LA CNMV, EL GRUPO PRISA Y EL PAÍS. Carta de Manuel Conthe al director de 'El País'.

Respondo con estas líneas a las críticas que como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) me dirigieron los editoriales del sábado y del domingo de 'El País'.

Me parecen injustificadas, aunque respeto y siempre defenderé su derecho a formularlas. Las opiniones que manifiesto son estrictamente personales y sólo me vinculan a mí, no a la CNMV ni a los demás miembros de su Consejo.

La cadena SER ejerció el martes pasado su derecho constitucional a informar al público sobre las irregularidades que había detectado, con ocasión de una información periodística, en la que fue Sociedad de Valores de D. Francisco González (FG), actual presidente del BBVA.

Al difundir tales informaciones la cadena puso a prueba la elogiable doctrina que el propio FG enunció poco después de la dimisión de su predecesor (en un artículo, en EL PAÍS del 3 de febrero de 2003, yo mismo la bauticé como "doctrina González" o "Test Moral FG"): quienes ostentamos responsabilidades sociales -ya seamos políticos, altos funcionarios o banqueros- no sólo no debemos infringir las leyes, sino tampoco hacer cosas que, de hacerse públicas, puedan dañar nuestra reputación.

Para conservar intacta esa reputación, debemos ser capaces de responder de forma convincente a las irregularidades que se nos imputen, sin escudarnos en que responden a campañas de "acoso y derribo" o aducir que están legalmente prescritas. Quien denuncia campañas de acoso y derribo suele carecer de argumentos para defenderse.

Además, como dicen los jueces, las sentencias y decisiones absolutorias no son "certificados de inocencia": que alguien no sea condenado por una irregularidad no prueba que no la cometiera.

Por desgracia, la cadena empañó pronto su legítimo esfuerzo por desenterrar posibles irregularidades en hombres públicos aderezándola con dos invenciones:

1. Sugerir que era la CNMV la que venía investigando motu proprio las irregularidades.

De ahí el enfado del Grupo Prisa cuando la CNMV desveló la verdad y, sin especial malicia, dio a conocer el nombre del autor de la crónica periodística (que no denuncia); con ese enfado el Grupo Prisa se contradice: si el propio Libro de estilo de 'El País' exige que los periodistas firmen sus crónicas y se hagan responsables de ellas, ¿qué hay de reprochable en que, al no hacerlo la cadena, la CNMV revelara la identidad del autor de la crónica?

2. Dar la impresión a sus oyentes, entre el miércoles y el viernes, de que tenía información fiable sobre el curso de las indagaciones de la CNMV (difundiendo en un arrebato de imaginación, por ejemplo, que se había producido un "borrado informático" de documentos en la CNMV; o poniendo en entredicho la sinceridad de la CNMV cuando el jueves comunicó oficialmente que sólo informaría del asunto por escrito).

Esas dos invenciones pusieron transitoriamente en solfa a la CNMV, haciéndola aparecer como lo que no era. La CNMV, como es lógico, sólo se sintió legitimada para indagar aquellos potenciales delitos no prescritos de quienes eran sus responsables en 1996; pero no para colaborar frívolamente con la cadena en la ampliación de la investigación periodística sobre FG que la cadena había iniciado.

Las averiguaciones internas de la CNMV no fueron jurídicamente "tomas de declaración", y se basaron en la voluntaria colaboración de los entrevistados.

Contrariamente a lo que señalaron el domingo otros periódicos distintos de EL PAÍS, el mismo miércoles, cuando FG me llamó, le brindé la oportunidad de que viniera de inmediato a la CNMV a darnos su versión de los hechos -como yo habría hecho en su caso-; pero la declinó, hasta no hablar con sus asesores; y sólo después de que se la pidiéramos por teléfono envió el viernes a la CNMV la documentación que el jueves había hecho llegar a diversos medios de comunicación.

Me atraen intelectualmente las paradojas. Y me fascina que el mismo grupo de comunicación que fue perseguido tiempo atrás por un juez prevaricador -luego indultado- critique ahora a un funcionario público por no actuar como su inquisidor privado.

Me parece un error. Por eso, creo que, como hacen los grandes periódicos internacionales cuando se equivocan y quieren restablecer su crédito, la cadena Ser por sus dos invenciones y el editorialista de 'El País' del sábado por su desmesura deben una disculpa pública a sus oyentes y lectores, entre quienes me seguirán teniendo.

El extremismo tolerado.

La izquierda española descubre, condena y hasta inventa una y otra vez a la extrema derecha, pero continúa siendo incapaz de reconocer a la extrema izquierda.

Y las indignadas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la manifestación del sábado pasado o el fulminante comunicado del Gobierno Zapatero nos dejan con un regusto amargo por su llamativa incapacidad para identificar el paralelismo entre los comportamientos antidemocráticos de esa manifestación y los de los manifestantes de hace unos meses contra el Gobierno popular.

Los socialistas han condenado el «comportamiento vil y miserable de los derechistas exaltados y radicales», pero nunca antes habían denunciado con claridad a los izquierdistas exaltados y radicales que insultaron y agredieron a los políticos del PP.

Y, sin embargo, las actitudes violentas e intolerantes del sábado reproducían milimétricamente algunos comportamientos del 12 de marzo, o del 13, o de muchas de las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar meses anteriores. En todas esas ocasiones ocurrió en España exactamente lo mismo que el fin de semana, pero con dos diferencias significativas.

Entonces, las actitudes intolerantes fueron repetidas y mucho más extendidas, y lo que es aún más importante: mientras que en esta ocasión el Partido Popular o los organizadores de la manifestación ni siquiera han esperado al día siguiente para denunciar esos comportamientos, todavía echamos de menos una condena comparable de los socialistas hacia la extrema izquierda.

El desequilibrio deriva del viejo y enquistado problema ideológico que lleva a algunos a persistir en la creencia de que la extrema izquierda es más tolerable que la extrema derecha por su pretendida representación de los pobres y oprimidos.

Es la asignatura pendiente de nuestra democracia y, en general, de todas las democracias, porque ni siquiera la caída del muro de Berlín consiguió corregir esa manipulación histórica según la cual los totalitarismos de izquierda fueron menos condenables que los de derecha. Si a esto añadimos en España los efectos del franquismo y la continuación de la hegemonía de los intelectuales de izquierda, el resultado es una resistencia aún mayor a la lectura crítica del radicalismo de izquierda.

Y en la medida en que ni se la rechaza ni se la aísla, la extrema izquierda continúa contaminando a la izquierda democrática. Sobran las alertas sobre una extrema derecha que el recuerdo del franquismo se ha encargado de neutralizar y falta el reconocimiento de una extrema izquierda que se pasea con la cabeza alta por la política, la cultura o los movimientos sociales con pretensiones de progresismo y legitimidad democrática.

Nadie pretende encontrar argumentos para comprender la furia de los agresores de Bono, pero nuestro país estuvo lleno de páginas dedicadas a la provocación y a la culpabilidad del Gobierno de Aznar. Lo del sábado ha sido unánimemente denunciado; su equivalente de hace unos meses aún espera la misma repulsa generalizada.

El Papa expresa a Rouco su preocupación por el laicismo en España que lleva a restringir la libertad religiosa.

El Papa Juan Pablo II expresó su preocupación por la difusión en España en el ámbito social de «una mentalidad inspirada en el laicismo» en su mensaje al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rouco Varela, en el marco de las visitas «Ad limina» que los obispos españoles están realizando en estos días.

Según el mensaje del Papa, este laicismo se está convirtiendo en una ideología, que en España «lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública». «Esto no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida y la cultura de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de silenciarla. Un recto concepto de libertad religiosa no es compatible con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz de la racionalidad. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental», continuó el Santo Padre.

El Pontífice también hizo hincapié en la necesidad de la educación religiosa en los colegios, uno de los puntos de ruptura entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal. «La juventud tiene derecho, desde el inicio de su proceso formativo, a ser educada en la fe. La educación integral de los más jóvenes no puede prescindir de la enseñanza religiosa también en la escuela, cuando lo pidan los padres, con una valoración académica acorde con su importancia». «Los poderes públicos, por su parte, tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y asegurar las condiciones reales de su efectivo ejercicio, como está recogido en los Acuerdos Parciales entre España y la Santa Sede de 1979, actualmente en vigor», añadió.

Asimismo, el Papa mostró su preocupación ante «las nuevas generaciones de españoles, influenciadas por la indiferencia religiosa, la ignorancia de la tradición cristiana con su rico patrimonio espiritual, y expuestas a la tentación de un permisivismo moral». El Santo Padre también se detuvo en su mensaje a Rouco Varela en la cuestión de la «unidad» de España, afirmando que «la diversidad de pueblos, con sus culturas y tradiciones, lejos de amenazar esta unidad, ha de enriquecerla desde su fe común». «Y vosotros, en cuanto sucesores de los Apóstoles, tenéis que esforzaros en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz», indicó a los obispos españoles.

Por otra parte, Juan Pablo II se hizo eco de los informes quinquenales presentados por los obispos y donde «se evidencian la preocupación por la vitalidad de la Iglesia y los retos y dificultades a afrontar». Según las palabras del Papa, en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Navarra y el País Vasco -las comunidades a las que pertenecen los obispos que han sido recibidos-, «han cambiado muchas cosas en el ámbito social, económico y también religioso, dando paso a veces la indiferencia religiosa y a un cierto relativismo moral, que influyen en la práctica cristiana y que afecta consiguientemente a las estructuras sociales mismas».

A continuación el Papa pasó a analizar la situación económica y social de algunas regiones donde «en algunas zonas se vive en la abundancia mientras otras tienen graves carencias». «En ocasiones, lo que fueron fuentes de riqueza en tiempos anteriores ­-por ejemplo, la producción minera y siderúrgica, la construcción naval, diversas empresas- sufren un cierto declive ante el cual hace falta mantener la esperanza», añadió el papa Otro de los temas que afrontó el Pontífice fue «el problema del aguaes se vive la confrontación social por un recurso natural: el agua; siendo ésta un bien común no se puede despilfarrar ni olvidar el deber solidario de compartir su uso. Las riquezas no pueden ser monopolio de quienes disponen de ellas, ni la desesperación o la aversión pueden justificar ciertas acciones incontroladas de quienes carecen de las mismas».

Los obispos, según el mensaje del Pontífice, le han informado de «su preocupación por la vitalidad de la Iglesia en España». «Atentos a los problemas y expectativas de los fieles ante esta nueva situación, vosotros, como Pastores, os sentís interpelados a permanecer unidos para hacer más palpable la presencia del Señor entre los hombres a través de iniciativas pastorales más apropiadas a las nuevas realidades», respondió el Papa a esta preocupación de la Iglesia española. Según el Papa, los fieles españoles «apoyados por sus obispo para reclamar «el respeto efectivo a la vida, en todas sus etapas, la educación religiosa de los hijos, la protección del matrimonio y de la familia, la defensa del nombre de Dios y del valor humano y social de la religión cristiana» Asimismo, el Sumo Pontífice dio algunas recomendaciones a los obispos para el desempeño adecuado de las actividades sacerdotales y expresó su satisfacción por «el incremento de las vocaciones sacerdotales que se da en algunas partes». «Los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la sociedad, han de ser objeto especial de vuestros desvelos pastorales.

En este sentido, no deben escatimarse los esfuerzos necesarios, aunque a veces no den fruto inmediato», instó a los obispos. Recordando la vigilia que el Papa ofició con miles de jóvenes en Cuatro Vientos, el Papa también apoyó la iniciativa de la Iglesia española de dedicar un año especial a la Inmaculada, Patrona de España, en con memoracióndel 150 aniversario de la proclamación de este dogma mariano.

Latinoamérica. ¿Por qué somos pobres?.

Seguimos pobres, como la mayoría de los latinoamericanos. La civilización nos deja atrás. Y claro está, somos pobres no porque no queremos ser ricos, sino porque no hemos atinado. Si quiere comprender por qué somos pobres, por qué no ha funcionado un continente que debiera ser rico, lea el nuevo libro de Álvaro Vargas Llosa, “Rumbo a la libertad”. No es una historia repetitiva, no es una simple relación cronológica de eventos, sino un agudo análisis histórico y económico. Tampoco es ideológico. El subtítulo es “por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina”. Es un análisis del origen y desarrollo histórico de actitudes culturales e institucionales, con comentarios acerca de Europa en lo que es pertinente al desenvolvimiento de América Latina. Veremos más claro el por qué somos lo que somos y por qué estamos como estamos; cuál es el camino que América Latina ha recorrido y cuáles hechos siguen forjando nuestra cultura y consecuentemente las políticas que han prevalecido en la formación de nuestras instituciones. Vargas Llosa arma el rompecabezas que nos permite entender, en forma amena y con abundantes referencias para quienes quieren ahondar más sobre los temas que aborda.

Seguimos pobres, como la mayoría de los latinoamericanos. La civilización nos deja atrás. Y claro está, somos pobres no porque no queremos ser ricos, sino porque no hemos atinado. No me refiero tanto a nuestros dirigentes políticos como a los intelectuales que en alguna manera guían y determinan lo que llamamos la opinión y la cultura del público. Los políticos típicamente son seguidores de esa opinión y por eso, los formadores de opinión son quienes deciden el futuro y, si su diagnóstico no es acertado, las consecuencias las sufren los habitantes del país.

Vargas Llosa, investigador del Independent Institute de California, nos cuenta cómo los países del norte europeo y los EEUU se desarrollaron cuando abandonaron el mercantilismo que venían practicando en Europa desde la edad media, el cual consiste en un sistema basado en un régimen legal positivista, “la ley política”, que no se basa en el reconocimiento de derechos individuales sino en el expediente político, bajo el cual el ciudadano debe servir al gobierno y no al revés, en el que sectores privilegiados manejan la economía del país, un sistema que resulta en una continua transferencia de riqueza de pobres a ricos. España y Portugal no abandonaron el mercantilismo sino más bien lo implantaron en sus colonias y tanto ellos como sus colonias nos quedamos atrás. Este tema, que es de por sí muy interesante, rara vez es reconocido en la historia que nos han enseñado desde chicos. Vargas Llosa nos ilustra sobre su naturaleza y desarrollo histórico y cultural.

En América Latina, la falta de éxito no ha sido por falta de buena voluntad de quienes gobiernan, sino el natural resultado de equivocados planes, estudios, dictámenes y modelos, a pesar de cuantiosas sumas de infructuosa ayuda. Lamentablemente, seguiremos pobres en tanto se nos escape, a nosotros y a quienes nos ayudan, las verdaderas causas de nuestra pobreza

Entretanto, los congresistas legislan más y más regulaciones e intromisiones generadoras de corrupción y pobreza. Ya las entidades que se ocupan de ayudar a los países pobres, como el Banco Mundial, comienzan a darse cuenta de las verdaderas causas del fracaso. Robert E. Anderson, quien trabajó durante diez años en el Banco Mundial, recientemente publicó un atinado análisis de las causas de la pobreza en nuestros países, titulado “Just get out of the way”. Y el mismo Banco Mundial publicó el extenso informe “Doing Business in 2004” que documenta exhaustivamente el sistema mercantilista en los países pobres, pero sin mencionarlo por su nombre. Hay, pues, esperanza.

El Gobierno reparte una Constitución mutilada.

El nuevo escándalo del Gobierno socialista respecto al plebiscito de febrero es que todos los ejemplares del Tratado Constitucional que distribuye están mutilados; falta más de la mitad del texto.

El domingo 9 el Gobierno socialista de Rodríguez distribuyó por medio de los diarios de papel de más venta varios millones de ejemplares del Tratado Constitucional Europeo. Un loable esfuerzo si no fuera que todos están censurados respecto a la versión original aprobada por la Convención. El volumen repartido a los españoles se limita a poco más del 40% del texto, el 42%.

Al principio del librito, que lleva los sellos de tres Ministerios, Exteriores, Interior y Presidencia, se incluye una nota para los lectores en la que se explica que no se han incluido ni los protocolos anejos al Tratado ni las Declaraciones Anexas al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que lo aprobó. Un criterio discutible, pues “los Protoclos y Anexos del presente Tratado forma parte integrante del mismo”, según reza el artículo IV-442.

Entre estos documentos hay algunos importantísimos, como el protocolo que regula el papel de los Parlamentos nacionales en la UE, es decir, de nuestra soberanía; los protocolos sobre los estatutos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Banco Central Europeo; el protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo – y que la UE se está negando a aplicar a Alemania y Francia, con la colaboración del presidente Rodríguez-; y el protocolo sobre el derecho de asilo a nacionales de los Estados miembros.

En total, la versión íntegra y oficial del Tratado, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 16 de diciembre, ocupa 474 páginas. El texto distribuido por el Gobierno se detiene en la página 202. Es decir, la versión elaborada por orden de Rodríguez ocupa el 42% del texto completo. Un nuevo fraude.

¿A qué se debe esta omisión? ¿Es que el Gobierno no quería aumentar el presupuesto para la edición de la llamada Constitución Europea? ¿O temía que los españoles se asustaran al ver el mamotreto?, ¿o tal vez que sintieran envidia de las reservas y privilegios obtenidos por países como Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, que no están sometidos a los complejos paletos ante Europa de la clase política e intelectual española?

De manera llamativa, en la web oficial del Gobierno socialista se separa el llamado texto de la Constitución de los protocolos y anexos, cuando éstos forman parte del primero. Se puede ver la separación en www.constitucioneuropea.es/index.jsp?op=doc

Por el contrario, el Diario Oficial publicó todos los documentos juntos y bajo el epígrafe correcto de ‘Tratado por el que se establece una Constitución para Europa’.

El texto completo del Tratado, sin mutilaciones ni expurgaciones puede consultarse aquí:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:ES:HTML

Un texto mutilado y una campaña sesgada; así es difícil que los ciudadanos españoles sepan qué van a votar el 20 de febrero. ¿Cuál será la siguiente manipulación del Gobierno? ¿Inflar los votos del sí en el recuento, ya que los partidarios del no carecen de interventores en todas las mesas electorales?

Tres personajes clave en la trama montada para "incendiar" el BBVA. El trío de la bencina.

En las maniobras para desalojar a Francisco González de la presidencia del BBVA hay tres personajes que, como los protagonistas del clásico cinematográfico El trío de la bencina, dedican denodados esfuerzos para lograr hacerse con el control del segundo banco español.

Los tres eran socios de Intermoney, una consultora económica y financiera. Cada gobierno parece tener su predilección por una sociedad financiera que haga las veces de think tank. Y en el caso de Zapatero, ésta es Intermoney que ha sido un vivero de cargos para el primer Ejecutivo del gobierno socialista.

Miguel Sebastián

Nacido en Madrid en 1957 y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, Sebastián no le ha perdonado nunca a Francisco González (FG) la forma en que el presidente del BBVA prescindió de sus servicios como responsable del Servicio de Estudios del banco por haber colaborado en la elaboración del programa económico del PSOE.

Miguel Sebastián se convirtió entonces en asesor económico del presidente Zapatero, con despacho en Moncloa y rango de subdirector. Desde ahí, mueve los hilos de su venganza.

Carlos Arenillas

Carlos Arenillas (Madrid, 1956) es el hombre de confianza de Miguel Sebastián y, gracias a ello, fue nombrado vicepresidente de la CNMV tras la llegada al poder de Zapatero. Está casado con Mercedes Cabrera, número 2 del PSOE de Madrid, y tiene dos hijos.

Fue miembro del grupo Economistas 2004 que, dirigido por Miguel Sebastián, elaboró el programa económico del PSOE para las elecciones. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Complutense. Ha sido consejero y director de la sociedad de análisis e Inversión Intermoney. Ha sido también director de Tesorería en Siaf, Sociedad del Mercado de Dinero, desde su fundación en 1980 hasta 1983 y fundador de CIMD, donde ocupó diferentes puestos, incluyendo el de consejero delegado y presidente del grupo, cargo que dejó en 2001.

José Pérez

Pepe Pérez, amigo personal de Miguel Sebastián, con el que trabajó en el BBV. Ex director general de los Servicios de Inspección del Banco de España, ex director de Riesgos del BBV y actual presidente de Intermoney. Fue al que Emilio Ybarra desplazó cuando tuvo la pugna con FG. Y el encargado de preparar en 2002 un informe sobre los créditos que el banco Argentaria había concedido a las empresas de la familia de Rodrigo Rato, por entonces vicepresidente económico del gobierno del PP. En un principio, uno de los candidatos para el puesto de FG al frente del BBVA. Pero, "buen técnico", le falta recorrido.

DEL "MACARTISMO AL SEBASTIANISMO". La campaña de la SER contra Francisco Gonzalez pone al descubierto el "plan B" para asaltar BBVA

En medio del asalto de Sacyr al BBVA, los medios del Grupo Prisa han lanzado una campaña contra Francisco González, a propósito de una operación realizada hace ocho años y en la que la CNMV no vio irregularidad alguna. Fuentes del BBVA creen que esto forma parte del "macartismo y sebastianismo". Además, desvelaron que en noviembre se amenazó con dos dossieres. Uno ya ha salido a la luz. El otro trata sobre "unos créditos a la familia Rato".

Martes por la noche. La Cadena Ser abre sus informativos con una de sus exclusivas: "La CNMV estudia presuntas irregularidades en la venta de la sociedad de Bolsa del presidente del BBVA". El miércoles, el resto de medios del Grupo Prisa –El País, CNN Plus y Cinco Días– replican la noticia. Eso sí, siempre citando como fuente a la Cadena SER. En el caso de El País, citando incluso la fuente en el titular, mientras que Cinco Días repetirá que la información es de la SER hasta en cuatro ocasiones dentro de la noticia.

Este miércoles, el director de Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo, ha abierto con la misma noticia. Para explicar este asunto a sus oyentes, Gabilondo ha entrevistado a Javier Ruiz, jefe de Hora 25 de los Negocios de la SER.

Según Javier Ruiz, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está estudiando la documentación del banco estadounidense Merrill Lynch en la que se denuncian esas supuestas irregularidades en la venta hace ocho años de FG Valores. Esta sociedad de valores, propiedad de Francisco González, fue comprada por Merrill. Según la SER, la documentación desvelaría una operación de "ingeniería financiera" que encubriría "un descubierto contable de al menos 800 millones de pesetas".

En ese momento, Gabilondo interviene para decir que este es "un asunto importante y gordo dada la personalidad de Francisco González" y "el momento" en que se conoce la noticia. Gabilondo cree que este asunto no tiene nada que ver con el intento de entrada de Sacyr en el BBVA. El jefe de Hora 25 de los Negocios también comparte la misma opinión: "La aparición de este informe no tiene nada que ver con la entrada de Sacyr en el BBVA. Interpretarlo como parte de esa guerra sería un error. No tiene ninguna conexión con lo de Sacyr".

Parte del "macartismo y sebastianismo"

En la entidad presidida por Francisco González no comparten la misma valoración. Fuentes del BBVA consultadas por Libertad Digital creen que la publicación de esa noticia forma parte del "macartismo y el sebastianismo" y la "caza de brujas" desatada tras el intento de Sacyr de entrar en el accionariado del banco. Recuerdan que la CNMV ya en 1996, en tiempos de la presidencia de Luis Carlos Croissier, nombrado por el Gobierno socialista, decidió archivar este asunto.

Las mismas fuentes han desvelado a este periódico que el 24 de noviembre, "cuando comenzó el asalto", recibieron "la primera amenaza". Desde Sacyr, según las fuentes, se sacó a colación la existencia de dos dossieres contra los gestores del BBVA. Uno incluiría la ya comentada noticia de la SER. Para elaborar el otro se incluirían datos sobre "créditos a la familia Rato" y que se utilizarían para volver a arremeter contra FG. El primer dossier ya ha salido a la luz "a través de los cauces habituales", explicaron las fuentes.

Desde el banco entienden que una vez que el asalto al BBVA ha entrado en "vía muerta" se ha optado por poner en marcha "el plan B". "Nos vamos a defender", advierten desde la entidad financiera. Por cierto que nadie de la CNMV ha notificado al banco ni a Francisco González que se haya abierto alguna investigación.

Las falacias de Mohamed VI acentúan las sospechas sobre el 11-M.

Aunque el viaje oficial que hoy inicia nuestro monarca a Marruecos aconseja mantener una cierta cortesía hacia su anfitrión, resulta imposible pasar por alto las inadmisibles declaraciones realizadas por Mohamed VI al diario El País.

En relación a la crisis de Perejil, el rey marroquí justifica la ocupación del islote con el argumento de que sus soldados se instalaron allí para luchar contra la inmigración ilegal. Dice que su país se sintió «abofeteado» e «insultado» por el despliegue militar español y tacha a Aznar de haber actuado de una manera «franquista».

La argumentación es inverosímil porque no hay nadie que cruce el estrecho desde este islote, muy alejado de las costas españolas y sin valor estratégico alguno. Fue el propio monarca marroquí quien provocó la crisis al no prever la reacción del Gobierno de Aznar ante un hecho consumado.

Llama «franquista» a Aznar por plantarle cara y elogia a Felipe González, a quien acaba de recibir acompañado del magnate Carlos Slim en una prueba más de como política y negocios pasan a la vez por sus palacios.

Mohamed VI lamenta que los atentados de Madrid fueran cometidos por ciudadanos marroquíes, pero afirma que tenían papeles y «estaban perfectamente asentados e integrados» en la sociedad española.

Lo que sugiere el monarca es que los terroristas habían sido corrompidos por esa integración en nuestro sistema de valores cuando la realidad es la contraria: eran fanáticos que actuaban en nombre de su religión islámica.

El monarca soslaya en sus declaraciones los numerosos elementos que, además de la nacionalidad de sus autores, relacionan a Marruecos con los atentados. El primero, que el Gobierno de Rabat puso en libertad tras una corta detención a Mohamed Haddad, al que testigos presenciales reconocieron como uno de los miembros del comando que colocó las bombas en los trenes. Haddad -como hoy se cuenta en las páginas de nuestro periódico- vive en Tetuán y se pasea libremente por la calle.

El segundo de los hechos que soslaya Mohamed VI es que los integrantes del comando hicieron varias llamadas a teléfonos con tarjetas de prepago a Marruecos antes de suicidarse, de suerte que los servicios secretos españoles creen que recibieron la orden de quitarse la vida en una de esas comunicaciones, que, por cierto, fueron escuchadas por agentes marroquíes.

Un tercer elemento es que Trashorras le dijo a Lavandera que pensaba desplazarse junto a Toro a Marruecos para «dirigir la cosa desde allí». Otro cuarto factor que apunta hacia el régimen de Rabat son las conexiones de los miembros del comando de Leganés con los autores del atentado de Casablanca.

Y, en quinto lugar, la relación de un imam marroquí, apodado Cartagena, con algunos integrantes del comando. Este imam era también confidente de los servicios secretos de su país y entregó a la Policía española los números de teléfono de El Egipcio y El Tunecino.

Mohamed VI afirma en la entrevista que Marruecos no es un Estado laico y que nunca lo será, ya que él es el jefe de Estado y el líder religioso de sus súbditos. Sus palabras evidencian su profunda resistencia a transformar Marruecos en una verdadera democracia, que jamás podrá llegar si existe esa tutela autoritaria y religiosa.

Que el monarca actúa mucho más como un autócrata que como un soberano constitucional queda meridianamente claro cuando afirma que acaba de ordenar, hace algunas semanas, que sus Fuerzas de Seguridad sellen la costa para impedir la emigración a Canarias.¿Por qué ha aguardado tanto?

Si Mohamed VI esperaba mejorar su imagen con esta entrevista, ha conseguido el efecto contrario. Queda retratado. Ya sabemos lo que podemos esperar de él.