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Nacionalismos

ZP O EL GOBIERNO DE LA RUPTURA .

"Hoy usted oficializa la ruptura de lo que ha sido la garantía de nuestra estabilidad política a cambio de no sé qué" sentenció Mariano Rajoy antes de ayer en el Congreso. Y no puede tener más razón el líder de la oposición, Zapatero constituye hoy un problema para España, porque hoy el presidente del gobierno representa, no a la España que construye, sino a la antiEspaña que deshace.

 Ya conoce todo el pueblo que el presidente de la nación apoya un estatuto para Cataluña que el congreso debería haber rechazo con igual indignación que el plan Ibarreche. Hoy nos tememos que el crimen histórico sea consumado y que los traidores, de espaldas a los intereses de la patria, firmen la disolución de nuestro pueblo. Por ello es preciso llevar a la conciencia de cada español que no se trata de una simple reforma estatutaria, sino que lo que socialistas y separatistas se proponen es reconocer una nación, una soberanía política frente a la soberanía española. El estatuto maquillado que nos propone ZP sigue atribuyéndose, no solo la denominación de nación, sino todas las competencias que normalmente acumula un estado, educación, tributos, justicia, inmigración, economía, seguridad, poderes gubernativos … Asistimos, pues al triunfo del criterio separatista. Pero lo más grave del episodio no es a la postre la independencia de Cataluña, sino que ello se realice y consiga a costa de la cobardía del resto de España.

La ruta a seguir frente al separatismo no puede ser otra que un gran acuerdo en las Cortes entre los partidos nacionales. Un acuerdo que el PP ha ofrecido a Zapatero. Rajoy dio tres posibles salidas para la reforma del Estatuto de Cataluña: Devolverlo al Parlamento catalán para redactarlo nuevamente en los márgenes de la Carta Magna; tramitarlo en Cortes como una reforma de la Constitución para garantizar un referéndum que afecte a todos los españoles o, como tercera opción, llevar a la práctica el pacto que llevó a La Moncloa el pasado mes de enero, en el que se planteaba que cualquier propuesta que afectara al modelo de Estado conllevase, obligatoriamente, el acuerdo previo de los dos grandes partidos y su aprobación por dos tercios de las Cámaras.

Sin embargo Zapatero opto por la ruptura, despreciando el consenso, limitándose, tras recorrer los tópicos más manidos contra los populares, a instar al PP a que tenga la misma actitud que demostró el centro derecha en la etapa de la transición y no utilice conceptos que entonces no plantearon grandes problemas a la hora de discutirlos, como el de nación de naciones. Nuevamente se tiende la trampa. Entonces se dijo que al conceder a los nacionalistas un régimen amplio de autonomía, se traería como consecuencia la debilitación de los núcleos separatistas y por fin se lograría la resolución del problema territorial en España. Pero ello no ha ocurrido así, como vaticinamos unos pocos que fuimos, y seguimos, siendo despreciados.

Al contrario, allá donde los nacionalistas han gobernado, allá donde se ha disfrutado de mayor autonomía, se ha avanzado más hacía las pretensiones secesionistas. Y hoy nuevamente se pretende acudir al mismo engaño. La España plurinacional de Zapatero, se quiere presentar como solución al problema separatista, cuando no es más que una nueva conquista de quienes quieren ver a España desmembrada. Hay que darse cuente de esto y no hacer luego gestos de extrañeza, como algunos orates del centro derecha del ayer que cayeron en aquella trampa y aún no han tenido la humildad de reconocer su error.

No, no caben más vendas en los ojos, Zapatero propone la ruptura de la constitución, del estado y de la patria. La convivencia nacional esta en juego, reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.

 

Rajoy asume la representación de 148 escaños contra la ruptura de España: "Haré lo que esté en mi mano"

El Estatuto se tramitará pero Mariano Rajoy y 146 votos en contra (hubo 2 ausencias) fueron los protagonistas de 10 horas de debate.

 Todos los grupos defendieron el texto usando como antítesis los argumentos del PP. La única aportación concreta sobre el texto la hizo el presidente del Gobierno: "nación" será "identidad nacional". Rajoy bautizó la maniobra con una paradoja: "independentismo constitucional" y concluyó diciendo que un parlamento autonómico no puede imponerse al pueblo español. Zapatero y Rubalcaba no dudaron en recurrir al 11-M. Lo que más dolió al portavoz socialista es que Rajoy no le escuchara. Compare los discursos de Rajoy y Zapatero

Más que el debate de toma en consideración de una reforma estatutaria, lo visto ayer en el Congreso de los Diputados parecía una cuestión de confianza contra el líder de la oposición. Mariano Rajoy lo advirtió desde el principio y dejó claro que la soledad de su discurso no se refleja en el reparto de votos de los españoles: "Con la Constitución en la mano no cabe error sobre quién posee un poder original y quién un poder delegado. No existe más que un poder soberano que no renuncia a la propiedad, ese poder que ustedes representan lo ejerce exclusivamente el pueblo español constituido en nación. Ante él nadie habla de igual a igual".  

Lo cierto es que tras 10 horas de debate, más las dos de la ponencia celebrada por la mañana, el Estatuto ha sido aprobado por 197 votos a favor, 146 en contra y una abstención. Es decir, atendiendo al reparto de poder establecido, casi el 43 por ciento de los españoles representados en los escaños del Congreso también se quedaron solos junto a Rajoy defendiendo la unidad de España frente al nuevo Estaturo catalán que se propone. Los dos votos que le faltaron al PP se deben a ausencias por enfermedad. La abstencion parece atribuirse a una equivocación socialista.

“¿Qué le puedo decir a este buen hombre?, dijo Rajoy (sorprendentemente, Rubalcaba lo interpretó como un insulto). “Uno viene al debate con la lógica preocupación, pero tras escuchar, lo que era una duda ahora es una certeza, usted no sabe a dónde va a llevar a España, nos dijo que iba a delimitar las líneas y se ha limitado a un conjunto de vaguedades, apelaciones vacuas al dialogo y ninguna cuestión concreta”. Era el último turno de réplica del presidente del PP y en él constató que la hora de la verdad llegará cuando tengan que votarse las enmiendas y el PP rebata cada una de ellas. Lo adelantó en su primer discurso: "No nos vamos a desentender, vigilaremos cada paso que se dé". También quiso dejar claro que pese a los ataques recibidos, diez millones de votos tienen voz y la persona que los representa tiene "el derecho a expresar su opinión".

Rajoy aseguró que Zapatero no “ha aclarado nada españoles, no hay hoja de ruta, no hay timón, le toca pilotar el proceso y no puede mantener a la sociedad en vilo sobre su sistema de convivencia en el futuro. Hoy hemos visto que el problema es usted. Y no es que haya estado especialmente desafortunado, que lo ha estado, es que se ha convertido en un problema para sociedad española”.

Señaló que “es moralmente reprobable” que se le califique de “anticatalán, antidemocráta y de falta de respeto al Parlamento catalán por defender criterios distintos” a los planteados por el resto de los grupos. “Querría más argumentos, más razones y menos tópicos. Quiero para los ciudadanos de Cataluña lo mismo que quiero para mí. Y voy a hablar en nombre de los ciudadanos de Cataluña en el Parlamento nacional y también en Cataluña”. Reiteró que cree en la Constitución de 1978 y dijo no entender por qué “otra vez tenemos que volver a discutir lo que somos”. “El mundo ha cambiado, vayamos con el mundo. Apostemos por las personas y no por competencias para los territorios”, dijo el dirigente popular que señaló que rechaza el Estatuto por que “es malo para Cataluña”. “Y lo digo porque lo creo y tengo derecho a decir lo que creo igual que los demás tienen derecho a decir lo que piensan”.
Rajoy articuló su réplica en que su crítica al Estatuto va más allá del reparto de competencias. “Claro que podemos hablar de financiación, de inversiones, claro que se puede hablar de transferencias, de lo que hablamos es de unidad de mercado, de la no existencia de fronteras y de las libertades individuales”.
Ante las acusaciones de faltar al respeto al Parlamento y las instituciones catalanas, Rajoy fue claro: "Yo no soy anticatalinista, ni soy antidemócrata, ni falto al respeto al parlamento de Cataluña". Y añadió que “me he referido con todo respeto a la proposición, lo diría exactamente igual si viniera de mi pueblo, de Galicia, o de Murcia, lo que critico es el contenido intervensionista y nacionalista”. En referencia a Carod y Mas dijo que “no me extraña nada que tenga el apoyo de sus grupos, lo que no puedo entender es que esto tenga el apoyo del PSOE”.
Citó “el demoledor artículo de una persona que nunca ha votado ni creo que vaya votar al PP” que publicó un diario catalán. En el artículo criticaba el Estatuto “no por su inconstitucionalidad, sino por su espíritu, que es el triunfo del nacionalismo”. Y siguió citando que “esta no es mi guerra, más de uno me considerara enemigo de Cataluña” y lamentaba que Maragall le haya engañado “bajo la rúbrica de la  España plural”. Y volvió a remarcar: “No puedo entender por qué el PSOE ha votado esto en Cataluña”.
Dirigiéndose directamente a Zapatero, Rajoy le dijo que "hoy he vuelto a tender la mano, especialmente al PSOE, pero lo que se nos propone es que renunciemos a algo sólido, la tradición de consenso de los dos grandes partidos en materia territorial, a cambio de una aventura sin rumbo, de no se sabe quién ni por qué, como no se da cuenta, señor presidente”. El líder del PP, finalizó su encendida réplica, señalando que “no sé lo que podré hacer yo, pero desde luego haré todo lo que esté en mis manos para que España no salga de una senda de la que nuca debió salir que es la del consenso constitucional y la del espíritu de la transición”. 
Zapatero cerró el debate reiterando su reconocimiento a la “identidad nacional” de Cataluña y expresó que el proceso de reforma del Estatuto “culminará con éxito para ofrecer a próximas generaciones una Cataluña fuerte, con más autogobierno y con una identidad reconocida” con la mejor predisposición del gobierno”. Zapatero concluyó pidiendo al PP que “reconozcan la identidad nacional de Cataluña que es evidente y es bueno para todos”. Las últimas palabras del presidente del Gobierno fueron para recordar que Cervantes ya citaba la nación. También lo hizo Carod Rovira pero en otro sentido: "Ladran, Sancho, luego cabalgamos", dijo para acabar su turno.

EL PUEBLO ESPAÑOL DEBE DECIDIR SOBRE CATALUÑA .

EL PUEBLO ESPAÑOL DEBE DECIDIR SOBRE CATALUÑA .

España entera miró ayer hacía su Parlamento y solo oyó a esa minoría de hombres absurdos entregados a la labor de desmembrar España en nombre de un raquítico y mezquino localismo de mirada corta, dedicado a excitar los egoístas objetivos de pequeños burgueses.

Un nacionalismo postizo que no responde sino a una degradación anormal del ser vital de nuestra patria. Una enfermedad por desgracia consentida por una clase política ramplona y egoísta que no quiso ver durante la transición la amenaza y que durante 25 años ha alimentado las apetencias hispanófobas de traidores, que solo pensaban en acumular poder para lograr realizar su objetivo de destruir España.

Pero estos núcleos separatistas nunca han representado más que una minoría, y sabedores de su impotencia, han buscado la complicidad inconsciente o consciente de buena parte de España. Hasta tal punto esta relajada en algunos la idea nacional que han admitido la “entidad nacional” de Cataluña. Reconocimiento, que por mucha retórica, por muchos rebuscados argumentos y garantías de sainete nos de Zapatero, supone el pilar sobre el que se edificará el “Estat catalá”. Zapatero ha justificado la ruptura con el actual régimen y la implantación de un estado plurinacional, con la falsa promesa de que no supone una amenaza para la convivencia nacional, ni para la igualdad entre españoles y mucho menos consagra la insolidaridad entre las regiones de España.

Los separatistas agradecen esas traiciones y recogen de ellas el argumento máximo. Las contestan con cordialidad, ocultando sus afanes íntimos, y de ese modo se introduce en España la atmósfera propicia para que se deje cometer el criminal asesinato de nuestra unidad nacional.

Bien esta que se lleve a las Cortes todo cuanto se quiera. Ya se encargaran de votar y aprobar lo que deba votarse y aprobarse. Pero el bien supremo que representa el bien común nacional, debería impedir que se tramiten proyectos contrarios a ese interés. Sin embargo la irresponsabilidad, o deberíamos decir complicidad, del PSOE ha acogido las aspiraciones separatistas. Las halaga y justifica para luego implorar el limosneo de sus diputados para lograr una reforma más moderada, que aplace sus ansias independentistas, a la vez que tranquilice a una sociedad que no acaba de enterarse a que se enfrenta. El egoísmo de partido del PSOE ha sacrificando los intereses más importantes de España para reforzar su minoría parlamentaria y aspirar a seguir en el poder.

Pero España no puede tolerar esta traición. Cataluña no es en absoluto una nación que pueda reclamar derechos de esa índole. Solo se ha escuchado la voz del PP defendiendo la soberanía nacional. Pero la voz de España no se ha oído en el Parlamento, porque quien tiene el poder decisivo en este pleito aún no ha hablado. El pueblo español y no unas Cortes mangoneadas por las minorías separatistas es quien debe decidir sobre el estatuto de Cataluña. Porque aunque el clamor separatista fuese absoluto, esto es, que fuera unánime, sin una sola excepción, el reconocimiento de Cataluña como nación, necesita de la voluntad conforme de todos los españoles.

PRINCIPALES ASPECTOS INCONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA.

PRINCIPALES ASPECTOS INCONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA.
  La propuesta de reforma del estatuto de autonomía vulnera la Constitución en aspectos esenciales de la misma. La propia configuración del proyecto, en sus planteamientos, es contraria a la Constitución. Informes, como un voto particular en el Informe del Consejo Consultivo de Cataluña y que podemos sistematizar del siguiente modo:

• Término Nación/ Referencia a un Estado plurinacional: El concepto "nación" es un concepto jurídico-constitucional, que va aparejado la idea de soberanía. Vulnera el artículo 2 de la Constitución española.

• Derechos históricos. Aun pervive la referencia a los derechos históricos para justificar la posición especial de Cataluña en aspectos como la educación, competencia que se atribuye con carácter exclusivo, obviando la legislación básica del Estado.

• Deber de conocer la lengua oficial, que además se impone a todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Vulnera, entre otros el artículo 3 de la Constitución.

• Poder Judicial. Conduce en la práctica a la creación de un Poder Judicial propio en Cataluña. Vulnera, entre otros, los principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la Ley regulando además una materia que la Constitución reserva a una Ley Orgánica (art. 122 y 117).
             Configura el Tribunal Superior de Justicia como la última instancia judicial, atribuyéndole el conocimiento de los recursos de casación y       limitando la función del Supremo al recurso para unificación de doctrina.
             Crea una Sala de Garantías en el TSJ para conocer de los actos que vulneren los derechos reconocidos por el Estatuto.
             Crea el Consejo de Justicia de Cataluña, como órgano delegado del CGPJ.
             Regula el nombramiento del Presidente del TSJ, a partir de una terna designada por el Consejo de Justicia de Cataluña.
             Crea el Fiscal Superior de Cataluña, que se regirá por una Ley del Parlament.

• Técnica del Blindaje de competencias y Delimitación de la Legislación básica del Estado: Determina cuáles deben ser las competencias del Estado, bien de forma expresa, bien mediante la utilización de la técnica de incorporar en el Estatuto una cláusula general de atribución competencial en favor de la comunidad autónoma. Y revisa el concepto formal y material de las bases que al Estado sólo corresponde fijar, convirtiéndolas en meros principios y reglas orientadoras. Vulnera el reparto competencial establecido en el Título VIII de la Constitución.

• Atribución de competencias vía artículo 150.2 C.E. El Estatuto atribuye a la Generalitat competencias exclusivas del estado, obligando a éste a cederlas mediante una Ley de transferencias, regulada en el art. 150. 2 de la C.E. Las transferencia o delegación de facultades en materias de competencia estatal es una potestad unilateral del Estado, que exige que la competencia sea delegable por naturaleza, ha de hacerse caso por caso y es esencialmente revocable por el Estado, que puede establecer los mecanismos de control oportunos.

         Puertos y aeropuertos de interés general,
         dominio público radioeléctrico,
         red viaria,
         inmigración y extranjería,
         Otorgamiento de permisos de conducir, matriculación de vehículos y la ejecución en general de competencias sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
         Consultas populares
         Título académicos y profesionales.
         Fijación de las demarcaciones judiciales y planta judicial.

• Modificación de Leyes generales del Estado. El Estatuto impone la modificación de una serie de Leyes Generales del estado para dar efectividad a una serie de preceptos que afectan:
     • Ley Orgánica del Poder Judicial
     • Ley orgánica del Tribunal Constitucional
     • Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
     • Ley orgánica de régimen electoral general.
     • LOFAGE
     • Ley reguladora del derecho de referéndum.
     • Así como todas las Leyes del Estado que regulen organismos en los que la Generalitat se reserve el derecho a designar representantes.
Es inconstitucional que el estatuto establezca una obligación al Estado de modificar una Ley de aplicación general, predeterminando además el contenido de aquella.
         Relación bilateral Estado- Generalitat. Se establece una relación de igual a igual entre el Estado y la Generalitat. La Generalitat tendrán plena capacidad para decidir con carácter exclusivo y excluyente sobre los asuntos esenciales que atañen a los catalanes, sin perder la capacidad de codecidir con el resto de España los asuntos que afectan a todos los españoles.
 La Generalitat pasa a tener una especie de competencia exclusiva sobre todo su territorio. Prácticamente cualquier actuación de la Administración General del Estado en Cataluña requerirá su consentimiento en el marco de una Comisión bilateral.
El Estatuto establece un sinfín de supuestos en los que el Estado necesitará permiso de la Generalitat para actuaciones que tenga que ver con Cataluña, como es el caso de:
         trazar carreteras nacionales o ferrocarriles de alta velocidad,

       • realizar trasvases de agua,
       • adquirir bienes de interés cultural o autorizar instalaciones de energía eléctrica.
       • Determinar la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Cataluña.
       • Declarar y delimitar espacios naturales de protección estatal
Esta Comisión bilateral tiene además facultades para determinar con el Estado la orientación de un buen número de políticas públicas, que son competencia del Estado como la política migratoria, planificación de la sanidad, de la energía, de la actividad económica…
La Generalitat se reserva el derecho a designar un representante en todos los organismos estatales reguladores, nombrado por razón de su procedencia geográfica (Banco de España, CNMV, CMT, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, AEAT, Comisión del Sistema eléctrico, Agencia de Protección de Datos, Consejo de RTVE), además del derecho a participar en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ.

• Relaciones con la Unión Europea y Acción exterior de la Generalitat. Vulnera la reserva estatal en materia de relaciones exteriores, así como la relativa a la suscripción de tratados internacionales.

• Financiación. Fija un modelo unilateral de financiación que vulnera los principios de igualdad y solidaridad, reconocido en el art. 2 además de dispuesto en los artículos 156 y 157 de de la Constitución. Podría ser también contraria a lo dispuesto en el artículo 133 CE, ya que la potestad para establecer y exigir tributos corresponde única y exclusivamente al Estado, y las CC.AA solo pueden establecer y exigir tributos cuando
así lo decida el estado y en los términos en que el estado establezca. Puede vulnerar también la autonomía local.

Estatuto catalán y la farsa de Zapatero.

Estatuto catalán  y la farsa de Zapatero.
Estatut y la farsa de Zapatero: el texto que apruebe el Congreso no tendrá validez legal, si se cambia una sola palabra.
La farsa de Zapatero con los cambios del proyecto de estatuto catalán en el Congreso: en cuanto se cambie una sola palabra, el texto que apruebe el Congreso no tendrá validez legal

Según la Constitución Española:

Artículo 147

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.


Vamos al estatut actualmente vigente, para poder saber a qué proceso se refiere la Constitución en el caso de Cataluña:

Estatut d'Autonomia. Títol quart: Reforma de l'Estatut

Article 56

1. La reforma de l'Estatut s'ajustarà al següent procediment:
a) La iniciativa de la reforma correspondrà al Consell Executiu o Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya a proposta d'una cinquena part dels seus diputats o a les Corts Generals.

b) La proposta de la reforma requerirà, en tot cas, l'aprovació del Parlament de Catalunya per majoria de dues terceres parts, l'aprovació de les Corts Generals mitjançant Llei Orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors.

2. Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament de Catalunya o per les Corts Generals, o no és refermada mitjançant referèndum pel cos electoral, no podrà ésser sotmesa novament al debat i votació del Parlament fins que haurà transcorregut un any.

3. L'aprovació de la reforma per les Corts Generals mitjançant una Llei Orgànica inclourà l'autorització de l'Estat perquè la Generalitat convoqui el referèndum al qual es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1, d'aquest article.



Traducido:

Estatuto de Autonomía. Título cuarto: Reforma del Estatuto

Artículo 56

1. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

a) la iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalitat, al Parlamento de Cataluña a propuesta de una quinta parte de sus diputados o a las Cortes Generales.

b) La propuesta de la reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cataluña por mayoría de dos terceras partes, la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento de Cataluña o por las Cortes Generales, o no es refrendada mediante referéndum por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente al debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año.

3. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante una Ley Orgáncia incluirá la autorización del estado para que la Generalitat convoque el referéndum la cual se refiere el parágrafo b) del apartado 1 de este artículo.



Observemos el punto 1.b) del artículo 56 del estatuto catalán vigente:

La propuesta de reforma requiere la aprobación del Parlamento de Cataluña.

La propuesta de ahora ya tiene la aprobación del Parlamento de Cataluña.

Si esa propuesta se cambia aunque sea sólo una coma, ya no será la que está aprobada por el Parlamento catalán.

Aunque el Congreso cambie lo que sea y vote que sí a lo que ha cambiado, esa reforma no será válida.

Y los cambios no serán válidos porque no habrán sido aprobados por el Parlamento Catalán.

Y por eso lo que se negocie en el Congreso no sirve para nada, no dará un resultado legal, puesto que al Congreso le corresponde sólo aprobar (o rechazar), pero no puede cambiar ni una coma porque entonces el Parlamento catalán no habría aprobado su texto (el texto del Congreso).

Y sin aprobación de un texto por parte del Parlamento catalán, no hay validez de nuevo estatuto, según la Constitución, que envía al artículo 56 del estatuto catalán que he citado.

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Es necesario darse cuenta, por tanto, que el berenjenal en que se ha metido Zapatero es el peor posible para todos:

1) Porque en cuanto cambie una coma, ese cambio hará que el texto no esté aprobado en el Parlamento Catalán.

2) Porque se necesita que el texto lo apruebe el Parlamento Catalán.

3) Porque, como quiere cambiar cosas, ZP deberá mandar el texto que salga aprobado en el Congreso (si es que sale alguno) al Parlamento Catalán, ya que si no lo aprueba éste, no hay nuevo estatuto.

4) Porque el Parlamento catalán le va a decir a ZP que cómo quiere que apruebe ese texto hecho en Madrid, si ellos ya tenían claro lo que querían y lo pusieron en un documento que aprobaron, y por dos tercios. Será una ocasión de oro para CiU, que podrá rentabilizar el maximalismo que exhibió en el Parlamento catalán, presentar como "traidor" al PSC y optar a ocupar la Generalitat, bien sea mediante moción de censura conjunta con ERC (entre ambos tienen mayoría absoluta), bien sea en elecciones anticipadas si Maragall se adelanta, elecciones en las que CiU explotaría la sensación de dependencia del PSC "respecto a Madrid", como en Cataluña se suele decir.

5) Y, en resumen, porque eso será una agonía alargada hasta la extenuación, cuyo fin más seguro son las acusaciones de traición al PSOE, y los consiguientes trastornos políticos, que serán muy graves, sobre todo para el PSOE.

En todo caso, teniendo dos textos distintos, uno del Parlament y otro del Congreso, el presidente de la Generalitat no podrá presentar a refrendo popular ninguno de ellos, porque cada uno incumple una condición de las tres exigidas en el apartado 56.1.b) del estatuto vigente: el texto del Parlament no fue aprobado en el Congreso, y el texto del Congreso no fue aprobado en el Parlament.

Si de todas formas hubiera dos textos y el presidente de la Generalitat eligiera uno cualquiera de ellos para someterlo a referéndum, el resultado del referéndum no evitaría que el proceso seguido fuera inconstitucional, ya que la Constitución establece que para la reforma se siga el procedimiento que diga el estatuto vigente, y ese proceso no se habrá respetado.

Lo único que no entiendo es por qué esto no está dicho ya en todos los medios de comunicación: se trata, en el Congreso, de aprobar o rechazar en bloque el proyecto aprobado por el Parlamento catalán. Cualquier enmienda dará lugar a dos textos distintos, sin validez ninguno de ellos para su aplicación legal.

ZAPATERO, EXTERMINADOR... DE PATRIAS .

ZAPATERO, EXTERMINADOR... DE PATRIAS .

La sesión parlamentaria de ayer nos ha dejado claro algo que sabíamos, para Zapatero el concepto patria es algo simbólico que carece de importancia. Embebido en las rancias teorías marxistas que proclamaban la “libertad de los pueblos” frente a la opresión “imperialista” que suponen las patrias nuestro presidente esta dispuesto a desmantelar España, despreciando a todo aquel que da la voz de alarma sobre la enormidad que se va a cometer.

Porque España es más que un agregado de personas, más que una simple formula constitucional, incluso más que una circunstancia histórica en un momento determinado. España es una empresa común de generaciones y por tanto no puede ser nunca nada que se oponga al conjunto de sus tierras y cada una de esas tierras. Por eso el estatuto de Cataluña no puede ser. No puede ser, no porque se oponga flagrantemente a la constitución, sino porque se opone flagrantemente a España. Se opone al concepto de nación Española al crear directamente una nación catalana e indirectamente otras naciones en ese invento que llaman estado plurinacional. Se sobrepasa la idea del estado federal que alude a una nación compuesta de varios estados para crear una confederación de naciones bajo un etéreo estado que ya no puede ser nacional.

El estatuto no pude ser, ni mucho ni poco, porque rompe la armonía entre las tierras de España, y consagra la desigualdad entre españoles. No basta un mero maquillaje o un remiendo para solucionar una barrabasada que implica un cambio de régimen. Solo en manos del PP esta la posibilidad de impedir que Zapatero nos cuele por la puesta de atrás el cambio más radical en la historia de España desde 1931. Si el PSOE cree en otra forma de estado y régimen debe someter a la opinión de todo el pueblo español sus intenciones, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones incluyendo en su programa las reformas constitucionales que propone, además de someter a referéndum las mismas.

La situación hoy es aún más grave que en 1931, allí se decidió por las bravas el cambio de la forma del estado español, de una monarquía a una república, pero en todo caso llamase monarquía española o república española, España seguía existiendo como nación y como patria de todos los españoles. Hoy es la nación misma lo que se pretende cambiar, España dejará de existir para dar paso a la confederación hispánica de naciones, y ese cambio se pretende colar también por las bravas, sin consultar a los españoles. No, no es el PP quien mete miedo a los españoles, el que da miedo es Zapatero con su sonrisa de hipócrita y sus intenciones de nostálgico marxista.

Gracias a Zapatero, ESPAÑA AMENAZADA.

Gracias a Zapatero, ESPAÑA AMENAZADA.

Nuevamente, como sucedió con el Plan Ibarreche, la unidad de España vuelve a ser puesta en tela de juicio por un plan secesionista. Sin embargo en el caso de Cataluña se advierten responsabilidades gravísimas. La que más destaca es la complicidad del propio Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, señalando la ruta del estatuto. En efecto Zapatero ha sido uno de los principales muñidores de esta nueva amenaza, incluso consciente de la flagrante inconstitucionalidad de lo que se ha aprobado en Cataluña se abstiene de rechazar el estatuto, viendo en el proyecto "una gran oportunidad y no un gran riesgo", que finalmente saldrá bien y servirá para "gestionar la identidad de Cataluña" y también la del resto de España.

La postura de Zapatero encierra el más criminal abandono de la soberanía nacional. El hecho de que se quiera hacer aprobar el texto por las Cortes, simplemente recortando y corrigiendo la aberración que nos hacen llegar, no hace más que añadir una formidable coacción sobre el pueblo español, al que se quiere excluir de un debate que va a decidir el destino de nuestra patria. El PP ha reaccionado de la única forma posible ante este nuevo desafío, demandando que presente el texto del Estatuto como un proyecto de reforma constitucional en el Congreso o que proceda a disolver las Cortes y convocar elecciones antes de su admisión a trámite, de forma que los comicios permitan a los españoles pronunciarse sobre "un proceso de separación territorial".

El carácter inmoral de la política catalanista que se desentiende de los problemas nacionales para recluirse en su particular egoísmo, debe merecer hoy la repulsa unánime de todos los españoles. Esa repulsa debe tener coraje suficiente para iniciar una acción que salve y libre a Cataluña de los predominios bobos que hoy sufre. Cataluña no merece una clase política cuyo más alto representante, Maragall, ante la hora crucial que se acerca, no da más de sí que para soltar estupideces del calibre:"El equipo de la nación grande va a tener que sudar mucho la camiseta para decirle a la nación chica que lo que acaba de proponer no tiene sentido".

Solo rescataremos el amor de Cataluña ayudándola a expulsar de su seno a ese manojo de mediocres corruptos que la conducen por la senda de la deslealtad. Pero aún más peligroso es que el propio gobierno de España, indiferente al sentido de patria, haya favorecido las ilusiones del separatismo catalán. Hasta tal punto ha llegado la irresponsabilidad del gobierno socialista que hoy no caben ya sino dos soluciones extremas: o acceder indignamente a pactar con los separatistas, perdiendo a Cataluña, o rescatar la soberanía, rescatar la colaboración y el orgullo nacional de Cataluña por medio de una profunda reforma del sistema electoral español, que coloque en las instituciones a los minúsculos partidos nacionalistas en el lugar que corresponde a su minoritario apoyo electoral.

ZAPATERO APUÑALA A ESPAÑA EN CATALUÑA

ZAPATERO APUÑALA A ESPAÑA EN CATALUÑA

El Estatuto separatista que ha aprobado el parlamento catalán supone lisa y llanamente un proyecto de constitución para un futuro estado independiente catalán. El proyecto que llegará a Madrid gracias a los socialistas constituye un atentado contra la soberanía nacional, cuya inconstitucionalidad es el menor de sus problemas, ya que con independencia de que Congreso lo rechace, ha planteado en Cataluña abiertamente un proceso de secesión.

El criminal proyecto no solo consagra el carácter de nación de Cataluña, sino que prevé el derecho de autodeterminación. El derecho de los catalanes a "determinar libremente su futuro como pueblo" y considera que "la aspiración, el proyecto y el sueño de una Cataluña sin ningún tipo de obstáculos a la libre y plena interdependencia que una nación necesita hoy" mueve el texto aprobado en el Parlament, para añadir "En su proceso de construcción nacional, expresa su voluntad de ser y de continuar avanzando en el reconocimiento de su identidad colectiva y el perfeccionamiento y ampliación del autogobierno mediante este nuevo Estatut".

El texto se abre con la proclamación "Cataluña es una nación" y la constatación de que la Generalitat restablecida en 1931 "nunca ha dejado de existir, en tierra propia o en el exilio, gracias a la tenacidad de nuestro pueblo y a la fidelidad de sus dirigentes". Asimismo, se señala que Cataluña, "afirmando sus derechos históricos, ha desarrollado y dispone de una posición singular en la lengua, la cultura, el derecho civil y la organización territorial". Considera España un Estado Federal plurinacional". La nación española no existe, ya que Cataluña solo forma parte de una Euroregión no de España, y de la Unión Europea a través del Estado, no como parte de España.

El Estatuto también reclama un poder judicial, propio, una agencia tributaria propia, el derecho a fijar tipos impositivosy recaudar sus propios impuestos, el derecho a fijar la cuota y procedencia de inmigrantes en su territorio. Consagra unas relaciones con el estado español de igual a igual, además de la posibilidad de mantener acuerdos internacionales propios. Además el estatuto blinda las competencias catalanas ante cualquier injerencia del estado español. Contienen todo un catalogo de derechos y deberes paralelo a la constitución española y adopta una política lingüística que pretende erradicar el español de Cataluña, a la vez que impone al resto de España el reconocimiento del catalán como lengua en la que los catalanes se pueden dirigir a cualquier administración.

Son tantas las aberraciones que contiene este texto, cuya estructura imita a la constitución española, que serian necesario un libro para analizar todas ellas.

En definitiva, poca diferencia existe entre esta preconstitución del estado federal catalán y el estado libre asociado del Plan Ibarreche.

Zapatero se comprometió a aprobar en Madrid lo que se aprobase en el parlamento Catalán. Si el que se supone es presidente de todos los españoles, al menos de nombre, apoya semejante texto y pretende imponernos a todos los ciudadanos un estado federal, lo que debe hacer es disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, esta vez para Cortes Constituyentes y entonces plantear al pueblo el cambio de régimen que pretende. Veremos entonces si el pueblo apoya su traición.