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En defensa de los Weblogs. Bitácoras (Weblogs ó blogs) y libertad de expresión.

En defensa de los Weblogs. Bitácoras (Weblogs ó blogs) y libertad de expresión.

El mes de febrero comenzaba con dos artículos de Raúl del Pozo y Carmen Rigalt, ambos el día 1, en El Mundo atacando las bitácoras. Las quejas y lamentos de sus autores eran diferentes, pero ambos con un mismo fin: desprestigiar un fenómeno incontrolable que rompe con el estatus del autor de artículos propio de la prensa en papel . Antes del nacimiento de Internet y, en especial, de los blogs, la propia naturaleza de los medios impresos imponía que la creación opinión escrita dirigida al público tuviera un carácter "elitista".

En la época en la cual la tinta no tenía que competir con los bits, la transmisión de opiniones sobre la actualidad mediante textos estaba profesionalizada y reservada a grupos más o menos reducidos. Eso tenía un doble efecto. Por una parte, el articulista estaba a salvo de críticas ajenas que no fueran de sus propios iguales. Los lectores no tenían más vehículo de expresión que el limitado recurso que representan las cartas al director, cuya publicación además se decide por el propio medio. Por otra, esa estructura elitista permitía mostrar tan sólo opiniones bastante homogéneas. Tan sólo daba voz a personas en la línea de pensamiento de los medios de comunicación. Las ideas que se salían de esas tendencias no tenían cabida y se veían imposibilitadas de llegar a un público diferente al de los amigos y conocidos de quien las tenían. Cada uno de los articulistas de El Mundo protestaba por el fin de uno de estos fenómenos.

En Paseos de en la Red Raul del Pozo de queja: "Hay una grada del siete, un piquete de exaltados, un retén sádico del sabio pueblo español que te zarandea por los blogs y los chats". A lo largo de su columna, este articulista dedica a quienes se atreven a criticarle a él o a otros profesionales de la opinión impresa epítetos tan poco moderados como "francotiradores tribales". Del Pozo ataca a sus críticos de derechas ("conservadores" les llama, como si fuera de la izquierda no hubiera más opciones) y a los de izquierdas. Al menos hay que reconocerle que no es sectario en esta cuestión. Tan sólo le molesta la crítica, que para él es como que te arrastren "por las cunetas". Es que los autores de bitácoras conforman un "guateque de panteras". Esta claro que no le gustan los editores en pijama.

Lo de Carmen Rigalt tiene peor idea. En Libertad en la Red protesta precisamente por el hecho de que exista esa libertad. Lo que comienza como un aparente elogio a la blogosfera termina en una serie de insultos a quienes no piensan como ella. En la línea de Fernando Berlín, lo que realmente le molesta es que las bitácoras –y medios electrónicos como Libertad Digital– hayan roto el tradicional monopolio homogenizador de la opinión. Según Rigalt "se agazapa mucho pensamiento neocon, mucha derecha vergonzosa (y vergonzante), mucho enano infiltrado". Se equivoca. Los que ella define como "neocon" (¿por qué se negará a llamarles liberales?) no se agazapan, se muestran. Además, conforman una derecha nada vergonzosa y menos vergonzante. Esos "enanos infliltrados" han encontrado, como otras personas de todas las ideologías, un lugar donde ejercer su derecho a expresarse. Y eso es lo que molesta a esta articulista.

Frente a Rigalt y Del Pozo, yo defiendo las bitácoras y me alegro de su existencia. A pesar de que sea crítico con los blogs, soy un apasionado de ellos hasta el punto de ser autor de uno. La blogosfera permite acceder a opiniones dispersas, debates ideológicos que no se ven reflejados en otros ámbitos y conforma una red de opinión pública que de otro modo no existiría. Es cierto que en el "universo blog" se encuentran a veces radicales enfrentamientos ideológicos –en ocasiones en tono barriobajero– y existen la falta de de consistencia intelectual de algunos de sus miembros (algo que también ocurre entre los articulistas de periódico, por cierto), los personalismos y otros pecados propios del medio. Pero a pesar de todo ello, es donde más y mejor se desarrolla la libertad de expresión en España. Donde ni medios de comunicación, grupos de presión ni poderes públicos pueden coartar opinión alguna. Donde nadie no nada está a salvo de la crítica y donde todos tienen cabida.

Tal vez por todo eso las bitácoras le molestan tanto a Del Pozo y Rigalt.

El PSOE quiere excluir los bienes de la Iglesia de las ayudas del uno por ciento cultural.

El PSOE quiere excluir los bienes de la Iglesia de las ayudas del uno por ciento cultural.

Estos fondos se han destinado hasta ahora a restaurar catedrales, monasterios e iglesias románicas.

El grupo parlamentario socialista pretende excluir los bienes de la Iglesia de los fondos de restauración provenientes del denominado «uno por ciento cultural», una de las mayores partidas presupuestarias de que dispone el Ministerio de Cultura para finaciar los trabajos de conservación del patrimonio español. Si el Gobierno sigue estas instrucciones eliminará los programas de restauración de catedrales, monasterios e iglesias del rómanico, incluso de edificios declarados como Patrimonio de la Humanidad y principales referentes culturales tanto el plano religioso como turístico.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, pretende frenar las subvenciones estatales al patrimonio religioso.

El deseo de la ministra Carmen Calvo de aplicar las inversiones del «uno por ciento cultural» con criterios «de cultura y no de color político», no parece coincidir con los planteamientos de su grupo parlamentario, que ha presentado una Proposición no de ley para instar al Gobierno a que considere «imprescindible» que estos fondos se destinen a «bienes de interés cultural o protegidos o catalogados por las diferentes legislaciones autónomicas, y que sean de titularidad pública, o bien exista una cesión de uso público». De esta forma quedarían excluidos todos los bienes pertenecientes a la Iglesia, que hasta ahora podían obtener fondos para su conservación a través de tres planes especiales: el de catedrales, el de monasterios y el de restauración del románico.

La proposición, presentada a finales de noviembre, tendría que haber sido discutida en la comisión de Cultura del Congreso el pasado 9 de febrero, según el orden del día. Sin embargo, en el último momento y sin mediar explicación, el grupo socialista decidió aplazar, sine dÍe, su discusión. Según el diario digital «El Semanal Digital» este retraso respondía a la intención de evitar «un escándalo» en plena campaña del referendum sobre la Constitución europea.

La portavoz del prupo popular en la comisión de Cultura, Beatriz Rodríguez Salmones, confirmó ayer a LA RAZÓN que su partido ha presentado una enmienda exigiendo que «el Gobierno respete la actual legislación» y siga destinando estos fondos a bienes propiedad de la Iglesia. Por otra parte, y a pesar de los numerosos intentos de este diario, no ha sido posible contar con la opinión ni del portavoz del grupo socialista en la comisión de Cultura y firmante de la proposicón, Antón Moura, ni con los responsables de prensa del grupo socialista y del Ministerio de Cultura.

Medida cultural. El «uno por ciento cultural» es una medida creada por la Ley de Patrimonio Histórico que establece que en todas las obras públicas con un presupuesto superior a los 600.000 euros se debe incluir «una partida equivalente al uno por ciento de los fondos que sean de aportación estatal» para financiar trabajos de conservación del Patrimonio Histórico. El grueso de estos fondos proviene de los ministerios de Fomento, Medio Ambiente y Vivienda y son gestionados por una comisión interministerial, presidada por Carmen Calvo y formada por representantes de cada uno de los ministerios implicados.

Según Beatriz Rodríguez-Salmones esta comisión «no se ha reunido desde que se constituyó el gobierno socialista», con lo que una buena parte de los proyectos que ya estaban aprobados se encuentran paralizados en espera de «un informe jurídico documentado». Rodríguez- Salmones también ha denunciado que «la información del Gobierno en este campo es caótica, y la confusión en la documentación, enorme. En estas fechas deberían tener por lo menos una previsión de cuál va a ser el presupuesto para el próximo año, pero afirman que es imposible, porque todavía no se han aprobado los presupuestos».

La propuesta del grupo socialista también ha encontrado respuesta en diferentes comunidades autónomas, como en Asturias, donde según el portavoz del PP en la Junta, Joaquín Aréstegui, la mayor parte de los bienes de interés cultural son religiosos y «sería una salvajada que por motivos de sectarismo ideológico el patrimonio cultural se fuera a la ruina». De los últimos 29 proyectos financiados en Asturias, 22 son de patrimonio eclesiástico.

Tormenta política en Tremp (Lérida) tras la retirada del lema de la Academia de Suboficiales.

Tormenta política en Tremp (Lérida) tras la retirada del lema de la Academia de Suboficiales.

El alcalde de la localidad leridana ha dimitido y gran parte de la población habla de «ataque gratuito»

Un mes después de que saltara a la palestra la retirada del lema militar «A España servir hasta morir» de la sierra ilerdense donde se ubica la Academia de Suboficiales, el alcalde nacionalista de Tremp, Miquel Verndeny, dimitió aduciendo razones de salud. A pesar de que la polémica decisión no se tomó desde el consistorio, sí se ha visto salpicado por la controversia. Y es que un sector de la pequeña capital no ha dejado de esconder su malestar por lo que consideran un «ataque gratuito» a la empresa más importante de toda la comarca: la academia. Temen las consecuencias que se pueden derivar.

Tremp, capital de la comarca el Pallars Jussà perdida en la Cataluña interior, saltó del anonimato a la palestra por la polémica retirada del lema militar «A España servir hasta morir», el pasado 22 de diciembre, que ilustraba la sierra de Santa Engracia donde se aloja la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS). Un mes y medio después, en el pleno del pasado 8 de febrero, el alcalde nacionalista, Miquel Verdeny, cabeza visible del gobierno de coalición con ERC, dimitió aduciendo razones de salud. Verdeny pasó el testigo al segundo de la lista de CiU, Joan Ubach, que rubricó el pacto de gobierno con la formación independentista.

A pesar de que la decisión de la retirada del lema militar no fue tomada desde el consistorio, sí se ha visto salpicado por la indignación generada entre sus habitantes. En suma, unas controvertidas declaraciones del ahora ex alcalde, en las que aseguró que el 90 por ciento de la ciudadanía de Tremp estaba a favor de la desaparición del lema, no hicieron sino que caldear aún más el ambiente.

«Ataques gratuitos». Y es que diversos sectores de la pequeña localidad expresan su malestar por lo que consideran «ataques gratuitos» a la empresa más importante de la comarca: La AGBS. En cifras se podría traducir en unos 150 puestos de trabajo directos que ocupados por personal civil, más unos 50 indirectos derivados de los soldados profesionales que alquilan pisos y se instalan a vivir en Tremp, además de los mandos y sus familias o los profesionales graduados que anualmente celebran sus 25 años de salida de la academia. Datos nada despreciables para un municipio de 6.000 habitantes. Así las cosas, no es de extrañar escuchar comentarios como los realizados a este diario por Rosa Borrell, propietaria del Restaurante Cal Borrell: «Hay que ser burro, meterse con unas letras que no molestan a nadie», y añade «el enfado general» del sector. Rosa es muy consciente de que «más de un centenar de personas viven de la academia». Por ello, opina que uno «puede ser más catalanista que otro pero no se puede ser tan radical» como para menospreciar a la empresa principal del pequeño municipio.

Con todo, cree que la retirada del lema «A España servir para morir» es la gota que colmó el vaso de una serie de feos a la AGBS. Explica que ya desde hace años se ha ido reduciendo la actividad de la academia que repercute en una menor ocupación. «A menos alumnos menos clientela», afirma. Y ahora teme que los últimos episodios empeoren la situación.

La prueba de fuego se verá en los resultados de las bodas de plata de los licenciados por la academia prevista para mayo. Olivia Monsó, regente del Hotel Nerets, ya señala «un descenso de las pernoctaciones». Pilar Pericón Rocamora, gobernanta de la Pensión Ramiro Gay asegura que «está en contra de que se retiraran las letras», y cree que piensa como «la mayoría del pueblo». «Es una importante fuente de ingresos», concluye.

Otros negocios, en cambio, prefieren no hablar. En lo que sí coinciden todos es en apuntar el «malestar general» que ha provocado una decisión tomada desde los altos despachos sin calcular, tal vez, las consecuencias para la gente de a pie.

Rumores de traslado. Por otro lado, tras la retirada efectiva del lema militar de la sierra de Santa Engracia «A España servir para morir» uno de los rumores que está corriendo como la pólvora e intranquiliza a parte de la población es el posible traslado de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) a Zaragoza o Toledo. Algunos aseguran que ocurrirá en un plazo de cuatro o cinco años.

«Se irán, básicamente, porque sienten que no son bien recibidos», explica, a este diario, uno de los vecinos. Lo cierto es que en algunos chats de internet dirigidos a militares corren mensajes que ponen de manifiesto el enojo del colectivo. El único edil del PP en el Ayuntamiento de Tremp y médico de familia del ambulatorio del pueblo, Javier Mostarcero, lamenta el daño que este tipo de políticas puede hacer a la comarca. Cree que si no se pone remedio, Tremp se quedará sin la empresa más importante y quedará reducida simplemente a una capital perdida en medio de un terreno montañoso de la Cataluña profunda. «Se quedará reducida a una ciudad de servicios» para el resto de las poblaciones, concluye.

Desde la AGBS se limitan a confirmar que, de momento, la academia permanecerá en su ubicación actual.

EL PP CRITICA EL "DESCARO INSOLENTE" DE BLANCO AL ABOGAR POR ELLO. Sogecable responde a la llamada del PSOE y pide al Gobierno que Canal+ emita siempre en abierto.

EL PP CRITICA EL "DESCARO INSOLENTE" DE BLANCO AL ABOGAR POR ELLO. Sogecable responde a la llamada del PSOE y pide al Gobierno que Canal+ emita siempre en abierto.

Sogecable pedirá al Gobierno que permita emitir a Canal+ en abierto las 24 horas del día, lo que supone cambiar la concesión otorgada en 1989. La excusa es el pluralismo y el interés general, aunque el PP y las televisiones privadas generalistas han advertido de el cambio es ilegal y agrava la situación de monopolio. Sogecable no sólo rechaza cualquier acusación de "favoritismo" sino que se siente objeto de un "acoso político y judicial durante 8 años". De paso, PRISA ha arremetido contra la COPE y acusado a Luis Herrero de "mentir" al denunciar amenazas.

El Consejo de Administración de Sogecable, reunido este martes en Madrid, ha aprobado por unanimidad solicitar al Consejo de Ministros que Canal+ pase a emitir en abierto las 24 horas del día. El anuncio corrió a cargo del presidente Rodolfo Martín Villa. Los matices y el victimismo llegaron de mano de Javier Díez de Polanco, consejero delegado

La solicitud para la emisión de televisión en abierto supondría cambiar la concesión que en 1989 obtuvo Canal+, que contempla seis horas de emisión en abierto y el resto codificada para sus abonados de pago.

Sogecable, que el año pasado redujo sus pérdidas un 52 por ciento, considera que su emisión en abierto supondrá un beneficio inequívoco para el interés general, para todos los ciudadanos y para la industria de la comunicación y el entretenimiento en España, favoreciendo el pluralismo informativo, la producción audiovisual, el sector de la publicidad y a todos los demás agentes que participan en esta industria.

Sin embargo, tanto desde el Partido Popular, como desde las televisiones privadas (Tele 5 y Antena 3) se advierte el Gobierno podría violar la legalidad vigente, perjudicar a la competencia y agravar aún más la posición de dominio de Sogecable en el sector audiovisual español.

Curiosamente, esta solicitud se produce al día siguiente de que el eurodiputado del PP, Luis Herrero, denunciase el lunes, en el Parlamento de Estrasburgo, las maniobras del Gobierno socialista para permitir, a través de la Ley de Televisión Digital, que el Grupo Prisa aumente su control sobre los medios de comunicación en España. Después de expresar públicamente su postura, el periodista denunciaba este martes, en La Mañana de COPE, haber recibido amenazas desde la Cadena SER.

El "acoso político y judicial de Sogecable", según Díez de Polanco

El consejero delegado de Sogecable, Javier Díez Polanco, ha respondido a estas acusaciones sin rubor: "Cuando se habla de favoritismo y amiguismo" hacia Sogecable hay un "gran cinismo" de quien tiene una licencia de televisión analógica como la nuestra e intenta hacer "de una cuestión de resultados económicos un problema político".

Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Ahora Sogecable es víctima indefensa: "Esta casa –prosiguió el consejero delegado de Sogecable– ha vivido un acoso político y judicial durante 8 años y ningún operador ha salido en defensa del pluralismo".

A preguntas de los periodistas, Díez Polanco ha señalado que esperan operar en el mercado de la televisión en abierto "en breve", aunque ha eludido dar detalles sobre el calendario de lanzamiento o contenidos con los que cuenta, mientas el Gobierno no tome la decisión. Pero a juzgar por sus palabras, el Gobierno piensa estudiarlo "en el próximo Consejo de Ministros".

Cambiar la concesión otorgada a Canal+ en 1989

En la rueda de prensa celebrada en Tres Cantos, el presidente de Sogecable, Rodolfo Martín Villa, ha señalado que la petición al Gobierno se sustenta en la creciente incompatibilidad entre la televisión de pago y la terrestre analógica. Mientras que Díez Polanco ha añadido que Sogecable no está pidiendo nada que no tenga ya, es decir una licencia de televisión privada, y que su solicitud consiste en "transformar" el contrato de concesión para poder emitir en abierto, como lo hacen los otros dos concesionarios.

Sogecable se constituyó el 12 de abril de 1989 resultando adjudicataria de una concesión de gestión indirecta del Servicio Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 1989, por un periodo inicial de diez años que fue renovado por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000.

El grupo Prisa fue uno de los primeros aspirantes a una concesión de televisión privada, después de aprobarse la Ley en 1988, aunque posteriormente renunció a presentarse por considerar la Ley demasiado restrictiva. Poco antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, Prisa reconsideró su postura y junto con el francés Canal Plus creó una sociedad concebida como un canal mixto, con 5 horas de programación abierta y gratuita, dedicada preferentemente al cine y deportes, y el resto, hasta 24 horas, codificada, mediante el pago de una cuota mensual. Después, ya con la concesión, no cumplió con los plazos fijados para comenzar la emisión.

El Gobierno lo estudiará "con todo detalle"

Aunque el Ejecutivo negaba esta posibilidad hace meses, la semana pasada la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, lo dejó claro. En Antena 3, y a preguntas del eurodiputado Luis Herrero, De la Vega dijo: "Preguntemos a los ciudadanos: ¿Quieren que Canal+ emita en abierto? La respuesta será mayoritariamente sí".

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este martes, desde Bruselas, que "el Gobierno mirará desde el punto de vista fundamentalmente legal la solicitud hecha por este grupo y en el tiempo que estime oportuno dará su respuesta. No hay ningún plazo al respecto". El secretario de estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha dicho que su departamento lo estudiará "con todo detalle" y pedirá "los informes jurídicos correspondientes" para posteriormente pronunciarse.

La apertura de Canal+ no está prevista en la Ley de Tv Digital

Según informó la agencia Efe, la vicepresidenta afirmó en la rueda de prensa posterior a la presentación del proyecto de ley de impulso de la Televisión Digital, que éste no regulaba la posibilidad de transformar un canal de pago en uno en abierto de ámbito estatal, lo que implica que el Gobierno tendría que aprobar una enmienda para dar respuesta a la petición de Sogecable. "No tiene nada que ver esta ley con la emisión o no emisión en abierto de una televisión. Eso no se regula", afirmó la vicepresidenta.

BRILLANTE DENUNCIA DE LA LEY POLANCO EN LA EUROCÁMARA. Herrero en Estrasburgo: "Polanco, señores de la izquierda, convierte a Berlusconi en un mendigo"

BRILLANTE DENUNCIA DE LA LEY POLANCO EN LA EUROCÁMARA. Herrero en Estrasburgo: "Polanco, señores de la izquierda, convierte a Berlusconi en un mendigo"

El llamado "comité de sabios" organizado por Zapatero para reformar la RTVE ha entregado sus conclusiones al Gobierno. El resultado de su informe, un modelo que despejaría el panorama publicitario a Canal+ para emitir en abierto las 24 horas del día. El mismo día, el eurodiputado Luis Herrero denunciaba en Estrasburgo las maniobras del PSOE para que Jesús Polanco aumente su control sobre los medios de comunicación en España.

El eurodiputado del Partido Popular Luis Herrero denunció el lunes durante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo que el anteproyecto de ley sobre televisión digital terreste que promueve el Gobierno español –la conocida como Ley Polanco– pone en peligro la pluralidad.

"El Gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas, Jesús Polanco, controle la mitad de toda la radio española. Un señor que además ya tiene el monopolio de la televisión por satélite y ahora persigue una ración adicional de la tarta publicitaria analógica. Polanco, señores de la izquierda, convierte a Berlusconi en un mendigo", afirmó Herrero en una brillante intervención.

"O defendemos todos la pluralidad informativa o muy pronto la estrategia de información de la UE ya no se debatirá en el Parlamento. La decidirán en un restaurante de lujo cuatro señores con capacidad para imponer a más de 400 millones un pensamiento único", añadió el eurodiputado. Herrero vinculó además el "desdén" español en el referéndum de la Constitución Europea con la falta de "un debate lo bastante plural" en los medios. "Si queremos pasión, necesitamos controversia", dijo.

El socialista Manuel Medina tomó la palabra para decir: "Parece deducirse que usted supone que Berlusconi controla los medios de comunicación en Italia". El eurodiputado también señaló que estaba sorprendido de que Luis Herrero, "una persona vinculada a las cadenas del PP", según dijo, "ahora se sorprenda de que el Gobierno socialista pretenda restablecer la libertad de los medios de comunicación que había sido suprimida durante el gobierno anterior". Medina dijo, además, que el PSOE promueve "una pluralidad que no garantizó el anterior gobierno" y que el Ejecutivo del PP "controló la totalidad de los medios públicos y privados".

No tardó en llegar la réplica de Luis Herrero: "¿Quiere decir que el PP controlaba también los medios de Polanco? ¿Usted quiere tomar el pelo a los eurodiputados, señor Medina?" El periodista recordó que "Berlusconi tiene un control sobre los medios en Italia que el PP ha criticado severamente". Por ello, pidió que "se use la misma vara de medir con la situación en España". "¿El PP controlaba los medios privados y también los de Polanco", preguntó Herrero a los socialistas. La pregunta quedó sin respuesta.

EL TÚNEL DEL CARMELO.

EL TÚNEL DEL CARMELO.

SI hubiera que medir el nivel de la clase política por su capacidad de respuesta a situaciones de crisis, la del barrio del Carmelo, en Barcelona, tendría que ser la tumba política de un buen número de autoridades locales y autonómicas. Ni uno solo de los mecanismos en los que descansa la confianza de los ciudadanos en sus instituciones ha funcionado correctamente. Y por si aún hubiera que prorrogar la crisis para dar nuevas oportunidades, se está ampliando el radio de acción de los daños causados por las obras del Metro, al mismo tiempo que se inicia la investigación judicial, en la que la Fiscalía dirigida por José María Mena tendrá un papel determinante.

El control democrático de las instituciones se convierte en un discurso vacío y hasta hipócrita cuando la respuesta al hundimiento del Carmelo consiste en la instauración del control preventivo de la información, en el rechazo a la fiscalización parlamentaria de un desastre ciudadano y en la confianza de que la mejor solución es un chorreo de ayudas económicas, de las que una parte procede de los Presupuestos del denigrado Estado español. Como suele pasar, habrá que confiar en los jueces para esclarecer unas responsabilidades cuya vertiente política ya está al alcance de las instituciones autonómicas y locales. No se ha tratado de una catástrofe natural o un accidente súbito, sino de una cadena de errores y negligencias de las que se empiezan a conocer las primeras, pero suficientes para que alguien, o algunos, hubiera tenido que dimitir o ser cesado. Sólo la perplejidad que a una parte de la sociedad le causa el hecho de que el hundimiento del Carmelo le haya pasado a unos gobiernos de izquierda -tan sociales, tan regeneracionistas, tan distintos de la derecha- está revelando la dimensión real del despropósito político que está desarrollándose en Cataluña.

Un sistema institucional está sano cuando es capaz de purgar sus propias crisis, mostrándose ante los ciudadanos como éstos esperan, es decir, como instrumentos al servicio del interés general. En efecto, el problema del Carmelo es un túnel que ha socavado edificios, pero también la confianza en la clase política, tanto más grave por tratarse de esa clase política que impuso un estado de alarma social cuando el «Prestige» se partió en medio de un temporal. Por cierto, ¿dónde está esa izquierda que tomó entonces las calles? Nadie parece haber entendido -especialmente Maragall y Joan Clos- que, en esta crisis, al final del túnel lo que tiene que haber es una clase política dispuesta a asumir responsabilidades y no aferrada al manual de supervivencia.

CANAL PLUS no puede emitir en abierto porque tiene una concesión para hacerlo en codificado.

CANAL PLUS no puede emitir en abierto porque tiene una concesión para hacerlo en codificado.

La vicepresidenta Fernández de la Vega no descarta que la cadena del Grupo Prisa amplíe su cobertura, mientras ella y Zapatero hablan de “pluralismo informativo” para defender el proyecto de ley de televisión

CANAL PLUS no puede ofrecer toda su programación en abierto porque, en 1989, se benefició de una concesión administrativa, resuelta mediante concurso público, para emitir sólo para abonados la mayor parte del día. A pesar de ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el jueves que no descarta autorizar la emisión en abierto de la cadena del Grupo Prisa. “¿Por qué no?”, se preguntó. “Si lo solicita, se estudiará con normalidad”, añadió. En declaraciones a ANTENA 3 TELEVISIÓN, la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó que el ejecutivo, con el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT), pretenda beneficiar a ningún grupo de comunicación. En la misma línea, defendió el texto y argumentó que su objetivo es “favorecer la pluralidad y que haya más canales”.

Por su parte, el propio presidente del Gobierno, en declaraciones a RADIO NACIONAL (RNE), insistió en lo que considera “un compromiso para conseguir un panorama de medios lo más independiente posible, con más voces y más televisiones”. Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido por las críticas y reiteró que, entre sus promesas electorales, estaba la de impulsar “la renovación y la independencia de los medios de comunicación públicos”, así como “una mayor pluralidad en los privados”. Pero el auténtico pluralismo sólo será una realidad cuando desaparezca el sistema analógico y llegue el digital. Y España, en este terreno, va muy atrasada con respecto al resto de Europa, ya que no lo introducirá al menos hasta el año 2010.

Por otro lado, el criterio exhibido por los dos máximos responsables del Gobierno choca con el utilizado para la reforma en el panorama radiofónico, donde se autoriza, por el contrario, que un solo grupo empresarial pueda tener más del 50 por ciento de las emisoras. Esta intención, además, implicará que Jesús de Polanco, el gran beneficiado, pueda incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace 4 años, que le obligaba a devolver las emisoras de ANTENA 3 Radio que pasó a controlar en 1992.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, con el fracaso en el intento gubernamental de tramitarla por el procedimiento de urgencia, ha provocado toda una polémica política y empresarial. Una importante representación de dirigentes de los sectores implicados, casi todos a excepción de los grupos Prisa y Zeta, se unieron el pasado miércoles para denunciar la política del Gobierno en materia audiovisual. Acusan al ejecutivo de atentar contra el pluralismo “con ases en la manga y cartas marcadas a favor de un único grupo empresarial.

AMENAZA A LAS LIBERTADES. Con él llegó la regresión.

AMENAZA A LAS LIBERTADES. Con él llegó la regresión.

¿Existe el peligro de regresión de la democracia en España? Hice esta pregunta a varios amigos y la tónica de las respuestas fue ésta: no seas exagerado; me extraña esa pregunta en una persona tan moderada como tú... Les expresé mi preocupación sobre algunos hechos y algunas tentaciones del poder, durante el último año, y terminamos pensando que estamos ante una cuestión de fondo.

Es verdad que no podemos ser unos perfeccionistas y unos permanentes criticones. Todo lo humano es perfectible; y la democracia no es un sistema perfecto ni un producto final, es un proceso; vivir en democracia es acrecentar cada día más escenarios y experiencias de libertad, participación, respeto a la ley y a los derechos de las personas... Así lo dice la Constitución Española en el artículo 10.1 y lo fundamenta todo en la dignidad de la persona.

Sin embargo, yo percibo el peligro real de que vamos camino de una sociedad intervenida y una democracia controlada, es decir, de una dictadura silenciosa, como en los peores años de la corrupción y los GAL, de Felipe González. Al menos, es lo que yo intuyo a tenor de hechos que falsean el derecho a la libertad de educación, información y expresión, entre otros.

Un año y medio antes del célebre 14M, Zapatero empezó un peligroso camino de regresión en las formas democráticas. Recuerdo la agitación callejera, los paseos con las fotos de los ministros y la acusación de asesinos, los asedios a las sedes de los populares, en fin, una larga lista… Con todo y después de todo, estaba preparado el clima social para lo que nos vendría encima el 11M y en los días posteriores de agitación y mentiras. Para gobernar en orden al bien común y administrar el poder con justicia, Zapatero no debe olvidar en qué circunstancias llegó al poder; y debería reconocer con humildad de qué modo le ayudaron a sacar la gran tajada de poder político del que goza.

Una vez en Moncloa, a pesar de la sonrisa, tardó poco en mostrar el mismo estilo que había cultivado en la calle. Lleva menos de un año en el poder, y yo diría que se acumulan demasiados síntomas de una sociedad intervenida y una democracia controlada. Han intervenido y llevado la inestabilidad al ámbito de la educación, en el cual la Ley de Calidad de los Populares había conseguido crear ilusión en el profesorado y en las familias; han roto de manera unilateral el Pacto por la Justicia para hacer apresuradamente la ley que les gusta; en los medios de comunicación, la concentración de medios en manos de los que les son afines y la obstaculización de los que discrepan... es más de lo mismo. Los hechos están ahí y son numerosos.

Así estamos con Zapatero, en lo que al desarrollo de la democracia se refiere. Aunque hay más signos de regresión que afectan a la vida democrática cotidiana. Desde el ámbito del Gobierno de Zapatero y de los círculos que le apoyan, a nuestras discrepancias llaman crispación; a la manifestación de otras aportaciones al grave problema de la inmigración llaman xenofobia y racismo; a la voluntad de los católicos de participar como uno más en la sociedad llaman privilegios del pasado; al derecho a expresar públicamente nuestras creencias más profundas llaman costumbres e ideas rancias y trasnochadas; si osamos manifestar una opinión democrática contraria a la suya, nos llaman fascistas. ¿No es todo esto un recurso totalitario a estrategias de intimidación, coacción, obstaculización y marginación, que limitan la libertad?

Zapatero y sus círculos son así; en ellos reside el bien, la libertad, los valores democráticos; ellos son justos y solidarios, porque la izquierda es por naturaleza justa y solidaria; ellos son la ley y el reglamento; son la generosidad y la responsabilidad democrática; ellos son los aristócratas, los privilegiados por el destino para ejercer el poder político. Es decir, Zapatero es la regresión.

Cuando una sociedad y una democracia prescinden de desarrollar un entramado institucional y cultural fundado en valores y principios propios de la dignidad de las personas, fácilmente degenera en la demagogia y en prácticas políticas contrarias a la libertad y la justicia.

Para desarrollar la calidad de nuestra democracia, aquí no sobra nadie y hay mucho que hacer. Los católicos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con humildad y espíritu de servicio; sabiendo que los principios y valores que rigen la vida democrática nacieron históricamente de la experiencia cristiana y de los valores morales del cristianismo.