Los asuntos de seguridad que conlleva el proceso de integración centroamericana despierta preocupación a Estados Unidos por las facilidades que suponen la eliminación de controles fronterizos para las bandas del crimen organizado.
Que se dispare el tráfico de drogas o personas que llevan como destino su territorio, o incluso que se filtre un terrorista por las fronteras centroamericanas, son las preocupaciones para el gobierno estadounidense. Las autoridades centroamericanas que se empeñan por lograr la integración del área también deben dedicar esfuerzos a mejorar sus sistemas de seguridad entre los temas de la integración.
El canciller salvadoreño Francisco Laínez expuso al inaugurar junto a sus colegas de la región la reunión preparatoria para la XXV Cumbre Ordinaria del Sistema de Integración Centroamericana, que esos asuntos están incluidos en el denominado Plan Centroamérica Segura.
Laínez declaró que en la Cumbre hay un espacio en el que ``se van a conocer los avances en temas centroamericanos de seguridad''.
El tema se discute como ''una colaboración entre los diferentes países para identificar los problemas comunes, como los problemas con los menores pandilleros y la violencia en general'', indicó.
Abarca medidas conjuntas para prevenir la violencia provocada por las pandillas o maras y el combate a actividades del crimen organizado como la trata y tráfico de personas y el narcotráfico, especificó.
Centroamérica es usada por carteles de la droga colombianos para llevar su producto a Estados Unidos o aprovechado por traficantes de personas que traen migrantes ilegales desde Sudamérica o lugares tan lejanos como China.
El jefe de la oficina en Guatemala de la agencia antidrogras de Estados Unidos Michael O'Brien criticó recientemente la eliminación de controles en las fronteras centroamericanas que implica la unión aduanera.
Esa medida complica la lucha al narcotráfico pues la droga puede ser transportada con mayor facilidad entre Guatemala y El Salvador.
La semana pasada, representantes de los 12 países sudamericanos se reunieron en la ciudad peruana de Cusco para crear el bloque regional más importante de su historia: la Comunidad Sudamericana de Naciones. La firma del documento de integración fue suscrito por los presidentes de Guayana, Brasil, Chile, Surinam, Perú y Venezuela, y por los representantes de Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador, con la presencia de los gobiernos de México y Panamá en calidad de observadores.
Sin duda, se trata de un paso importante hacia una integración necesaria para la región, pero debemos preguntarnos hacia dónde quiere dirigirse dicha Comunidad y sobre todo quién dará los lineamientos para ello. Porque si tomamos en cuenta lo que sucedió en Cusco, es de temer que quien intentará tomar el mando es Hugo Chávez, probablemente a la fuerza como todo lo que hace y para exaltar la figura de Simón Bolívar, quien tuvo entre sus sueños la unión latinoamericana pero que sin embargo desmembró a países para crear otros como Bolivia, cuyo nombre creó para levantar aún más su egocentrismo.
El discurso de Chávez sigue siendo el mismo de siempre, extremamente populista y demagógico. Vaya a donde vaya como sucedió en España hace unos días ofrece discursos que dan mucho que hablar, en la gran mayoría de las veces por su carácter demagógico y nunca por ser constructivo o aportar ideas interesantes y novedosas. En Cusco no perdió la oportunidad para hacerlo. Además de ensalzar la figura de Simón Bolivar, endiosándola cada vez más, también rindió tributo al general y dictador Juan Velasco Alvarado, que dirigió un gobierno militar en Perú entre 1968 y 1975. Pese a que Chávez fue elegido por medio de elecciones democráticas, pocos dudan del carácter autoritario de su Gobierno. Tan acostumbrado a imitar dictaduras, parece querer hacerlo también con la de Velasco con respecto a la prensa. Velasco confiscó los medios de comunicación a sus dueños legítimos y no volvió la normalidad hasta la llegada del Gobierno de Belaúnde (1980). Aunque Chávez quisiera hacer algo parecido, ha tenido que cambiar de estrategia y lo ha hecho promulgando la "ley mordaza", su nuevo atropello no será el último a la libertad de expresión y de prensa.
Regresando al tema inicial, si Hugo Chávez consigue tomar las riendas de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el fracaso está asegurado, porque tendremos muy pocas acciones efectivas y sí muchos discursos destinados, como siempre, a atacar a EEUU y a defender a regímenes como los del dictador Fidel Castro, su modelo político más cercano. Si no es así y se empiezan a tocar los temas que realmente deben interesar a la región sudamericana es posible que se llegue a acuerdos beneficiosos en especial en el tema comercial. Uno de los primeros problemas será el de iniciar las negociaciones para una fusión entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN). Además, muchos países de la región negocian con EEUU un Tratado de Libre Comercio y es en este tema donde se debería trabajar con más fuerza para que los productos latinoamericanos logren ingresar en el mercado norteamericano libre de trabas arancelarias para competir en igualdad de condiciones. Pero no sólo en cuanto a acuerdos con EEUU, sino también con Europa, donde las ayudas a los productos son para muchos ya conocidas.
En los últimos años, la región ha tenido una serie de compromisos que han quedado en papel mojado. El resultado de la Cumbre de Cusco no es como los demás acuerdos ya que algunos países con una política exterior importante, como Brasil o Chile, se verán obligados a asumir la dirección de este proceso que no será exclusivamente comercial sino también político con el fin de promover convergencias en una experiencia inédita en el espacio sudamericano.
Además de la informalidad, el paro es del orden del 20% y los salarios son los más bajos de la historia argentina La otrora pujante Argentina, que llegó a estar entre las diez naciones más ricas del mundo a principios del siglo XX, convirtiéndose en uno de los países que más atraía la inmigración, hoy ostenta un récord muy diferente: es el país de Latinoamérica con más trabajadores informales, 53% fuera del sistema laboral legal. Sin embargo, un país de muy similares características como es Uruguay, con una política socialista en lo que a leyes laborales se refiere, tiene 34% de informalidad laboral. Peor aún, agosto de este año, a pesar de que el Gobierno argentino contrató a 28.000 nuevos empleados (como si tuviera pocos), el empleo formal creció 0,6%.
Como señala Gustavo Lazzari de la Fundación Atlas, los seis millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina entre 1853 y 1930 estaban protegidos por sólo seis artículos del Código Civil de 1871. Pero no había desempleo; los trabajadores, los inmigrantes y el país progresaban como nunca lo habían soñado. Pero luego, particularmente durante el Gobierno fascista de Perón, se legislaron decenas de miles de leyes, convenios, decretos y reglamentos para, supuestamente, proteger a los trabajadores. Así, Argentina es hoy un país de emigrantes, con la paradoja de que los nietos de aquellos que vinieron de España e Italia están de regreso a esos países.
¿Por qué los trabajadores "protegidos" por el Estado, los sindicatos, los "líderes sociales", la prensa izquierdista, los jueces y abogados "laboralistas" forman fila en los aeropuertos para irse del país? La ley laboral impuesta por la fuerza policial del Estado provoca el desempleo y la pobreza; impone tantos costos y regulaciones que quienes tienen que contratar trabajadores hacen todo lo posible por evadirla.
Por ejemplo, una pequeña o mediana empresa con 20 años de edad en Argentina, con 25 empleados a quienes paga un sueldo promedio de mil pesos (340 dólares), si dentro de diez años decide cerrar el negocio, el monto a pagar por concepto de indemnizaciones será de 1.500.000 pesos (500.000 dólares). Es decir que dentro de diez años tendrá ese pasivo, independientemente de cómo le haya ido al negocio y solamente por haber cometido la imprudencia de contratar trabajadores legalmente. A todo esto hay que sumarle que la presión impositiva general llega a 60%.
Además de la informalidad, el paro es del orden del 20% y los salarios son los más bajos de la historia argentina. El ingreso promedio de todos los que tienen empleo (formal o informal), es de 645 pesos (220 dólares) mensuales. Eso no alcanza para cubrir la cesta básica de 735 pesos (255 dólares) de una familia típica. Consecuentemente, el 48% de la población es ahora pobre, cuando hace 30 años el 33% de la población pertenecía a la clase media.
Como si tanta demagogia no fuera suficientemente dañina, el Senado argentino aprobó un proyecto de ley para impedir que las empresas de servicios públicos corten el servicio a los deudores morosos, sin antes celebrar una "audiencia de conciliación". Es decir, se invita a los usuarios a no pagar. Las filiales argentinas de las empresas españolas, que tienen en conjunto más de 20 millones de clientes y una morosidad que alcanza en algunos casos el 10%, han reaccionado con presteza. Ojalá que el proyecto de ley no sea aprobado por la Cámara de Diputados, pero a lo mejor decide que hablar por teléfono sin pagar nada es un derecho de todos los argentinos.
En fin, mi país parecía tener un destino europeo, pero hoy nos parecemos cada día más a África.
El Doce de Octubre en la embajada de La Habana Mensaje del Partido Socialdemócrata de Cuba Zaldívar y la disidencia cubana
Por su interés, reproducimos una nota de prensa divulgada por el Partido Socialdemócrata de Cuba, organización declarada ilegal por la dictadura castrista. Su presidente, Vladimiro Roca, es hijo de quien fuera uno de los líderes históricos del comunismo cubano (Blas Roca), y estuvo preso desde 1997 hasta 2002 por suscribir uno de los documentos más importantes en la historia de la disidencia interna: La Patria es de todos.
Soy socialdemócrata y solidario, pero no cómplice de lo mal hecho. Con estas palabras respondió Vladimiro Roca, presidente del ilegal Partido Socialdemócrata de Cuba, a las preguntas que le hicieran periodistas de las agencias de prensa internacionales acreditadas en Cuba sobre el discurso del embajador español en La Habana, don Carlos Alonso Zaldívar, durante la ceremonia en celebración del descubrimiento y conquista de América.
El discurso de bienvenida del embajador español fue una remembranza de las viejas políticas erradas que se elevaron desde el pedestal siempre detestable del orgullo imperial y que tanto daño trajeran a la relación entre la Madre Patria y los hijos de la siempre fiel Isla de Cuba.
Según el señor embajador, el Gobierno español considera errada la política de invitar a la disidencia cubana a sus actos diplomáticos, pero que, ante la negativa del resto de los países de la Unión Europea a cambiar dicha medida de solidaridad, no les quedó más remedio que proceder con las invitaciones.
Este discurso irrespetuoso ante el dolor de la tragedia cubana pone al descubierto la temida realidad de que el Gobierno español parece dispuesto a aceptar el chantaje de la dictadura más antigua y despiadada que haya sufrido este Hemisferio en toda su historia.
Las declaraciones del ministro Moratinos, la avalancha de nuevos inversionistas visitando Cuba y explorando nuevas formas de explotación del obrero cubano y ahora este mensaje, lanzado sin la mesura y la delicadeza del lenguaje diplomático, confirman aún más las inquietudes de un pueblo que ha sufrido ya demasiado.
Las palabras del embajador español provocaron la salida de la sede diplomática de la valiente Marta Beatriz Roque Cabello, así como numerosas muestras de simpatía hacia los opositores por parte de numerosos embajadores y personal diplomático presentes en la recepción.
A continuación hacemos pública una carta que dirigiera el presidente del Partido Socialdemócrata de Cuba al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fechada en La Habana el día 7 de octubre de 2004.
Juan Carlos Acosta Fernández Secretario de Internacionales del Partido Socialdemócrata de Cuba y Director Ejecutivo de Acción Democrática Cubana
Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero Presidente del Gobierno español.
Estimado D. Rodríguez Zapatero:
En primer lugar, reciba un fuerte y caluroso saludo desde esta pobre y humillada isla de parte de los socialdemócratas cubanos y en el mío propio.
Motiva esta carta la preocupación que ha surgido en el seno de nuestro partido y de la mayoría de las organizaciones disidentes y opositoras cubanas a raíz de las declaraciones realizadas por el canciller Moratinos en el Congreso [español] sobre la futura política del Gobierno español con respecto a Cuba.
Considero necesario poner en perspectiva la situación de la oposición en Cuba y la posición común de la Unión Europea (UE); creo que está bien informado al respecto, aunque las declaraciones de Moratinos parecen decir lo contrario.
1.- La mayoría de las organizaciones opositoras y disidentes están de acuerdo con la posición común de la UE. Dicha posición responde a que invitar disidentes y opositores al actual o a cualquier Gobierno futuro es un derecho de las sedes diplomáticas acreditadas en cualquier país.
2.- Existen algunos disidentes que no coinciden con esta línea, pero son una minoría dentro del amplio espectro de organizaciones opositoras existentes en nuestro país.
3.- Renunciar a invitarnos a las actividades para lograr un acercamiento al Gobierno cubano, el mismo que se alejó de España y la UE por su vocación represiva, antidemocrática y terrorista, sería aceptar el chantaje que ha pretendido imponer el gobernante cubano, a través de la negación de atención en las instancias oficiales a los diplomáticos de la UE, como represalia a la posición común en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba; que en realidad merece la misma respuesta por parte de los gobiernos de la UE con los embajadores cubanos, aplicando el concepto de reciprocidad en las relaciones bilaterales en vez de estar pensando en recomponer unas relaciones deterioradas por culpa del Gobierno de la Isla.
4.- Como ex preso político y opositor, creo que ninguno de los opositores presos en la oleada represiva del año pasado recibiría con agrado que su libertad se obtenga a partir de que se haga dejación de derechos por los cuales estamos luchando y que son la causa directa de su encarcelamiento.
5- Según mi criterio, la política que plantea el canciller Moratinos no es nueva: ya estuvo vigente durante el Gobierno de Felipe González, y la misma fue un fracaso, como ha reconocido el propio González en declaraciones a la prensa.
6.- Estas consideraciones no van contra los deseos del Gobierno español de abrir vías de comunicación y diálogo con las autoridades cubanas para tratar de buscar cambios hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, lo cual apoyamos, pues nosotros mismos estamos a favor del diálogo y la reconciliación. Pero diálogo significa escuchar criterios opuestos a los propios y tratar de conciliar los puntos que se puedan a favor del beneficio del pueblo, lo que, por desgracia, no es el caso con este gobierno; ya que la actitud que mantiene es de negación a aplicar cualquier tipo de medida que pueda beneficiar al pueblo, y ni siquiera respeta su Constitución y sus leyes.
Discúlpeme por el lenguaje tan directo y crudo utilizado, pero el tema para nosotros es de vital importancia para complicarnos con discursos diplomáticos.
Aprovecho la oportunidad, estimado señor Rodríguez Zapatero, para ratificarle el testimonio de mi más alta consideración y respeto.
Vladimiro Roca Presidente del Comité Gestor
C.C: Trinidad Jiménez. Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE.
La MULTINACIONAL PRISA de JESÚS de POLANCO VIOLA la LEY y PERSIGUE a PERIODISTAS en BOLIVIA. Miguel Pinto Parabá, Econoticiasbolivia.com (La Paz, septiembre 8, 2004).- La cadena internacional de medios de Difusión PRISA penaliza en Bolivia el anuncio de huelga, la actividad gremial y el fuero sindical de los periodistas, y no respeta las leyes bolivianas. Frente a estos hechos, en defensa de sus derechos y siguiendo el ascenso social de los trabajadores bolivianos, los periodistas sindicalizados han lanzado la consigna de nacionalizar las multinacionales de la comunicación, que se asentaron en el país de forma solapada. La guerra está declarada.
Los periodistas bolivianos, desde hace una semana, se han declarado en estado de máxima alerta y, lentamente, se han puesto en pie de combate contra el Grupo PRISA de propiedad del controvertido y cuestionado Jesús Polanco, que también estaría cuestionada por su actividad poco clara en otros países donde tiene inversiones.
Según las principales organizaciones de periodistas de Bolivia, el monstruo empresarial PRISA que en España dirige el influyente periódico EL PAÍS, la cadena radial SER y tiene otros negocios en varios países de América Latina, además de violar disposiciones legales, intenta ejercer presión y chantaje sobre las autoridades bolivianas, aprovechando su poderosa red de medios de comunicación.
También se denunció que por más de una semana los medios nacionales de Bolivia que dependen de PRISA la Red Televisiva ATB y el influyente periódico LA RAZON intentaron aislar e invisibilizar mediáticamente el conflicto ejerciendo presión sobre los dueños de otros medios de difusión.
Sin embargo, el cerco mediático fracasó. Pues, luego de 8 días de huelga de hambre y una inocultable marcha de protesta de periodistas en el propio centro del poder la Plaza Murillo, en cuyos alrededores funcionan el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo, a los otros medios no les quedó otra alternativa que dejar hacer su labor profesional a los periodistas y hacer público el conflicto.
¡Si hacen huelga se van!
El 24 de agosto, ocho trabajadores y dirigentes de la Red ATB, después de exigir un incremento de sueldos, una recategorización salarial y mejores condiciones de trabajo, fueron despedidos sin ninguna causa legal.
El único argumento que manejó la empresa para los despidos fue el anuncio de una posible huelga de los trabajadores del canal, quienes, luego de 8 meses de negociación, no obtuvieron respuestas a varias de sus peticiones.
De acuerdo a la gerencia de ATB, para evitar una huelga, ellos se vieron obligados a tomar determinadas medidas despidiendo a los principales instigadores.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, tras enterarse de este ilegal hecho, decidió iniciar una huelga de hambre. Su secretario Ejecutivo, Marcelo Arce, cumplió hoy el octavo día de la extrema medida. Y el ayuno voluntario ahora tiende a masificarse.
Este hecho es muy grave. Es la primera vez que en el sector sindical de los periodistas que se penaliza un anuncio de huelga, dijo Arce, tras explicar que él no levantará su extrema medida hasta que la empresa respete las leyes bolivianas.
En la masiva marcha de protesta que se realizó ayer, Arce también exigió al gobierno de Carlos Mesa hacer respetar las leyes laborales, que también están vigentes para las transnacionales, y derogar el decreto neoliberal 21060. Pero, el tema no concluye ahí. ¡Fuera los dirigentes! Esta serie de irregularidades se hacen más arbitrarias cuando cuatro de los ocho despedidos de ATB son dirigentes debidamente reconocidos por sus instituciones sindicales matrices. De acuerdo a las leyes bolivianas, los dirigentes están protegidos por el fuero sindical y, por lo tanto, no pueden ser cambiados de sus fuentes de trabajo y menos despedidos. Empero, la multinacional PRISA tampoco respetó este hecho y ahora viene haciendo una serie de piruetas para justificar la violación de las leyes bolivianas.
Por si todo esto fuera poco, el 13 de agosto, en el periódico LA RAZON igualmente echaron de forma ilegal de su fuente de trabajo al ex secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa y actual delegado a la Central Obrera Departamental de La Paz, Arcenio Alvarez, quien también viene realizando una radical huelga de hambre a la intemperie, en pleno paseo de El Prado, en la avenida principal de La Paz, para denunciar ante la sociedad el manoseo de las leyes bolivianas por parte de las poderosas transnacionales de la comunicación. Ante estas denuncias, el Ministerio de Trabajo conminó, mediante una Resolución Ministerial, a los responsables de ATB, Carlos Villazón, y LA RAZON, Juan Carlos Rocha, a reincorporar inmediatamente a los dirigentes despedidos a sus puestos de trabajo. Sin embargo, PRISA y sus representantes en Bolivia, sin ningún argumento y respaldo legal, continúan con su radical e ilegal posición. Sus abogados, en una reunión de conciliación, afirmaron, sin ningún rubor, que los despidos de los dirigentes son innegociables.
Nacionalización
Este conjunto de hechos ha generado conciencia en varios sindicatos de otros medios de información y algunos sectores de la población boliviana, quienes han exigido al gobierno de Carlos Mesa investigar la ilegal y prepotente actividad de esta poderosa multinacional de la comunicación, que no sólo distorsiona la realidad noticiosa boliviana, sino también explota sin contemplación a los trabajadores de la prensa. Mediante un comunicado público, la Confederación de la Prensa de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia exigieron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo investigar las actividades en el país de este, económicamente poderoso, grupo empresarial en medios de comunicación, a fin de establecer su propia legalidad en el país. En medio del conflicto, varios periodistas y organizaciones sociales han lanzado la idea de nacionalizar los medios de comunicación manejados por las multinacionales y expropiar los medios de comunicación que están en manos de algunas acomodadas familias que tienen vinculaciones con otras empresas industriales, las empresas transnacionales petroleras y el poder. Hasta el momento, el conflicto se ha polarizado. El gobierno y el Poder Legislativo se han comprometido ante los periodistas en hacer respetar las leyes. Los periodistas, por su parte, han determinado radicalizar sus medidas y hacer conocer a escala internacional estos atropellos a los derechos elementales de los trabajadores bolivianos y los periodistas.
Las respuestas a por qué unos países son ricos y otros pobres son tan variadas como grados de desarrollo hay en el mundo. Algunos opinan que la riqueza está en los recursos naturales. Así, si Argentina y Venezuela son pobres, a pesar de ser inmensamente ricos en materias primas o combustibles, la culpa -según esa tesis- la tendría el imperialismo económico. La pobreza y el atraso económico no serían causados por errores propios sino la consecuencia de "perversos intereses económicos" extranacionales. Eso es lo que afirman los textos con que se educan la casi totalidad de los latinoamericanos.
Adam Smith sostiene que la riqueza de las naciones reside en el trabajo productivo de cada colectividad. Y que la única manera de optimizar los beneficios para la totalidad de la población es impidiendo que el Estado dirija a la economía.
Carlos Marx, por su parte, señala que para comprender a una sociedad es vital analizar su "infraestructura". Justamente en ese punto radica el más grueso error de su teoría. Lo realmente trascendente para interpretar a una colectividad es el estudio detenido de lo que Marx llamó la "ideología" (ideas, leyes y organización estatal). Su "infraestructura", es decir, su forma de crear riqueza y las relaciones que se dan entre los hombres con relación a esa producción está absolutamente condicionada por la "superestructura". Y no a la inversa, como equivocadamente pregonaba Marx.
No obstante, coincidimos con la doctrina marxista en que la clase "dominante" (dirigente) es la gran sustentadora de la "ideología" en cada pueblo. También lo tienen claro los aspirantes a totalitarios. De ahí, las luchas sordas que se dan en los países, aún en los democráticos, por el control del sistema educativo.
Recientemente, un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estadounidense Allen Schick, profesor de la Universidad de Maryland, que prepara un informe sobre la reforma del Estado en Uruguay, opinó que las dificultades para modernizar la gestión pública responden "a un problema de la clase dirigente" uruguaya.
Schick considera que Uruguay "está preparado" para adoptar técnicas de gestión que perfeccionen la administración de los dineros públicos. El consultor considera que las dificultades para continuar con las reformas están en los cuadros gerenciales estatales, tanto como en los parlamentarios. Además dice que estos últimos tienen "poca capacidad técnica".
Para Shick, los ejecutivos del sector privado "se quejan sobre generalidades -como bajar el peso del Estado- pero cuando se les pide que indiquen qué es lo que hay que hacer para superar problemas, no tienen respuestas".
Hay una idea generalizada que sostiene que los empresarios son los principales defensores del "liberalismo económico". Nada más lejos de la verdad. Ya Adam Smith observó que no hay gremio más proclive a establecer alianzas mercantilistas (político-económicas) que los industriales, con el objetivo de favorecer sus propios intereses a costa de los consumidores.
Adam Smith se refería exclusivamente a los industriales, mientras tenía en muy alta estima a los productores agropecuarios. Sin embargo, actualmente vemos en la Comunidad Europea altos subsidios e impenetrables trabas a las importaciones agrícolas, por lo que no hay sector económico cuyos conductores no presionen a sus respectivos gobiernos para imponer un moderno proteccionismo a lo Jean-Baptiste Colbert, el ministro de Luis XIV.
A la vez, estados benefactores con sus recetas populistas, se encargan de soldar este "neomercantilismo productivista" en una intrincada interconexión de intereses sindicales, burocráticos, patronales y políticos.
En realidad no deberíamos hablar de países del "primer" o del "tercer" mundo. Lo apropiado es referirnos a clases dirigentes de "calidad" o de "tercera" categoría.
El 25 de agosto, aniversario de la independencia uruguaya, se reinauguró el Teatro Solís. Si hubiera que tomar de la vida real un ejemplo para ilustrar cómo se recorre "el camino de servidumbre", creo que no hay paralelo más perfecto que la historia de ese edificio.
El monumental coliseo fue levantado por iniciativa privada, mediante la colocación local de acciones. En aquel entonces, Montevideo tenía apenas 50.000 habitantes. La construcción fue iniciada en medio de una guerra civil y fue estrenado un 25 de agosto de 1856, a menos de treinta años de nuestra descolonización.
En ese período, nos visitaban excelentes compañías europeas de ópera. La vida cultural y la económica "bullían" llenas de vitalidad en Uruguay.
La evidencia histórica contundentemente demuestra que el "clima espiritual" adecuado para que pueda surgir el "milagro" del desarrollo es aquel donde el líder político, tanto como el hombre común, tienen plena confianza en la iniciativa individual, la competencia económica y la libertad política.
Pero, sin ninguna causa que lo justificara, ya que gracias al liberalismo imperante el Uruguay se había convertido en una de las naciones más prósperas del mundo, hacia principios del siglo XX empezaron a triunfar aquí las doctrinas socialistas. Siguiendo las tesis de Hobson y Lenin, las inversiones extranjeras comenzaron a ser consideradas como una forma de "imperialismo" encubierta. El "nacionalismo" económico, fue la punta de lanza para que se impusieran las nacionalizaciones y, finalmente, el estatalismo.
La iniciativa privada ha ido paulatinamente ahogándose por el Estado. Todas las empresas grandes nacen o terminan siendo gubernamentales. Lo mismo que todos los edificios importantes. También el Teatro Solís terminó siendo de titularidad municipal.
El teatro, al igual que la economía del país, gradual pero inexorablemente, va deteriorándose.
Desde hace unos quince años, la "izquierda" gobierna Montevideo. Al asumir el poder, las cuentas fiscales capitalinas exhibían superávit. Inmediatamente, como todo "progresismo" que se precie, aumentó los sueldos y los privilegios de sus funcionarios. Asimismo, multiplicó por cinco los impuestos.
El Teatro Solís tuvo que ser cerrado porque había riesgo de que se produjera una tragedia por falta de mantenimiento. A pesar de que el municipio recauda 1.000.000 de dólares diarios en una ciudad de un millón de habitantes, no contaba con disponibilidad para restaurar el histórico teatro. Encima, su déficit es brutal. Por eso, teniendo en cuenta la campaña electoral, el intendente apeló a un crédito de 14 millones de dólares para así poder exhibir una sala deslumbrante, como "muestra" de eficiencia.
Hizo coincidir la reinauguración parcial con el aniversario, que también es fecha patria. Y con la reapertura, presenciamos lo que podría llegar a ser la fase final de nuestra decadencia porque la "izquierda", es la favorita para ganar las próximas elecciones.
Fue una "gala" donde quedó de manifiesto la intolerancia, el abuso y la soberbia. Donde dio la impresión que se buscó humillar a quienes piensan diferente y lo expresan. En la "arenga" del intendente se "omitió" agradecer a los contribuyentes, con cuyo dinero se financiaron las obras. De igual modo, ignoró que lo "estatal" no puede manejarse como algo propio y para beneficio de correligionarios y amigos.
"Estamos haciendo una obra pública en un país pobre." -expresó la directora de la labor. En realidad, está invirtiendo el orden de los factores: somos "pobres" porque el Estado se "traga" al país.
Hoy resulta difícil imaginar que cuando los distintos pueblos americanos comenzaron sus procesos independentistas, el norte era pobre y el sur sumamente rico. Nadie hubiera sospechado que unas décadas más tarde Estados Unidos se convertiría en una potencia, mientras que América Latina se empobrecería notoriamente.
¿Cuál es la explicación? Que la revolución angloamericana se produjo por un deseo maduro y reflexivo de libertad. En cambio, en nuestro continente, lo que primó fue un instinto vago e indefinido de emancipación, apoyado en pasiones desordenadas.
La diferencia fundamental radica, entonces, en que acá nos contentamos con la "independencia", en tanto que allá lucharon por la "libertad".
Paraguay parece detenido en el tiempo. La invasión de tierras por bandas de campesinos que tiene en zozobra al país es un problema del pasado. Los "sin tierra" creen que el derecho a la tierra supone el derecho a usurparla. La pretensión misma de arraigar a los campesinos a la tierra expresa la nostalgia y el romanticismo de viejas utopías en desuso. Pero el problema no es la falta de tierras sino la dilatada recesión y el alto desempleo. La invasión aleja la inversión, destruye empleos, crea escasez y promueve nuevas invasiones en un círculo vicioso.
La Constitución protege la propiedad privada: la declara inviolable, es decir, "no invadible". Si la misma también reconociera el derecho a usurparla, como asegura la izquierda, se derrumbaría el estado de derecho y en lugar de la ley y el orden reinarían el caos y la violencia. Cada cual podría hacer justicia por mano propia, y sacar a uno lo que le pertenece para dar a otro. La defensa de la propiedad está en el origen del estado de derecho. La propiedad mueve a las personas a tratarse con respeto y dignidad y actuar responsablemente.
Los derechos a la tierra, a la casa propia, a un empleo digno, etc., que garantiza la Constitución, significan que las personas pueden comprar y disponer libremente de sus tierras y casas, pero no que puedan invadir propiedades ajenas o forzar a otros a cederle lo suyo. El derecho a un empleo, no significa que alguien tenga que ser despedido para que otro tenga un trabajo. El derecho a la felicidad implica que todos tienen derecho a buscar la felicidad, no a que otras personas tengan la obligación de darles la felicidad.
El problema de los sin tierras no deviene de la falta de políticas agrarias que existen desde 1905. En las últimas cuatro décadas, la reforma agraria repartió a los agricultores más de 11 millones de hectáreas sin mejorar un ápice la condición de los campesinos. Sólo progresaron los funcionarios encargados de repartir las tierras. Un nuevo reparto de tierras no hará sino perpetuar el problema. Además, son raros los campesinos que quieren ser agricultores y pocos salvarían un examen de agricultura básica.
Los sin tierras son el resultado del largo estancamiento del país. De haber crecido la economía, la población rural no sería hoy el 40%, sino la mitad de eso o menos, como en otros países. Los campesinos se habrían urbanizado con empleos en los servicios, manufacturas, industrias. La calidad de vida habría sido bastante más elevada y la agricultura de subsistencia hubiera desaparecido. La tierra sería trabajada por empresas agrícolas. En países desarrollados menos del 5% de la gente vive en el campo.
La solución no está en repartir parcelas de cultivo a personas sin capital ni tecnología, en zonas sin acceso, agua, servicios de salud, educación y seguridad. La tierra es una parte ínfima de la inversión necesaria en una explotación agrícola. La solución está en establecer las condiciones para un acelerado crecimiento económico que origine suficientes empleos para los desocupados del campo.
Pero para hacer crecer al país no se precisa una política de desarrollo como quieren los estatistas. Ningún pueblo ha progresado en base a ello. La Unión Soviética, en 70 años de planes quinquenales rigurosos, no logró el desarrollo agrícola en sus granjas colectivas, sino hambrunas que diezmaron a millones. Lo mismo en la China de Mao, hasta que Deng introdujo derechos de propiedad privada en las tierras estatales.
El desarrollo no se planifica en las oficinas públicas o en las legislaturas, sino que se realiza en las fábricas, comercios y mercados. Los productores comprando y vendiendo libremente son los únicos que pueden impulsar el desarrollo. A los gobiernos sólo les cabe liberalizar y crear el marco legal que favorezca a la producción. Lo esencial es dar las máximas garantías a la inversión.
Los que creen ayudar a los campesinos apoyándolos en las invasiones, no hacen sino condenarlos a la penuria. La única esperanza de los pobres está en la reforma y la liberalización de la economía, indispensables para aumentar la producción y crear los empleos que necesitan los que hoy deambulan por el campo tratando de sobrevivir.
