Hace ochenta años.

Hoy se cumple el 80 aniversario de una jornada que fue saludada con alborozo por gran número de españoles, la proclamación de la Segunda República. Por desgracia, pronto se comprobó que, tras el jolgorio, magistralmente retratado por Josep Pla, uno de los mejores escritores españoles y un periodista excepcional, se ocultaba un sinfín de motivos de preocupación. Lo que pudo ser un régimen nuevo en el que convivir con libertad y respeto, se convirtió pronto en la disculpa perfecta para masacrar al adversario, para tildar de enemigos de la República a quienes no tenían ninguna voluntad de iniciar la revolución que, por aquellos años, estaba todavía de moda. Ya en 1931, Álvaro de Albornoz, paradójico ministro de Justicia, decía “No más pactos, […] si quieren una guerra civil, que la hagan”. Una enorme tensión política comenzó a incubarse y llegó al paroxismo tras la victoria de las derechas en las elecciones de 1933, las más limpias y democráticas de cuantas se celebraron en esa década terrible. Las izquierdas pronto dieron en pensar que si podía haber una República de derechas, algo estaba equivocado, y que había que acabar con la fachada burguesa del régimen dando pasos radicales y violentos hacia el socialismo, hacia el paraíso comunista. Por desdicha, aunque las izquierdas eran plurales, se impuso entre ellas un concepto absolutamente antiliberal de la República, el deseo de un régimen que exterminase a las derechas.

Fue especialmente dramático que los escasos, pero brillantes representantes del socialismo democrático, no supieran plantarse ante sus camaradas revolucionarios, que los Besteiros no tuvieran nada que hacer y triunfase el espíritu radical y violento de la revolución asturiana de 1934. Tampoco Azaña, que representaba a una izquierda burguesa, tuvo la energía suficiente como para poner en su sitio a los que buscaban la aniquilación del adversario, y tanto empeño pusieron que se acabó en una guerra. La derecha española era entonces cobarde pero muy fuerte, y aunque tratase de evitar la contienda, se vio arrastrada por una orgía de crímenes y desórdenes que desposeyeron al régimen de cualquier legitimidad, pues la acaba perdiendo quien no está en condiciones de ejercer el monopolio de la violencia legítima y es incapaz de proteger la vida, la propiedad y los derechos de los ciudadanos.

Las circunstancias de extrema violencia política, de subversión del orden desde el propio Gobierno, el sectarismo ideológico, la persecución de la Iglesia, y la obvia amenaza de desmembramiento, hicieron inviable una solución democrática, y ocurrió lo que se debiera haber evitado, que fue imposible mantener la paz. Las Fuerzas de Seguridad, a las que habían vuelto como si nada hubiesen hecho los cabecillas de la intentona de 1934, no sólo no pudieron evitar la violencia política, sino que la practicaron y la extendieron, llegándose al inaudito caso de que agentes del Gobierno asesinasen de manera despiadada y vil al mismísimo líder de la oposición. Se creó un clima que hizo imposible evitar una guerra, algo que pocos consideraban como la primera obligación de todos. Nada menos que en junio de 1936, un editorial del socialista Claridad, afirmaba: “En España ha habido y hay muy poca guerra civil y muy poca revolución; muy poco desorden y muy poca anarquía”. No hay mucho, pues, que celebrar, salvo la certeza de que en la Transición todos hicimos mejor las cosas, aunque algunos aventureros insensatos quieran jugar ahora a olvidarlo.

Para ganar las elecciones hay que merecerlo.

MENUDO planchazo me pegué el fin de semana último al oír a ZP en uno de sus mítines maravillosos decir más o menos que Rajoy era un iluso pretendiendo ganar las elecciones, que para “ganar las elecciones primero hay que merecerlo”.

Les aseguro que me quedé patitieso. ¡¡¡ZP aconsejando a los demás lograr méritos antes de ganar las elecciones!!! ¡Hay que ser muy cínico o muy estúpido para, tras su hégira milagrosa, decir a los demás que para llegar a la Moncloa hay que merecerlo primero! Yo me inclino por lo primero. En cinismo el actual ocupante de ese palacio de los errores (¿o más bien horrores?) no hay competidor posible.

El presidente del paro, el presidente de las mentiras encadenadas en secuencia sin fin, el presidente de las Cajas en bancarrota; el presidente de la crisis camuflada en la expresión “desaceleración económica”; el presidente del aborto; el presidente del desmadre autonómico; el presidente del déficit público obtenido en tiempo récord; el presidente del Faisán, el presidente de la traición a las víctimas de ETA; el presidente del 11M; el Secretario General socialista de la corrupción sin corregir y aumentada; el presidente que ha permitido la mayor concentración de beneficio económico en los más poderosos mientras que los pobres viven peor que con la beneficencia de Franco; el presidente amigo de los bancos a los que se les ha dado fondos económicos del Estado sin nada a cambio, sin créditos y todo eso; el presidente de la especulación inmobiliaria, o más de lo mismo; el Secretario General del partido que permite EREs fraudulentos, el presidente de hoy hago esto y mañana lo contrario, etc, etc. Ese se permite afirmar algo tan esperpéntico como que Rajoy ha de merecérselo antes de ser presidente del Gobierno español. O sea, dar consejos a los demás que para mí no tengo.

Habrá que recordar cómo llegó ZP a la presidencia del Gobierno en su primera legislatura, tras un 11M cuyos recovecos oscuros aún están sin aclarar, con acoso a las sedes del PP y aquel eslogan ya apolillado: “queremos saber la verdad”. Pues eso: ¡queremos saber la verdad del 11M! ¡Queremos saber la verdad del chivatazo al Faisán!... Y que caigan los que deban caer. Y que prevalezca la justicia y la razón.

Ni Rajoy es mi preferido ni el PP me hace especial ilusión ni me entusiasma. Sin embargo, para las elecciones municipales y generales voy a desgañitarme hasta quedarme sin voz pidiendo el voto para el PP y para Rajoy. Hay que echar a los impresentables que han dejado a la Constitución al borde del abismo, irreconocible, con un Tribunal Constitucional en el que ya casi nadie cree; a los impresentables que han posibilitado un Estatuto de Cataluña inconstitucional; a los impresentables que permiten que no se incumplan las sentencias judiciales en Cataluña; a los impresentables que impiden la prevalencia del Estado de Derecho sobre los intereses políticos; a los impresentables que no amparan los derechos individuales... Hay que retirar la mayor parte posible de cuota de representación a los que han permitido todo eso y más. Hay que darles un escarmiento. Esta vez, hasta lograrlo. Hay que centrar los esfuerzos en que Rajoy consiga la mayoría absoluta. Para que no nos vayamos más aún a un Estado fallido, a una situación sin retorno, a la miseria económica, al desprestigio vergonzoso en el exterior para oprobio del conjunto de los españoles.

Zapatero: Rajoy no ha demostrado aún sus merecimientos, salvo en su función de oposición constructiva. Usted sí ha demostrado sus inmerecimientos, hasta el hartazgo y en unos extremos que nadie hubiera imaginado.

La caída de Mubarak nada tiene que ver con la Transición Española

…y podría acabar como el Irán de los ayatolás. Y la revolución en el mundo islámico no se parece a la caída del Muro de Berlín sino a la implantación de la tiranía de Mao en China. Al tumbar el régimen egipcio, Occidente está promocionando el fundamentalismo islámico. Los beneficiados serán los Hermanos Musulmanes.

 

Por fin cayó el líder egipcio Hosni Mubarak, un autócrata, pero menos que otros, por ejemplo que los regímenes vigentes en Arabia Saudí o Irán. El problema es que, esclavo del tópico, el mundo libre deja caer a un régimen sin tener previsto el recambio. En su papanatismo obamista, la prensa occidental vende la caída del premier egipcio como un triunfo de la “discreta” diplomacia norteamericana, cuando lo cierto es que Obama ha pasado de apoyar a Mubarak ante el temor a los Hermanos Musulmanes a dejarle caer cuanto su posición se volvió insostenible por la presión de las masas.
Al final, Obama, en su habitual retórica mentirosa, habla de una nueva generación de árabes demócratas pero no parece que esa generación aparezca por ningún lado, ni tan siquiera en Túnez. La experiencia de las transiciones a la democracia -véase el caso español- es que resulta más factible desde la reforma que desde la ruptura. Fue el Franquismo y un Rey nombrado por el dictador, quien hizo la transición más ejemplar de todo el siglo XX hacia la democracia.
Por el contrario, la progresía, con Obama a la cabeza, de izquierda y de derecha subyugada por el espectáculo de la masa en El Cairo, prefiere comparar el caso Egipcio con la Europa del Este. Se olvidan de que la caída del comunismo tuvo como líder a un hombre como Juan Pablo II, que representaba los principios cristianos de libertad personal, es decir, la esencia de Europa. En el mundo árabe no hay ni una base cristiana, por tanto, partidaria de las libertades individuales, ni líderes dispuestos a luchar por la democracia. Lo que hay son integristas islámicos dispuestos a apropiarse de las revoluciones e imponer la Sharia.
Sinceramente, lo que está ocurriendo en el mundo árabe no se parece a la caída del comunismo a partir de 1989 sino, precisamente a la instauración del socialismo totalitario en la Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, y, especialmente, al caso chino, donde, en nombre de la libertad, Mao instauró la más terrible y duradera -cada día más fuerte- tiranía del planeta. En la misma línea, el caso Egipcio no se parece a la España de 1975 sino al Irán de la caída del Sha. A fin de cuentas, la miseria y el analfabetismo abonan el integrismo islámico.
En el caso concreto de Egipto los grandes beneficiados de la caída de Mubarak son los Hermanos Musulmanes. Aseguran que no quieren presentarse a las elecciones: pero es que eso es precisamente lo peligroso. Los integristas no quieren cambiar de Gobierno, sino de régimen: quieren implantar su propia dictadura. Por cierto, las Bolsas, el peor analista político y uno de los mayores enemigos de las libertades públicas, reaccionaron como era previsible a la caída de Mubarak: Wall Street se disparó al alza. Lógico.

Bienaventurados los progres, porque todo les será perdonado.

Un progre se acerca al domicilio de un concejal del PP para saludarle amigablemente. Si es que son hasta buenos vecinos.

Es bueno ser progre, tienen una especie de no sé qué, como un halo de bondad celestial e impunidad terrenal que da verdadera envidia malsana.

Los últimos acontecimientos ocurridos en esta alegre España de finales (?) de la Era Z, son tan sintomáticos como esclarecedores: la brutal agresión al concejal de cultura del PP murciano al grito de "sobrinísimo, hijo de puta", de la que él parece ser el único culpable (por crispador y por facha); la matanza de Tucson, de la que parece ser culpable el Tea Party, siguiendo una lógica directamente opuesta al caso de Murcia; el feroz acoso sindicalista y pseudoterrorista a todo lo que se mueva tras la delgada línea roja; la vuelta de la censura en los medios de comunicación, con la excusa de las buenas maneras y tal, pero con la intención verdadera de clausurar (¿eliminar?) la libertad de información (Intereconomía, básicamente); la astracanada del pinganillo y la demonización multilingüe del que ose criticar la cosa; la prohibición de hablar bien de Israel en la tele, aunque sea en un programa turístico como "Españoles por el Mundo"; la dictadura del antitabaquismo y el atifeísmo; la doble vara de medir en las corruptelas políticas (léase Torrejón, Benidorm, Andalucía, Castilla-La Mancha…) y etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión es, a bote pronto, la de siempre: que los progres son los buenos y los no progres son los malos. Punto.

 

Y la verdad, visto lo visto, es que a veces a uno le dan ganas de hacerse progre. No sé, tienen una especie de no sé qué, como un halo de bondad celestial e impunidad terrenal que da verdadera envidia malsana. Y si no me creen, les invito a leer lo que significa ser progre y luego díganme si no les entran ganas de progretizarse:

 

    1. El progre siempre está en posesión de la verdad absoluta. Si no piensas como él, no eres de los suyos. Y eso significa que eres un reaccionario, un facha, un ultraderechista, un fascista, un esbirro del imperialismo yanqui, un tonto de los cojones, un hijo de puta, un asesino y un cerdo capitalista, aunque no llegues ni a mediados de mes. Ya lo anunció Borges: "Hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista. Esto es tan incomprensible como decir que no ser católico es ser mormón."

    2. El progre odia el capitalismo, pero ama el dinero. Persigue la guita hasta la extenuación y se niega a reconocerlo también hasta la extenuación. Y si se lo haces notar te llamará cerdo capitalista, facha, etcétera hasta la extenuación. Lo reconoció el mismísimo Víctor Manuel: "Yo soy comunista, no gilipollas".

    3. El progre padece una afección psicológica bipolar relativista-absolutista: por un lado el relativismo moral, intelectual y ético y por otro el absolutismo político. En cristiano: sólo ellos tienen derecho a gobernar y todo vale para perpetuerse en el poder.

    4. La culpa siempre es del otro. Entendiendo por el otro a burgueses, católicos, yanquis, periodistas no adscritos, empresarios, judíos, oposición… Da igual que lleven 10 años gobernando o 100 asesinando, un progre nunca puede ser culpable de nada malo.

5. Atracción total por el totalitarismo. De izquierdas, claro. O islamista. O sea, las dictaduras socialistas y las teocracias fundamentalistas. En definitiva, cualquier sistema de gobierno que destruya la sociedad occidental… en la que ellos viven. Y muy bien, por cierto.

    6. El progre lo politiza todo. Todo. Una ideologización permanente y generalizada que contagia todo lo que toca: el deporte, el cine, la ciencia, la cultura, la información, el ocio, la moda, la solidaridad, la tecnología, las creencias, la justicia, las costumbres, la educación, la biología, la naturaleza, la comida, el tabaco. Es su arma favorita para llevar cada aspecto de nuestras vidas a su terreno y apropiarse de la razón absoluta a base de demagogia a discreción. Y funciona.

    7. El progre es paternalista por naturaleza. O sea, le mueve un crónico complejo de superioridad que le empuja a dirigir las vidas de los demás en todos los ámbitos: sexo, educación, familia, solidaridad, alimentación, conducción, hábitos, cultura, cine, idioma, aficiones… Se cree con derecho a decidir qué es lo mejor para nosotros. Y, lo peor, se cree que nos hace un favor.

    8. El progre está tan megaconcienciado con los males que aquejan a la sociedad y al planeta que si no te megaconciencias a su nivel, eres culpable de esos males y de muchos más. Aunque tú, en la práctica, hagas lo que ellos sólo hacen de boquilla. Es decir, tú eres malo hagas lo que hagas y ellos son buenos aunque no muevan un dedo.

    9. "Haz lo que yo digo, no lo que yo hago". Es el principal síntoma del mal genético que padecen casi la totalidad de los progres, sin posibilidad aparente de cura: la Hipogresía. Una afección endémica que crece en progresión aritmética, geométrica y astronómica; cuanto más progre, más hipogresía emana.

    10. El progre es ecologista, pacifista, feminista, jovenalista, aliancista, antiglobalista, protercermundista, gaylista y todo lo que haya en la lista. Es paritario, solidario, dialogante, demócrata de toda la vida, cultísimo, moderno y tiene un gusto impecable. Lucha por la paz universal, la fraternidad planetaria y el mejoramiento social de los humildes. Es alegre y simpático, carismático y romántico. En una palabra, es guai. O eso dice, claro.

 

Conclusión: Estos 10 puntos se pueden resumir en dos. Punto uno: el progre siempre tiene razón. Punto dos: en caso de que no la tenga, se aplicará el punto uno.

 

Y es que todo (repito, todo) vale en nombre de la Progresía, santa palabra. Aunque el progreso vaya hacia atrás. Si el progre mata, roba, destruye, miente, insulta, manipula, corrompe, prohíbe o castiga es siempre por una buena causa: la suya. Pues eso, bienaventurados los progres porque todo les será perdonado.

¡Déjennos en paz! No queremos una España triste.

Una nación que ve cómo Loyola de Palacio o Pilar del Castillo pueden ser relevadas por Bibiana Aído o Leire Pajín es una nación que sella su degradación y su ruina.

Está en la base de los tratados aristotélicos que "el Estado más perfecto es aquel en el que cada ciudadano, sea el que sea y merced a las leyes, puede practicar lo mejor posible sus virtudes y asegurar mejor su felicidad". Visto así, quedan pocas dudas de que la España quemada y triste de Zapatero tiene su origen en una acción legislativa desastrosa. Y la pregunta es: ¿por qué?

Muchas respuestas valen para resolver este interrogante. Una es demoledora: hay una diferencia entre la pasión, la firmeza, la lealtad, la preparación, el trabajo, la brillantez, el tesón, el rigor y el compromiso de ministras como Loyola de Palacio, de un lado, y la nulidad, el desconocimiento y la impericia de ministrillas como Bibiana Aído, de otro.

Gracias a las políticas en las que confiaron mujeres como la primera, España batió año tras año con Aznar los récords europeos de creación de empleo. Por culpa de mujeres como la segunda, hemos batido otra plusmarca, penosa y patética. Incluso los ciudadanos de Irlanda, Grecia o Portugal, que han visto cómo sus gobiernos han mandado a sus respectivos Estados a la quiebra, tienen mejor concepto de sus presidentes que los españoles del suyo. Salvo los letones, no hay paisanos de la vieja o de la nueva Europa que muestren tanta desconfianza y tanto rechazo hacia sus dirigentes.

Esto no resultaría escandaloso si finalmente se quedase en un dato aislado. Pero la travesía del desierto no ha terminado ni de lejos. Las más prestigiosas escuelas de negocios de Barcelona y Madrid nos anticipan un 2011 de estancamiento, de precios altos, de intereses igualmente elevados y de tasas de paro por encima del 20% se escuchen las milongas que se escuchen a quienes, en los escalones medios del PSOE, confunden la comunicación de la acción política con la venta de fregonas o escobas. Zapatero, ahora mano a mano con Rubalcaba, está transformando una nación próspera en otra en la que más le vale a uno o dedicarse a trincar del pesebre o a vender estufas para las terrazas de los bares, porque de lo contrario lo tiene negro. Son demasiados y demasiado peligrosos los bandazos y los tumbos, y demasiado dramático el impacto que están generando en las personas y las familias.

¿Quién garantiza que esos centenares de miles de hogares que no tienen hoy ninguna fuente de ingreso ni prestación la van a tener el día de mañana? ¿Tienen alguna certeza los españoles sobre la pensión que les va a quedar en el futuro? ¿Pueden estar tranquilas las familias ante las presumibles y episódicas subidas de las facturas energéticas que llegarán en pocos meses? ¿Se va a despejar el futuro para ese casi millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan y están constituyendo, definitivamente, una generación perdida?

Dejó escrito uno de los padres del liberalismo moderno, John Locke, que "el pueblo, cuando es justamente gobernado, es el mejor amigo de los políticos; pero cuando se le injuria y oprime es el más formidable de sus enemigos". En efecto, si España retiene alguna virtud colectiva como pueblo está en el momento de ver que han sido excesivas las injurias, la opresión y la pobreza que Zapatero y su tropa han hecho cargar sobre las conciencias, sobre las espaldas y sobre los bolsillos de los españoles.

Consecuentemente, España está en la hora de gritarle alto y claro a los socialistas que han perpetrado tanto estrago: ´¡Váyanse de una vez! ¡Déjennos en paz! No les queremos volver a ver por aquí en un tiempo. Ni en pintura. Ni a ustedes ni a los suyos. Laven sus conciencias. Piérdanse. Con viento fresco. Bastante daño han hecho ya.

La desfachatez se llama Zapatero: vende como un éxito el desastre del FROB.

No sólo eso, asegura que España es la novena potencia del mundo, aunque el PIB per cápita nos sitúa en el puesto 25 a la altura de Chipre y Grecia. Y más: el problema de las pensiones lo tiene la baja natalidad... pero retira el cheque bebé. España ha crecido a pesar del incremento de inmigrantes: es decir, que han aumentado las desigualdades salariales.

 

 

Carlos Herrera entrevistó en la mañana del martes 4 a José Luis Rodríguez Zapatero, en Onda Cero. El núcleo de la charla fue económico y el presidente, fiel a su estilo, vio cómo le iba creciendo la nariz a media que se adentraba en el asunto planteando un mundo idílico, justo en el momento en que Alemania presenta cifras máximas de empleo y España bate marcas de paro (a 31 de diciembre, 4,1 millones de desempleados registrados, 200.000 parados más que el año anterior). ¿Qué dirá cuando se publique la EPA del cuarto trimestre?   

Vamos con las mentiras del señor presidente:

Según ZP, el FROB, o instrumento para salvar bancos y cajas que no deberían ser salvados, es un buen negocio. Con la exquisita simplicidad que le caracteriza, el inquilino de Moncloa aseguró que dado que el Estado se financiaba al 4% y presta a los bancos al 7,75%, gana más de 3 puntos. Considerando que el Estado ha prestado (según el balance de Salgado) 11.000 millones a las cajas, pongamos que habría ‘ganado unos 400 millones de euros, siempre según las Cuentas de el Gran Capitán. Eso suponiendo que todos los bancos prestatarios paguen, lo cual no lo debe tener muy claro el Banco de España, pues amenaza con nacionalizar a las entidades morosas.

 

Ahora bien, Zapatero no cuenta con que los 90.000 millones de euros previstos para la llamada reforma financiera han disparado el coste de la deuda española. Los cálculos más compasivos hablan de un incremento de más de 100 puntos básicos en el coste de la deuda española desde que en 2009 sumaba 400.000 millones de euros a los más de 500.000 millones de actuales. Ese 1% supondría 4.000 millones más de sobrecoste. En definitiva, que el invento del FROB habría costado diez veces más que la rentabilidad prevista.

El FROB es un negocio, asegura Zapatero, pero un negocio ruinoso para los españoles.

 

También nos contó el presidente del Gobierno que España es la novena potencia del mundo por PIB. Sí, es cierto, pero esa cifra no dice nada. La que habla de la riqueza comparada de los españoles es el PIB per cápita... y entonces es cuando bajamos hasta el puesto vigésimo quinto, justo por encima de Chipre y Grecia. Además, también se le olvidó mencionar que, cuando murió el innombrable, el anterior jefe del Estado, el de la Ominosa, allá por 1995, éramos la décima potencia mundial por PIB en cifras absolutas. Llegamos a ser los octavos y luego Brasil nos ha quitado el puesto, pero, en cualquier caso, no parece que en 35 años hayamos mejorado mucho. Además, lo que importa es el PIB per cápita.

Inasequible al desaliento y siempre económico con la verdad, Zapatero iba a más: “Hemos crecido a pesar del aumento de población”. Pues bien, si el PIB español ha crecido a pesar de la absorción de más 8 millones de inmigrantes eso sólo significa... que las desigualdades salariales han aumentado en España. Y así es: somos un país de salarios bajos y el Estado con mayor diferencia de la zona euro entre salario mínimo y salario medio.

 

ZP no tiene límites: también ha defendido su nefasta gestión económica aludiendo a la subida del PIB en términos relativos frente a la Unión Europea. Asegurando que la economía española ha ascendido puestos en el conjunto. Hombre claro: como que se han incorporado 12 países provenientes de la vieja Europa comunista, es decir, hundidos en la miseria.

 

ZP no conoce límites. Ojo al dato: la culpa de que haya que bajar las pensiones -proceso eufemísticamente denominado reforma de las pensiones- la tiene el ‘baby boom’ del Franquismo, que ha aumentado el número de jubilables y la escasísima natalidad española. Más bien lo segundo que lo primero, pero, en cualquier caso, lo dice quien ha contribuido como nadie -bueno, también Aznar y Felipe González- a banalizar la sexualidad, aumentar la contracepción y el aborto y quien, finalmente, ha suprimido el cheque bebé, su única medida de ayuda a la natalidad.

 

En definitiva, no hay remedio: ZP continúa considerando que su gestión económica ha sido brillante. No es de extrañar que, sin mover un dedo, el PP aventaje al PSOE en 17 puntos en intención de voto.

Disparos al aire de la policia para dispersar a miles de sindicalistas en Cartagena.

Los empleados públicos rodean las puertas de la Asamblea regional murciana donde esta mañana se va a aprobar la Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas por la que pueden ser despedidos 2.000 funcionarios.

Miles de sindicalistas y empleados públicos se agolpan a las puertas de la Asamblea murciana para protestar por la aprobación de la Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas que va a ser aprobada esta mañana por las cortes regionales.

 2.000 funcionarios afiliados a los sindicatos UGT  o CCOO han arrojado huevos, naranjas  y diversos objetos contra la Asamblea y el fuerte despliegue policial. De hecho sobre las 10.00 de la mañana se vivian momentos de tensión entre los efectivos policiales y los manifestantes.

La policia se ha visto obligada incluso a realizar  disparos al aire para evitar que los sindicalistas rompieran el cordon policial, mientras entraban los diputados regionales a las Cortes.

"Somos funcionarios no esclavos" han coreado los manifestantes en protesta por la Ley que se debate en el interior de la Cámara regional. El presidente de la Comunidad, el popular, Ramón Luis Valcárcel ha afirmado que " no se someterá a la presion callejera y no va a tolerar agresiones"

"Las medidas, ha dicho el presidente de Murcia, aseguran  el estado de bineestar de todos los murcianos y no se tendrían que haber tomado si Zapatero hubiera dado a  Murcia lo que se le debe".

EL PRESIDENTE VALCÁRCEL NO PUDO NI SALIR DE CASA

Al grito de 'Manos arriba, esto es un atraco', los manifestantes, se concentraban en la tarde de ayer en la plaza de San Bartolomé de Murcia, a las puertas de la sede de la Cámara de Comercio, donde el presidente debía recibir una distinción de un emisora de radio como político destacado del año. Cita a la que éste finalmente no acudió.

 Más de 10.000 empleados públicos pedian la dimisión del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel y señalaban que con esta Ley se  "abre una guerra contra el sector de los empleados públicos". 

Posteriormente, los manifestantes recorrieron parte de la Gran Vía y varias calles del centro hasta llegar a la sede del PP, que se encontraba cerrada "a cal y canto", para volver, nuevamente, a las puertas de la Cámara de Comercio.

El Grupo Popular presentó hace unos días una Proposición de Ley de medidas extraordinarias que se debatirá hoy, con carácter de urgencia, y que afecta "gravemente" a los derechos, a las condiciones laborales y a las retribuciones de todos los empleados públicos de la Administración regional " y que supondrá el despido de más de 2.000 trabajadores", según argumenta en un comunicado de prensa el sindicato UGT .

Los responsables de la Federación de Servicios Públicos y de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Murcia (FSP-UGT y FETE-UGT Murcia) muestran su satisfacción por la respuesta masiva de los empleados públicos "ante el grave ataque de la Administración regional que pisotea sus derechos y la dignidad de sus condiciones de trabajo".

El estado de alarma que doblegó a los controladores podría ser inconstitucional.

El debate jurídico está abierto. La decisión del Gobierno de militarizar a los controladores aéreos tras decretar el estado de alarma por primera vez en los 35 años de democracia podría ser inconstitucional, de acuerdo con la opinión de diferentes juristas. Y es que según reza el artículo 117.5 de la Carta Magna, "la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio", que no de alarma. Una interpretación que daría árnica jurídica a los controladores aéreos.

Según explica el abogado y secretario general técnico de Justicia con el Gobierno de la UCD, Jesús Santaella, hay interpretaciones en esa línea de constitucionalistas de prestigio como Pedro Cruz Villalón -ex presidente del Tribunal Constitucional y hoy en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo- o el catedrático Enrique Álvarez Conde. Una tesis que constataría que el Gobierno se ha extralimitado. "Cuesta ver a los Jueces militares territoriales empezar a procesar y a encarcelar por desobediencia o deserción a los controladores aéreos civiles que rechazen cumplir las órdenes militares en los quince días que puede durar el estado de alarma. Parece que el Gobierno ha sacrificado las razones de eficacia inmediata a las estrictamente jurídicas", añade.

El artículo 116 de la Constitución expone las diferencias de procedimiento a la hora de declarar los estados de alarma, excepción y sitio. En el primer caso, la potestad es del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, "dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Sin su concurso, no pueden prorrogarse los 15 días de plazo máximo. Sin embargo, el estado de sitio -en situaciones de mayor gravedad- debe ser "declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno". Es la Cámara Baja la que "determinará su ámbito territorial, duración y condiciones".

Ante los problemas jurídicos que pudieran surgir, el Ejecutivo se ha dotado de una vía de escape para continuar los procedimientos fuera de la vía militar cuando concluya el estado de alarma. Según reza una disposición transitoria única al Real Decreto, "los procedimientos iniciados y no terminados durante la vigencia del estado de alarma continuarán su tramitación, una vez extinguido dicho Estado, con sujeción a la legislación laboral y administrativa". Un planteamiento que abriría también la puerta a una posible negociación con los controladores.

Según explicó el vicepresidente primero del Gobierno, el estado de alarma supone, a efectos prácticos, que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados", es decir, que "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar". En román paladino, los controladores quedan sometidos a la legislación penal y disciplinaria militar a aplicar por la propia jurisdicción militar. Este nuevo escenario implica que estos trabajadores civiles pasan a estar bajo las órdenes del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que el presidente del Gobierno ha encomendado la función del control del espacio aéreo.

Una ley franquista

Otras fuentes jurídicas especializadas en la materia explican a este diario que la constitucionalidad del Real Decreto estaría en peligro por el hecho de que sea una autoridad militar la que haya quedado al mando del espacio aéreo. "Se puede movilizar a los empleados públicos y someterlos a la autoridad militar, eso es correcto. Sin embargo, la autoridad última siempre debe ser civil, bien sea el presidente del Gobierno o el de una comunidad autónoma si el problema se circunscribe a esa demarcación", explican. Caso distinto sería si se hubiera decretado el estado de sitio. Del mismo modo, cuestionan que la medida tenga su sustento en el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. "Se trata de una ley de la época franquista. Bien podía haberse hecho a partir de la 21/2003, de Seguridad Aérea", subrayan.

En todo caso, es la constitucionalidad lo que estaría en juego. No hay duda alguna sobre la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno. "Le ampara para ello el artículo 116.2 de la Constitución y el artículo 4.c) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, a la vista de la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y de la inexistencia de garantías que aseguren el mínimo funcionamiento de tales servicios", explica Santaella. "¿Es correcta esa decisión de militarizar a los controladores aéreos civiles? Desde luego parece oportuna en beneficio de todos los ciudadanos. Es además legal porque así se prevé en la legislación vigente. Otra cosa es que sea constitucional", remacha.

La disposición decretada por el Ejecutivo aumentaba la presión sobre los controladores, después de que el presidente ya firmará el viernes otro Real Decreto por el que militarizaba las torres de control. Entonces el Gobierno ya apuntó que los controladores podrían incurrir en un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y quince años de prisión, si desobedecían la orden militar de volver a sus puestos de trabajo.