DEBATE A TRAVÉS DE CANAL SUR. Javier Arenas ve 'insultante' el 'triunfalismo' de Manuel Chaves.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha señalado en un debate en Canal Sur que es un "insulto" a los andaluces que se encuentran en paro, que no llegan a final de mes o que cobran menos de 1.000 euros mensuales el "triunfalismo" del candidato del candidato del PSOE, Manuel Chaves, a quien acusó de querer mantener la "foto fija" de la Comunidad por "necesidad electoral".

Arenas negó que tuviera una visión "catastrofista" sobre Andalucía y garantizó que si llega a la Presidencia de la Junta aplicará un importante programa de reformas, en materia económica, laboral, fiscal, educativa o sanitaria, que sitúen a la comunidad entre las primeras de España y de Europa.

Arenas aprovechó la ocasión para trasladar a Chaves la pregunta que viene formulando en sus mítines, en el sentido de por qué si los andaluces son los "mejores" tras 25 años de gobiernos socialistas, éstos "siguen los últimos".

En este sentido, abogó por un cambio lo que obliga a llevar a cabo grandes reformas que tienen que ver con aspectos como la defensa a ultranza del pluralismo informativo y de la libertad de expresión, con relanzar la economía, con la bajada de los impuestos y con mejorar la educación.

Arenas reconoce que la comunidad ha mejorado en los últimos 25 años, pero que no lo ha hecho al ritmo de otras regiones. Y añadió que Andalucía sigue liderando los niveles de paro, de falta de convergencia con España y Europa, y los "gastos superfluos" y el "despilfarro" de la administración autonómica.

Según Arenas, en el 'ránking' de las comunidades aparecen como las últimas Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas por los socialistas, cuando las regiones del PP se encuentran en los primeros puestos.

Para Javier Arenas, los socialistas no plantean ni una sola reforma. El candidato popular se quejó en varias ocasiones por ser interrumpido por Chaves, reclamó al presidente de la Junta que deje de llevarse por su "arrogancia y prepotencia" y que llame a las fuerzas políticas para desarrollar el Estatuto de Autonomía por consenso, algo que él si hará cuando sea presidente.

Asimismo, pidió una ley de igualdad de derechos de todos los andaluces y españoles, rechazó pactos bilaterales en materia de financiación autonómica y exigió a Chaves que no ocultara más la cifra de 'deuda histórica' que ha remitido al Ejecutivo nacional porque es "intolerable que oculte ese dato".

Ayudar a las familias a llegar a fin de mes

Arenas indicó que la "mejor política social" que se puede hacer es ayudar a que las familias lleguen a fin de mes, lo que requiere que se reconozca, en primer lugar, la situación de crisis que se vive actualmente y luego adoptar las medidas necesarias, como la reducción de los impuestos para las familias, empezando con la eliminación del de sucesiones y donaciones.

También expresó su gran preocupación en torno a la educación, ya que nunca ha sido una "prioridad" para el Gobierno socialista, por lo que estimó urgente una reforma profunda, que no pasa por incentivar a los profesores para que aprueben a más alumnos, sino por recompensar el valor del esfuerzo, por devolver a los docentes la autoridad y por un plan de choque en materia de bilingüismo.

Además, quiso dejar claro su compromiso con el trasvase de agua desde la España húmeda a la seca y mostró ante las cámaras una foto de Chaves asistiendo al acto de colocación de la primera piedra en la provincia de Almería de las obras del trasvase del Ebro, ante lo que le pidió explicaciones por decir ahora que ese proyecto es "megalómano".

Arenas criticó la actuación de la Junta ante la crisis del chatarrero panameño 'New Flame' en aguas del Campo de Gibraltar y en relación con los incendios en los campos andaluces, apuntando que en ambos casos se ha "cubierto de gloria".

Y despidió sus intervenciones en el debate confiando en que los andaluces hayan comprobado que existen distintos proyectos para la comunidad y apuntó que el 9 de marzo tienen que optar entre el "continuismo" que representa el PSOE y el "cambio" que reclama el PP, que hoy día es el "gran voto útil" para Andalucía.

Socialistas y nacionalistas vascos se reunieron con ETA en Francia la semana pasada.

 

Días antes se reunieron PSE y Batasuna.
Sobre el 20 de febrero del 2008, la semana pasada, se reunieron en el departamento de Sarthe-Le Mans, en Francia, miembros del PSOE, del PNV y tres integrantes de la  dirección etarra. Por parte de los socialistas iban Jesús Eguiguren y su cuñado, Josu Basterra. No ha trascendido el nombre del representante del partido de Ibarretxe. Por parte de la banda terrorista la delegación estaba compuesta por 3 miembros de ETA con Jon Salabarría a la cabeza. Diversas fuentes cercanas a la lucha antiterrorista francesa, han confirmado, que junto con el apoyo de Josu Ternera en el aparato político fueron a la citada reunión dos miembros del ‘aparato militar’ que dirige Garikoitz Azpiazu Rubina ‘Txeroki’.

Esta reunión fue el resultado final de las diversas reuniones y citas que han mantenido los miembros del nacionalismo vasco en Francia con ETA y miembros del PSE en el País Vasco. La última de ellas, según nos han informado fuentes de la Policía Nacional y la Ertzaintza, se celebró  aproximadamente la primera semana de febrero, una par de días después de la detención de Pernando Barrena, en una localidad vasca cercana a la frontera hispano-francesa a la que también acudió Eguiguren como representante de los socialistas mientras que por la izquierda abertzale, a saber Batasuna, podría haber estado Karmelo Landa días antes de su detención.

Ya se avanzó en exclusiva de la tremenda actividad entre bambalinas que se ha estado realizando desde primeros de años en el que las reuniones con ETA y Batasuna por parte de socialistas y nacionalistas vascos ha sido una constante.

El 29 de enero se daba en exclusiva para sus lectores de la Web una noticia que confirmaba el rumor que se estaba extendiendo por el País Vasco desde primeros de años. Miembros del nacionalismo vasco estarían manteniendo reuniones con miembros importantes de ETA-Batasuna en Francia para acordar los plazos a seguir para reeditar un segundo pacto de Lizarra con un objetivo claro, otra tregua de ETA de cara al referéndum de autodeterminación que ha planteado el lendakari Ibarretxe para octubre del 2008. Estas mismas fuentes han informado a esta emisora que el PSE estaría mirando hacia otro lado ante estas conversaciones.

El 2 de febrero de este año se avanzaba en exclusiva que se iniciaba un nuevo ciclo de las conversaciones entre Batasuna, una parte de ETA y los socialistas vascos. Y para un reiniciar viejos lugares. La localidad elegida habría sido Elgoibar; la misma que fue testigo de los primeros encuentros entre Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren. El lugar un caserío muy parecido al de Txillarre donde tuvo lugar esa primera reunión, y lugar de 38 reuniones más. Nuevamente uno de esos caseríos también habría sido el testigo mudo del encuentro entre representantes del socialismo vasco con miembros del entorno de ETA y Batasuna según nos habían informado fuentes de la lucha antiterrorista. La reunión se habría celebrado a finales del mes de enero.

El 4 de febrero de manera sorpresiva Arzallus se reunía con Arnaldo Otegi, el ex líder batasuno, en la cárcel de Martutene en San Sebastián. El ex dirigente del PNV reconocía que  charlaron en euskera entre las diez y las once de la mañana, "de política y de futuro".

Ese mismo día 4 el PNV se comprometía, a través de presidente del PNV Iñigo Urkullu,  a poner sobre la mesa tras las elecciones generales de marzo las bases para un acuerdo establecidas durante el último proceso de paz en Loyola. Un compromiso que adquieren los jeltzales para conseguir avances en el camino a la paz y que se combinarán con los pilares de iniciativas como el denominado plan Ibarretxe : "Estoy seguro de que en los próximos meses aquellas bases que casi acordamos servirán para caminar en la solución. Y estoy seguro de que esas bases, junto con las del proyecto de Nuevo Estatuto aprobado por una mayoría absoluta del Parlamento vasco y presentado a las Cortes Generales del Estado, son herramientas suficientes para profundizar en esa iniciativa que el lehendakari ha puesto encima de la mesa y expuesto al presidente español Zapatero para caminar hacia una solución. Son esas bases también las que el PNV va a poner encima de la mesa tras el 9 de marzo".

20 de febrero. Se produce la reunión que hoy sacamos en portada. PSOE, PNV y ETA se han reunido en Francia.

Desde aquí animamos a los grandes medios, como El Mundo o la COPE , Libertad Digital, Semanal digital, El Confidencial Digital, y demás medios, que ayuden a difundir, a través de sus magníficos equipos de investigación, las realidades entorno a las últimas negociaciones entre los socialistas, nacionalistas vascos y ETA a día de hoy. Sin la ayuda de los grandes medios de comunicación determinadas noticias quedaran ocultas para la gran mayoría de la sociedad. 

City FM

Retroceso general de la seguridad ciudadana, con Zapatero.

Más razones para no votar a Zapatero: el clima generalizado de inseguridad. Estamos asistiendo a una situación sorprendente: nunca ha habido una actividad delictiva tan intensa y, al mismo tiempo, nunca ha habido una población reclusa tan alta. Si cada vez hay más presos y simultáneamente cada vez hay más delitos, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nuestra sociedad ha creado condiciones idóneas para que el delito quede impune y, aún más, para que la seguridad personal deje de ser una prioridad de los poderes públicos. Muchas cosas se mezclan aquí: la insuficiencia policial, el colapso de la justicia, la delincuencia juvenil (pequeña o grande), la inmigración ilegal…

No se le puede echar a Zapatero toda la culpa del aumento de la inseguridad ciudadana. Lo que hoy estamos viviendo responde a procesos iniciados muchos años atrás. Pero alguien que ha gobernado cuatro años no puede escurrir el bulto, porque en sus manos han estado todos los resortes judiciales, policiales y penitenciarios del país. En este aspecto, la política de ZP ofrece un balance inequívoco: el más absoluto vacío. Hay que recordar que este Gobierno llegó denunciando la falta de inversión en seguridad de los gobiernos del PP (reproche, que en general, era cierto) y anunciando mayor gasto en policía. Cuatro años después, ese gasto está lejos de haber satisfecho las expectativas y, sobre todo, no se ha demostrado eficaz: las comunidades con mayor grado de inseguridad son aquellas en las que las competencias policiales dependen del Gobierno de la nación, cual es el caso de Madrid. Cuyo jefe de policía, por cierto, ha venido a echar a los ciudadanos, siempre tan imprecavidos, la culpa de que haya delitos.

Responsabilidad gubernamental

¿Es todo cuestión de policía? Evidentemente, no, aunque la policía ayude. En el clima de inseguridad generalizada que se ha extendido por España, en particular entre el ciudadano común, pesan factores muy diversos. Ahora bien, casi todos ellos reconducen a una responsabilidad gubernamental. Por ejemplo, ha creado singular alarma la aparición de un tipo de delincuencia especialmente violenta y vinculada a la inmigración ilegal que no ha surgido de la nada, sino que es fruto de una ley de extranjería absolutamente nociva. Del mismo modo, los ciudadanos están muy preocupados por el aumento de la delincuencia juvenil (e infantil), delincuencia cuyo origen es posible remitir tanto a una Ley del Menor ajena a la realidad como a un sistema de enseñanza más preocupado por seguir doctrinas ideológicas que por formar a personas. En cuanto a la delincuencia común, es evidente que la Justicia no está cumpliendo con su misión preventiva, entre otras razones porque sigue adoleciendo de una torpeza exasperante. Todas estas cosas sí son responsabilidad gubernamental: es posible acotar la inmigración ilegal, expulsar a los delincuentes extranjeros, endurecer los mecanismos legales contra la delincuencia infantil y juvenil, agilizar los procesos judiciales… Pero nada de eso ha figurado entre las prioridades del Gobierno ZP.

En líneas generales, la imagen de la España de ZP es la de un país donde la ley ya no tiene valor. Basta pensar en la “ley de banderas” o en el bilingüismo en las comunidades autónomas. Estos casos de flagrante violación de la ley en el terreno político encuentran su correspondiente réplica en el terreno social. Es sintomático que todas las fuentes policiales coincidan en señalar que no sólo aumenta el número de delitos denunciados, sino también el de delitos que los ciudadanos no denuncian; no los denuncian porque han perdido cualquier esperanza de que la policía reponga lo robado, de que la Justicia sancione la agresión. El mayor indicio de inseguridad es precisamente ese: la pérdida de confianza en la seguridad. Y eso ha pasado a ser algo normal en la España de ZP. Es otra razón de peso para no volver a votar a Zapatero.

P.S.: ¿Hay alternativa? Entre sus propuestas de campaña, Rajoy ha anunciado un endurecimiento de la Ley del Menor. Es una iniciativa necesaria. Con todo, el problema es bastante más hondo. Haría falta una reforma urgente y generalizada del sistema policial-judicial-penitenciario para conseguir que el actual clima de inseguridad desapareciera. Sobre todo, sería preciso emprender medidas de largo alcance en un terreno como el de la educación. Ninguno de los partidos mayoritarios parece dispuesto a abanderar propuestas de ese género: temen parecer poco amables ante el electorado. Sin embargo, el problema se agrava y quienes más lo sufren son los ciudadanos de a pie. En localidades de Cataluña ya han aparecido formaciones políticas (“populistas”, las llaman) que han hecho bandera de este asunto con notable éxito electoral. Es un proceso que inevitablemente crecerá si los partidos mayoritarios eluden su responsabilidad fundamental: garantizar la seguridad para que sea posible la libertad.

La cuestión militar.

Pocos hablarán de ello. Los militares están hartos. Y no se trata de “ruido de sables”, ni de conspiraciones de cuartel ni de nada parecido. Simplemente, los militares quieren ser ciudadanos como los demás, con los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano en materia de asociación, reunión, expresión, etc. Todos los militares aceptan, en general, que tales derechos y libertades han de tener en su caso unas ciertas limitaciones. Pero una cosa es aceptar limitaciones de presencia pública por razón de oficio, y otra muy distinta es ver cómo la democracia española, desde hace la friolera de veintinueve años, viene negándose a resolver una cuestión que ya debería estar solucionada por imperativo legal.

¿Por qué se discrimina de ese modo a los militares? España arrastra desde los años ochenta un pesado lastre en esta materia: la fuerte y sostenida campaña de opinión contra el ejército en particular y lo militar en general, motivada originalmente por la prevención hacia los residuos de franquismo, terminó creando una sociedad donde no se puede pronunciar la palabra “milicia” sin suscitar una inmediata avalancha de sentimientos negativos. Semejante estado de opinión, irresponsablemente alimentado por la izquierda y nunca adecuadamente combatido desde la derecha, está detrás de la mediocre condición de nuestras Fuerzas Armadas, y también es la causa de que nadie se sienta particularmente inclinado a hacerse eco de la reivindicación militar. Eso da la medida del país que tenemos.

Los militares tienen derecho. Lo han reconocido reiteradas veces tanto el poder judicial como el poder legislativo. Es el ejecutivo el que viene congelando desde hace tres décadas el asunto. Esa discriminación debe terminar.

¿El castrismo se jubila del poder en Cuba?

 Fidel anuncia que no volverá a presidir la isla y que deja también en manos de su hermano Raúl la jefatura del Ejército.

Como un técnico de selección de fútbol, Fidel Castro ha sacado a su hermano Raúl del banquillo de los suplentes y lo ha metido al terreno de juego poniéndole, ahora sí, el brazalete de capitán, pero en un partido, el de su despedida, que sabe irremediablemente perdido. Así es como el octogenario comandante de la revolución cubana ha dicho adiós, tras un año y medio sin poder hacer siquiera una aparición pública a causa de su deteriorada salud desde que delegó provisionalmente el mando en su hermano Raúl, en julio de 2006. Así es como, tras casi 50 años en el poder, el dictador cubano ha resuelto su sucesión y ofrece la tan esperada transición política para la isla: haciéndose a un lado y dando paso a una nueva generación, la de su hermano pequeño, un «jabato» de 76 años de edad, sin carisma y con problemas de alcoholismo pero que, eso sí, tiene como modelo a su hermano mayor. Todo un palmo de narices para los que esperaban la llegada del cambio.

En un artículo publicado ayer en los diarios oficiales «Granma» y «Juventud Rebelde», Fidel Castro ha dicho adiós como gobernante al anunciar que, debido a sus problemas de salud, no aceptará de nuevo «el cargo de presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe» de la isla caribeña. «Les comunico que no aspiraré ni aceptaré –repito– no aspiraré ni aceptaré, el cargo de presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe», insiste el dictador en uno de los mutis más esperados de la historia reciente, dirigiéndose a sus «entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución».

Con una cruel ironía, Fidel se refiere a la próxima designación de Raúl Castro al frente del poder en la isla asegurando que «las nuevas generaciones cuentan con la autoridad y la experiencia para garantizar el reemplazo». Para Fidel, «afortunadamente nuestro proceso cuenta todavía con cuadros de la vieja guardia, junto a otros que eran muy jóvenes cuando se inició la primera etapa de la Revolución. Algunos casi niños se incorporaron a los combatientes de las montañas y después, con su heroísmo y sus misiones internacionalistas, llenaron de gloria al país».

En una especie de autoconfesión, el dictador explica las razones por las cuales no dimitió de sus cargos hace un año y medio, cuando su salud se vio seriamente mermada a causa de complicaciones intestinales que lo llevaron varias veces al quirófano. Y en cambio puso a su hermano Raúl al frente del Gobierno de manera interina: «Siempre dispuse de las prerrogativas necesarias para llevar adelante la obra revolucionaria con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo. Prepararlo para mi ausencia, psicológica y políticamente, era mi primera obligación después de tantos años de lucha. Nunca dejé de señalar que se trataba de una recuperación –la suya– no exenta de riesgos». Y termina con abnegación: «Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el último aliento. Es lo que puedo ofrecer».

En realidad Fidel hace un año y medio traspasó temporalmente sus cargos, pero no el poder. Lo que buscó fue convertir a su hermano en un «regente» del régimen, en un administrador provisional de la isla que ha venido trabajando desde entonces con instrucciones precisas y rodeado de un equipo elegido por el propio Fidel, ello hasta que la evolución del enfermo lo decidiese todo. Raúl ha tenido prohibido tomar la iniciativa, cambiar el rumbo o aparecer siquiera como un líder respetado dentro o fuera de Cuba. La razón de este no dejar hacer no parece ser otra que la mera desconfianza de Fidel hacia todo y hacia todos, incluso hacia su hermano menor. Y es que no quiso que en él volviese a cumplirse el destino de Lenin, aislado por Stalin a través de los médicos que lo atendían de su sífilis. No obstante, su propia incapacidad si no mental al menos sí física han terminado decantándolo todo. Lo que Fidel ha conseguido en este el mayor periodo de decadencia de su régimen ha sido conservar el poder durante su convalecencia, manteniendo la cohesión en el Comité Central del Partido Comunista Cubano, pero sobre todo evitando grandes conmociones internas. El precio pagado por ello ha sido el de sacrificar a su propio hermano menor. Y es que para que hubiese podido consolidarse una hipotética sucesión de Raúl Castro tendría que haber anunciado sin dilación grandes medidas y cambios, capaces de hacer renacer alguna expectativa de mejoramiento a corto plazo de los sufridos cubanos de a pie. No le dejó. Tal vez porque Fiel sabe que sin el statu quo, sin la coraza de la dictadura, Raúl no puede no podrá enfrentarse sólo a toda la oposición, la disidencia, el exilio, Washington y los propios cubanos que hasta ayer se decían adictos al régimen pero que el miedo puede convertir en sus mayores enemigos y verdugos.

Sin Fidel en la escena política, la gran pregunta que todos se hacen, dentro y fuera de la isla, es ¿qué va a ocurrir ahora? José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch, afirma que los que esperen que los cubanos salgan a celebrar masivamente, como ocurrió en Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín, se sorprenderán cuando probablemente presencien las calles vacías.

ZP: la peor política de inmigración de todos los tiempos.

Una razón más para no votar a Zapatero en las próximas elecciones: su irresponsable política de inmigración. Si ya la gestión del PP en este asunto fue extraordinariamente criticable, el periodo de Gobierno de Zapatero ha empeorado todavía más las cosas. Nuestra política de inmigración ha hecho que en España haya más gente de la que cabe, ha creado bolsas de marginalidad y delincuencia, ha disparado el tráfico humano desde el África negra y, para colmo, nos ha valido la hostilidad de nuestros socios en la Unión Europea, que trataban de cerrar la puerta en el mismo momento en que España, sin encomendarse a nadie, las abría de par en par.

El error tiene un nombre: “efecto Caldera”. La regularización masiva de inmigrantes promovida por el ministro Caldera, a las órdenes de Zapatero, ha sido una de las decisiones más desafortunadas de este Gobierno desde que llegó al poder. Y no por el hecho de la regularización en sí, sino por sus consecuencias: tal medida fue interpretada por los potenciales inmigrantes y por las mafias del tráfico humano como un “papeles para todos”, sin que el Gobierno fuera capaz de detener un fenómeno ocasionado por su propia imprevisión.

Hagamos un poco de memoria. En España comenzó a dispararse la inmigración durante los “años de oro” del PP, cuando la política económica de Aznar descubrió en el flujo masivo de mano de obra barata una excelente herramienta para sostener un ritmo de crecimiento elevado con costes laborales muy bajos. Había en ello una notable imprevisión desde el punto de vista social: no sólo por los costes sociales que conllevaba una entrada masiva de nuevos ciudadanos (educación, sanidad, subsidios), sino también por los potenciales conflictos que podían derivarse de la imposible asimilación de tantos extranjeros en tan poco tiempo. Pero pudo más el espejismo del índice de crecimiento económico, y así España se convirtió muy súbitamente en destino privilegiado para millones de personas. En honor a la verdad, señalemos que los intentos del PP por hacer más severa la ley de extranjería fueron boicoteados por el resto de los grupos parlamentarios; pero señalemos acto seguido que el PP tampoco puso mayor interés por afianzar estas medidas.

Imprevisión y demagogia

Cuando Zapatero llegó al poder, la situación era la de un país cuya población extranjera había crecido exponencialmente, lleno de inmigrantes ilegales que habían entrado por los agujeros de una legislación insuficiente y con un tráfico clandestino imparable. Hasta ese momento, el discurso socialista apenas había ido más allá de un demagógico “papeles para todos”. Por otra parte, el criterio de continuidad respecto a la política económica de Aznar instaba a seguir manteniendo ese flujo de mano de obra barata. En ese contexto, aparece la Ley Caldera que se plantea como una regularización de los inmigrantes “sin papeles” y que, en la práctica, suponía otorgar carta de naturaleza legal a una realidad de magnitudes desconocidas y, por tanto, de efectos imprevisibles. El primero de esos efectos fue, como muchas voces habían advertido, el “efecto llamada”. Decenas de miles de personas creyeron que se les abrían las puertas del paraíso. Y ello en el mismo momento en que la Unión Europea, desbordada por el fenómeno de la inmigración ilegal, empezaba a adoptar políticas que iban en sentido exactamente contrario.

A fecha de hoy, las consecuencias son muy graves. Hay más población inmigrante de la que el sistema económico y social puede asumir. Hay una proporción de inmigrantes ilegales desmedida. Con la economía en franca desaceleración, veremos cómo decenas de miles de inmigrantes quedan en situación de paro. Simultáneamente empiezan a multiplicarse las bolsas de delincuencia y marginalidad. La integración de la población extranjera se hace difícil por ausencia de mecanismos legales. En definitiva, la situación es hoy mucho peor que hace cuatro años. Frente a semejante paisaje, el PSOE no es capaz de proponer otra cosa que un elemental “buenismo” no exento de interés electoralista. Es una razón de peso para no volver a votar a Zapatero.

P.S.: ¿Hay alternativa? La cuestión de la inmigración sigue siendo tabú para buena parte de la clase política española.  La propuesta de campaña de Rajoy –el “contrato de integración”- es una buena solución para parte de los problemas generados, pero no afronta el problema en su conjunto. Da la impresión de que nuestra clase política, en materia de inmigración, sigue eludiendo la obligación de hablar claro.

La independencia de Kosovo, un nuevo fracaso internacional para Europa.

La provincia serbia de mayoría albanesa y musulmana de Kosovo ha declarad unilateralmente su independencia. Aunque no se prevén incidentes, el malestar es evidente no sólo en la propia Serbia, sino también en Rusia; en otros países europeos, incluido el nuestro, se suscitan serías dudas sobre un proceso llevado a cabo de espaldas a la legalidad internacional y que supone un nuevo fracaso de la diplomacia y la acción exterior de la Unión Europea.

Es preciso recordar que la actual situación de Kosovo tiene su origen en la guerra producida en 1999, cuando las fuerzas de la antigua República Federal Yugoslava fueron bombardeadas por la OTAN para detener los abusos contra la población civil albano-kosovar, mientras el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) llevaba a cabo una limpieza étnica contra los serbios del territorio. Desde entonces, la provincia, aunque formalmente integrada en Serbia, viene siendo administrada por la ONU, con presencia de tropas de la OTAN que incluyen 780 militares españoles.

La declaración de independencia no romperá sustancialmente ese estado de cosas. Kosovo no puede autogobernarse, y sólo los intereses de los Estados Unidos, principal apoyo con el que cuenta la mayoría albanesa del territorio, explican que se pueda dar este paso. Pero lo más grave es la absoluta incapacidad de la Unión Europea para propiciar una solución más acorde a sus propios intereses, que le ha llevado a plegarse a la independencia y contribuir a ella con una "misión civil" que convertirá de facto al Kosovo independiente en un protectorado europeo de mayoría musulmana.

Ha tenido que ser el presidente ruso, Vladimir Putin, el que haya puesto a los Estados europeos ante sus propias contradicciones en este asunto, recordando que en la guerra de 1999 las atrocidades se cometieron por los dos bandos y que apoyar el separatismo albano-kosovar constituye un precedente muy peligroso para países, como la propia España, que sufren también tensiones secesionistas.

Es evidente que en nada se parece la historia y la situación actual de Kosovo a la del País Vasco o Cataluña. Sin embargo, para los nacionalistas, acostumbrados a tergiversar la historia y los datos de la realidad a su antojo, nada de eso importa y es inevitable que acaben utilizando políticamente el ejemplo kosovar.

En esta tesitura, nuestro Gobierno no puede adoptar otra posición que la de un claro y rotundo rechazo a la declaración unilateral de independencia por parte de los albano-kosovares. Así se han venido pronunciado hasta ahora el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Fernández Moratinos, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pero las palabras deberían venir acompañadas por hechos como la retirada inmediata de nuestras tropas del territorio.

El Gobierno de Zapatero cambia la fórmula para medir el paro en vísperas de las elecciones.

El Gobierno ha decidido tomar medidas para reducir el desempleo justo antes de las elecciones: una fórmula mágica que consiste en maquillar los resultados para dejar de contar como parados a aquellos que toman cursos de formación y a algunos inmigrantes.

Aunque el impacto de estas modificaciones será, previsiblemente, bastante poco importante, el cambio de la metodología dificulta las comparaciones con los datos anteriores y, sin duda, hará un gran favor a los socialistas de cara a las próximas elecciones generales.

Las reacciones no se han hecho esperar. Así, el PP considera que cerca de 42.000 personas dejarán de contabilizarse como desempleados, con lo que la alteración de los datos que se conocerán el próximo 4 de marzo, cinco días antes de las elecciones, será bastante considerable.

Los cambios principales son dos, según publican algunos medios. Por un lado, se dejará de contar como parados a aquellos demandantes de empleo que estén tomando un curso de formación para poder optar al puesto que buscan.

Por otro lado, también dejarán de ser considerados como desempleados los inmigrantes que tengan algún impedimento para trabajar. El cambio en este caso es puramente técnico: cuando los extranjeros se daban de alta en los Servicios Públicos de Empleo tenían la opción de marcar una casilla diciendo que tenían restricciones para trabajar o dejarla en blanco si no era así. Muchos inmigrantes no la tachaban por desconocimiento a pesar de que, efectivamente, tuvieran esas restricciones, con lo que no cuentan como parados.

El cambio ahora es que se obligará al inmigrante a marcar una casilla diciendo, o bien que no tiene impedimentos, o bien que sí los tiene, con lo que es de esperar que el número de personas que tachen esta casilla se incremente.

Es decir, una serie de cambios de no mucho impacto pero que sin duda podrán afectar a las cifras y, por lo menos, sembrarán la duda de si las comparaciones son correctas o si están adulteradas por estos cambios.

Quejas de las comunidades autónomas

Además, estas modificaciones podrán aplicarse o no, dependiendo de lo que decidan las propias Comunidades Autonómas, que tendrán la última palabra a la hora de aplicar los cambios.

Pero esta posibilidad es incluso perjudicial para las comunidades que decidan no introducir los cambios. Según ABC, la Comunidad de Madrid ya se ha quejado publicamente por las modificaciones, ya que, según un portavoz del Gobierno autonómico, no han sido votadas por las comunidades.

Además, asegura que la comunidad que decida no introducir los cambios aparecerá con mayor número de parados que el resto de regiones y saldrá perjudicada en la comparación.

También habrá que ver si el Ministerio de Trabajo, como se suele hacer cuando se introducen cambios metodológicos, es capaz de ofrecer los datos de meses anteriores simulando que ya hubieran entrado en funcionamiento las modificaciones; lo que parece bastante complicado.