Victimas del terrorismo

Peces Barba no fue a la manifestación de la AVT por el "expreso rechazo" de la Asociación del 11-M.

El Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo describió en la comisión constitucional del Congreso su gestión. En un discurso improvisado, se limitó a ofrecer detalles de protocolo y hasta a describir cómo es el "chalet doble" en el que está la Oficina. Peces Barba reconoció: "Pensaba yo que este era un tema tranquilo y pacífico". Su excusa para no asistir a la manifestación de la AVT fue que tenía "el expreso rechazo" de la Asociación del 11-M. El PP le pide que renuncie por enfrentarse "al 85 por ciento de las víctimas".

CNN+ cortó la retransmisión cuando la diputada del PP formulaba la primera pregunta y el Canal Parlamentario decidió emitir otra comisión. Antes de que CNN+ despidiera la conexión en directo, Peces Barba introdujo lo que sería la pregunta del PP.

Su ausencia en la manifestación del 22 de enero "es una consecuencia de mi constatación de que no era una manifestación en la que todos estuvieran de acuerdo. Había un expreso rechazo por parte Asociación 11-M. He intentado evitar que la tensión subiera con una presencia no deseada por unos al no ser una manifestación unitaria. Rogaría al PP que me aclaren que quieren conocer".

Necesita un abogado para responder al PP

La diputada del PP también recordó la polémica surgida con la AVT, cuya directiva afirma que en una reunión les pidió "concesiones" si la banda ETA declara una tregua, algo que Peces-Barba sigue negando rotundamente. "Si nos dice que la AVT estaba mintiendo, tenemos el grave problema de que se está enfrentando con el 85 por ciento de las víctimas del terrorismo", a las que representan, le recriminó.

"Usted está aquí para abundar en la unidad, y lo que hace es dividir", acusó Sánchez-Camacho. Y pidió su "renuncia, dada la incompetencia que hemos visto en estos meses". Grupos como ERC y el PNV acusaron al PP de "patrimonializar" el dolor de las víctimas, mientras el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la división entre las asociaciones es un "fracaso común, y no la responsabilidad individual" de Peces-Barba, y recriminó al PP que aproveche el asunto para "hacer desestabilización" política.

En su turno de réplica, Peces-Barba se negó a contestar a acusaciones, como las de mentir, para las que "casi que necesitaría un abogado" y defendió que está "trabajando de muy buena fe" en aras de la unidad de los colectivos de víctimas. Concluyó diciendo que "uno de mis problemas fundamentales es que tengo que callarme, autocensurarme" y decidió "utilizar la doctrina Xuclá" rehusando contestar a su sugerencia de "abrir" el Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE a todas las fuerzas políticas.

En la introducción, antes de las preguntas de los grupos, Gregorio Peces Barba, no acertó a pronunciar un discurso coherente. Su intervención estaba prevista hace un mes y él mismo aseguró que detallaría sus funciones como Alto Comisionado.

La gestión de Peces Barba

Quizá lo más destacable fue su primera impresión: "Pensaba yo que este era un tema tranquilo y pacífico y esa fue mi primera equivocación. El conjunto de víctimas tenían una división muy plural, tanto las de ETA como las del 11-M, con desencuentros y situaciones complicadas". Así que, añadió, "me autoimpuse superar estos desencuentros".

Después, Peces Barba se dio cuenta de que "a figura del Alto Comisionado era necesaria". En su opinión, "había que ocuparse sólo y exclusivamente del las victimas del terrorismo".

"Hemos tratado –explicó el rector de la Carlos III– más de 40 casos individuales detectando problemas concretos pero también generales". Para llegar a esas conclusiones, el Alto Comisionado dice haber tenido intensos contactos con ámbitos académicos y científicos pese a que este juves se celebra en Colombia la segunda jornada Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y su oficina ha decidido enviar a la número dos, única representación del Gobierno español.

"He notado en las muchísimas entrevistas que hemos hecho –prosiguió– que hay procesos comunes". Quiso referirse a la falta de información "sobre procesos en trámite, sobre las condenas por la angustia de saber cuánto le queda de prisión al que hirió o mató mi hermano, mi hijo, etc". Por ello, anunció algo que se sabe hace un mes: "en conversaciones con el Fiscal General del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional y el ministro de Justicia proponemos una Oficina de Información".

Se perdió después en detalles sobre los homenajes a las víctimas del 11-M, como "la tira de la corona" de flores, los minutos de silencio, las placas, etc. Tras relatar estas cuestiones protocolarias, Peces Barba siguió improvisando: "Podríamos hablar de otros temas... como el psicológico: ha habido que reforzar el tratamiento psicológico". Detecta también "problemas en el ámbito de la Enseñanza", en referencia a los hijos de víctimas. Y en este sentido anunció que se están estudiando medidas como asignar tutores a estos colectivos para hacer un seguimiento.

Un ejemplo de las expresiones vacías que empleó el Alto comisionado llegó al tratar de explicar la investigación del terrorismo: "Necesidad de muscular, si me permiten la expresión, las dimensiones afectivas potenciando las dimensiones racionales vinculadas a la investigación sobre el terrorismo". No acertaba a dar más datos, hojeando folios. Su conclusión fue: "Como verán, en dos meses nos hemos movido bastante".

Lo más sorprendente fue cuando, ya sin asuntos que tratar, describió la localización de su oficina: "Es un doble chalet de 1201 metros cuadrados construidos, tiene tres plantas y sótano, propiedad de Patrimonio del Estado. Tenemos problemas de accesibilidad y se ha pedido el montaje de una plataforma para los que necesitan silla de ruedas.

CANAL PLUS no puede emitir en abierto porque tiene una concesión para hacerlo en codificado.

La vicepresidenta Fernández de la Vega no descarta que la cadena del Grupo Prisa amplíe su cobertura, mientras ella y Zapatero hablan de “pluralismo informativo” para defender el proyecto de ley de televisión

CANAL PLUS no puede ofrecer toda su programación en abierto porque, en 1989, se benefició de una concesión administrativa, resuelta mediante concurso público, para emitir sólo para abonados la mayor parte del día. A pesar de ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el jueves que no descarta autorizar la emisión en abierto de la cadena del Grupo Prisa. “¿Por qué no?”, se preguntó. “Si lo solicita, se estudiará con normalidad”, añadió. En declaraciones a ANTENA 3 TELEVISIÓN, la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó que el ejecutivo, con el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT), pretenda beneficiar a ningún grupo de comunicación. En la misma línea, defendió el texto y argumentó que su objetivo es “favorecer la pluralidad y que haya más canales”.

Por su parte, el propio presidente del Gobierno, en declaraciones a RADIO NACIONAL (RNE), insistió en lo que considera “un compromiso para conseguir un panorama de medios lo más independiente posible, con más voces y más televisiones”. Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido por las críticas y reiteró que, entre sus promesas electorales, estaba la de impulsar “la renovación y la independencia de los medios de comunicación públicos”, así como “una mayor pluralidad en los privados”. Pero el auténtico pluralismo sólo será una realidad cuando desaparezca el sistema analógico y llegue el digital. Y España, en este terreno, va muy atrasada con respecto al resto de Europa, ya que no lo introducirá al menos hasta el año 2010.

Por otro lado, el criterio exhibido por los dos máximos responsables del Gobierno choca con el utilizado para la reforma en el panorama radiofónico, donde se autoriza, por el contrario, que un solo grupo empresarial pueda tener más del 50 por ciento de las emisoras. Esta intención, además, implicará que Jesús de Polanco, el gran beneficiado, pueda incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace 4 años, que le obligaba a devolver las emisoras de ANTENA 3 Radio que pasó a controlar en 1992.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, con el fracaso en el intento gubernamental de tramitarla por el procedimiento de urgencia, ha provocado toda una polémica política y empresarial. Una importante representación de dirigentes de los sectores implicados, casi todos a excepción de los grupos Prisa y Zeta, se unieron el pasado miércoles para denunciar la política del Gobierno en materia audiovisual. Acusan al ejecutivo de atentar contra el pluralismo “con ases en la manga y cartas marcadas a favor de un único grupo empresarial.

La ministra de Educación se reúne por primera vez en la legislatura con la Concapa, pero rechaza pronunciarse sobre esta materia.

Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».

«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.

«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».

Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.

«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».

Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».

Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».

El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia –indicó– pero la enseñanza religiosa es un derecho».

Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.

La ministra de Educación se reúne por primera vez en la legislatura con la Concapa, pero rechaza pronunciarse sobre esta materia.

Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».

«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.

«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».

Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.

«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».

Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».

Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».

El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia –indicó– pero la enseñanza religiosa es un derecho».

Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.

CANAL PLUS no puede emitir en abierto porque tiene una concesión para hacerlo en codificado.

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CANAL PLUS no puede ofrecer toda su programación en abierto porque, en 1989, se benefició de una concesión administrativa, resuelta mediante concurso público, para emitir sólo para abonados la mayor parte del día. A pesar de ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el jueves que no descarta autorizar la emisión en abierto de la cadena del Grupo Prisa. “¿Por qué no?”, se preguntó. “Si lo solicita, se estudiará con normalidad”, añadió. En declaraciones a ANTENA 3 TELEVISIÓN, la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó que el ejecutivo, con el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT), pretenda beneficiar a ningún grupo de comunicación. En la misma línea, defendió el texto y argumentó que su objetivo es “favorecer la pluralidad y que haya más canales”.

Por su parte, el propio presidente del Gobierno, en declaraciones a RADIO NACIONAL (RNE), insistió en lo que considera “un compromiso para conseguir un panorama de medios lo más independiente posible, con más voces y más televisiones”. Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido por las críticas y reiteró que, entre sus promesas electorales, estaba la de impulsar “la renovación y la independencia de los medios de comunicación públicos”, así como “una mayor pluralidad en los privados”. Pero el auténtico pluralismo sólo será una realidad cuando desaparezca el sistema analógico y llegue el digital. Y España, en este terreno, va muy atrasada con respecto al resto de Europa, ya que no lo introducirá al menos hasta el año 2010.

Por otro lado, el criterio exhibido por los dos máximos responsables del Gobierno choca con el utilizado para la reforma en el panorama radiofónico, donde se autoriza, por el contrario, que un solo grupo empresarial pueda tener más del 50 por ciento de las emisoras. Esta intención, además, implicará que Jesús de Polanco, el gran beneficiado, pueda incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace 4 años, que le obligaba a devolver las emisoras de ANTENA 3 Radio que pasó a controlar en 1992.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, con el fracaso en el intento gubernamental de tramitarla por el procedimiento de urgencia, ha provocado toda una polémica política y empresarial. Una importante representación de dirigentes de los sectores implicados, casi todos a excepción de los grupos Prisa y Zeta, se unieron el pasado miércoles para denunciar la política del Gobierno en materia audiovisual. Acusan al ejecutivo de atentar contra el pluralismo “con ases en la manga y cartas marcadas a favor de un único grupo empresarial.

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CANAL PLUS no puede ofrecer toda su programación en abierto porque, en 1989, se benefició de una concesión administrativa, resuelta mediante concurso público, para emitir sólo para abonados la mayor parte del día. A pesar de ello, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo el jueves que no descarta autorizar la emisión en abierto de la cadena del Grupo Prisa. “¿Por qué no?”, se preguntó. “Si lo solicita, se estudiará con normalidad”, añadió. En declaraciones a ANTENA 3 TELEVISIÓN, la número dos de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó que el ejecutivo, con el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT), pretenda beneficiar a ningún grupo de comunicación. En la misma línea, defendió el texto y argumentó que su objetivo es “favorecer la pluralidad y que haya más canales”.

Por su parte, el propio presidente del Gobierno, en declaraciones a RADIO NACIONAL (RNE), insistió en lo que considera “un compromiso para conseguir un panorama de medios lo más independiente posible, con más voces y más televisiones”. Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido por las críticas y reiteró que, entre sus promesas electorales, estaba la de impulsar “la renovación y la independencia de los medios de comunicación públicos”, así como “una mayor pluralidad en los privados”. Pero el auténtico pluralismo sólo será una realidad cuando desaparezca el sistema analógico y llegue el digital. Y España, en este terreno, va muy atrasada con respecto al resto de Europa, ya que no lo introducirá al menos hasta el año 2010.

Por otro lado, el criterio exhibido por los dos máximos responsables del Gobierno choca con el utilizado para la reforma en el panorama radiofónico, donde se autoriza, por el contrario, que un solo grupo empresarial pueda tener más del 50 por ciento de las emisoras. Esta intención, además, implicará que Jesús de Polanco, el gran beneficiado, pueda incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace 4 años, que le obligaba a devolver las emisoras de ANTENA 3 Radio que pasó a controlar en 1992.

Cabe recordar que el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre (TDT) y radio, con el fracaso en el intento gubernamental de tramitarla por el procedimiento de urgencia, ha provocado toda una polémica política y empresarial. Una importante representación de dirigentes de los sectores implicados, casi todos a excepción de los grupos Prisa y Zeta, se unieron el pasado miércoles para denunciar la política del Gobierno en materia audiovisual. Acusan al ejecutivo de atentar contra el pluralismo “con ases en la manga y cartas marcadas a favor de un único grupo empresarial.