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Plan Ibarreche. Las respuestas.

Plan Ibarreche. Las respuestas.

Conviene no engañarse ni alimentar vanas esperanzas a la hora de analizar las posibles respuestas del Estado ante el ataque que, desde fuera y en contra de la Constitución, ha lanzado el conglomerado nacionalista vasco.

Se habla de delitos de traición, de sedición o de rebelión. Mal camino. No porque no nos las estemos jugando con traidores, sino porque el delito de traición no es aplicable a este caso, ya que tipifica y castiga conductas dirigidas a inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o a facilitar la acción a un país enemigo en distintas formas.

Los delitos de sedición y de rebelión exigen, en sus respectivos supuestos de hecho, conductas que el llamado Plan Ibarretxe ha evitado cuidadosamente al decorar con formas parlamentarias y parajurídicas su ataque a la Constitución Española: Art. 472 CP: Son reos de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente...; Art.544 CP: Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente...

Falta pues el elemento esencial de violencia (rebelión) o forma tumultuaria (sedición) en el alzamiento. Esto no significa que no haya personas violentas entre los apoyos del Plan Ibarretxe. Sabemos que las hay. Significa que ningún juez basaría en esa circunstancia una calificación de rebelión o sedición. La violencia o la forma tumultuaria debe formar parte del supuesto de hecho del delito en cuestión, no de otros anteriores.

Es mejor no esperar absolutamente nada de la vía penal, que ni siquiera ha servido en casos que resultaban evidentes, como la negación por parte de autoridades o funcionarios públicos a dar cumplimiento a resoluciones judiciales (Art. 410 CP) o los infinitos casos impunes de ultrajes a España (Art. 543 CP).

Descartada la vía penal, al menos de momento, hay que ofrecer a la opinión pública análisis y prospectiva realistas y eludir el wishful thinking. Como en el jardín de Borges los senderos se bifurcan: uno conduce a la claudicación, y creo que es el que desgraciadamente le espera a una España gobernada por alguien como Rodríguez, que ha dado sobradas muestras de su tendencia a rendirse y a abandonar la defensa de los intereses de España. De momento ha amenazado a Ibarretxe con escucharle, quizá porque recuerda (al revés) lo de De Gaulle en Argelia. Además el gobierno socialista está ultimando un acuerdo estable con ERC, partido beligerante a favor del Plan.

El otro sendero, por el que sospecho que nadie se adentrará, es el camino legal, el de la gradualidad y la proporcionalidad, y es, sobre todo, el que se atiene a la Constitución: primera etapa, modificación de la legislación electoral para corregir la magnificación actual del voto nacionalista. Segunda etapa, si no hay más remedio, aplicación del Art. 155 CE, hasta que regrese la normalidad y con el fin de evitar, si es posible, la... Tercera etapa, activación del Art. 8.1 CE: Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

ATAQUE PERMANENTE A LA IGLESIA CATOLICA, POR EL PSOE-PRISA. SP .

ATAQUE PERMANENTE A LA IGLESIA CATOLICA, POR EL PSOE-PRISA. SP .

Al llegar a final de año o principio, solemos volver la vista atrás y hacer balance del tiempo pasado, de lo acontecido y de lo hecho. Ciertamente, en muchos aspectos, el año que hemos terminado ha sido terrible, lo peor de todo, los atentados del once de marzo, pero después de ello, parece que los despropósitos se han ido sucediendo a gran velocidad. Voy a fijarme nada más en uno de ellos: la actitud gubernamental hacia la Iglesia Católica.

En una democracia, los distintos poderes públicos tienen el deber de hacer posible las condiciones sociales que permitan que tanto los individuos como los distintos grupos sociales puedan alcanzar su perfección. Desde luego, en lo que se refiere a la libertad religiosa, así lo ha entendido la constitución vigente, que no se ha conformado con reconocer dicho derecho sino que ha considerado necesaria la cooperación con las distintas confesiones religiosas para que la libertad religiosa sea efectiva (arts. 9.2; 16). Ahora bien, dicha cooperación tiene un sentido claro; no se trata de que haya una cooperación mutua, sino de que son los poderes públicos los que deben cooperar con las confesiones religiosas y esto ni como favor ni a cambio de nada, sino como un deber sin contraprestaciones. El gobierno debe promover las condiciones para que la libertad religiosa, tanto en su vertiente individual como grupal, sea real y efectiva, para lo cual incluso debe remover los obstáculos que puedan impedir el pleno ejercicio de dicho derecho fundamental. Desafortunadamente ha habido en estos pasados meses comportamientos que más bien daban la impresión de que se estuviera actuando en sentido contrario.

En octubre, el presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista, aconsejaba a la Iglesia Católica que se modernizara y se pusiera al día. Los gobernantes, en una democracia, en vez de aconsejar a los ciudadanos y a los grupos sociales, como si no tuvieran madurez suficiente, lo que deben pensar o cómo deben actuar, lo que tienen que hacer es garantizar que puedan pensar y actuar como les parezca oportuno. Mientras que las opiniones y actuaciones de la Iglesia no sean ni ilegales ni delictivas, el poder ejecutivo nada tiene que decir ni que hacer en contra.

Pero no ha habido sólo consejos, también se ha llegado al insulto. Prescindamos del "casposo" de J. Blanco; la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Fernández de la Vega, llamó "señores tenebrosos" a curas y jueces. Luego rectificó y dijo que se refería a sectores minoritarios de la Iglesia que se oponían a los cambios emprendidos por el gobierno. ¡Qué más da que sean minorías! La democracia es precisamente el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías. A diferencia de los regímenes autoritarios, en un sistema democrático es totalmente legítimo oponerse, dentro de los cauces del ordenamiento jurídico, a la opinión de la mayoría. Cualquier persona, aunque sea ella sola, tiene perfecto derecho a discrepar del gobierno y, por ello, no debe ser insultada por los que detentan el poder para servir.

Pero además del consejito y del insulto, también la falsedad, que incluso podría ser una injuria. Nos referimos a lo de vincular a la COPE con la página web gruporisa.com y, a través de la emisora de radio, se responsabilizó también al episcopado católico de los contenidos obscenos de dicha página. Pese a no tener ninguna prueba sólida, Mercedes Rico, Directora General de Asuntos Religiosos, sacó una nota en que entre otras cosas decía: "el paso del tiempo no ha demostrado que la Cope quisiera desmarcar a sus colaboradores del Grupo Risa de los autores de la página web del Grupo Risa". Además de responsabilizar a alguien sin pruebas, que yo sepa en una democracia nadie tiene que demostrar que no es culpable, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Ahora que, para cooperar con una confesión religiosa, lo de Amparo Valcarcel con las casillas del IRPF.

Creo que estos ejemplos son suficientes para ver que el gobierno en cuanto a talante democrático presenta algunas deficiencias. Hay algunos vehículos que llevan una placa en la que pone SP, Servicio Público. Esperemos que este año 2005, aunque no sea por convicción, al menos por necesidad, el gobierno de ZP empiece a sesear.

Carta abierta a Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno de España.

Carta abierta a Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno de España.

Señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno: No le conozco, pero le conozco un poco porque mi padre también era de León y también se llamaba Rodríguez: Rodríguez Rodríguez Rodríguez. Decía que él venía de don Rodrigo Díaz de Vivar, no del del Guadalete. Era de la Maragatería, de un pueblo no lejano a Astorga, Prada de la Sierra, hoy abandonado, una especie de Pompeya, pero menos.

Era, como usted, cazurro; supo capear el temporal y salir indemne, aunque por poco, de la guerra civil. Además de esta herencia, he estudiado mucha historia y tengo una idea de cómo funcionan las cosas en las sociedades humanas, en las naciones ¡vade retro, ya están las naciones! Por esto me atrevo a escribirle, en un momento crítico de la vida de nuestra nación -sí, nación- española. A la que algunos quieren devolver a los años treinta o a Atapuerca.

No quiero entrar ahora en sus relaciones con los nacionalistas y separatistas catalanes, que estoy muy feliz con no compartir. Son las mismas que los socialistas tuvieron con ellos en los años treinta y ya ve cómo salió. Pero hoy me contento con los vascos, con la gama que va del PNV a ETA.

Ya sé, ya sé, que usted es cazurro como mi padre, yo mismo a ratos. Ya sé que intenta que sus aliados no le retiren su apoyo, a base de tolerarles algunas distorsiones semánticas como eso de la nación, algunos desafueros que arropan los «expertos» (no en archivística) y de insuflarles un poco, no tan poco, de dinero. Pero, en fin, dejo en paz a los catalanes, usted los necesita, quizá tenga razón y acabe por apaciguarlos. No al pueblo catalán, por favor, a unos pocos agitadores.

Pero, ¿qué me dice de los nacionalistas y separatistas vascos, que usted, estrictamente, no necesita? Confía, evidentemente, en desgastarlos y llegar a un acuerdo conveniente.

Créame, soy viejo, he leído mucho, he visto mucha historia y carezco de ambiciones (querría ayudar, tan solo, un poco a la enseñanza): el apaciguamiento es un error, piden cada día más al que ven como adversario blando. Recuerde a Hitler y Chamberlain. Y si guarda la dureza para el momento oportuno, temo que llegará tarde.

Yo encomio su buena voluntad, mezclada con la ambición comprensible de lograr la paz (que sólo ellos rompen) y conservar el poder. Pero hay errores.

Coja un librito llamado Constitución y lea. La conozco bien, he dado conferencias sobre ella, la tengo en varios formatos desde el de miniatura al grande, en hermosa letra manuscrita, del mismo 78. La conoce usted también. Pero, antes, un inciso.

¿Cómo se puede tolerar la burla electrónica de la democracia por un señor Atucha (que en tiempos parecía honorable)? Lea, lea los periódicos del día 29, del ABC a El País. ¿Cómo puede tolerarse que ese señor se burle del Tribunal Supremo, que una juez le dé la razón? ¿No está primero España? Lea, lea.

¿Y cómo puede tolerarse que se organice un plebiscito o referéndum con propuestas anticonstitucionales? Ha errado, señor Zaptero, despenalizando ese atentado.

¿Van, de verdad, ustedes a tolerar ese plebiscito o referéndum o consulta o lo que sea? Si así es, van a ir al ostracismo para muchos años.

Yo soy helenista, como tal me conoce todo el mundo. En Atenas se inventó la democracia, he escrito libros sobre ella. Con una Constitución que nunca se escribió, pero que se respetaba (cuando dejó de hacerse, se acabó la democracia). Atenas era una. Cada uno de las diez tribus o distritos tenía tres divisiones o «demos» en lugares diferentes. Como si dijéramos, una en Gerona, otra en Almería, otra en Lugo. Se sumaban los votos de las tres.

¿Entiende? Y si alguien presentaba a la Asamblea una proposición, se cuestionaba antes su legalidad. Rechazada, no llegaba a la Asamblea. Y la pena era muy, muy grave. Ningún espacio de juego político para ninguno de esos brujos que sabemos.

Esto los atenienses, que algo han representado en democracia. Más que nosotros, desde luego. Pero vuelvo a nuestra Constitución. El artículo 6 dice que los partidos políticos «son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley». Y el artículo 2 habla de la «indisoluble unidad».

Entonces, los partidos que sabemos violan la Constitución, quieren partir a España. Todo partido, para ser legal, debe acatarla. Jamás, jamás de los jamases debió tolerarse que partido alguno se saliera, en su programa, de ella. Habría que haberles pedido formal acatamiento. Pero ya que no se hizo, hay que arreglarlo, aunque sea tarde.

Aplique, de una vez, de acuerdo con el Senado, el artículo 155, que establece la manera de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. Mejor es tarde que nunca. Cada vez será más difícil, si se deja.

Su compañero Blair va más lejos: suspende la autonomía de Irlanda del Norte hasta que los rebeldes entran en razón. No pasa nada.

Créame, señor Zapatero: todas las vías son peligrosas, pero este juego suyo es el más peligroso de todos. Usted se juega el que la Historia le llame el pacificador de España o el nuevo don Rodrigo, el del Guadalete, no el de Vivar. O consigue una paz definitiva, haciendo renunciar a esos señores a lo que creen que se les viene ya a las manos, o debe romper con ellos de una vez.

Aplicando la ley. Rompiendo el juego de los compromisos. Después de todo, España es más importante que el poder ocasional de unos o de otros y que las pequeñas ambiciones personales. La alianza, por un tiempo, con el Partido Popular, con el cual las diferencias no son tan importantes, sería, políticamente, la salida más clara. Es una opinión, quizá haya otras.

No es cuestión de socialismo o no socialismo. Todos somos, hoy, socialistas, hay tan solo pequeñas diferencias de matiz. La lucha no es por el socialismo, es por el poder. Legítima, no dudo. El socialismo ha renunciado, de otra parte, a ciertas irracionalidades, aunque algunas le quedan, creo que negociables. Pero hay límites: tolerar que España se disuelva como un azucarillo y creer que esa disolución va a contenerse con pequeñas propinas y favores, unas piltrafas de semántica, unos trozos de archivo y unas bolsas de doblones, es un error. Quieren partirlo todo. A España, a usted y a mí.

La situación es crítica, créame. Lea los libros de Historia, hoy se lee poca Historia y hay quienes se dedican a falsificarla. España no la hemos inventado ahora, como dicen, no la imponemos, viene de largos años, de largas guerras de independencia, de largos procesos de interpenetración, de varios condicionamientos recíprocos. Como Francia o Italia o Alemania.

Es un bien para todos, también para los que no la quieren y prefieren ser cabeza de ratón. Dañino para sus propios pueblos.

Créame, señor Zapatero: ese camino es malo, asusta a todos, a los socialistas también. Algunos lo dicen bien alto. No deje que vaya más lejos. Un golpe de timón, democrático, sí, es necesario. Nada me gustaría más que su éxito. O el de cualquier otro que recondujera el proceso de progreso del país. De un país uno.

Perdóneme, pero creo que era el momento. Después de todo, yo sé, me temo, más Historia que usted y sus falsos aliados y sus amigos los mitómanos. Pero recuerdo aquello de Heródoto: lo más doloroso para un hombre (no para mí, para muchísimos) es saberlo todo y no poder nada. Ayúdenos. Ayude a su partido. Ayude a España. Es una de las cumbres de Occidente, en fase de crecimiento con tal de que se cierre el paso a las intoxicaciones.

Y disculpe.

Muchas razones para votar "NO" a la Constitución Europea.

Muchas razones para votar "NO" a la Constitución Europea.

Mientras que el gobierno español se prepara para defender el "SI" y para difundir, a partir de enero, los contenidos de la Carta Magna Europea que los españoles deberán ratificar o rechazar en referendum, en el mes de febrero, conviene recordar, dede la libertad y desde el convencimiento de que es necesario ser exigentes y críticos como ciudadanos, las muchas razones que existen para votar "NO":

Hay muchas razones para votar "no" a la Constitución Europea, pero ninguna es tan fuerte como saber que nace antigua, superada, desfasada e hija de principios y valores que hicieron del violento y sanguinario siglo XX uno de los periodos más decepcionantes de la historia. Así concebida, la nueva Constitución que los españoles deberemos ratificar en referéndum, es una hipoteca que terminará por convertirse en un instrumento de tiránicas mayorías parlamentarias.

Redactada por políticos amortizados y en declive, la nueva Constitución proyecta hacia el futuro la Europa que es, no la que queremos que sea. Ideada por un reducido número de mentes "preclaras" constituidas en "poder constituyente", la carta magna europea ahoga la "democracia" en su redacción, apostando por el gobierno de los partidos y en detrimento del gobierno del pueblo.

El documento pone cimientos a una Europa de los Estados y olvida la Europa de los ciudadanos, las regiones, los pueblos y las ciudades. El documento rezuma vieja política y Estado decimonónico por sus poros y resulta patético al intentar apuntalar una sociedad europea basada en unos partidos y en unos representantes políticos que han perdido la credibilidad y tienen acreditados su divorcio con los ciudadanos, su voluntad de usurpar la soberanía popular y su vocación de arrebatar a los ciudadanos su derecho al autogobierno y a controlar el destino colectivo.

El nuevo texto parece confundir Constitución con democracia, cuando en realidad la Constitución usurpa la democracia y convierte la soberanía popular en un espejismo. Ni una sola apuesta real por la reconstrucción de la ciudadanía, ni un artículo que reivindique una unidad europea de pueblos y ciudadanos al margen de los estados, ningún aporte teórico sobre el concepto moderno de ciudadanía participativa, sobre los bienes públicos o la virtud cívica.

La Constitución, redactada bajo la batuta del taimado Giscard, carece de ambición y renuncia a aportar principios que renueven el carcomido edificio de la democracia europea, transformado por los partidos en un "sistema sin hombres". Quien la redacta parece creer a pie juntillas aquella sabia pero triste sentencia de Winston Churchill sobre la democracia: "es la peor forma de gobierno del mundo, exceptuando a todas las demás".

De la lectura emerge también la certeza de que la nueva constitución ha sido inspirada por burócratas del estilo de Valery Giscard, amamantados en el centralismo y el autoritarismo estatal e ignorantes supinos de las corrientes ciudadanas y comunitarias que se abren paso en el siglo XXI. Ni una innovación, ni una idea osada. Más de lo mismo, más políticos, más división frustrante entre mayorías vencedoras y minorías humilladas, más Parlamento que no legisla, más muerte para Montesquieu, menos controles al desbocado poder de los Estados, más prebendas para representantes que sólo representan a sus propias formaciones, y una cobardía conservadora que impregna cada párrafo, cada concepto reiterativo de ese mundo, hoy moral y filosóficamente desarbolado e impopular, conformado y controlado por los partidos y los profesionales de la política.

Tal como ha sido concebida, la Constitución Europea terminará convirtiéndose en instrumento de dominio implacable al servicio de tiranías parlamentarias basadas en la "mayoría".

La Constitución Europea ignora demasiadas cosas: que democracia y capitalismo no son sinónimos; que lo que los ciudadanos europeos quieren es un sistema basado en la gobernanza popular; que los partidos políticos actuales no son instrumentos sino obstáculos para la democracia; que la sociedad civil también existe...

De la nueva Constitución emerge un mundo futuro en el que los ciudadanos están "al margen" y se convierten en espectadores pasivos que contemplan con miedo reverencial cómo los "criminales" y los "hombres de la ley" resuelven sus asuntos a tiros.

Definitivamente, no es ésta la Constitución de los europeos que queremos arrojar fuera el miedo y comprometernos con la acción democrática.

Es decepcionante que esta Europa que tradicionalmente fue vanguardia de ideas y paridora de derechos civiles y libertades haya dado a luz un documento que, al iniciarse el nuevo siglo, frustra esperanzas y sueños, apuesta por más ciudadanos pasivos, más políticos profesionales, más estados autoritarios, más partidos invasores de la sociedad, más sociedad civil castrada y más cantera de ciudadanos desmotivados que se colocan en el euroexcepticismo y en la antesala de la rabia.

Plan Ibarretxe. Una separación amable.

Plan Ibarretxe. Una separación amable.

Los promotores y defensores del Plan Ibarretxe sostienen que éste no es separatista, sino que sólo pretende conseguir una relación "amable" con ese ente lejano y ajeno que es España. Por el contrario, una lectura atenta del plan demuestra que, de aplicarse, la Euskadi resultante tendría casi todos los atributos de un Estado independiente.

El lendakari Juan José Ibarretxe consiguió ser elegido por el Parlamento vasco en 1998 gracias a los votos de Herri Batasuna; en 2001, tras su inesperada victoria electoral frente a la coalición PP, PSOE y UA, presentó su proyecto de reforma del Estatuto de autonomía. Desde entonces, Ibarretxe y el aparato mediático que le rodea no han parado de dar la matraca con él. Las fases del parto han durado tres años y aún no han acabado, pues continuará en la próxima legislatura. Después del Pacto de Lizarra (1998) y del Nuevo Estatuto Político sólo unos ingenuos o unos malvados podrán negar que estamos ante la continuación del proceso cuyo primer paso fue la introducción del término "nacionalidades" en la Constitución y cuyo final es una Euzkadi separada de España.

La estrategia del nacionalismo llamado moderado está clara: la creación de una comunidad nacional y estatal lo más cercana a un país independiente. Y la táctica es sencilla: presentar cada etapa como una manera de solucionar definitivamente el encaje de lo vasco en España, como una transacción o un acuerdo entre dos partes que negocian de buena fe y ceden un poco. La tranquilidad dura hasta que el PNV ha exprimido las nuevas competencias, ha creado nuevos cargos burocráticos que ha distribuido entre sus militantes y ha modelado un poco más a la sociedad vasca, mediante los medios de comunicación, la enseñanza y el terrorismo. Entonces, se declara la muerte del Estatuto y se comienza a reclamar un nuevo pacto.

El Plan Ibarretxe es, como el Tratado Constitucional Europeo, un texto que nadie se ha leído. Aprovechándose de esa ignorancia, junto con la renuencia de muchos ciudadanos a entrar en asuntos complejos y politizados, los nacionalistas vascos tratan de colar su proyecto con el argumento de que no es separatista, sino que sirve para "construir un modelo de convivencia amable entre Euskadi y España", como ha repetido el lendakari ante todo micrófono.

Como es costumbre siempre que se trata con nacionalistas, la verdad es lo contrario de sus palabras. El Plan de Ibarretxe rompe la unidad de España y deroga la Constitución. Establece una cosoberanía entre Euskadi y lo que queda de España, un régimen más parecido a la confederación que a la federación o al fracasado (por los acontecimientos que se suceden estos días) Estado de las Autonomías.

Según la Constitución de 1978, y todas las leyes fundamentales anteriores, desde la de 1812, en España no hay más que un sujeto de soberanía, que es el pueblo español, del que forman parte los vascos. Aunque se ha producido una descentralización que implica la concesión a las provincias para organizarse en comunidades autónomas y disponer de capacidad legislativa y de un elenco de competencias, existen una serie de instituciones políticas comunes, como la Monarquía, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes y el Gobierno nacional. Estas dos últimas, el Ejecutivo y el Legislativo, son las únicas que pueden reformar la Constitución y negociar y firmar tratados internacional que alteren la ley fundamental; en cambio, los parlamentos autonómicos no pueden discutir tratados con otros países ni modificar la Constitución. Una ley orgánica aprobada por las Cortes, firmada por el Rey y publicada en el BOE puede detraer a las comunidades, o a una de ellas, diversas competencias; por el contrario, un parlamento regional no puede, por ejemplo, proclamar la República, cambiar la bandera nacional o hacerse con la titularidad de los aeropuertos internacionales. De la misma manera, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial obligan a las instituciones locales.

El Plan Ibarretxe derriba este edificio. Primero concede a una parte del pueblo español la capacidad de ejercer el derecho de autodeterminación; en otras palabras, de decidir si se independiza o no al margen de los demás españoles. A continuación, arrebata una serie de las pocas competencias exclusivas que permanecen en el ámbito del Estado y después establece un mecanismo de defensa de éstas. De acuerdo con el Nuevo Estatuto Político, el Gobierno de Euzkadi tendría potestad exclusiva para: convocar referendos y elaborar el censo electoral; acudir con voz propia -separado de la representación española- a las reuniones del Consejo de Ministros europeos; crear una ciudadanía vasca y otorgar indultos a los ciudadanos vascos encarcelados; aprobar una ley de partidos de ámbito vasco –que permitiría legalizar de nuevo a HB y prohibir a otros grupos-; gestionar la Seguridad Social; nombrar representantes en organismos como el Banco de España –que supervisa las cajas de ahorros vascas- y la Comisión Nacional del Mercado de Valores; vetar los tratados internacionales que negocie el Gobierno español y que le afecte; disponer de un mar territorial; etcétera.

Y después, como ha dicho el nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz, establece un mecanismo que impida la intervención de las instituciones nacionales en la administración vasca: "un régimen de garantías mutuas que impida la interpretación restrictiva, la modificación o la interpretación unilateral del pacto suscrito". Y aquí aparece todo la mitología del pacto, de una relación de igual a igual entre las antiguas instituciones vascas, las Diputaciones, y los reyes de España. Nunca se ha probado que existiera esta relación y, según esa mitología, acabó con una ley de 1839, aprobada tal final de la primera carlistada.

Ese régimen de garantías mutuas –en realidad para una sola de las partes- consistiría en un Poder Judicial propio. Habría un Consejo Judicial Vasco, relacionado, aunque no supeditado, al Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia Vasco se convertiría en el último tribunal ordinario al que los vascos podrían apelar, mientras que el Supremo quedaría reservado para unificar doctrina en ciertos casos. Los fiscales estarían sometidos a una ley vasca. Y en el Tribunal Constitucional se formaría una sala especial para resolver los conflictos Euskadi-Estado, compuesta por tres magistrados miembros del Tribunal y otros tres juristas vascos; por tanto, habría empate y se forzaría la negociación. Respecto a la elección de los jueces, cabe suponer que se aplicaría el principio, ya reclamado varias veces por el PNV, del conocimiento del euskera.

La última pieza que blindaría el nuevo fuero vasco es la Comisión Bilateral Euskadi-Estado, en la que "Madrid" debería discutir con los representantes del Gobierno vasco toda la acción política que afectase a la comunidad vasca. Por tanto, un Gobierno territorial determinaría la actividad de las Cortes Españolas, que, según la Constitución, representan al pueblo español.

Por tanto, estamos a un paso de la independencia y ¿por qué no se da y el PNV obtiene así un asiento en la ONU, como Bosnia? Pues porque saldría caro. No se trataría únicamente de pagar servicios que ahora presta el Estado a un precio bajo (el catedrático Mikel Buesa ha calculado este coste en 403 millones de euros al año por encima del cupo que abona el Gobierno vasco a la Hacienda nacional), sino, también, de perder el mercado español y salir de la zona del euro. En el proceso de adhesión a la UE, Euskadi perdería el Concierto Económico, garantizado por la Constitución, y mientras durasen las negociaciones tendría que crear otra moneda, con lo que las empresas vascas que quedasen en el territorio tendrían el tipo de cambio como un obstáculo para sus exportaciones e importaciones.

Si se aplicara el Plan Ibarretxe, en verdad que se llegaría a una "convivencia amable", pues los nacionalistas se habrían quedado con el caserío, habrían echado a los demás inquilinos y toda España les pagaría las facturas.

Zapatero desautoriza a Solbes y cierra con los sindicatos el acuerdo sobre el salario mínimo.

Zapatero desautoriza a Solbes y cierra con los sindicatos el acuerdo sobre el salario mínimo.

De forma sorprendente, sindicatos, patronal y Gobierno se levantaron de la mesa el miércoles sin firmar el acuerdo sobre el Salario Mínimo. La razón fue que Solbes no aceptaba que este indicador tuviera una cláusula de revisión frente a la inflación. Caldera tuvo que dar la cara y dijo que “necesitaba más tiempo para estudiar” el acuerdo. CCOO y UGT amenazaron con romper el diálogo social y exigieron la intervención de Zapatero. El presidente del Gobierno les ha hecho caso.

El pasado jueves, los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación sin firmar el acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional y acusaron al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de querer engañarles al no incluir cláusulas de revisión en la nueva normativa. Lo cierto es que el culpable de que no se cerrara el acuerdo había sido el vicepresidente económico Pedro Solbes, que no aceptó que el SMI incluyera una cláusula de revisión frente a la inflación similar a la que tienen las pensiones.

El temor de Solbes era que esta cláusula de revisión podía tener un impacto importante en los costes empresariales y en los precios. Un día después de que el Gobierno diera marcha atrás y de que Jesús Caldera dijera que su departamento necesitaba "más tiempo para estudiarlo y acordarlo", el Ejecutivo ha rectificado en la rectificación y ha aprobado este acuerdo en el Consejo de Ministros.

Según ha explicado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, la inclusión de estas cláusulas no se debe a un cambio de opinión, ya que, según sus explicaciones, lo que pretendía el ministro Caldera era proponérselo primero al Consejo de Ministros para después firmarlo y aprobarlo con los agentes sociales. El ministro de Trabajo también ha dicho que siempre tuvo en mente incluir esta cláusula de revisión salarial, aunque después de proponérselo al Consejo de Ministros. Sin embargo, esto no fue lo que el ministro había dicho veinticuatro horas antes a los periodistas y los sindicatos, que no hubieran acusado al ministro de engañarles si hubieran tenido constancia de que el acuerdo iba a aprobarse este jueves.

Los sindicatos dan por "zanjado" el "desencuentro"

Después de que el Consejo de ministros haya dejado en evidencia a Solbes y su preocupación por el efecto en la inflación del incremento del SMI, CCOO y UGT han dado por "zanjado" el "desencuentro". A juicio de CCOO y UGT, la decisión del Gobierno responde en su "plenitud" a los compromisos alcanzados durante la negociación y, a su vez, ambos sindicatos reiteran su compromiso con los objetivos explicitados en la Declaración del 8 de julio de 2004.

"En los próximos días" el Ministerio de Trabajo firmará con los agentes sociales una nueva redacción del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que garantizará a los perceptores de esta renta el mantenimiento del poder adquisitivo. El efecto directo de esta medida es que quienes cobren este salario mínimo, fijado ahora en 513 euros mensuales para 2005, verán cómo el Gobierno les compensará siempre que el IPC aumente por encima de las previsiones gubernamentales. Con esta subida, el SMI acumula en el presente año una ganancia del 13,1 por ciento. El Real Decreto del SMI para 2005 establece además que para los trabajadores eventuales y temporeros, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, esta renta será de 24,29 euros por jornada, mientras que para los empleados de hogar, la cuantía ascenderá a 4,01 euros por hora trabajada.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha criticado el "nuevo espectáculo" ofrecido por el ministro Caldera en su negociación con los agentes sociales, puesto que ha dado "tres versiones diferentes" en apenas unas horas. "El PSOE no sabe qué hacer con nada: Han cambiado de criterio ya tres veces y no hay modelo, no hay coordinación", apuntó Acebes, destacando que en el Ejecutivo socialista hay "diferentes equipos económicos con opiniones distintas", lo que "repercute negativamente" en la sociedad. "Son un coro desafinado. También en política económica", concluyó.

Izquierda Unida también ha criticado la "descoordinación" y el cambio de posición del Gobierno, en un diálogo que requiere de "una plena confianza", que no debería hacer necesaria la intervención del "propio presidente", para desbloquear el desencuentro previo al Consejo. IU afirma que si el Gobierno quiere facilitar su mayoría y estabilidad parlamentaria, debe mejorar su propia cohesión, "en sintonía" con la izquierda social y política.

El desafío del Plan Ibarretxe sale adelante gracias a ETA y obliga al Gobierno a apoyarse en el PP.

El desafío del Plan Ibarretxe sale adelante gracias a ETA y obliga al Gobierno a apoyarse en el PP.

El Parlamento ratifica el proyecto de nuevo Estatuto al prestar SA, contra lo anunciado, tres votos al tripartito. El lehendakari telefoneó anoche a Zapatero y ambos acordaron fijar el 7 de enero la fecha de su entrevista.

El visto bueno de la banda terrorista ETA al plan secesionista de Ibarretxe, plasmado ayer en el Parlamento vasco al permitir que el proyecto se aprobara con mayoría absoluta gracias al apoyo de tres de los seis diputados que el brazo político de la banda tiene en la Cámara autonómica, deja en evidencia toda la estrategia de cesión, apaciguamiento y «buen talante» ante el PNV seguida por el Gobierno de Zapatero desde que llegó al poder.

En su afán de acercar posiciones al partido de Ibarretxe, los socialistas vascos, al menos su secretario general, Patxi López, habían asumido oficialmente postulados nacionalistas en su propuesta de reforma del estatuto presentada este mismo mes. El giro del PSE, aunque sancionado desde la Moncloa, había caído mal en muchos sectores del PSOE, incluidas las direcciones del partido y del grupo parlamentario, bien por su inoportunidad o por ir contra la tradición de la organización socialista, como han destacado Alfonso Guerra o Nicolás Redondo.

Frente a la estrategia tejida en los últimos meses de marginación del PP y acercamiento a todos los grupos nacionalistas e independentistas del arco parlamentario, Zapatero tendrá que apoyarse ahora en el PP para rechazar, previsiblemente antes de las elecciones vascas, el plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados. De este modo, el PSOE no podrá presentarse en esas elecciones como punto equidistante entre nacionalistas y populares, que incluían incluso la posibilidad de buscar después un acuerdo con el PNV, previa renuncia al plan Ibarretxe, con la reforma de estatuto como alternativa negociable para los nacionalistas.

Zapatero, que ayer volvió a guardar silencio pese a la magnitud del reto lanzado por el presidente del gobierno autonómico con el respaldo esta vez de una banda terrorista que ha asesinado a cerca de novecientas personas, ha impulsado una reforma del Código Penal para evitar que Ibarretxe tenga que enfrentarse a una pena de cárcel si convoca, como ha anunciado, un referéndum sobre su plan, asunto para el que carece de competencias. Era una medida puesta en marcha por el Ejecutivo del PP para frenar el plan Ibarretxe.

El dirigente nacionalista vasco, al margen de todo procedimiento oficial, cerró ayer su intervención con el anuncio de que iba a llamar por teléfono a Zapatero para abrir «un proceso inmediato de negociación formal al que iremos con un espíritu y talante abierto». El presidente del Gobierno atendió su llamada y quedaron en volver a hablar el día 7 para buscar una fecha.

Mientras ERC, los principales aliados parlamentarios del PSC, se congratulaban de que los nacionalistas vascos hubieran provocado «el primer conflicto institucional real» en el sistema democrático, el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, llamó a La Moncloa para cerrar filas ante el reto de Ibarretxe y pedirle una entrevista personal que se celebrará también después del 6 de enero. En la breve conversación, ambos políticos hablaron de la gravedad del problema, pero no de respuestas conjuntas por falta de tiempo, aunque Zapatero quedó en informar a Rajoy de la cita que vaya a dar a Ibarretxe. Moncloa no quiere que el lendakari centre el debate político hasta las elecciones autonómicas y saque rédito con ello.

En paralelo y mientras el Gobierno eludía dar respuesta concreta alguna al desafío salvo recordar que el proyecto será rechazado en el Congreso, el secretario general del PP, Ángel Acebes, exigía al Ejecutivo que planteara un recurso al Constitucional por la vía del artículo 161.2 que permite la suspensión de las disposiciones adoptadas por órganos de las Autonomías.

Fiel oposición

El aparente desconcierto del gabinete de Zapatero aumentó la inquietud en el PP tras comprobar que la política de cesiones ante los nacionalistas en general aplicada por sus sucesores en el poder, lejos de frenar los planes independentistas, los han acelerado con un inesperado protagonismo para ETA en el caso vasco. No obstante, en el PP aseguran que se mantendrán en su papel de fiel oposición para apoyar al Gobierno en todas las medidas que habrá que tomar ante el desafío planteado ya formalmente al sistema democrático, a la unidad de España y a los derechos de los ciudadanos en el País Vasco.

En la última reunión del Pacto Antiterrorista, Rajoy recordó al Gobierno que debía instar al Fiscal general del Estado para que recurriera el archivo de la causa abierta contra Atutxa por desobedecer al Tribunal Supremo en amparo de Batasuna, pero hasta el momento ni el Ejecutivo ni el fiscal han dado paso alguno en ese sentido.

El plan Ibarretxe llegará al Congreso la próxima semana para su tramitación. Cuenta con el rechazo anunciado de PP, PSOE e IU -el noventa por ciento de la Cámara- e incluso puede ser rechazado en la Mesa por su evidente inconstitucionalidad y no ser admitido para debate en pleno.

El Archivo de Salamanca

El Archivo de Salamanca

En más de una ocasión, mientras escribía Las esquinas del aire, acudí al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Consultando aquellos legajos, tan exhaustivos en su repertorio de recortes de prensa, cartas manuscritas o mecanografiadas, documentos privados y públicos (la burocracia de la muerte es metódica, concienzuda, parsimoniosa como la confección de un herbolario), pude asomarme al horror de la maquinaria represora, cuyos engranajes trituraban vidas sin inmutarse, como la rueda de molino tritura el grano y lo convierte en harina.

Aquellos miles de nombres que componían el catastro de la represión eran la harina humana sacrificada en una de las épocas más sombrías de nuestra Historia. Y aquel Archivo de Salamanca se erigía en memorial de aquellas vidas desbaratadas, aventadas, sometidas a perpetua inquisición y sospecha.

La desmembración del Archivo de Salamanca supone el desmantelamiento de una realidad histórica que, para ser comprendida cabalmente, debería mantenerse íntegra, como expresión nítida de lo que fue aquella maquinaria represora. Las naciones adultas se distinguen por su capacidad para enfrentarse al horror de su pasado sin ñoñerías revisionistas o atemperadoras; también por su fortaleza para anteponer el interés colectivo sobre los intereses particulares.

Quienes solicitan desde Cataluña el «retorno del patrimonio expoliado» (esto es, dicho sin proclamaciones enfáticas, la restitución de documentos incautados por la maquinaria represora franquista) están reclamado, a la postre, un insensato derecho a torcer o tergiversar el sentido de la Historia.

Pues, aun entendiendo que en la petición de dichos documentos se cifre un anhelo legítimo, debería prevalecer el deber de preservar la naturaleza de lo que fue concebido como un gran centro represor. En el mantenimiento de ese Archivo tal como fue concebido se cifra el mejor y más sincero homenaje que podemos tributar a la memoria de sus víctimas.

Una comisión de expertos acaba de evacuar un dictamen que, al auspiciar el desmantelamiento del Archivo de Salamanca, legitima la tergiversación de la Historia.
Algunas de las conclusiones de dicho dictamen delatan la mala conciencia (que en algunos será bellaquería y en otros mero atolondramiento) de los citados expertos: ocurre así, por ejemplo, con la superflua y un tanto irrisoria expresión de repulsa dirigida contra los hechos que dieron origen al Archivo; expresión de repulsa que, aparte de constituir un brindis al sol, debería actuar como argumento inatacable de la preservación del mismo.
La Historia está hecha con la argamasa de sucesivos expolios, rapiñas, latrocinios y usurpaciones; ponernos ahora a disociar los ingredientes de esa argamasa, convirtiéndonos en apóstoles de la restitución, equivale a negar sus enseñanzas. ¿Qué ocurriría si mañana la Iglesia reclamara la restitución de los bienes que le fueron arrebatados durante la desamortización de Mendizábal? ¿Y si el Islam reclamara la restitución de los templos y palacios que le fueron usurpados durante la Reconquista?
La Historia no puede ser sometida a operaciones de cirugía plástica; sus lacras y deformidades forman parte del barro del que estamos hechos.

Me sorprende que esa comisión de expertos haya promovido con su informe un dislate histórico de tal magnitud. A la postre, tal dictamen demuestra la condición precaria del intelectual español, siempre supeditado a las veleidades políticas de turno, siempre temeroso de la intemperie que le aguarda si contraría los designios del poder, siempre dispuesto a comulgar con ruedas de molino, con tal de no desairar al que manda.
Que no es Zapatero, precisamente.