "no hay talante ni voluntad de diálogo con las partes". Por ello, pidió al Gobierno que retire el anteproyecto y lo negocie tanto con el sector audiovisual como con la oposición.

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al proyecto de Ley de medias urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la Televisión por cable y de Fomento del Pluralismo. El proyecto introdujo un artículo relativo a la radio en el que establece que "una misma persona física o jurídica no podrá disponer de más del 50 por ciento de concesiones que coincidan en su ámbito de cobertura, ni más de cinco concesiones en ese mismo ámbito". Esto supone aumentar de 2 a 5 el número de concesiones por un mismo ámbito de cobertura, lo que beneficia a la Cadena SER, que cuenta con este número de concesiones en numerosas zonas después de la absorción ilegal de Antena3 Radio.

Onda Cero criticó estas medidas el mismo viernes, señalando que el Gobierno pretende "consolidar el abuso de posición dominante del Grupo Prisa" en la radio. Por su parte, la COPE ha asegurado estar "perpleja" ante esta reforma y ha considerado que se ha adoptado para favorecer "a un grupo de comunicación concreto", en alusión al Grupo Prisa.

El proceso de regularización de inmigrantes. El PP teme que el objetivo último del Gobierno sea lograr votos en futuras consultas electorales.

El Partido Popular lanzó ayer un duro ataque contra el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo socialista. Los populares sospechan que la intención última del Gobierno es arreglar las cuentas de la Seguridad Social y lograr votos en futuras consultas electorales. El secretario general del principal partido de la oposición, Ángel Acebes, que tachó la regularización de «clarísima operación de propaganda», alertó de que las consecuencias que producirá este proceso serán contrarias a las pretendidas por su efecto llamada y por la posibilidad de que existan problemas de convivencia.

Para el dirigente del PP, la regularización es un «verdadero despropósito», ya que llegan a España inmigrantes «por tierra, mar y aire», no sólo de sus países de origen, sino también de otros Estados de la Unión Europea.

Dado que, según cálculos del Gobierno, hay unos 800.000 ilegales en España, y que, según Acebes, «todos los días entran miles» de personas, al final del proceso «va a haber más ilegales que al principio». Si a esa cifra se suman los trámites de reagrupación familiar, el número final de inmigrantes, según las cuentas de los populares, puede ascender a tres o cuatro millones de personas.

Las palabras de Acebes no gustaron a los socialistas, que se apresusaron a acusar al ex ministro de Interior de «tener una ideología que linda peligrosamente con actitudes racistas y xenófobas».

El embajador en Londres envió una nota «secreta» a Moratinos con un «seguimiento» a Aznar.

El representante diplomático, Carlos Miranda, utilizó el procedimiento «urgente» para advertir del paso del ex presidente del Gobierno por la capital británica, Moratinos fue informado al detalle de la agenda en EE UU del dirigente del PP.

«Querido ministro, ayer pasó por Heathrow, camino de Washington, el ex presidente del Gobierno Aznar (sic), acompañado de un numeroso party entre los que estaban Pedro Schwartz y Rafael Bardají». Así comienza la misiva urgente y confidencial que el embajador en Londres, Carlos Miranda, le remitió a Miguel Angel Moratinos, titular de Exteriores, con el relato pormenorizado y valorativo del fugaz paso de Aznar por Londres, en tránsito hacia los Estados Unidos. La nota tiene fecha del 31 de enero, cuando Exteriores tenía conocimiento supuestamente de que un submarino nuclear con una alarmante avería había puesto rumbo a Gibraltar. Sin embargo, el foco de la embajada estaba puesto en la agenda y la comitiva personal de José María Aznar.

La nota interna del embajador Miranda no tiene desperdicio, pues llega incluso al extremo de reflejar la satisfacción del grupo de Aznar, los de la party, al conocer los primeros datos de participación en las elecciones de Iraq; o a avanzar las ocupaciones del ex presidente del Gobierno en los Estados Unidos. El embajador relata que «Aznar me dijo que estaría en Estados Unidos una docena de días. Esta semana –prosigue– la dedicará a impartir sus clases en Georgetown University (dos clases cada día). Luego hará una gira que terminará en Chicago».

Tras la agenda, la pluma de Miranda se fija en las inquietudes de José María Aznar: «El ex Presidente se interesó mucho por la fecha de las elecciones en el Reino Unido. El grupo –añade Miranda, en un estilo de informe confidencial destinado a un archivo policial– reaccionó con extraordinaria satisfacción ante la noticia de las primeras estimaciones de participación en las elecciones iraquíes, que se elevaba entonces al ochenta por ciento, aunque luego paulatinamente se han rebajado a un sesenta por ciento, considerando así reivindicada la intervención militar».

Para no dejar ni un cabo suelto, el embajador departió también con Pedro Schwartz –uno de los compañeros de viaje y party del presidente de honor del PP– y reflejó con puntillosa pulcritud hasta los más nimios detalles de la conversación: «Pedro Schwartz me señaló que acudía a una reunión en Washington en parte promovida por la FAES (la Fundación de pensamiento ligada al PP que dirige el propio Aznar), sobre un tema sin duda de gran interés, relativo al estudio del entramado económico que “une a dos orillas del Atlántico Norte” –el entrecomillado es del propio embajador–. Me indicó –añade– que, por ejemplo, hay más inversiones de Estados Unidos en Irlanda que en China».

El embajador Miranda concluye su texto urgente y confidencial con «un fuerte abrazo» a Moratinos, sin que conste en la nota que se haga a petición del ministro o por propia iniciativa del veterano diplomático.

Miranda es considerado amigo personal de Felipe González, afín al PSOE y personalidad influyente en el diseño de la política exterior en los Ejecutivos que presidió González. Con la llegada al poder del Partido Popular, pasó a un segundo plano. Tras la victoria de Zapatero, ha sido premiado con la plaza de Londres. El contencioso de Gibraltar, con el nuevo episodio del submarino, es uno de los asuntos que deben ocupar los afanes de este embajador con título de conde.

Debate parlamentario. Rajoy, presidente de Gobierno.

Día 1 de febrero de 2005. Día trágico para los españoles. Día de la humillación de España. Ayer hubo motivos sobrados para sentir vergüenza de unas elites políticas que nos conducen al abismo. Sólo hubo una excepción, Mariano Rajoy. Nada bueno traerá ese día para la democracia española. Ayer comenzó la fase final del desmembramiento de España. ZP pasará, sin duda alguna, a la historia trágica de España. Lo oído ayer en el Parlamento español es para preocuparse. El presidente de Gobierno ha permitido que la nación española sea humillada. Él mismo, su discurso delicuescente y destrabado, ha contribuido decisivamente, junto a todos los nacionalistas vascos y catalanes, a mancillar a la Constitución española.

ZP está entregado al nacionalismo antiespañol. ZP, de acuerdo con su jefe político, Maragall, ha montado un aquelarre antidemocrático, más propio de regímenes populistas que de una democracia avanzada. Ha querido institucionalizar un procedimiento de discusión de la reforma de Estatutos para hacer saltar la unidad nacional. Ayer fue el ensayo general del fin de la nación española. Gravísimo es que ZP haya permitido discutir una ilegalidad, basándose en una ampliación extraña e ilícita del derecho de Propuesta de los parlamentos autonómicos; pero son mucho más graves, casi una entrega al nacionalismo, las palabras de ZP en el Parlamento de la nación.

Su primera intervención no sólo fue un balón de oxígeno a los separatistas, sino sobre todo un NO a España, un desprecio a la existencia histórica y constitucional de España. A partir de ahí, todo el discurso de ZP fue vacío. Nada. ZP parecía un pobre funcionario de una nación que se va a pique. Era para llorar. Parecía que la suerte ya estaba jugada. La ciudadanía españolo ha sido humillada no tanto por demagogos, nacionalistas y terroristas como por su presidente de Gobierno.

Por fortuna, el discurso de Rajoy levantó el ánimo de los españoles. Su discurso fue brillante, contundente y real. Con los pies en la tierra, o sea con realismo, mostró que es una alternativa de Gobierno a quien ya no quiere detener el proceso de desintegración de España. ZP ha querido humillar a los ciudadanos españoles, y quizá lo haya conseguido, pero el discurso de Rajoy ha dejado claro, como si se tratara de un presidente de Gobierno, que ayer era el día de negar a los enemigos de la Nación. Rajoy ha justificado doctrinal, política, jurídica, histórica y sociológicamente su negativa al desmontaje del Estado de Derecho, que ha propiciado ZP con la discusión de un texto que es todo un asalto perverso y ventajista a la Nación. En segundo lugar, ha justificado su negativa a negociar con terroristas. Y, en tercer lugar, ha defendido el derecho de las víctimas, de los asesinados por ETA, a seguir siendo modelo de democracia para España.

El discurso de Rajoy fue de presidente de Gobierno. Debería estudiarse en las Facultades de Ciencias Políticas como modelo de democracia. El problema es que si esto sigue así, el discurso de Rajoy sólo será estudiado en las Facultades, pues, quizá, en las próximas elecciones ya no existirá España como Estado de Derecho. Día trágico, en cualquier caso, el de ayer. Excepto Rajoy, todos los parlamentarios que intervinieron ayer parecían de espaldas a sus ciudadanos. El resentimiento lo llenaba todo.