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Un socavón de corrupción y negligencia.

Un socavón de corrupción y negligencia.

No hacia falta que Pujol saliera a la palestra y hablando en castellano para que todos sepamos que si Maragall sacó a relucir el asunto de las comisiones del 3% en la larga etapa de gobierno de CiU, fue para querer desviar la atención de la gravísima negligencia de su gobierno en la gestión –y en la gestación- de la crisis del Carmelo.

Lo que “daña la credibilidad de la Generalitat” o lo que produce el “descrédito de la clase política catalana” no es, sin embargo, que se denuncie la corrupción, sino que se haga de forma tan breve como ha hecho Maragall en sede parlamentaria, para inmediatamente volver a someterla a la ley del silencio a cambio de que CiU apoye la reforma del estatuto liderada por el actual presidente catalán. Lo que es una vergüenza es que, tras ese bochornoso espectáculo registrado con luz y taquígrafos, no se detecte voluntad política de llegar al fondo de la corrupción de unos y la clamorosa negligencia de otros. Y eso es, precisamente, lo que trata de evitar Pujol cuando advierte a su sucesor al frente de la Generalitat de que hay que "evitar que el debate político se lleve a extremos sectarios y peligrosos".

Lo que “daña la imagen de Cataluña” no es lo que Pujol denuncia, sino lo que recomienda, que no es otra cosa que los protagonistas del espectáculo “reconduzcan” la situación para que el silencio de unos siga basándose en el silencio de otros. ¿En eso consiste el mítico seny catalán?

No se crean, que los protagonistas del entuerto ya se han puesto manos a la obra. Aunque Mas –como Pujol- no tengan más remedio que prolongar un poco más su imagen de doncella herida, lo cierto es que los convergentes ya han bajado el tono de la critica a lo socialistas por el escándalo del Carmelo. ¿Qué credibilidad, por otra parte, hay que dar a sus tardías querellas contra Maragall si no van acompañadas de una petición de dimisión contra quien, en razón de su cargo, no puede ser enjuiciado? Conviene insistir, por otra parte, que la reacción inicial de Artur Mas fue la de someter la honorabilidad de su partido a un mercadeo político a propósito del estatuto. Poco tardará en llegar –y si no, al tiempo- ese apaño que hará de la reforma del Estatuto catalán, no ya solo el previsible desafío a la legalidad Constitucional, sino también una forma muy “consensuada” de tapar los socavones de corrupción y negligencia en Cataluña.

Con ese propósito ya se ha pronunciado Carod Rovira quien, mostrando tan poco interés en el asunto de las comisiones como en los perjuicios de los vecinos del Carmelo, a instado a convergentes y socialistas a pasar página y no poner en peligro este bochornoso statu quo en el que ERC participa, tanto en el tripartito municipal como autonómico, por no hablar del nacional.

¿Y que decir del PSC y del ministro Montilla? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de hacernos creer ahora que Maragall “no formuló ninguna acusación” contra Maragall”? Pero, ¿cómo se puede mentir de forma tan descarada? ¿A qué se refería, entonces, Maragall con lo del 3%? ¿A lo que había engordado Mas desde que está al frente de CiU? Mienten más que hablan, ya sea en castellano, ya sea en catalán.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo rompe toda relación con Peces-Barba, tras negarse Zapatero a destituirlo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo rompe toda relación con Peces-Barba, tras negarse Zapatero a destituirlo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) rompió hoy sus relaciones con el comisionado para la atención a las víctimas, Gregorio Peces-Barba, tras una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que éste se negó a destituirlo.

El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, anunció tras una entrevista de hora y cuarto con Zapatero en la Moncloa que éste «sigue manteniendo la confianza» en Peces-Barba y que «lo va a mantener en el cargo». Por tanto, la AVT «va a romper relaciones» con el comisionado mientras ocupe el cargo Peces-Barba, quien «no es un intermediario apropiado ni correcto», dijo Alcaraz en rueda de prensa.

En adelante, explicó que la Asociación planteará sus reivindicaciones como lo hacía antes del nombramiento del alto comisionado a mediados de diciembre de 2004: a través del Ministerio del Interior y su oficina de atención a las víctimas del terrorismo, cuya labor elogió. Alcaraz no ahorró críticas para Peces-Barba, que el pasado jueves tuvo el respaldo de la mayoría de los grupos en su primera comparecencia en comisión parlamentaria.

El PP, no obstante, pedía su dimisión acusándolo de haberse enfrentado «al 85 por ciento de las víctimas», representadas por la AVT. «Jamás me gustaría salir fortalecido de una comisión en la que me apoye el PNV y ERC, los amigos de ETA y los cómplices de muchísimas actividades de la banda terrorista. Jamás querría su apoyo, jamás querría su aplauso», declaró al respecto Alcaraz.

Creada en 1981, la AVT es la mayor y más veterana asociación de afectados por el terrorismo en España, con unos 6.000 socios, sobre todo víctimas de ETA pero también de otros grupos como los GRAPO, y algunos que sufrieron los atentados del 11-M. Al crearse la institución del comisionado para las víctimas, la AVT coincidió con el Partido Popular en criticar que el Gobierno no hubiera «consensuado» su nombramiento, aunque Alcaraz se mostró dispuesto a dar «un margen de confianza» a Peces-Barba.

Una manifestación convocada por la AVT el 22 de enero en Madrid, a la que el comisionado no asistió por no ser «unitaria», y en la que Peces-Barba fue abucheado, desató la polémica, que se agudizó tras una reunión entre ambas partes cuatro días después.

Según la junta directiva de la AVT, Peces-Barba les planteó la posibilidad de que tuvieran que hacer «concesiones», como la amnistía a presos etarras sin delitos de sangre, si ETA declaraba una tregua. El comisionado lo niega. «Creemos que un señor que miente no puede estar representando a un colectivo tan digno como las víctimas del terrorismo», declaró hoy el presidente de la AVT, que acudió a la reunión con Zapatero con sus compañeros de la junta directiva. Alcaraz explicó que «centenares» de socios le han pedido que exigiera la dimisión de Peces-Barba, sobre todo víctimas de ETA, y «muchos» llegando a advertir de que, de lo contrario, abandonarían la AVT. Sólo le ha dado su apoyo expreso una asociada, amiga del comisionado, afirmó.

El presidente de la AVT dijo que «no piensa ir» a las reuniones que Peces-Barba programa con todas los colectivos de víctimas del terrorismo en busca de su unidad, la última de ellas un congreso presidido por el Rey de España a finales de mayo o principios de junio. Ese «congreso no sería unitario», expuso.

Para las conmemoraciones de los atentados del 11 de marzo en los trenes, la AVT piensa acudir a actos organizados por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y organizar uno propio, al que invitarán «a todas las autoridades», en el marco del «Día europeo de las víctimas del terrorismo» (declarado el año pasado por el Europarlamento).

Alcaraz dijo que le parece «muy correcto» el homenaje a los que sufrieron el 11-M que planea el Congreso pero consideró que «tiene que ser un homenaje a todas las víctimas, sin excepción alguna».

INVESTIGACIÓN DE LA VENTA DE EXPLOSIVOS EL 11-M. Quién es quién en la trama de Asturias.

INVESTIGACIÓN DE LA VENTA DE EXPLOSIVOS EL 11-M. Quién es quién en la trama de Asturias.

Uno de los mayores interrogantes sobre los atentados del 11-M radica en el cúmulo de fallos que llevó a las Fuerzas de Seguridad a no darse cuenta de la trascendencia de las operaciones delictivas de la 'célula de Avilés'. Los responsables despreciaron los indicios que les habían llegado. Éstos son los principales protagonistas relacionados con la 'trama de explosivos', un eslabón clave para que se pudiera perpetrar la masacre del 11-M.

Pedro Laguna. Máximo responsable de la Guardia Civil de la Zona asturiana cuando se produjo el robo y la transacción de los explosivos teóricamente utilizados en el 11-M. Restó importancia a las investigaciones en torno a Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras, a pesar de la insistencia de sus subordinados. El 11 de junio, tres meses después de los atentados, fue ascendido a general. Actualmente es jefe de la zona de Castilla y León. Bajo su mando estaban la Comandancias de Oviedo y de Gijón.

Fernando Aldea. El jefe de la Comandancia de Oviedo que relevó temporalmente a Laguna como jefe interino de la Zona asturiana. Al asumir el cargo se enteró del informe de alerta remitido el 27 de febrero de 2003 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que implicaba a Toro en la venta de dinamita a marroquíes.

Teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga: Jefe de la comandancia de Gijón, superior de Jesús Campillo. Ha sido destituido por el Ministerio de Interior por 'falta de confianza' tras conocerse el contenido de la cinta sobre las nuevas revelaciones de la trama de explosivos.

Coronel Luis Antonio Búrdalo de Fuentes. Jefe de zona de la Guardia Civil de Asturias. Tomó posesión de su cargo a finales de octubre en sustitución de Pedro Laguna.

Marful. El capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil indagó sobre Toro y Trashorras y al no sentirse apoyado por el mando transmitió informalmente lo que sabía a la Fiscalía de Avilés. Conversó con el alférez de la UCO 'Víctor' llegando a la misma conclusión sobre el riesgo que implicaban los proveedores de los explosivos. La falta de entusiasmo por el tema llegó a exasperar a este oficial.

Teniente Carlos Montero. Es el superior de la Policía Judicial al que el agente Campillo entregó la cinta grabada a 'Lavandero'. Montero sustituía a Gómez Suárez, que era el teniente de Policía Judicial e Información de Gijón cuando se grabó la cinta, pero en esas fechas estaba destinado en Mozambique.

Gerardo Herrero Montes. Fiscal jefe de Asturias. Fue citado por la comisión para que contase el contenido de la reunión mantenida con Marfur en la primavera de 2003. Herrero Montes aseguró que la Guardia Civil no aportó datos para judicializar la trama de explosivos.

Jesús Villanueva: El jefe del estamento fiscal de Avilés también ha negado que la Guardia Civil le informara de que existía una trama de explosivos en Avilés.

'Víctor': Alférez de la Unidad Central Operativa a quien informaba el confidente Zouhier. Asegura que su confidente negó el 12-M saber algo de los atentados y que dejó la investigación de los sospechosos en manos de la Comandancia asturiana. Otro de los contactos de Zouhier en la Guardia Civil era el agente 'Paco', que ratifica las afirmaciones de su compañero.

Rafá Zouhier:Confidente de la UCO, avisó un año antes de los atentados del 11-M de que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras ofrecían explosivos a integristas. Se encuentra preso en Aranjuez por colaboración con banda armada como implicado en la trama.

Antonio Toro: Acusado de ofrecer los explosivos a los marroquíes. Las últimas revelaciones sobre la trama de explosivos desvelan que manejaba grandes cantidades de explosivos y que junto a su cuñado Emilio Suárez Trashorras buscaba en 2001 a alguien que supiese hacer estallar bombas con teléfonos móviles, según reveló al agente Campillo un confidente identificado como 'Lavandero'. Cumple actualmente una condena de seis años por narcotráfico, pero en la causa del 11-M se encuentra en situación de libertad provisional.

Emilio Suárez Trashorras: Este ex minero, que fue confidente del comisario de Avilés, Manuel García Rodríguez 'Manolón', está acusado por la Guardia Civil de facilitar a los terroristas los explosivos y de ofrecerles entrenamiento para su utilización, en el marco de una estrecha relación con la célula islamista.

Carmen Toro: Hermana de Toro y esposa de Trashorras, la Guardia Civil considera que representó un papel fundamental facilitando la comunicación entre los restantes miembros de la red. También era confidente de 'Manolón'. Se encuentra en libertad.

'Manolón': Manuel García Rodríguez, jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía de Avilés (Asturias). Es el policía del que fueron confidentes tanto Suárez Trashorras como su esposa, Carmen Toro. 'Manolón' asegura que el ex minero sólo le había mantenido informado de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Después de los atentados, un comentario de Trashorras sobre una llamada realizada a uno de 'los moritos' en la que éste le dijo que 'si no lo veía en la tierra, lo vería en el cielo', despertó sus sospechas. Informó entonces a la Comisaría General de Información de la Policía y Trashorras fue detenido.

El Gitanillo: G. M. V, un menor de 16 años, es el primer acusado que se sentó en el baquillo por el 11-M. Era socio de Suárez Trashorras en el negocio del tráfico de hachís y se le implica en el robo y transporte de explosivos desde Asturias a Madrid para entregárselo a los presuntos autores de los atentados. Durante el juicio, asumió su responsabilidad aceptando seis años de internamiento.

Nayo: José Ignacio Fernández Díaz, detenido junto a Antonio Toro en la llamada operación antidroga Pípol, había contado en abril de 2002 en dos ocasiones que Toro y Emilio Suárez Trashorras estaban poniendo a la venta grandes cantidades de explosivos. La información fue calificada de 'patraña' por los mandos de las fuerzas de seguridad en su comparecencia ante la comisión del 11-M.

David Robles: Este guardia civil de Cancienes (Comandancia de Gijón) encontró la cinta con las revelaciones que hizo Lavandero al agente Jesús Campillo Veiga y, tras guardarla durante un año, decidió mostrarla a sus compañeros.

ESPECIALMENTE POR EL POSICIONAMIENTO DE PRISA TRAS EL 11-M. Cañete denuncia que la Ley Polanco sólo sirve para que Zapatero agradezca "los servicios prestados".

ESPECIALMENTE POR EL POSICIONAMIENTO DE PRISA TRAS EL 11-M. Cañete denuncia que la Ley Polanco sólo sirve para que Zapatero agradezca "los servicios prestados".

El responsable del Economía del PP ha explicado en la Cope que el único objetivo del Gobierno con la "Ley Polanco" es devolver al grupo Prisa los servicios prestados cuando el PSOE estaba en la oposición. Especialmente, ha destacado Arias Cañete, en la cobertura informativa entre el 11 y el 14 de marzo. Dice que la reforma ni aumenta la competencia ni fomenta el pluralismo sino que sólo beneficia las cuentas de un grupo afín al Ejecutivo. Con ella, aclara, también se pretende enterrar la sentencia del Supremo contra la Ser por el antenicidio.

En declaraciones a La Mañana de la Cope, Miguel Arias Cañete analizó el único objetivo real de la Ley Polanco. Dice que no es otro que devolver al grupo Prisa en forma de beneficios económicos los servicios prestados durante los años de oposición del PSOE. Los servicios, explicó el dirigente popular, se acentuaron entre el 11 y el 14 de marzo, con motivo de la cobertura informativa de los atentados de Madrid en los medios que controla Polanco.

Pero además de esta finalidad, Cañete entiende que con el proyecto de ley de reforma del sector audiovisual, "diseñado a la medida del grupo Prisa", el Gobierno de Zapatero también pretende enterrar la sentencia del Tribunal Supremo contra el antenicidio, que obliga a la Ser a devolver las emisora que compró ilegalmente para acabar con la competencia de Antena 3 Radio.

La cobertura del 11 al 14-M

Para Cañete, "eso esta cantado. Se van a agradecer los servicios prestados al grupo Prisa y a los medios de comunicación que favorecieron al Gobierno en una circunstancia histórica muy lamentable para España, donde padecimos el mayor atentado y donde hubo medios que se posicionaron claramente. Y el Gobierno esta agradeciendo los servicios prestados. Eso es obvio".

En esos días, en los micrófonos de la Ser se habló de que había terroristas suicidas en los trenes, de que el Gobierno de Aznar estaba mintiendo y ocultando datos de la investigación y se llegó a poner sobre la mesa que el PP estaba planteandose suspender las elecciones, "alguna tentación de declarar algún estado de excepcionalidad", se llegó a escuhar entonces.

El que fuera ministro con Aznar recordó que, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo del PSOE, la ley Polanco "ni aumenta la competencia ni fomenta el pluralismo" sino que a lo que realmente contribuye es a la rentabilidad económica de unos medios en poder de Polanco. Curiosamente, explicó, los mismos medios del grupo Prisa que hacen gala de contar con información privilegiada del Gobierno.

El País de las "exclusivas" gubernamentales

El último ejemplo lo tenemos esta misma semana. El viernes, horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el plan ideado por Solbes con medidas sin concertar para dinamizar la economía, El País adelantaba buena parte del contenido de esa iniciativa. Pero no ha sido el único. Con motivo de esta última filtración del Gobierno, El Mundo recordó este sábado algunas de las "exclusivas" de Zapatero al diario de Prisa, "sobre todo los jueves o el mismo viernes, cuando se celebra el Consejo de Ministros".

Así, detallaba que "el pasado 24 de septiembre, ese diario informó de que el Gobierno iba a eliminar el efecto de la inflación en el IRPF desde este año el mismo día de su aprobación. Unos días después, también adelantó que el Ejecutivo iba a modificar 14 artículos del Código Civil para permitir el matrimonio de parejas homosexuales, anunciando además que habían tenido acceso al anteproyecto. Y lo mismo anticipando el plan de Seguridad Vial un día antes de que fuera aprobado. Y a la inversa, el Ministerio de Industria desmintió a El Mundo esta misma semana una información difundida por la agencia Reuters de que se iban a congelar los CTC para el sector eléctrico. Ayer, fue una de las medidas aprobadas por el Gobierno".

Lavandera: 'El atentado del 11-M no se fraguó en desiertos ni montañas, sino en los puticlubs de Gijón'

Lavandera: 'El atentado del 11-M no se fraguó en desiertos ni montañas, sino en los puticlubs de Gijón'

El confidente Francisco Javier Lavandera, conocedor de la trama asturiana del 11-M, asegura en una entrevista publicada hoy por EL MUNDO que ETA era el destino de los explosivos que vendían Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras y se muestra asimismo convencido del origen del atentado: "No se fraguó ni en desiertos ni en montañas. Se fraguó en los 'puticlubs' de Gijón".

Lavandera, que en 2001 denunció a la Guardia Civil que Toro y Trashorras estaban buscando a alguien que supiera "montar bombas con móviles", era testigo protegido hasta que el juez le negó dicha condición por comprarse una pistola y no aceptar el trabajo de "vigilante jurado uniformado en el aeropuerto de Bilbao" que le habían ofrecido.

Él se defiende argumentando que "la mayor parte del dinero" que empleó para adquirir el arma se lo prestó su hermano y que trabajar en ese puesto sería como colocarse "una diana en la frente". Algo que, desde su punto de vista, ya había hecho de forma "inexplicable" la Dirección General de la Guardia Civil al desvelar su identidad.

Entre las afirmaciones del confidente en la entrevista que publica hoy EL MUNDO destacan las siguientes:

"Les dije [a la Policía Nacional y a la Guardia Civil] cómo se llamaban los delincuentes, la ciudad en la que vivían, las matrículas de sus coches, los números de sus teléfonos móviles, los días de la semana en los que paraban en el local de alterne [club Horóscopo], la cantidad de explosivos que vendían y el detalle importante de que trataban de fabricar bombas con móviles. Y la realidad es que no me hicieron ningún caso".

"Las 192 víctimas están ahí y sólo sé que tengo un futuro incierto, que he perdido mi trabajo, que mi mujer está muerta y que me han hundido la vida. Y todo ello por tratar de impedir la masacre".

"Tendrían que recompensarme por lo que denuncié. El 11-M se hubiera podido evitar si me hubieran hecho caso. Si alguien falló no fui yo. Ahora que cada cual asuma su responsabilidad".

"Pienso que el único que quiere saber la verdad sobre el 11-M es el juez Juan del Olmo. Otra cosa es que pueda llegar a saberla algún día".

"Siempre estuve seguro de que [Toro y Trashorras] les vendían explosivos a ETA. Era el terrorismo que había entonces y esta gente estaba buscando terroristas para encajarles su mercancía".

"Algunos piensan que yo tengo más datos de los que he dicho sobre el 11-M, pero no es cierto. Otra cosa es lo de la corrupción policial. Yo le conté al juez con pelos y señales todo lo que sabía. Entonces, en el año 2001, estaba convencido de que aquellos explosivos eran para ETA. Ahora sigo pensando lo mismo".

"Ahora sale Nayo [...] a decir que yo era el intermediario entre ETA y la banda de Avilés, a través de un guardia civil. [...] son intentos burdos de desprestigiarme para que la cinta y las denuncias que yo hice pierdan valor de cara a la opinión pública".

Piqué pidió la dimisión de Maragall por el "espectáculo" de ceder al "chantaje político" de CiU.

Piqué pidió la dimisión de Maragall por el "espectáculo" de ceder al "chantaje político" de CiU.

El líder del PP catalán ha denunciado en la Cope el "tremendo espectáculo" protagonizado por Pasqual Maragall y Artur Mas en el Parlamento autonómico. Josep Piqué cree que frente al sentimiento de los vecinos afectados por el derrumbe del Carmelo, socialistas y convergentes plasmaron el "desierto ético" en que han convertido la política catalana. Por este motivo, ha explicado, pidió con "argumentos irrebatibles" la dimisión del presidente de la Generalidad.

Piqué explicó en el programa Al sur de la semana de la Cope, sobre las acusaciones Maragall contra CiU que "si lo que dice es cierto y se retracta ante un chantaje, creo que es un caso de indignidad. Si lo que dice es cierto y tiene pruebas, lo que tiene que hacer es ir al juzgado de guardia, de lo contrario se convertiría en encubridor de un delito. Si lo que dice es cierto pero no se puede probar, creo que estaríamos ante un caso de cósmica frivolidad política. Se mire como se mire, Maragall es acreedor de esa petición de dimisión que le hice y que sé que le molesto profundamente pero creo que se basa en argumentos irrebatibles".

El presidente de los populares catalanes se preguntó si después del pleno en el Parlamento catalán todos esos sentimientos de desconfianza y desesperanza de los vecinos del Carmelo han mejorado o han empeorado. "Tengo la impresión, además así lo están diciendo los representantes de los afectados, de que salieron del pleno mucho mas desesperanzados, desconfiados, respecto a sus instituciones y muchísimo mas irritados. Eso significa que no hemos hecho las cosas bien".

Amenazas y chantajes en el Parlamento catalán

A su juicio, tanto Artur Mas como Maragall cometieron un grave error político. Entiende Piqué que el líder de CiU debería haber respondido a las acusaciones de corrupción instando al presidente de la Generalidad a retirarlas o acudir a los tribunales. "En lugar de plantearlo en estos términos le dice que si sigue por ahí, le voy a imposibilitar que haya acuerdos políticos en la legislatura. Por eso todos lo interpretamos, a pesar de que el señor Mas haya intentado después convencernos de lo contrario, como que se estaba produciendo un extraordinario chantaje político".

La reacción de Maragall, expuso Pique, fue incluios más grave porque "en lugar de decir que el presidente de la Generalidad, por dignidad institucional, no acepta chantajes de nadie, fue inmediatamente retractarse. Los dos dieron un espectáculo muy muy lamentable que de alguna manera refleja lo que ha venido ocurriendo en Cataluña durante estos larguísimos años de poder autonómico por parte de CiU y de grandísimo poder local, y ahora también autonómico, por parte del PSC".

Del oasis catalán al desierto ético

Pique recurrió a lo que se ha venido llamando durante los últimos años "el espacio socioconvergente, el famoso "oasis catalán". "Ahora hemos visto que no era tal y que estamos ante un enorme desierto ético, ante un entramado cruzado de intereses basados en el poder y a partir de ahí lo que tenemos que hacer los demás es denunciarlo".

Ante los reiterados intentos de socialistas y nacionalistas por culpar a Madrid de todo lo que ocurre en Cataluña, el presidente de los populares catalanes aclaró que "tenemos que hacer una reflexión muy profunda de lo que está sucediendo y dejarnos ya de esa tremenda y larguísima excusa de que al final todo lo que nos pasa es por eso que llamamos Madrid, entre comillas. Al final ha quedado demostrado que no es verdad. Se nos hunde el Carmelo y Madrid no tiene nada que ver".

AMENAZA DE ROMPER EL CONSENSO. Maragall acusa a CiU de cobrar comisiones en la adjudicación de obras y Mas le obliga a rectificar.

AMENAZA DE ROMPER EL CONSENSO. Maragall acusa a CiU de cobrar comisiones en la adjudicación de obras y Mas le obliga a rectificar.

El president asegura que Jordi Pujol "se equivocó" nombrando a Mas como conseller en cap

BARCELONA.- Pasqual Maragall ha asegurado en el Parlament que el "problema" de CiU "se llama tres por ciento", en una alusión a un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras, una acusación que el líder de CiU, Artur Mas, ha pedido que retire para no poner en peligro "la legislatura" y la reforma estatutaria.

El presidente catalán ha intervenido finalmente en el pleno monográfico dedicado a los desprendimientos del metro en el barrio del Carmelo y, tras una dura intervención del jefe de la oposición, que le ha requerido a participar del debate, Maragall ha afirmado que "hemos llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento".

Esta afirmación, que en la cámara catalana se ha interpretado como una alusión a supuestos cobros en el pasado de comisiones en la adjudicación de obras públicas, ha sido finalmente retirada por el presidente de la Generalitat a petición de Mas porque "Cataluña tiene ante sí cuestiones muy importantes", con una alusión directa a la reforma del Estatut, que necesita del aval de Convergencia.

La referencia de Maragall "al tres por ciento" en la adjudicación de contratos de obras públicas ha soliviantado a Mas, quien le ha contestado: "Usted ha perdido completamente los papeles".

Mas ha recordado a Maragall que "no olvide" que, en los próximos meses, entre PSC y CiU "hemos de hacer cosas muy importantes al servicio de este país (...) y para ello es muy necesario que entre ustedes y nosotros siga existiendo un cierto círculo de confianza política, que no es de amistad, de intentar hacer cosas juntos al servicio de nuestro país. Le pediría que no se rompa".

"Pero con su última intervención esto se rompe definitivamente. Usted manda la legislatura a hacer puñetas, supongo que es consciente", ha señalado Mas, quien finalmente ha pedido a Maragall que "retire su expresión (sobre el tres por ciento) y podamos restablecer este mínimo de confianza que el país necesita".

Rectificación de Maragall

Ante la amenaza de romper el consenso para reformar el Estatut, Maragall ha accedido a "atender la demanda" de Mas, aunque, ha añadido, "lo hago por una sola razón, que interesa mucho al país, y es que Cataluña tiene de ahora en adelante cosas muy importantes que hacer, y espero de usted y de su grupo que estén en condiciones de cumplir su parte de obligación en los meses que vendrán, en los que se jugará el Estatut de Cataluña, la Constitución Española y, en buena medida, nuestro futuro".

Mas ha agradecido "esta rectificación", de la que ha dicho que es "buena" y "no humilla en absoluto" al presidente catalán, aunque ha insistido en que "si en algún momento ustedes tienen alguna sospecha de lo que sea, hagan el favor de hacer aquello que se ha de hacer, vayan a los tribunales y presenten las demandas que hagan falta".

"Pero dejen de extender por todas partes la sombra de la sospecha, porque ustedes no lo pueden hacer por trayectoria y no lo han de hacer sobre todo mirando hacia el futuro", ha agregado.

Antes de este rifirrafe dialéctico, Mas había retado a Maragall a romper su "silencio absolutamente protegido" en la sesión de este jueves y a subir a la tribuna de oradores para "ratificar lo que dijo el miércoles de que todo esto es culpa de CiU y que nosotros tenemos la desvergüenza de querer que ustedes, pobres angelitos, asuman las responsabilidades de estos demonios con cola que era la gente de CiU".

Maragall, que ha asegurado que Jordi Pujol "se equivocó" nombrando a Mas como conseller en cap y "lanzándolo como candidato", ha accedido a intervenir en el pleno y ha acusado al presidente de CiU y al portavoz de su grupo, Felip Puig, de "falta de respeto" y de "malicia".

"Ustedes se han sentido atacados por una acusación que de alguna manera ven como verídica, porque si no, no se entendería el tono de su intervención", ha apuntado Maragall.

Ofendido, el presidente catalán ha denunciado que CiU "ha roto una regla, que en este Parlament se había respetado siempre, que era el respeto entre diputados y al presidente de la Generalitat, y esto algún día les pasará factura".

Peces Barba no fue a la manifestación de la AVT por el "expreso rechazo" de la Asociación del 11-M.

Peces Barba no fue a la manifestación de la AVT por el "expreso rechazo" de la Asociación del 11-M.

El Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo describió en la comisión constitucional del Congreso su gestión. En un discurso improvisado, se limitó a ofrecer detalles de protocolo y hasta a describir cómo es el "chalet doble" en el que está la Oficina. Peces Barba reconoció: "Pensaba yo que este era un tema tranquilo y pacífico". Su excusa para no asistir a la manifestación de la AVT fue que tenía "el expreso rechazo" de la Asociación del 11-M. El PP le pide que renuncie por enfrentarse "al 85 por ciento de las víctimas".

CNN+ cortó la retransmisión cuando la diputada del PP formulaba la primera pregunta y el Canal Parlamentario decidió emitir otra comisión. Antes de que CNN+ despidiera la conexión en directo, Peces Barba introdujo lo que sería la pregunta del PP.

Su ausencia en la manifestación del 22 de enero "es una consecuencia de mi constatación de que no era una manifestación en la que todos estuvieran de acuerdo. Había un expreso rechazo por parte Asociación 11-M. He intentado evitar que la tensión subiera con una presencia no deseada por unos al no ser una manifestación unitaria. Rogaría al PP que me aclaren que quieren conocer".

Necesita un abogado para responder al PP

La diputada del PP también recordó la polémica surgida con la AVT, cuya directiva afirma que en una reunión les pidió "concesiones" si la banda ETA declara una tregua, algo que Peces-Barba sigue negando rotundamente. "Si nos dice que la AVT estaba mintiendo, tenemos el grave problema de que se está enfrentando con el 85 por ciento de las víctimas del terrorismo", a las que representan, le recriminó.

"Usted está aquí para abundar en la unidad, y lo que hace es dividir", acusó Sánchez-Camacho. Y pidió su "renuncia, dada la incompetencia que hemos visto en estos meses". Grupos como ERC y el PNV acusaron al PP de "patrimonializar" el dolor de las víctimas, mientras el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la división entre las asociaciones es un "fracaso común, y no la responsabilidad individual" de Peces-Barba, y recriminó al PP que aproveche el asunto para "hacer desestabilización" política.

En su turno de réplica, Peces-Barba se negó a contestar a acusaciones, como las de mentir, para las que "casi que necesitaría un abogado" y defendió que está "trabajando de muy buena fe" en aras de la unidad de los colectivos de víctimas. Concluyó diciendo que "uno de mis problemas fundamentales es que tengo que callarme, autocensurarme" y decidió "utilizar la doctrina Xuclá" rehusando contestar a su sugerencia de "abrir" el Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE a todas las fuerzas políticas.

En la introducción, antes de las preguntas de los grupos, Gregorio Peces Barba, no acertó a pronunciar un discurso coherente. Su intervención estaba prevista hace un mes y él mismo aseguró que detallaría sus funciones como Alto Comisionado.

La gestión de Peces Barba

Quizá lo más destacable fue su primera impresión: "Pensaba yo que este era un tema tranquilo y pacífico y esa fue mi primera equivocación. El conjunto de víctimas tenían una división muy plural, tanto las de ETA como las del 11-M, con desencuentros y situaciones complicadas". Así que, añadió, "me autoimpuse superar estos desencuentros".

Después, Peces Barba se dio cuenta de que "a figura del Alto Comisionado era necesaria". En su opinión, "había que ocuparse sólo y exclusivamente del las victimas del terrorismo".

"Hemos tratado –explicó el rector de la Carlos III– más de 40 casos individuales detectando problemas concretos pero también generales". Para llegar a esas conclusiones, el Alto Comisionado dice haber tenido intensos contactos con ámbitos académicos y científicos pese a que este juves se celebra en Colombia la segunda jornada Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y su oficina ha decidido enviar a la número dos, única representación del Gobierno español.

"He notado en las muchísimas entrevistas que hemos hecho –prosiguió– que hay procesos comunes". Quiso referirse a la falta de información "sobre procesos en trámite, sobre las condenas por la angustia de saber cuánto le queda de prisión al que hirió o mató mi hermano, mi hijo, etc". Por ello, anunció algo que se sabe hace un mes: "en conversaciones con el Fiscal General del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional y el ministro de Justicia proponemos una Oficina de Información".

Se perdió después en detalles sobre los homenajes a las víctimas del 11-M, como "la tira de la corona" de flores, los minutos de silencio, las placas, etc. Tras relatar estas cuestiones protocolarias, Peces Barba siguió improvisando: "Podríamos hablar de otros temas... como el psicológico: ha habido que reforzar el tratamiento psicológico". Detecta también "problemas en el ámbito de la Enseñanza", en referencia a los hijos de víctimas. Y en este sentido anunció que se están estudiando medidas como asignar tutores a estos colectivos para hacer un seguimiento.

Un ejemplo de las expresiones vacías que empleó el Alto comisionado llegó al tratar de explicar la investigación del terrorismo: "Necesidad de muscular, si me permiten la expresión, las dimensiones afectivas potenciando las dimensiones racionales vinculadas a la investigación sobre el terrorismo". No acertaba a dar más datos, hojeando folios. Su conclusión fue: "Como verán, en dos meses nos hemos movido bastante".

Lo más sorprendente fue cuando, ya sin asuntos que tratar, describió la localización de su oficina: "Es un doble chalet de 1201 metros cuadrados construidos, tiene tres plantas y sótano, propiedad de Patrimonio del Estado. Tenemos problemas de accesibilidad y se ha pedido el montaje de una plataforma para los que necesitan silla de ruedas.