La ministra de Educación se reúne por primera vez en la legislatura con la Concapa, pero rechaza pronunciarse sobre esta materia.

Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».

«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.

«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».

Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.

«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».

Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».

Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».

El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia –indicó– pero la enseñanza religiosa es un derecho».

Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.

Zapatero prepara un plan de choque contra la Iglesia católica.

Zapatero prepara un plan de choque contra la Iglesia católica.
Fernández de la Vega, apoyada por Peces Barba y por el número dos de Justicia, será la encargada de sacar adelante el plan que pondrá fin a las subvenciones a las organizaciones católicas, la financiación de la Iglesia a través del IRPF y la simbología cristiana en los lugares públicos. El objetivo, según desvela El Mundo, es acabar con las “innegables ventajas y privilegios” de la Iglesia católica e imponer un Estatuto laico que iguale la religión católica al resto de confesiones minoritarias en España.

Fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por El Mundo ya han aclarado que Zapatero pretende imponer el plan de choque contra la Iglesia católica desde el diálogo aunque, de momento, las formaciones políticas se han enterado por la prensa de los propósitos gubernamentales. Cuenta el diario de Pedro J. Ramírez que el Gobierno ya está pidiendo informes para ultimar lo que el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, califica de “hoja de ruta para conseguir la aconfesionalidad del Estado”.

El número dos de Justicia es uno de los impulsores de este plan, junto con el “notable” de Zapatero, Gregorio Peces-Barba, que como “padre” de la Constitución firmó la misma aconfesionaldiad del Estado que ahora pretende “conseguir” el Gobierno del PSOE. También el diputado socialista Victorino Mayoral es uno de sus “padrinos”. Los tres ya han puesto sobre la mesa las nuevas medidas, que coordinará la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, y que afectarán a los ministerios de Economía, Justicia y Asuntos Sociales.

La reforma pasará por acabar con la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, eliminar las subvenciones a las organizaciones católicas, hacer desaparecer la simbología cristiana de los lugares públicos, que los profesores de religión en los colegios públicos no estén en el claustro del centro, que las clases de religión se impartan fuera del horario escolar y que los que no asistan a ellas no tengan que acudir a otra clase alternativa. Todo ello se incluirá en un “Estatuto de Laicidad” que iguale la religión católica al resto de confesiones minoritarias. Junto a todo esto, el próximo año no se prorrogarán los acuerdos Iglesia-Estado, vigentes desde 1979 sino que serán “revisados”.

López Guerra ya explicó en unas jornadas sobre laicidad en Cádiz que “es necesario diseñar, y el Gobierno lo está haciendo, una... digamos, hoja de ruta que nos permita llegar a una situación que nos satisface hay, a una que cumpla los mandatos constitucionales, y todo ello, naturalmente, para conseguir la aconfesionaldiad del Estado, el respeto a la libertad religiosa y la cooperación, al mismo tiempo, con las diversas religiones”. Entonces, ya criticó que “existe una posición innegable de ventaja de la confesión católica, que se deriva tanto de la tradición, como formalmente de los acuerdos con la Santa Sede de 1979”.

Aumenta casi un dos por ciento el número de alumnos que pide clase de Religión en la escuela.

Un total de 5.216.617 estudiantes, ocho de cada diez, solicitan la asignatura, según datos de la Conferencia Episcopal

La enseñanza de la Religión goza de buena salud en la escuela española. Durante el presente curso 2004-2005, 5.216.617 niños y adolescentes reciben doctrina católica en las aulas, un 79,3 por ciento, 1,8 puntos por encima del pasado año escolar. Se trata de un dato «muy significativo», según la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que hizo ayer públicos los datos, «teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa la enseñanza religiosa católica en la escuela y las trabas que tiene que superar en su desarrollo diario en el aula». En los centros públicos se logra frenar la caída, y el porcentaje de alumnos que solicita la clase de Religión se estabiliza en el 72,2 por ciento.

Ocho de cada diez alumnos de la educación no universitaria en España reciben clase de Religión. Exactamente el 79,3 por ciento, alcanzando un total de 5.216.617 estudiantes. Los datos los hizo públicos ayer la Conferencia Episcopal, que aprovechó para subrayar que esta asignatura «es un derecho fundamental refrendado por la Constitución Española». «El Estado está obligado a procurar que se imparta dicha formación con todas las garantías necesarias para que no se produzca en la actividad escolar ninguna discriminación por el hecho de recibir o no recibir esta enseñanza», prosigue la nota de la comisión episcopal.

En los colegios católicos, la práctica totalidad de los estudiantes solicita enseñanza de Religión, en concreto el 99,5 por ciento. En total, 1.069.533 alumnos de estos centros van a clase de Religión, frente a sólo 5.313 que no lo hacen. En el curso 2003-2004, el crecimiento fue de cuatro puntos sobre las estadísticas del año previo, alcanzando el 99,2 por ciento, mientras que en el presente ha sido de tres décimas. Los obispos valoran «muy positivamente la subida progresiva que anualmente mantiene la opción por la enseñanza religiosa en la escuela católica».

En los colegios de titularidad civil también ha aumentado, aunque más levemente, el porcentaje de inscritos a la Religión. En el pasado curso era del 80,6 por ciento, mientras que en el presente alcanza los 81,7 puntos, 1,1 por encima. En total, 195.325 alumnos se inclinan por la asignatura frente a los 43.880 que no lo hacen.

Equilibrio en la escuela pública. En la escuela pública, la situación se mantiene estable. Hasta 2004, la tónica general en los colegios estatales era de un continuo decrecimiento. Sin embargo, en este curso se ha frenado la caída, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que el pasado año: un 72,2 por ciento. De los 4.306.272 alumnos de la escuela pública, 3,109.128 solicitaron en septiembre clase de Religión católica. Por etapas, la que registra un mayor porcentaje de estudiantes es la Educación Primaria, el 84,7 por ciento. «Es en esta etapa donde los padres pueden ejercer sus derechos de opción formativa para sus hijos con mayor libertad», prosigue la nota. Para los obispos, esto se debe a que «tienen menos incidencia en los alumnos y padres las condiciones académicas y disciplinarias discriminatorias para la enseñanza religiosa escolar». «Por ello, es esta etapa la más significativa del valor que los padres dan a la enseñanza religiosa católica», aseguran.

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), asisten a clase de Religión el 53,5 por ciento de los alumnos de centros públicos, ocho décimas menos que el pasado año. «Aunque todavía es un dato negativo, consideramos que el descenso en décimas supone de alguna manera una estabilización de la opción en esta etapa, teniendo en cuenta el descenso progresivo y cuantioso que venía dándose en los cursos pasados. En el curso 2003-04, el descenso de la opción religiosa en esta etapa fue de 4 puntos», explica el comunicado. Los obispos insisten en hablar de «discriminación» de la asignatura de Religión, especialmente entre los alumnos de secundaria y de bachillerato. Ésta «es notoria: mientras que los alumnos de Religión reciben formación religiosa, el resto de alumnos recibe materias sin valor académico, sin evaluación alguna y sin exigencias de estudio, en el mejor de los casos», denuncian.

Bachillerato, lo más bajo. En los cursos de bachillerato de los centros públicos, que tradicionalmente registran el porcentaje más bajo de inscritos a la clase de Religión -alrededor del 40 por ciento-, este año se ha producido un ligero repunte de tres décimas. Este dato ha provocado una especial satisfacción entre los responsables de la educación religiosa, ya que «en estos cursos, como es bien sabido por todos, las notas no son tenidas en cuenta para el acceso a la Universidad, becas o ayudas al estudio». En el curso 1996-1997, el porcentaje total de alumnos de secundaria o bachillerato de cualquier tipo de centro que optaba por la Religión era similar: alrededor del 66,5 por ciento. A partir de ese año, el bachillerato comenzó una fuerte caída, que llegó a su punto más bajo entre 2001 y 2002, con tan sólo un 51,7 por ciento de estudiantes. En los años siguientes, la asignatura comenzó una ligera remontada, hasta alcanzar en el presente curso un 56,9 por ciento.

Los responsables de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que dirige el arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, han destacado que «la sensibilidad de los padres y alumnos por el valor trascendente de la enseñanza religiosa en la formación de la personalidad del alumno va siendo cada vez más notoria y consciente en todo tipo de escuela».

ZP apuñala por la espalda a las victimas del terrorismo.

Aunque hemos venido adelantando en repetidas ocasiones que el PSOE preparaba una jugarreta en materia de política terrorista, no podemos evitar el asombro ni la indignación ante la iniquidad del gobierno. Ya sabíamos que ZP quería rentabilizar el fin de ETA, y para ello estaba dispuesto a negociar con la organización terrorista. Nuestros lectores pueden recordar que ya dijimos que el PSOE cedería en las demandas de acercar a los presos, y lo que es peor, en conceder la amnistía a los etarras sin delitos de sangre, pese a que con sus informaciones y otras colaboraciones huviesen contribuido a la comisión de asesinatos, además, por supuesto, de abrir un proceso de reforma de los estatutos de autonomía, que otorgase más poder, o autogobierno, -como a los socialistas les gusta decir-, a los separatistas.

El tiempo nos ha dado la razón, Peces Barba ha informado a la AVT de la existencia de negociaciones entre gobierno y ETA, al mismo tiempo que ZP, mentía a la opinión pública negando esos contactos. Peces Barba se atrevió incluso a decir a las victimas que deberían aceptar como parte de la negociación, que se acercaran al País Vasco a los presos etarras –aunque tuvieran delitos de sangre– y la amnistía de los terroristas que no tuvieran en su historial ningún asesinato.

El PSOE quiere atribuirse la victoria sobre el terrorismo, cuando en la realidad han sido las medidas contrarias al dialogo, es decir el endurecimiento legislativo, especialmente la ilegalización de Batasuna, la causa principal de la derrota de los asesinos separatistas.

En estos momentos no hacía ninguna falta negociar con ETA, sólo había que mantener la presión contra su entorno para esperar sentados a ver caer el fruto maduro. Pero el PSOE y ZP en un ejercicio de mezquindad y de egoísmo partidista sin precedentes, han preferido traicionar a las victimas y pisotear los intereses de España, única y exclusivamente para poder rentabilizar en las elecciones vascas y en las que posteriormente se celebren el éxito de estas negociaciones.

Un éxito sobre todo para los terroristas, que ya derrotados, se encuentran con un regalo que va a permitir a los mismos cambiar las armas y la clandestinidad por un respetable escaño en el parlamento vasco, diputaciones, ayuntamientos o cortes. Y una derrota para España y las victimas de ETA, que van a ver como sus familiarices murieron vano, y que su sufrimiento sólo ha servido para que un partido político inmoral trafique sórdidamente con su sacrificio.

Entendemos ya muy bien porque el gobierno quería desprestigiar a la AVT con el numerito de Bono. A ZP le estorba este colectivo y quiere evitar que pueda alzar su voz ante la traición que prepara. Todo el discurso del PSOE, y en especial de ZP, a favor de las victimas, se ha rebelado como palabrería, poses hipócritas de unos políticos falsos, que en realidad, quieren, que quienes más derecho tienen a hablar, callen.

El trágala con que el señor Peces Barba ha recibido a la AVT, deja muy claro que el PSOE no quiere tener en absoluto en cuenta la opinión del colectivo de victimas, esa y no otra es la sensibilidad de ZP y sus sicarios.

Porque en realidad también ahora se descubre cual es el papel del señor Peces Barba. No se trata más que de un esbirro del PSOE, y ha sido colocado ahí por ZP, para que suplante y inutilice ante la opinión pública la voz de las autenticas victimas. Por ello las iniciativas y declaraciones que pueda hacer a partir de ahora como Alto Comisionado para las victimas del terrorismo no tienen más valor que el del papel higiénico.

Ante los atropellos que prepara el gobierno socialista hay que ir pensando en una reacción popular, pacífica pero contundente, al estilo de la revolución naranja de Ucrania, y si el PP no quiere encabezar la misma, sus bases deberían ir buscando otras formaciones que piensen más en España y menos en los resultados electorales.

IZQUIERDA UNIDA PUDO ORQUESTAR LA TOMA DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL 11-M.

A consecuencia de los incidentes ocurridos durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid, Alfredo Pérez Rubalcaba pidió la despolitización de las víctimas de atentados. Más explícito era en la mañana de ayer 26 de enero, en un programa de televisión, el diputo López Garrido, al señalar que se tienen que entender con las víctimas aunque con una de las asociaciones iba a ser más difícil que con la otra. ¿Por qué decía esto el antiguo presidente de Partido Democrático de la Nueva Izquierda? ¿Porqué le es más fácil al PSOE entenderse con una asociación que con la otra? ¿Quién controla la Asociación de Afectados por el 11-M con quien el PSOE proclama que le es más fácil entenderse que con la tradicional Asociación de Víctimas del Terrorismo?

A finales del mes de octubre el Congreso de los Diputados citó a la Asociación de Afectados por el 11-M para que compareciera en la Comisión de Investigación. La Asociación como era lógico comunicó que la entonces presidenta Clara Escribano declararía ante la comisión. Al día siguiente y a preguntas de un medio de comunicación Clara Escribano se declaró partidaria de que la Comisión continuara sus trabajos, es decir justo lo contrario de lo que defendían todos los partidos menos el PP. Fue la gota que colmó el vaso y desde la izquierda se orquestó su caída. Para ello y a iniciativa de varios socios se convocó una asamblea informativa para explicar la gestión de la Junta Directiva. La asamblea se celebró el día 8 de noviembre y en ella cuatro de los siete miembros de la Junta Directiva presentaron su dimisión, y provocaron que se constituyera una Junta Gestora. Ese fue el final de Clara Escribano. El la asamblea el grupo liderado por Pilar Manjón acusaba a Escribano de acaparar la atención en los medios de comunicación y de que había diferencias de argumentación entre heridos (Clara Escribano) y familiares de fallecidos (Pilar Manjón). Sin embargo, tras el relevo la presidencia de la Asociación recayó en Jesús Ramírez, herido en el atentado al igual que Clara, y en los medios de comunicación sólo aparece Pilar Manjón, desde entonces portavoz de la asociación.

Tras el 8 de noviembre, ya nada fue igual en la asociación. La línea de la asociación fue corregida por una línea mas politizada hacia la izquierda. Se cortaron los contactos con el grupo parlamentario popular y aumentaron las presentaciones en locales de asociaciones vinculadas a la izquierda. Pilar Manjón participó en la creación de una fundación lanzada desde CCOO para honrar la memoria de Rodolfo Benito, sobrino del ex Secretario General de CCOO de Madrid del mismo nombre y que falleció en uno de los trenes. La organización de actos públicos y las relaciones con los medios de comunicación de la asociación contaron el asesoramiento y participación de destacados dirigentes del sindicato y de IU, los cuales no dejan que nadie toque nada sin ellos saberlo. ¿Pero quien es Pilar Manjón?

En la Fiesta del PCE celebrada en Madrid en el mes de septiembre, Francisco Frutos la presentó desde el estrado como “una militante comunista que está aquí y que simboliza el dolor de tanta gente”. Esa militancia comunista la llevó a compartir militancia con CC.OO, sindicato del que es miembro de su Comisión Ejecutiva de Madrid. En declaraciones al diario El Mundo declaró “mi voz no está politizada. Se me ha acusado de ser del PSOE, pero no he sido nunca de ese partido ni lo he votado nunca”. Y no mentía porque según ha sabido Minuto Digital era una persona muy cercana a Izquierda Unida, partido por el que mucha gente la recuerda siendo apoderada en las mesas electorales en el distrito de Vallecas donde vive.

El día 29 de noviembre, y ya siendo portavoz de la Asociación se concentró ante las puertas del Congreso de los Diputados, entre gritos de “asesino” acusó a José María Aznar que comparecía ese día de ser el responsable del atentado del 11-M. No era la primera que lo hacía ya que en el mes de abril ante la Asamblea Congresual de CCOO declaraba que a su hijo lo había matado el trío de las Azores. Incluso apostilló desde el estrado “a mi hijo le ha matado el odio asesino que han sido capaz de inculcar en corazones mesiánicos, Aznar, el trio de las Azores. Ese odio ha matado a mi hijo y a 190 trabajadores que son de nuestra clase, no lo olvidéis, lo nuestros, que también caen en Irak o en Palestina”. Con esta forma de pensar ¿no sería más lógico que el PSOE pidiera primero la despolitización de la Asociación de Afectados por el 11-M antes que la despolitización de la Asociación de Víctimas del Terrorismo?

El PP acusa al Gobierno de «detención irregular» de dos de sus militantes por la agresión a Bono.

El intento de agresión al ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo elevó ayer aún más la tensión entre PP y PSOE tras el arresto de dos militantes populares, que quedaron en libertad. Para el PP se trata de unas «detenciones irregulares» que no se producían «ni en el franquismo», por lo que varios de sus miembros arremetieron contra lo que consideran «una campaña del Gobierno de acoso al PP y descrédito de la AVT».

El secretario de comunicación de los populares en Madrid, Juan José Güemes, informó de que han pedido explicaciones al delegado del Gobierno por «el gravísimo atentado contra los derechos de dos ciudadanos por el mero hecho de ser afiliados del PP» y anunció que no descartan acciones legales contra el Gobierno «por una utilización partidista de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

«Les leyeron sus derechos»

La Policía, tal como anunció el lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, identificó y detuvo «con toda premura» a dos personas que aparecían en las imágenes muy cerca de Bono. Dos miembros de la Ejecutiva local del PP de Las Rozas, Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz, fueron arrestados al mediodía por agentes de la Brigada de Información de Madrid y conducidos a la sede de este servicio policial para prestar declaración. Poco antes de las cinco de la tarde quedaron en libertad sin cargos, según confirmaron fuentes del PP de Madrid.

«Les leyeron sus derechos en presencia de su abogado y declararon durante hora y media, Barrios, y más de media hora De la Cruz, en calidad de detenidos», detalló a ABC el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien mostró su indignación por las circunstancias en que se produjeron las detenciones. Asimismo, anunció que el PP «va a pedir explicaciones al Gobierno sobre estos hechos y sobre quién ordenó la detención».

Las informaciones en torno a los arrestos estuvieron rodeadas de un gran hermetismo durante todo el día, una vez que el secretario general del PP de Las Rozas, Javier Espadas, identificó a dos miembros de la Ejecutiva local en las imágenes difundidas por la Prensa. Mientras el PP confirmaba que Barrios y De la Cruz habían sido detenidos y no se les había podido imputar ningún cargo, desde la Delegación del Gobierno de Madrid se aseguraba que «habían declarado varias personas ante la Policía tras analizarse las imágenes grabadas por distintos medios de comunicación y que la investigación seguía adelante». El delegado del Gobierno, Constantino Méndez, insistía en que los nombres era lo de menos y lo importante, llevarlos ante la Justicia.

Barrios concretó a ABC que había recibido una llamada de la Policía para pedirle que acudiera a declarar y él se puso en contacto con un abogado «porque yo de esos trámites no entiendo».

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, calificó la secuencia vivida por dos de sus militantes como un «montaje». Según algunas informaciones, un escolta de Bono declaró que había recibido golpes durante la manifestación, punto en el que coincidió con Antonia de la Cruz, quien, según fuentes populares, también dijo haber sufrido contusiones. «Mi amiga se queja de dolor en el hombro, pero es que hubo un momento de mucha tensión», matizó Barrios.

Ningún jefe cesado

La Jefatura Superior de Policía de Madrid no se pronunció ayer sobre las detenciones ni sobre los posibles cargos. Fuentes de la investigación explicaron que durante el visionado de los vídeos de la manifestación no se pudo atribuir a nadie «con claridad» el intento de ataque a Bono, «lo que sí comprobamos es que en esas imágenes no aparecía nadie de Falange ni ningún miembro de extrema derecha o de tribus urbanas identificado en los ficheros policiales». Se trata de un altercado de orden público, precisaron. Tampoco existe ninguna grabación distinta a las ofrecidas por las televisiones que cubrían la convocatoria.

Fuentes de la Dirección General de Policía negaron ayer que el jefe Superior de Madrid, por orden del delegado de Gobierno, hubiera cesado al responsable de un grupo de la Brigada de Información por oponerse a la detención de los dos militantes del PP. Los citados medios rechazaron que se hubiera producido esta actitud por parte del funcionario y su cese. También negaron que el agente en cuestión haya sido retirado del caso, aunque los medios consultados no descartan que hubiera habido diferentes puntos de vista entre los funcionarios sobre este asunto.

Exceso de celo

El malestar en la sede nacional del PP es indisimulable y critican en privado el exceso de celo de la Delegación del Gobierno contra unos representantes institucionales a los que además se les llegó a señalar que no había nada que les incriminase en los altercados del sábado. El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer en declaraciones a la Cope solidarizarse con el ministro de Defensa -al que han llamado dirigentes del PP como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana o Ana Pastor- pero recordó que en 2002, cuando a él le acosaron en Galicia a causa del «Prestige», «nadie lo hizo conmigo».

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana consideró «casi enfermiza» la actitud del PSOE: «Se empeñan en criminalizar al PP tanto si somos los agredidos como si los agredidos son otros». En cuanto a la actuación ayer de la Policía, llegó a lamentar soterradamente que el anterior Gobierno no echara mano de las FSE para depurar responsabilidades, aunque justificó irónicamente que, «a pesar de lo malos que somos los del PP, lo quisimos plantear desde el punto de vista político y luego en la comisión del 11-M».

Zapatero ausente de la manifestación. ¿Un gesto hacia la ETA?.

Lo más significativo de la manifestación convocada por la AVT, ha sido la ausencia del presidente Rodríguez y, por supuesto, del famoso jacobino Peces Barba, que se ocupa precisamente –es un decir– de las víctimas del terrorismo (la presencia de Sevilla no pasa de un mal intento de cubrir el expediente). La AVT dice no entender cómo son posibles tales ausencias, cuando la cosa se vuelve muy inteligible tan pronto tenemos en cuenta el contexto. Desde hace meses el PSOE se inclina por contentar de alguna manera al PNV, el cual a su vez se esfuerza de mil modo por contentar a la ETA, y el propio gobierno no para de lanzar globos sonda en torno a conversaciones con los asesinos etarras, acercamiento de presos, etc. Es el “buen talante” hacia esos amigos de la libertad y de España, que implica un pésimo talante hacia el PP y hacia las víctimas.

El PSOE se ha encontrado con una excelente situación tanto en el plano económico (“las arcas llenas”) como en el del terrorismo, con la ETA acorralada como nunca lo había estado. Qué ocasión tan excelente para, mediante concesiones “generosas” y aprovechando la debilidad etarra –mérito del PP– lograr algún acuerdo que acabe con la plaga a satisfacción de muchos, o de algunos. El problema radica en las concesiones y en el hecho desagradable de que el buen talante hacia los asesinos significa automáticamente mal talante hacia las víctimas, hacia el conjunto del pueblo español, en definitiva.

Así, en tal contexto, el rechazo implícito de los socialistas a la manifestación de la AVT tiene el significado de un gesto hacia la ETA, una exhibición de “talante” al estilo Rodríguez, demostración de alejamiento de la política del PP, cuyo buen talante se dirigía precisamente a las víctimas y no a los victimarios. La manifestación se convocaba bajo la consigna de Memoria, Dignidad y Justicia, y ¡nada puede resultar menos oportuno que estas tres cosas para la política actual del PSOE!

Por ello ha sido a la vez significativo e insignificante el incidente de Bono, en el que se centra puerilmente la atención de los medios. Su presencia en la manifestación, al igual que algunas declaraciones suyas, podría interpretarse como un desmarque de la postura de su gobierno, pero los desmarques de Bono han sido hasta ahora poco o nada efectivos y acompañados de una demagogia ambigua que los asimila a las ocasionales bravatas de Ibarra. Al final todo queda en simples salidas de tono incapaces de alterar una línea de acción política de la que él, le guste o no, es corresponsable. Comparado con Rodríguez, para quien España no significa gran cosa y la democracia poco más, Bono sería un mal menor, pero si al final éste resulta una comparsa del primero, nada adelantamos, y parece que muchos manifestantes así lo han sentido. Esto es lo significativo. Lo insignificante fue el incidente en sí.

Soportar abucheos de vez en cuando entra en el oficio de un político. La agresión ya pasa a otro nivel. Según unos, Bono fue agredido, según otros, sólo abucheado. En todo caso él debe recordar que los abucheos, insultos mucho más graves de los recibidos por él, y agresiones violentas, los ha practicado masivamente su partido en connivencia con la extrema izquierda y los separatismos. Si considera su incidente como un ataque a la libertad, ya sabe de dónde vienen tales ataques.

Más allá del incidente en sí, nos encontramos con un serio problema: el PSOE ha estado rompiendo en los últimos años muchas reglas implícitas o explícitas del juego democrático, radicalizando con ello a la sociedad. El efecto más grave de sus demagógicas campañas tipo Prestige o guerra de Irak ha sido extender el sucio ambiente de las Vascongadas por el resto del país. Resulta fácil, aunque cierto, decir que empieza a recoger un poquito de lo que ha sembrado, pero la cuestión real es: ¿Cómo replicar a quien juega sucio y hacerlo de manera que el juego no se venga abajo? De ningún modo puede consistir la respuesta en paños calientes o recomendaciones como los de la propia AVT aquí denunciados por Javier Ruiz Portella el otro día. La experiencia prueba que los jugadores de ventaja tienden a abusar cada vez más si no se les paran los pies con energía. ¿Cómo reaccionar con energía, pero sin venganza, a fin de evitar una espiral destructiva? No se puede hacer lo mismo que ellos, pero tampoco permitirles seguir por esa vía. Cosa nada fácil, por cierto.

Ordóñez murió por nosotros.

– Días 24, 25 y 26 de enero: Seminario en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el título 'Gregorio Ordóñez. Diez años de lucha contra el miedo'.

Me acuerdo de dónde estaba cuando un pistolero etarra asesinó por la espalda a Gregorio Ordóñez y del dolor que sentí. Parece que poco ha cambiado en esta década en el ‘problema vasco’, pero ciertamente las cosas están mucho mejor.

En primer lugar, el PNV y los otros brazos del separatismo vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, han tomado el relevo a ETA; ahora la vanguardia del proyecto ‘abertzale’ son los chicos de la corbata, Juan José Ibarretxe y Josu Jon Imaz, no los ‘chicos de la gasolina’; es decir, se han quitado la careta. En segundo lugar, el aparato político y mediático de ETA ha sido desmantelado, gracias a la política de José María Aznar. En tercer lugar, los amenazados, los apartados del régimen de poder se organizan y protestan, como pudo comprobarlo el miserable alcalde de Guecho, Iñaki Zarraoa, cuando docenas de personas le silbaron por su decisión de no incluir una frase en español de condena del último coche bomba. Sí, tenemos el Plan Ibarretxe encima de la mesa del Congreso y a un tal Rodríguez en La Moncloa, pero precisamente el PNV ha pisado el acelerador porque sabía que podía perder.

Parte de la responsabilidad en este cambio de la situación se debe al sacrificio de Gregorio Ordóñez. Él encarnaba el pavor de los nacionalistas, tanto de aquéllos que agitan el árbol como de los que recogen las nueces, a que surgiera un líder capaz de vencerles en las urnas. Los éxitos electorales del donostiarra Ordóñez, presidente del PP de Guipúzcoa, refutaban los tópicos separatistas: en la ciudad más ‘baska’, el partido españolista rebasaba en votos al PNV y a HB. Y probablemente Ordóñez se habría convertido en alcalde de San Sebastián en las elecciones municipales celebradas unos meses después. Una afrenta como ésa era para los Javier Arzallus y Josu Ternera idéntica al ‘baile agarrao’ para Sabino Arana. No se podía consentir y no se consintió.

En mi libro ‘Bokabulario para hablar con nazionalistas baskos’ recojo una de las frases más canallescas pronunciadas por un nacionalista vasco –y anda que hay donde escoger-. Imanol Beristain, miembro destacado de Eusko Alkartasuna, escribió en el diario ‘Egin’ (14-9-1994), tres meses antes del asesinato de Ordóñez las siguientes palabras dirigidas a él: “Que sea usted concejal de Donostia, para todo buen vasco, sobre todo si es nacionalista, supone una provocación. Dios quiera que no sea por mucho tiempo”. Y quiso Dios, cuyos designios son inescrutables, que eso ocurriera: un buen vasco, desquiciado ante la provocación de un Ordóñez que se paseaba por la parte vieja de su ciudad, cogió su pistolita y le pegó un tiro. Me pregunto si don Imanol ha podido dormir desde entonces. Seguramente, sí.

Con ese asesinato, ETA quiso repetir el proceso que en la transición abonó el árbol ‘abertzale’: asesinar a políticos de los partidos nacionales, desde los presidentes de las Diputaciones del franquismo a miembros de la UCD, para imponer a tiros –con la abstención del Estado, no lo olvidemos- la hegemonía nacionalista. Ordóñez estaba dando voz y orgullo a los vascos no nacionalistas, y esa rebelión de los oprimidos había que acallarla a tiros.

A su funeral asistieron algunos que, sin duda, se alegraron de su muerte, pues lo consideraban un obstáculo en la construcción nacional vasca, empezando por el sacerdote que lo ofició, el obispo José María Setién. Éste presionó para que la familia le permitiera decir la misa y en los años siguientes se negó a ceder ninguna iglesia para celebrar misas de aniversario. A ver qué hace su sucesor, monseñor Uriarte. Sin embargo, su sangre, como la de los mártires, ha sido fecunda. Su asesinato puso en marcha un movimiento social que estalló con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En esos días de julio de 1997, los jefes del PNV, en vez de llorar a una víctima de los terroristas, se reunieron con éstos para pactar en aras a lo que les une: Euzkadi.

No podemos aceptar que las muertes de Ordóñez, de Blanco y de todos los asesinados por ETA, desde la pequeña Begoña víctima de la primera bomba de ETA en 1959, hasta hoy, sean inútiles. Si en 10 años han cambiado tanto las cosas, ¡el futuro está abierto!