El estado de alarma que doblegó a los controladores podría ser inconstitucional.
El debate jurídico está abierto. La decisión del Gobierno de militarizar a los controladores aéreos tras decretar el estado de alarma por primera vez en los 35 años de democracia podría ser inconstitucional, de acuerdo con la opinión de diferentes juristas. Y es que según reza el artículo 117.5 de la Carta Magna, "la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio", que no de alarma. Una interpretación que daría árnica jurídica a los controladores aéreos.
Según explica el abogado y secretario general técnico de Justicia con el Gobierno de la UCD, Jesús Santaella, hay interpretaciones en esa línea de constitucionalistas de prestigio como Pedro Cruz Villalón -ex presidente del Tribunal Constitucional y hoy en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo- o el catedrático Enrique Álvarez Conde. Una tesis que constataría que el Gobierno se ha extralimitado. "Cuesta ver a los Jueces militares territoriales empezar a procesar y a encarcelar por desobediencia o deserción a los controladores aéreos civiles que rechazen cumplir las órdenes militares en los quince días que puede durar el estado de alarma. Parece que el Gobierno ha sacrificado las razones de eficacia inmediata a las estrictamente jurídicas", añade.
El artículo 116 de la Constitución expone las diferencias de procedimiento a la hora de declarar los estados de alarma, excepción y sitio. En el primer caso, la potestad es del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, "dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Sin su concurso, no pueden prorrogarse los 15 días de plazo máximo. Sin embargo, el estado de sitio -en situaciones de mayor gravedad- debe ser "declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno". Es la Cámara Baja la que "determinará su ámbito territorial, duración y condiciones".
Ante los problemas jurídicos que pudieran surgir, el Ejecutivo se ha dotado de una vía de escape para continuar los procedimientos fuera de la vía militar cuando concluya el estado de alarma. Según reza una disposición transitoria única al Real Decreto, "los procedimientos iniciados y no terminados durante la vigencia del estado de alarma continuarán su tramitación, una vez extinguido dicho Estado, con sujeción a la legislación laboral y administrativa". Un planteamiento que abriría también la puerta a una posible negociación con los controladores.
Según explicó el vicepresidente primero del Gobierno, el estado de alarma supone, a efectos prácticos, que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados", es decir, que "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar". En román paladino, los controladores quedan sometidos a la legislación penal y disciplinaria militar a aplicar por la propia jurisdicción militar. Este nuevo escenario implica que estos trabajadores civiles pasan a estar bajo las órdenes del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que el presidente del Gobierno ha encomendado la función del control del espacio aéreo.
Una ley franquista
Otras fuentes jurídicas especializadas en la materia explican a este diario que la constitucionalidad del Real Decreto estaría en peligro por el hecho de que sea una autoridad militar la que haya quedado al mando del espacio aéreo. "Se puede movilizar a los empleados públicos y someterlos a la autoridad militar, eso es correcto. Sin embargo, la autoridad última siempre debe ser civil, bien sea el presidente del Gobierno o el de una comunidad autónoma si el problema se circunscribe a esa demarcación", explican. Caso distinto sería si se hubiera decretado el estado de sitio. Del mismo modo, cuestionan que la medida tenga su sustento en el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. "Se trata de una ley de la época franquista. Bien podía haberse hecho a partir de la 21/2003, de Seguridad Aérea", subrayan.
En todo caso, es la constitucionalidad lo que estaría en juego. No hay duda alguna sobre la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno. "Le ampara para ello el artículo 116.2 de la Constitución y el artículo 4.c) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, a la vista de la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y de la inexistencia de garantías que aseguren el mínimo funcionamiento de tales servicios", explica Santaella. "¿Es correcta esa decisión de militarizar a los controladores aéreos civiles? Desde luego parece oportuna en beneficio de todos los ciudadanos. Es además legal porque así se prevé en la legislación vigente. Otra cosa es que sea constitucional", remacha.
La disposición decretada por el Ejecutivo aumentaba la presión sobre los controladores, después de que el presidente ya firmará el viernes otro Real Decreto por el que militarizaba las torres de control. Entonces el Gobierno ya apuntó que los controladores podrían incurrir en un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y quince años de prisión, si desobedecían la orden militar de volver a sus puestos de trabajo.
27 comentarios
Isabel Ordoñez -
Sin pretender exhaustividad, ofrecemos a continuación la lista de fechorías jurídicas presentes en esta historia (las referencias documentales y el grueso de los argumentos se encuentran en las anteriores entregas sobre el asunto en nuestro blog, aunque reitero una mención especial a los excelentes análisis de Andrés de la Oliva, que sin duda ofrecen múltiples detalles adicionales):
Probable violación del artículo 116.2 de la Constitución, según el cual «el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros [cosa que es dudoso que se hiciera formalmente] por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto [algo que no tuvo lugar] y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo [pero la prórroga es por un mes]».
Probable conculcación de otro artículo constitucional, el 117.5: «La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense [cuesta horrores concebir que los profesionales del control aéreo pertenezcan estrictamente a ese ámbito] y en los supuestos de estado de sitio [lo que se ha decretado es alarma], de acuerdo con los principios de la Constitución».
Incumplimiento de los requisitos de la propia la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, cuyo artículo 4 exige que para declarar el estado de alarma ha de haber, como parece que fue el caso, «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad», pero además debe darse «alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo», lo cual no ha ocurrido.
Posible irregularidad en la aplicación de esa misma Ley Orgánica 4/1981, según la cual la «autoridad competente» durante el estado de alarma «será el gobierno», es decir, la instancia civil, no la militar.
Invocación de una norma de origen franquista, la Ley 48/1960, que además alude a «aeropuertos o aeródromos privados» (destacado añadido), lo que ilegitima su uso para este caso (eso sí, una vez culminen las privatizaciones en marcha, ese franquismo cobrará mayor vigencia legal).
Inexistencia de «normativa vigente», requerida por el artículo 12.2 de la mencionada Ley Orgánica 4/1981, sobre «movilización» (militarizadora), a pesar de que en su decreto el gobierno invocó dicho artículo. La ley en que a su vez se basaba aquel artículo es la 50/1969 también franquista, pero lleva años derogada.
Invocación de la también franquista Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, de 1964, para imputar delito de sedición a los controladores por su plante del pasado día 3 de diciembre, presuponiendo además que hubo abandono colectivo (y seguramente dando por hecho que fue concertado). Sobre esa base, que raya lo surrealista cuando se lee el articulado de esa ley (con detalles claramente alusivos a un contexto rancio y supuestamente extinto), la fiscalía pide hasta ocho años de cárcel para los controladores, en particular sus cabecillas (terminología igualmente franquista, según apunta José María Ruiz Soroa).
Posible tergiversación del artículo 6.2 de la ya reiteradamente citada Ley Orgánica 4/1981 en relación con el «alcance» de la prórroga del estado de alarma. El mismo, según dicha ley, puede ser establecido por el Congreso, pero no está claro que aluda al plazo y no al «ámbito territorial» del que habla el artículo 116.2 de la Constitución.
Afirmaciones sospechosamente vagas (¿rotundamente falsas?) del decreto que prorroga el estado de alarma, negando que hubiera ya normalidad en el momento de ser promulgado (hacia el 15 de diciembre), cuando todos los indicios mostraban lo contrario.
Conclusiones (pero no finales)
No es raro que, en medio de tanto (des)propósito maligno, se pregunte Ruiz Soroa en el texto ya citado:
«¿Hemos perdido el juicio? ¿Se nos han olvidado los requerimientos mínimos de una sociedad liberal? ¿Cómo podría ser delito el incumplimiento de un contrato laboral? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido por la norma? ¿El funcionamiento y los beneficios de AENA? ¿La producción nacional? ¿Por el hecho de arruinar las vacaciones a cientos de miles de ciudadanos se puede ir a la cárcel?»
Y todo ello, sin entrar en la otra versión de la historia, la suya, de ese colectivo primero verbalmente linchado, requisito imprescindible para luego poder atropellarlo (i)legalmente. Una versión que, gracias a Dios, también se ha dado a conocer, aunque haya sido aprovechando resquicios entre tanto abuso gubernamental y griterío sensacionalista (ver 1, 2 y 3.
El oscuro Pérez Rubalcaba, presidente de facto de este gobierno fascistizado y servil al capitalismo más voraz e imperial, afirmó al hilo del presente conflicto que «quien le echa un pulso al Estado pierde». Pero lo cierto es que, con toda la evidencia disponible, no es otro que el propio gobierno quien ha echado un pulso al estado de derecho. Un auténtico golpe de estado camuflado bajo medidas pseudolegales.
Y lo peor es que, con la complacencia y/o pasividad generales, lo está ganando.
guty -
doscientos -
Almazul -
doctor -
"Estamos en el siglo XXI y en Europa, eso no puede pasar"..dice la gente.
Bueno, el tiempo lo dirá si eso puede pasar o no estando como están las cosas en España. País donde la separación de poderes es una utopia, donde la justicia es la que es y donde la información generalista es la voz del Psoe.
Por lo pronto militarizados estamos y con los derechos mermados. Ni dimitir puede Zapatero aunque quiera.
!Que casualidad, que todo le viene bien al Psoe siempre y desde el 11M más¡
Ramón P. -
Gracia P. -
Y si se prorroga, será la prueba de que se ha implantado para evitar que, en previsión de algún hecho grave que pueda ocurrir en los próximos dos meses (¿quiebra técnica?), ZetaP se vea obligado a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.
juan luis -
bertomeu -
fede -
Los jueces militares consultados por este diario refuerzan lo que ya apuntaron jueces civiles: la derogación en 2007 de la Ley Básica de Movilización Nacional deja al Gobierno sin la posibilidad de acometer una militarización como la de los controladores aéreos.
Dicha ley se derogó al poner en marcha la Ley de la Carrera Militar. En ésta, los legisladores no incluyeron mención alguna a la militarización de civiles. Así, ahora hay un vacío legal que los controladores pretenden utilizar en su provecho para eludir las condenas que solicita la Fiscalía.
victor -
trabajador de verdad, arto -
"El señor ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importantes de caradura, porque siempre encuentra una excusa para no asumir responsabilidades", ha proclamado Rajoy citando una frase que en su día empleó Alfredo Pérez Rubalcaba contra el ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado, por unos retrasos en los aeropuertos en 1999.
Esta afirmación ha provocado un gran revuelo en la Cámara Baja y el presidente del PP ha aclarado que esos "cariñosos epítetos" fueron los que dedicó el actual vicepresidente primero en 1999. "No seré yo quien diga esto, porque yo no soy así pero sí seré el que exija al presidente que ponga orden en ese Ministerio", ha exclamado.
Emili Avilés -
En efecto, la citada Ley de Movilización (y militarización) debía de haber sido sustituida por una nueva, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 1980 (art. 14), pero ese mandato nunca llegó a cumplirse y, por tanto seguía vigente la ley de 1969 (como vigente sigue la Ley de Navegación Aérea de 1960, invocada por el Gobierno al Decretar el estado de alarma). Pero la nueva L. O. de Defensa de 2005 derogó la de 1980 (reformada en 1984), y no previó la sustitución de la Ley de Movilización que, por cierto, durante el primer mandato del Gobierno popular había sido deslegalizada (rebajada a rango reglamentario) por la Ley 17/1999, de Régimen del Personal Militar de las FAS.
Pero es que sin proyectar, tramitar y aprobar una nueva Ley de Movilización/Militarización de los recursos humanos y materiales y de todas las actividades cualquiera que sea su naturaleza para satisfacer las necesidades de la defensa nacional o las planteadas por circunstancias excepcionales (según se estableció en 1980), el Gobierno socialista propuso al Parlamento, y fue aprobado a través de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, la derogación total de la Ley de Movilización de 1969, creando un vacío legal sobre la materia de movilización y militarización de aquellos recursos, que ahora se ha puesto de manifiesto, pues no hay ley habilitante que permita la militarización de los controladores, así como la definición de sus deberes y derechos y el fuero que les resulta aplicable.
El Gobierno ha invocado el art. 8º.5 del Código Penal Militar que define quienes son militares a efectos de aplicación de ese Código, y que son, además de los militares profesionales (sean o no de carrera), los alumnos de las academias militares y los militares de complemento, los que con cualquier asimilación militar presten servicios al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno.
Así es que se han cometido graves errores en el RD de declaración del estado de alarma y militarización de los controladores, que podrían dar lugar a la declaración de nulidad radical por los Tribunales de Justicia, ya que para que dicho personal pudiera ser movilizado o militarizado hacía falta una Ley habilitante, que está totalmente derogada, y, además, para poder aplicar el Código Penal Militar hay que conceder a los militarizados la asimilación a un empleo militar (ya sea el de Soldado, Cabo, Sargento, Teniente, etc., según tengan o no la misma categoría o responsabilidades dentro de su organización), de manera que de acuerdo con ese grado de asimilación sepan cuales son los superiores jerárquicos a los que tienen que obedecer, porque así lo exige al art. 8º.5 del CPM. de 1985 y la organización jerarquizada de las FAS.
dester -
VIVA EL TALANTE, LA LIBERTAD Y EL PROGRESISMO.
Santiago M. -
Además, ha denunciado hoy que actualmente existen controladores aéreos que operan bajo órdenes militares que "no están en condiciones de trabajar" y aseguró que "se ha rebajado el nivel de seguridad" del tráfico aéreo tras el estado de alarma decretado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ontrolador aéreo en Licencia Especial Retribuida destinado en el centro de control de Madrid como supervisor cuenta con "34 años" de experiencia en salas de control, reconoció que "no se puede estar concentrado" cuando un trabajador cuenta con "amenazas de cárcel o de sedición militar".
Al respecto señala que "tienen que estar concentrados en las pantallas de radares, en los aviones que despegan y que aterrizan y así es muy difícil. ¿De verdad piensa alguien que con amenazas de cárcel, de sedición militar, se puede trabajar en condiciones, que se puede estar concentrado?", se ha preguntado.
Por este motivo, considera que la actuación del Gobierno hacia su colectivo supone "una falta de respeto" hacia los viajeros ya que, según argumentó, al igual que los ciudadanos "tienen derecho a las vacaciones, también a que su seguridad se mantenga, no a una merma de seguridad impresentable".
Por otro lado, afirmó que el motivo del parón de su actividad durante el viernes y el sábado pasados se debió a "una represión constante durante diez meses" por parte del Ejecutivo que, según criticó, negaba "los pocos derechos" que les quedaban y les obligaba a trabajar en unas condiciones que no resultaban "mínimamente dignas".
sufridor -
segundo militarizaron a los pilotos, pero como yo no era piloto;
tercero militarizaron a los médicos, como yo no era médico
Cuarto militarizaron los medios de comunicación para garantizar una información ecuánime y de interés general
Luego militarizaron a los profesores y demás funcionarios, pero como yo no era funcionario;
....así se llega a...eso mismo..
francis -
Se ha llegado a esta situación límite porque no se ha ampliado la plantilla, privatizado progresivamente el servicio, preparado alternativas y al final se ha recurrido políticamente a la aplicación de un apartado de la constitución previsto para situaciones excepcionales. El precedente que se ha sentado es una espada de Damocles que a partir de ahora pende de los trabajadores de servicios esenciales, donde curiosamente tienen poca incidencia los sindicatos oficiales (UGT y CCOO), es posible que se trate de una coincidencia, personalmente quiero creérmelo pero desgraciadamente pienso que se trata de algo mucho más preocupante y de mayor trascendencia.
Poner en funcionamiento una medida de este tipo tenía el problema de quien se atrevía aplicarla, ahora los que han abierto la puerta están en unas circunstancias políticas, económicas y sociales muy comprometidas, algo que preocupa. Confió a pesar de todo que el grado de residual responsabilidad que les pueda quedar no les haga invocar la ley para vulnerarla en otros temas. Me preocupa como no puede ser de otra forma que en el futuro ante una circunstancia extraordinaria escalen en las previsiones constitucionales, sin la debida justificación; puede que se trate de una infundada paranoia pero después de haber leído un poco de la historia reciente no puedo evitar la desconfianza. Claro está que si solo veo y escucho los medios de comunicación afines nunca tendré dudas, porque simplemente jamás tendré que preocuparme de pensar sino de tragarme la papilla diaria que hoy justifica una cosa y mañana la contraria.
xires -
¿No estarán algunos pensando en implantar una dictadura del proletariado? Dios mío, ayúdanos..
Hastiado -
Pero claro, eso significaría que Pepiño no podría demostrar que sus cojones son más grandes que los de nadie, con lo cual optó por la solución más "machote" (y que en breves días o semanas va a provocar otro caos igual que este pero más duradero, cuando los controladores españoles se vayan a trabajar a otros países de la UE, como los 180 que ya se han ido desde febrero)
socio -
ramon -
La situación económica empeorará profundamente en los próximos meses y en un estado de excepcionalidad la gente se pensará dos o tres veces el lanzarse a una huelga o salir a la calle a protestar.
esto es Marxismo Leninismo
luis bredase -
ciudadano -
wind0w -
yuste -
¿Cómo vamos a pedir ahora a los controladores que respeten la legalidad si el gobierno se la pasa por el forro?
Y no os engañeis: esto no ha hecho más que empezar.
kastor -
xicote -
Si la respuesta es si. Que al menos sabemos que desde Febrero de 2010 la acción del gobierno iba dirigida a hacer el "estado de emergencia". Si esto es así, el gobierno ha utilizado a los estultos controladores como pieza de caza de los cuidadanos afectados.
Si sabes que puedes generar dicha reacción por parte de los controladores. ¿Quién ha manejado los tempos al sacar el decreto ley el viernes? Está claro que no han sido los controladores. ¿Es posible que el PP hubiese hecho lo mismo? Pues puede ser...
Si el gobierno no sabia la reacción posible, que no justificable de los controladores, entonces el gobierno ha luchado por el bien de los cuidadanos.
Hay que ser muy naive para no tener al menos dudas de que el gobierno ha echado a las bestias a los controladores y éstos han picado.
ZP, Rubalcaba, Blanco,... Han hecho una gran operación estratégica por su incapacidad de negociar en los últimos meses. Hemos sido utilizados