Política

«Bonozuela»

¿Dónde está Bono, se preguntaba ayer media España, para que nos explique la famosa agresión física que nunca existió? Pues resulta que estaba en Venezuela, casi en la clandestinidad.

Mientras el presidente del Gobierno ha tenido que suspender su genuflexión ante el Gorila Rojo porque Uribe le ha hecho saber que Colombia lo consideraría un gesto hostil, Bono se escapaba como un héroe de Gran Hermano, como un primo de Tamara, como una figurilla de barro de la telebasura, por sus gafas negras los conoceréis, camino de Caracas. Se supone que ha ido a arreglar un contrato civil para Izar.

Sí, esos barcos cuya construcción hemos perdido por reñir con Estados Unidos y que mendigamos ahora al liberticida ruinoso, al simio totalitario Hugo Chávez. Como cambio, no está mal: de Bush y Blair a Mohamed y Chávez. Como bien anunció Caldera, la llegada de Zapatero al poder augura el comienzo de un nuevo orden mundial. De las Azores a la ciénaga de Zapata. Menudo cambio.

Por lo visto, el encuentro en la cumbre de la sima entre el castigado Bono y el castigador Chávez no podía esperar al final del viaje zapateril. ¿Ni siquiera un par de días? Ni siquiera. Menos mal que un viejo compañero de los tiempos de Tierno y el PSP, Raúl Morodo, ha intercedido por Bono, digo por España, y ahí tenemos a Don José, asombrando a Occidente y ensombreciendo un tanto el brillo de Rodríguez Zapatero.

Qué no hará don José por una foto. Y algo podrá aprender en materia de manipulación de la violencia y tratamiento soviético de las masas en ese paraíso infernal, en esa belleza convulsa y atormentada que es la Venezuela del gorila Chávez.

No es que Bono sea un aspirante a ser armado caballero villano de la Orden de Orwell, pero si quiere dar un salto cualitativo en la demagogia no hay mejor escuela que la castrista con petrodólares, la de Chávez.

Eso de regalar relojes de pulsera al elector pasmado está bien para algunos lugares de Castilla-La Mancha, pero cuando se hace política internacional hay que ser más rumboso, más alharaquiento. Mismamente como Zapatero, nuestro líder.

Ahora bien, cuando Don José vuelva a España, tiene que explicarnos despacio por qué mintió sobre la famosa agresión física en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que al final ha resultado ser de uno de sus escoltas a una de las dos personas del PP detenidas por la Brigada Político-Social del PSOE de forma clamorosamente ilegal, abiertamente dictatorial, repugnantemente despótica. Vamos entendiendo por qué decía el ministro de Defensa que había vuelto el franquismo: es que lo traía él de vuelta en la faltriquera. En lo que realmente se está convirtiendo España es en Venezuela. O sea, en Bonozuela.

El extremismo tolerado.

La izquierda española descubre, condena y hasta inventa una y otra vez a la extrema derecha, pero continúa siendo incapaz de reconocer a la extrema izquierda.

Y las indignadas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la manifestación del sábado pasado o el fulminante comunicado del Gobierno Zapatero nos dejan con un regusto amargo por su llamativa incapacidad para identificar el paralelismo entre los comportamientos antidemocráticos de esa manifestación y los de los manifestantes de hace unos meses contra el Gobierno popular.

Los socialistas han condenado el «comportamiento vil y miserable de los derechistas exaltados y radicales», pero nunca antes habían denunciado con claridad a los izquierdistas exaltados y radicales que insultaron y agredieron a los políticos del PP.

Y, sin embargo, las actitudes violentas e intolerantes del sábado reproducían milimétricamente algunos comportamientos del 12 de marzo, o del 13, o de muchas de las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar meses anteriores. En todas esas ocasiones ocurrió en España exactamente lo mismo que el fin de semana, pero con dos diferencias significativas.

Entonces, las actitudes intolerantes fueron repetidas y mucho más extendidas, y lo que es aún más importante: mientras que en esta ocasión el Partido Popular o los organizadores de la manifestación ni siquiera han esperado al día siguiente para denunciar esos comportamientos, todavía echamos de menos una condena comparable de los socialistas hacia la extrema izquierda.

El desequilibrio deriva del viejo y enquistado problema ideológico que lleva a algunos a persistir en la creencia de que la extrema izquierda es más tolerable que la extrema derecha por su pretendida representación de los pobres y oprimidos.

Es la asignatura pendiente de nuestra democracia y, en general, de todas las democracias, porque ni siquiera la caída del muro de Berlín consiguió corregir esa manipulación histórica según la cual los totalitarismos de izquierda fueron menos condenables que los de derecha. Si a esto añadimos en España los efectos del franquismo y la continuación de la hegemonía de los intelectuales de izquierda, el resultado es una resistencia aún mayor a la lectura crítica del radicalismo de izquierda.

Y en la medida en que ni se la rechaza ni se la aísla, la extrema izquierda continúa contaminando a la izquierda democrática. Sobran las alertas sobre una extrema derecha que el recuerdo del franquismo se ha encargado de neutralizar y falta el reconocimiento de una extrema izquierda que se pasea con la cabeza alta por la política, la cultura o los movimientos sociales con pretensiones de progresismo y legitimidad democrática.

Nadie pretende encontrar argumentos para comprender la furia de los agresores de Bono, pero nuestro país estuvo lleno de páginas dedicadas a la provocación y a la culpabilidad del Gobierno de Aznar. Lo del sábado ha sido unánimemente denunciado; su equivalente de hace unos meses aún espera la misma repulsa generalizada.

El Gobierno reparte una Constitución mutilada.

El nuevo escándalo del Gobierno socialista respecto al plebiscito de febrero es que todos los ejemplares del Tratado Constitucional que distribuye están mutilados; falta más de la mitad del texto.

El domingo 9 el Gobierno socialista de Rodríguez distribuyó por medio de los diarios de papel de más venta varios millones de ejemplares del Tratado Constitucional Europeo. Un loable esfuerzo si no fuera que todos están censurados respecto a la versión original aprobada por la Convención. El volumen repartido a los españoles se limita a poco más del 40% del texto, el 42%.

Al principio del librito, que lleva los sellos de tres Ministerios, Exteriores, Interior y Presidencia, se incluye una nota para los lectores en la que se explica que no se han incluido ni los protocolos anejos al Tratado ni las Declaraciones Anexas al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que lo aprobó. Un criterio discutible, pues “los Protoclos y Anexos del presente Tratado forma parte integrante del mismo”, según reza el artículo IV-442.

Entre estos documentos hay algunos importantísimos, como el protocolo que regula el papel de los Parlamentos nacionales en la UE, es decir, de nuestra soberanía; los protocolos sobre los estatutos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Banco Central Europeo; el protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo – y que la UE se está negando a aplicar a Alemania y Francia, con la colaboración del presidente Rodríguez-; y el protocolo sobre el derecho de asilo a nacionales de los Estados miembros.

En total, la versión íntegra y oficial del Tratado, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 16 de diciembre, ocupa 474 páginas. El texto distribuido por el Gobierno se detiene en la página 202. Es decir, la versión elaborada por orden de Rodríguez ocupa el 42% del texto completo. Un nuevo fraude.

¿A qué se debe esta omisión? ¿Es que el Gobierno no quería aumentar el presupuesto para la edición de la llamada Constitución Europea? ¿O temía que los españoles se asustaran al ver el mamotreto?, ¿o tal vez que sintieran envidia de las reservas y privilegios obtenidos por países como Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, que no están sometidos a los complejos paletos ante Europa de la clase política e intelectual española?

De manera llamativa, en la web oficial del Gobierno socialista se separa el llamado texto de la Constitución de los protocolos y anexos, cuando éstos forman parte del primero. Se puede ver la separación en www.constitucioneuropea.es/index.jsp?op=doc

Por el contrario, el Diario Oficial publicó todos los documentos juntos y bajo el epígrafe correcto de ‘Tratado por el que se establece una Constitución para Europa’.

El texto completo del Tratado, sin mutilaciones ni expurgaciones puede consultarse aquí:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:ES:HTML

Un texto mutilado y una campaña sesgada; así es difícil que los ciudadanos españoles sepan qué van a votar el 20 de febrero. ¿Cuál será la siguiente manipulación del Gobierno? ¿Inflar los votos del sí en el recuento, ya que los partidarios del no carecen de interventores en todas las mesas electorales?

Las falacias de Mohamed VI acentúan las sospechas sobre el 11-M.

Aunque el viaje oficial que hoy inicia nuestro monarca a Marruecos aconseja mantener una cierta cortesía hacia su anfitrión, resulta imposible pasar por alto las inadmisibles declaraciones realizadas por Mohamed VI al diario El País.

En relación a la crisis de Perejil, el rey marroquí justifica la ocupación del islote con el argumento de que sus soldados se instalaron allí para luchar contra la inmigración ilegal. Dice que su país se sintió «abofeteado» e «insultado» por el despliegue militar español y tacha a Aznar de haber actuado de una manera «franquista».

La argumentación es inverosímil porque no hay nadie que cruce el estrecho desde este islote, muy alejado de las costas españolas y sin valor estratégico alguno. Fue el propio monarca marroquí quien provocó la crisis al no prever la reacción del Gobierno de Aznar ante un hecho consumado.

Llama «franquista» a Aznar por plantarle cara y elogia a Felipe González, a quien acaba de recibir acompañado del magnate Carlos Slim en una prueba más de como política y negocios pasan a la vez por sus palacios.

Mohamed VI lamenta que los atentados de Madrid fueran cometidos por ciudadanos marroquíes, pero afirma que tenían papeles y «estaban perfectamente asentados e integrados» en la sociedad española.

Lo que sugiere el monarca es que los terroristas habían sido corrompidos por esa integración en nuestro sistema de valores cuando la realidad es la contraria: eran fanáticos que actuaban en nombre de su religión islámica.

El monarca soslaya en sus declaraciones los numerosos elementos que, además de la nacionalidad de sus autores, relacionan a Marruecos con los atentados. El primero, que el Gobierno de Rabat puso en libertad tras una corta detención a Mohamed Haddad, al que testigos presenciales reconocieron como uno de los miembros del comando que colocó las bombas en los trenes. Haddad -como hoy se cuenta en las páginas de nuestro periódico- vive en Tetuán y se pasea libremente por la calle.

El segundo de los hechos que soslaya Mohamed VI es que los integrantes del comando hicieron varias llamadas a teléfonos con tarjetas de prepago a Marruecos antes de suicidarse, de suerte que los servicios secretos españoles creen que recibieron la orden de quitarse la vida en una de esas comunicaciones, que, por cierto, fueron escuchadas por agentes marroquíes.

Un tercer elemento es que Trashorras le dijo a Lavandera que pensaba desplazarse junto a Toro a Marruecos para «dirigir la cosa desde allí». Otro cuarto factor que apunta hacia el régimen de Rabat son las conexiones de los miembros del comando de Leganés con los autores del atentado de Casablanca.

Y, en quinto lugar, la relación de un imam marroquí, apodado Cartagena, con algunos integrantes del comando. Este imam era también confidente de los servicios secretos de su país y entregó a la Policía española los números de teléfono de El Egipcio y El Tunecino.

Mohamed VI afirma en la entrevista que Marruecos no es un Estado laico y que nunca lo será, ya que él es el jefe de Estado y el líder religioso de sus súbditos. Sus palabras evidencian su profunda resistencia a transformar Marruecos en una verdadera democracia, que jamás podrá llegar si existe esa tutela autoritaria y religiosa.

Que el monarca actúa mucho más como un autócrata que como un soberano constitucional queda meridianamente claro cuando afirma que acaba de ordenar, hace algunas semanas, que sus Fuerzas de Seguridad sellen la costa para impedir la emigración a Canarias.¿Por qué ha aguardado tanto?

Si Mohamed VI esperaba mejorar su imagen con esta entrevista, ha conseguido el efecto contrario. Queda retratado. Ya sabemos lo que podemos esperar de él.

Así es el pacto ofrecido por Rajoy a ZP.

El documento recoge un compromiso explícito de las dos principales fuerzas para garantizar la unidad de la Nación y la estabilidad de quien en cada momento esté en el Gobierno También apuesta por una respuesta conjunta al Plan Ibarreche

El «Pacto de Estado por la convivencia y el consenso constitucional en España» que ayer ofreció Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero se fundamenta en el guión seguido ya en los acuerdos autonómicos de 1981, firmados por el Gobierno de UCD y el PSOE; en los de 1992, entre el Gobierno del PSOE y el del PP; y en los de 1996, entre el Ejecutivo del PP y el PSOE. Como objetivo fundamental, más allá de la respuesta conjunta al Plan Ibarreche, se señala el del fortalecimiento de las bases esenciales de la convivencia democrática, que, para el principal partido de la oposición, son tres: la unidad de la Nación, la soberanía del conjunto del pueblo español y un modelo autonómico que garantice la igualdad.

El documento que Rajoy entregó ayer al presidente del Gobierno es una visión muy personal suya, a la que, en un primer momento, dio forma la Secretaría de Política Autonómica que dirige Soraya Sáenz de Santamaría. El borrador pasó el tamiz de la «cumbre de Sigüenza» sin sufrir grandes modificaciones y acabó de ser cerrado ayer por la mañana por el equipo de Santamaría. Cuenta con una breve exposición de motivos, centrada en resaltar el valor capital de la Constitución de 1978 como «fruto de un consenso» y «expresión de una voluntad de concordia democrática». «La Constitución nos ha dado los instrumentos para ganar en prosperidad y bienestar, y fortalecer nuestro lugar en Europa y en el mundo». Tres son las bases del Pacto:

Convivencia democrática. Se quiere fortalecer la unidad de la Nación Española, la soberanía del conjunto del pueblo español y el modelo de Estado autonómico. Este último debe garantizar la igualdad entre españoles, la solidaridad interterritorial y el mantenimiento de un Estado viable con capacidad de ejercer eficazmente las funciones de un país moderno.

Mejora para los ciudadanos. De acuerdo con el Pacto, cualquier reforma estatutaria se llevará a cabo con el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, tal y como se ha hecho hasta ahora, buscando asimismo el apoyo de las restantes fuerzas políticas a fin de que tenga el máximo respaldo social. Sólo se aceptarán aquellas que redunden en beneficio de los ciudadanos.

Estabilidad. Compromiso de apoyar la estabilidad del Gobierno que pudiera verse amenazada por la aplicación de los criterios contenidos en el acuerdo.

El documento del PP recuerda que no ha habido ninguna iniciativa ni reforma estatutaria que no se haya pactado, al menos, entre los dos grandes partidos nacionales. «Y así es como debería hacerse en el futuro. Nuestra Constitución y nuestros Estatutos de Autonomía lo son de todos los españoles. Cualquier reforma constitucional debe contar, como mínimo, con un nivel de apoyo similar al de su aprobación en 1978», se señala en el texto. El PP subraya que el principal acierto de ese gran pacto del 78 es el proceso descentralizador, que ha permitido unos niveles de autogobierno que colocan a España a la cabeza de los demás países.

Procedimiento para el acuerdo. Los dos partidos se comprometen a constituir una Comisión para la negociación y la concreción de las bases del Pacto, compuesto por tres miembros de cada formación política y el Gobierno. «La primera cuestión que se abordará por la Comisión será la elaboración de una respuesta conjunta al Plan Ibarreche».

En el anexo del documento se subraya que PSOE y PP coinciden en que «sólo aunando la fortaleza de las dos grandes formaciones nacionales, mostrando sus convicciones comunes, es posible hacer frente a retos como el que supone el Plan Ibarreche».

De ahí nace la disposición expresa a dar una respuesta conjunta a este proyecto, que «englobará todas las medidas, tanto políticas, legales como judiciales, que el Estado de Derecho prevé frente a los que vulneran la Constitución y el marco de convivencia. Ambos partidos consensuarán una estrategia común de respuesta, tanto en el Congreso de los Diputados y otras instancias políticas, como también ante nuestros tribunales».

Desde la premisa de que el Plan Ibarreche es inconstitucional en su contenido y separatista en su finalidad, «que no es otra que la ruptura de España», los populares proponen a Zapatero las siguientes medidas:

Recurso ante el TC, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 161.2 de la Constitución Española.

Inadmisión a trámite. Rechazar el proyecto del lendakari en la Mesa del Congreso.

Reforma del Código Penal. Retirar la proposición de ley orgánica que derogaría los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, en trámite de enmiendas en el Congreso. Este punto alude a la anulación de la sanción con pena de cárcel para la convocatoria de un referéndum ilegal.

Caso Atucha. Instar a la Fiscalía General del Estado a que dé instrucciones al Fiscal competente para adherirse al recurso contra el auto de archivo de la querella presentada contra Juan María Atucha, y otros, por delito de desobediencia.
Conferencia de presidentes. Convocarla de inmediato.
Debate Estado de las Autonomías. Celebrarlo al inicio del periodo de sesiones.

Aprobación de los estatutos. Estudiar las modificaciones necesarias para que la modificación de los Estatutos de Autonomía requieran mayoría de 2/3, tanto en los Parlamentos Autonómicos, como disponen, entre otros, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Galicia, como en las Cortes Generales.
Instituciones alavesas. Favorecer su gobernabilidad.

Unanimidad en el Comité Ejecutivo. Ayer por la mañana, el Comité Ejecutivo del PP aprobó, por unanimidad, el pacto de Estado que horas más tarde Rajoy entregó al presidente del Gobierno. La reunión estuvo marcada por las intervenciones de destacados miembros de la «vieja guardia», que compartieron sus recelos sobre la disponibilidad real de los socialistas a comprometerse con su propuesta de acuerdo. Tomaron la palabra, entre otros, Juan José Lucas, Luisa Fernanda Rudi, Loyola de Palacio, Celia Villalobos y Alejo Vidal-Quadras. María San Gil destacó la necesidad, ante las elecciones autonómicas vascas, de que el PP sea capaz de canalizar la preocupación que «hay en la calle», mientras que Rajoy garantizó que jamás renunciará a las raíces ideológicas de su partido en relación a este asunto.

ZP, ¿miedo y responsabilidad?

La entrevista entre el presidente Zapatero y el lider de la oposición Mariano Rajoy ha terminado con un acuerdo: crear una comisión conjunta para la reforma constitucional y de los Estatutos. Con esta propuesta realizada por Rajoy y aceptada por Zapatero se pretende frenar el plan Ibarretxe. Este acuerdo hace unos pocos días no parecía posible, pero todo indica que la visita de Ibarretxe al Palacio de la Moncloa ha hecho cambiar –al menos en apariencia– a Rodríguez Zapatero.

En principio –ya veremos que pasa en los próximos días– el "sí" del presidente Zapatero a Rajoy pone en apuros los apoyos parlamentarios que tienen los socialistas en Madrid y en Barcelona. En este sentido hay que recordar que el acuerdo del "tripartito" tiene la obligación de no pactar con el PP; además el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados se condiciona a no buscar "entendimientos" con los populares. Ahora Zapatero deberá explicar su acuerdo a Patxi López, a Pascual Maragall, a Carod Rovira o a Gaspar Llamazares. Y esas explicaciones no van a ser fáciles.

El Gobierno socialista no lo va a pasar bien en los próximos meses si realmente cumple lo pactado. Este acuerdo convierte al Partido Popular en compañero obligado para cualquier reforma constitucional o estatutaria. En todo caso, y con la experiencia que nos deja estos nueve meses de legislatura, habrá que prestar permanente vigilancia para certificar que Zapatero cumpla lo dicho. Por el camino recorrido –hasta el momento– a nadie le puede sorprender que lo pongamos en duda.

Por ello, el Partido Popular deberá marcar al extremo el terreno al Gobierno. Por ahora Zapatero ha demostrado dosis enormes de sectarismo y mentira. Es cierto que ahora ZP se juega mucho y puede quemarse. Pero no es conveniente creer a un experimentado "vendedor de humo". Rajoy ha realizado una propuesta seria y sensata; pero habrá que esperar para saber si Zapatero se mueve por el miedo o por la responsabilidad. Mientras tanto los populares no deberán pasar una. Ya no valen los "juegos de magia" de los socialistas.

Por ello, el Partido Popular deberá de marcar al extremo el terreno al Gobierno. Por ahora Zapatero ha demostrado dosis enormes de sectarismo y por lo tanto de mentira. Es cierto que ahora ZP se juega mucho y puede quemarse. Pero no es bueno creer a un experimentado "vendedor de humo". Rajoy ha realizado una propuesta seria y sensata; pero habrá que esperar, para saber, sí Zapatero se mueve por el miedo o por la responsabilidad. Mientras tanto los populares no deberán pasar una. Ya no valen los "juegos de magia" de los socialistas.

Gibraltar: la unanimidad rota.

En 1704, España se hallaba desgarrada por una terrible guerra civil. El final de la dinastía de los Austrias en la figura de Carlos II el Hechizado había abierto un proceso sucesorio que, en puro derecho, tenía que haber comenzado y concluido con el entronizamiento de Felipe de Borbón como rey de España. Sin embargo, el temor a una alianza franco-española provocó de manera inmediata una reacción internacional y la aparición de un candidato alternativo en la persona del archiduque Carlos de Austria. Apoyaban a éste Holanda, el imperio y, muy especialmente, Inglaterra, que bajo ningún concepto deseaba la existencia de una potencia fuerte en el continente. El 4 de agosto del citado año, la ciudad, castillo y fortaleza de Gibraltar fueron objeto de un ataque llevado a cabo por una fuerza combinada anglo-holandesa. Gibraltar, como la casi totalidad de España, había ya prestado obediencia a Felipe V de Borbón y, de manera lógica, decidió resistir al ataque de unas tropas que representaban los intereses del archiduque Carlos. La resistencia estaba condenada al fracaso dada la superioridad del enemigo y, finalmente, vecinos y guarnición terminaron por rendirse.

A la sazón, el territorio de Gibraltar comprendía la comarca costera de la bahía de Algeciras y con su ciudad de más de cinco mil habitantes era la capital de una zona extensa superior a alguna provincia española. La acción, en teoría, no debía haber tenido mayor trascendencia en la medida en que, como ya queda dicho, ingleses y holandeses eran aliados de un aspirante al trono español y sólo tomaban posiciones en territorio de la nación española. Lamentablemente, el almirante inglés Rooke decidió pasar por alto reglas tan elementales y mediante un acto que sólo puede ser calificado como piratería tomó posesión de la plaza no en nombre del archiduque Carlos, sino de la reina inglesa Ana. La edición de 1879 de la «Encyclopedia Britannica», volumen 10, página 586, no se recataba de señalar lo taimado de semejante acción atribuyendo el acto llevado a cabo por Rooke a su propia responsabilidad («his own responsibility») y añadía que, desde luego, había ido en contra del honor de Inglaterra el que hubiera sancionado y ratificado una ocupación desprovista de principios como aquélla. El comportamiento de Rooke, por seguir el texto de la «Britannica», había sido el de un patriotismo carente de escrúpulos («unscrupulous patriotism») y por ello no resultaba extraño que los españoles hubieran sentido profundamente la injusticia perpetrada contra ellos.

Desgraciadamente, aquel episodio sólo iba a ser el inicio de una larga cadena de abusos ingleses. Desde luego, no resulta extraño que Felipe V intentara reconquistar la plaza, ya en septiembre de 1704, y que se irritara profundamente cuando le recordaran la villanía inglesa. Con el paso del tiempo, el monarca caería en un lamentable desarreglo mental -al que me he referido en alguno de mis libros- ,pero en lo que se refiere al tema de Gibraltar hay que insistir en que estaba cargado de razón. A fin de cuentas, Gibraltar formaba parte del territorio hispánico desde la época de la colonización romana, nunca había dejado de estar sometido a entidades políticas españolas -cristianas o islámicas- e incluso míticamente se asociaba con la fundación de España por el mismo Hércules. En términos cronológicos, distintas instituciones políticas hispánicas dominarían la plaza por un período de tiempo hasta ocho veces superior al de la existencia de la colonia británica. De hecho, cuando el Tratado de Utrecht puso fin a la guerra de Sucesión y en su artículo décimo se recogió la ocupación de Gibraltar por Inglaterra, España se guardó muy mucho de aceptar la legitimidad de aquel acto. La cesión quedó por añadidura condicionada a la supresión del comercio entre la plaza y el territorio vecino, a la prohibición de residencia en Gibraltar de determinadas personas para garantizar la seguridad española y al respeto por parte de Inglaterra del culto católico en la plaza. Finalmente, el texto incluía una cláusula resolutiva de la crisis en la que se afirmaba que si en algún tiempo Gran Bretaña decidía «dar, vender o enajenar» Gibraltar se daría «a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla». A partir de ese momento, España intentaría vez tras vez recuperar un territorio propio y Gran Bretaña, mantener la colonia.

Los abusos cometidos por esta potencia fueron, como ya hemos indicado, no escasos. Por ejemplo, en las negociaciones preliminares al Tratado de Madrid de 13 de junio de 1721 se planteó como condición previa la devolución de Gibraltar a España. El ministro inglés en Madrid, William Stanhope, y el secretario de Estado español, marqués de Grimaldi, se comprometieron así a que el tratado no sería ratificado mientras Jorge I de Inglaterra no comunicara la restitución de Gibraltar. El 1 de junio, Jorge I envió la carta en cuestión pero una vez que el 5 de julio del mismo año España ratificó el tratado, el monarca inglés faltó a su palabra.

Las promesas británicas volvieron a repetirse en ocasiones en que Gran Bretaña se vio amenazada por un enemigo más poderoso que España pero siempre para quedar en nada. Por si fuera poco, Inglaterra fue sumando a sus desafueros diplomáticos una larga lista de incumplimientos del Tratado de Utrecht desde el mismo siglo XVIII cuya simple exposición sería material para una docena de artículos como el presente. Así, nada más firmarse el acuerdo, las tropas inglesas procedieron a ocupar militarmente la Torre del Diablo a Levante y el Molino a Poniente, no incluidos en el mismo. El 19 de agosto de 1723, William Stanhope sostenía con evidente descaro que Inglaterra tenía derecho a ampliar el terreno cedido por el Tratado de Utrecht a «todo el terreno cubierto por la artillería de la plaza», aunque reconocía que tal extremo no estaba contemplado en el texto firmado por ambas naciones. En 1815, por ejemplo, una epidemia de fiebre amarilla diezmó a los ingleses de Gibraltar. España ofreció entonces generosa ayuda humanitaria a los británicos y éstos aprovecharon la situación para apoderarse de nuevos territorios españoles en la zona. En 1854, las autoridades británicas volverían a utilizar una ocasión similar -la generosa ayuda española prestada con ocasión de una epidemia- para repetir su proceso expansivo. En 1908, en claro antecedente del Muro de la vergüenza berlinés, el Gobierno británico levantó incluso una verja de hierro que separaba físicamente a España de una colonia gibraltareña que no había dejado de crecer territorialmente en las últimas décadas.

A esas alturas, los ingleses eran más que conscientes de que su colonia era incapaz de automantenerse -a diferencia de otras bajo pabellón británico- y reconocían que Gibraltar sobrevivía gracias a actividades ilegales como el contrabando. El 25 de agosto de 1841, por ejemplo, lord Palmerston, en una bochornosa nota enviada a la legación española en Londres, afirmaba que los barcos de contrabandistas irían armados con cañones para defenderse de los guardacostas españoles. A nadie se le ocultaba -como no se le oculta hoy- que Gibraltar no era viable económicamente salvo mediante la conjunción de prácticas económicas delictivas y colonialismo británico. Tan sólo este tema daría material más que sobrado para una voluminosísima tesis doctoral.

Por supuesto, no todos los británicos veían con agrado semejante suma de desafueros. En 1856, sir Robert Gardiner en su «Informe sobre Gibraltar. Una fortaleza y una colonia» se preguntaba: «¿Cuáles deben ser los sentimientos de todos los españoles con esta noble Roca a la vista siempre, ocupada por extranjeros?». Seis años después, John Bright afirmaba que «el Peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no estábamos en guerra con España y su apropiación fue contraria a todas las leyes de la moral y del honor». No fueron los únicos.

España en Almoneda.

Muchas voces se han alzado en los últimos días en defensa de la unidad de España. Cada vez somos más los que sentimos preocupación ante las extremas reclamaciones nacionalistas alentadas desde los gobiernos de la nación y catalán. Y ahora también por el denominado «Plan López», remedo vergonzante del «Ibarretxe» y casi calco de los acuerdos que su momento firmó el tripartito que dirige la Generalitat.

Frente al entreguismo socialista, el Partido Popular viene reiterando que se opone a ese tipo de propuestas. Pues no sólo rompen el modelo territorial pactado en la Constitución, al proponer la existencia de «comunidades nacionales» diferenciadas del resto de las comunidades autónomas, sino que además cuestionan la unidad misma de la nación española. Propuestas que, por lo demás, ni siquiera satisfacen a los nacionalistas, quienes sólo las toleran como paso previo a la segregación. Como cabía esperar, el mensaje navideño del Rey ha sido importante en un año marcado por acontecimientos más que traumáticos. Pero también por las tendencias disgregadoras que amenazan el horizonte de una convivencia democrática alumbrada con generosidad y consenso.

El Rey no ha podido ser más claro en defensa de la España plural y diversa que ya disfrutamos gracias a la estabilidad política, social y económica de los últimos veintiséis años. Sin dejar de recordarnos que éstos representan el más largo período de prosperidad de nuestra historia, hizo un llamamiento a la solidaridad y la defensa del interés general por encima de los legítimos intereses de partido.

En ello reside el verdadero problema. Que los nacionalismos aspiren a la independencia a nadie puede sorprender. Demandar la autodeterminación ha sido siempre su objetivo esencial. Lo que no estaba en el guión es que uno de los partidos de la alternancia y pilar del sistema -el Partido Socialista- se desmarcara de sus fundamentos y de su identidad histórica y diera un vuelco ideológico de tal magnitud. De rechazar el nacionalismo ha pasado a justificarlo abiertamente, pretendiendo ajustar el propio ideario y hasta el ordenamiento jurídico a las exigencias del nacionalismo más radical.

Necesitado de los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña para mantenerse en el poder, el actual Gobierno de España parece dispuesto a cualquier dejación, perdiendo de vista los intereses generales. Está alimentando un debate que no interesa a la mayoría de los ciudadanos y haciendo concesiones de consecuencias imprevisibles, que afectan a elementos esenciales de la convivencia.

Los nacionalismos catalán y vasco nos están ganando la partida. ¿Quién iba a decir hace sólo seis años en el Partido Socialista -cuando se celebró el vigésimo aniversario de la Constitución- que en la actualidad estaría inventando argumentos, retorciendo textos, forzando interpretaciones y sometiendo a las instituciones a un desgaste intenso y continuado? Sólo la irresponsabilidad y la carencia del más elemental sentido del deber y de la función de la política pueden explicar que el Gobierno nos esté metiendo en este camino sin retorno con una frivolidad y ligereza impropia de gobernantes de un país democrático.

En este momento nada le conviene menos a España que este debate constitucional estéril, con las irreparables consecuencias que ya se vislumbran en el horizonte. Si entre todos no paramos esta deriva, las modificaciones de los estatutos de autonomía de Cataluña y Euskadi serán sometidas a votación en las Cortes Generales con el aplauso y apoyo de un Partido Socialista claudicante ante los nacionalismos para mantenerse en el Gobierno. Es un precio demasiado alto y también demasiado vergonzoso. Por fortuna, la unidad parece resquebrajarse en el seno del propio partido socialista.

Un militante tan destacado como Alfonso Guerra no cree que las propuestas que se están debatiendo tengan encaje en la Constitución. Desde el Gobierno mismo, el ministro de Defensa no ha dudado en pronunciarse con contundencia: «Nadie va a conseguir a punta de pistola que dejemos de sentirnos identificados con lo que España representa». Rosa Díez y Francisco Vázquez, entre otros muchos, también reclaman la recuperación de las señas de identidad socialistas.

Quizás sea el momento de recordar que algunos de ellos no me comprendieron cuando, hace exactamente un año, yo misma me dirigí a Zapatero para causar baja en el PSOE por mi discrepancia radical con el «nacionalismo oportunista» de Maragall que ya estaba haciendo todo tipo de concesiones, con el beneplácito de los dirigentes de Madrid, a los nacionalismos secesionistas para poder gobernar la Generalitat. Por entonces la cosa no había hecho más que empezar. Después llegó la masacre del 11 de marzo, los ominosos acontecimientos de la jornada de reflexión electoral, con el asalto a las sedes del Partido Popular y el vuelco electoral del 14 de marzo. El PSOE volvía a La Moncloa, pero del brazo de unos nacionalismos a los que no ha parado de hacer concesiones y, lo que es peor, a los que nunca podrá dejar de hacérselas.

No saben ya qué inventar ni por dónde salir. Que si «comunidad nacional» en vez de nacionalidad. Que si ampliar al menos el preámbulo de la Carta Magna. Mientras tanto, para complicar aún más el panorama, nada menos que la presidenta del Tribunal Constitucional se permite decir que hay que quitar emotividad al concepto de nación y el secretario de Organización del Partido Socialista afirma que no sabe si está de acuerdo o no con las ocurrencias que en cascada van enturbiando cada día más el debate. Ya va siendo hora de que fijen su posición.

Que dejen de jugar con un tema tan serio. Tienen la obligación de decir claramente cuáles son sus límites y si están dispuestos a poner a España en almoneda para satisfacer a sus socios y poder seguir gobernando.