Nacionalismos

Montilla, Moratinos, Calvo y Espinosa se caen de la "campaña de imagen" del PSOE

 CARAVANA DE MINISTROS POR TODA ESPAÑA EXCEPTO EN CATALUÑA

A los intentos de Gobierno y PSOE por desmarcarse de ERC le sigue ahora una campaña que los socialistas inician este viernes con 45 actos para publicitar lo que ha hecho el Ejecutivo hasta la fecha. Sin embargo, no todos los ministros se dejarán ver. Pese al protagonismo que han tenido en los últimos meses, Montilla, Moratinos, Calvo y Espinosa no participarán en la campaña. Además, el intento de mejorar la imagen del Gobierno no llegará a toda España: en Cataluña no hay prevista ninguna intervención.

 Los actos se desarrollarán en dos fases, una tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de diciembre y la otra el 15, 16, 17 y 18. En total, se celebrarán 45 actos, de los que 19 serán protagonizados por los vicepresidentes y los ministros, a excepción del ministro de Industria, José Montilla, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la titular de Cultura, Carmen Calvo y la de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa. Las fuentes consultadas han aludido a cuestiones de agenda para explicar sus ausencias. De Montilla, se ha indicado que podría participar en algún acto del PSC, pero el calendario de la campaña no contempla ningún acto en Cataluña.

El objetivo de estos actos consistirá en hablar de los temas que, según fuentes socialistas "realmente interesen a los españoles", como la economía, el empleo, la vivienda, los derechos civiles, las pensiones, la educación, la inmigración o la seguridad. Con ello, el PSOE pretende situar la atención ciudadana en la gestión del Gobierno, para lo que destacarán el crecimiento económico, la subida de las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional, el "modélico" proceso de regularización de inmigrantes o la LOE.

El Gobierno quiere destacar también la lucha "sin cuartel" contra ETA o la aprobación de los Estatutos de Cataluña y Valencia en sus respectivos parlamentos. También enfatizarán el crecimiento del peso político de España en la UE que, según el Ejecutivo, nuestro país ha experimentado, y el multilateralismo como vía para defender la paz en política exterior. La ley del matrimonio homosexual o la actuación en materia de vivienda serán también objeto de análisis en los actos.

Zapatero cerrará la campaña

El titular de Interior será uno de los que tendrá más participación, con tres intervenciones en Granada el día 11 de diciembre, en Guadalajara el 16 y en León el 17. José Bono tendrá dos actos y estará el día 16 en Alicante y el 17, en Puertollano (Ciudad Real). El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, hará campaña los días 9 y 17 de diciembre, primero en Las Palmas de Gran Canaria y después en Santa Cruz de Tenerife. Jesús Caldera, Ministro de Trabajo, explicará la labor del Gobierno y los objetivos futuros en Asturias el día 16 y en Valladolid el día 17.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, participará en los actos de Almería el 16 y de Murcia el 17. También Jordi Sevilla, el titular de Administraciones Públicas, protagonizará dos actos, uno en Burgos el viernes 16 y otro en La Coruña el sábado 17. Elena Salgado, ministra de Sanidad, participará en la campaña con su presencia en Salamanca y en Cuenca, los días 16 y 18, respectivamente. El resto de ministros participará en un acto. Así, Magdalena Álvarez, titular de Fomento, estará el día 10 en Málaga; María Antonia Trujillo participará el 17 en un acto en Plasencia y Cristina Narbona el 16 en Mérida.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco participará en cuatro actos: en Lugo el día 9, donde repite el día 17, en Valencia el 15 y en Palma de Mallorca el 16. El portavoz en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, en dos, los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) en 14 y los secretarios de Estado en cuatro. El domingo 18 José Luis Rodríguez Zapatero cerrará la campaña con un acto en el que se prevé la asistenia de más de 3.000 personas en Torrejón de Ardoz.

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Otegi: La tregua de ETA ha facilitado que Cataluña exija ahora ser nación.

 En un libro-entrevista que será presentado este jueves en Durango y cuyos autores son dos periodistas del diario Gara, el dirigente batasuno Arnaldo Otegi vincula la tregua de ETA con las reivindicaciones nacionales de Cataluña y da un voto de confianza a José Luis Rodríguez Zapatero por haber asusmido "la existencia de diferentes nacionalidades en España".

Otegi desvincula la eclosión nacionalista de Cataluña y las reivindicaciones del Estatut con ETA y afirma que ese tipo de análisis «extremados» corresponde a la «derecha española». En cualquier caso, concede a la banda terrorista vasca un papel como desencadenante de debate sobre el modelo del Estado que se está produciendo.

Sostiene el líder de Batasuna que la tregua parcial que ETA declaró en enero de 2004 para Cataluña «ha facilitado» que esa comunidad exija ahora en el Estatuto su reconocimiento como nación al haber reforzado el independentismo, es decir, a ERC.

Sin duda habrá quien diga que Otegi exagera, de manera propagandística, el papel de ETA en el órdago catalán. Pero lo cierto es que los hechos le permiten construir un discurso verosímil. Sus palabras dejan en pésimo lugar al PSC, que queda presentado así como un simple compañero de viaje de la operación diseñada por Carod y ETA en Perpiñán.

A la pregunta de si cree que la tregua que la banda mantiene en Cataluña ha influido en la actual situación, Otegi responde:

«Esa iniciativa ha facilitado un reforzamiento del independentismo en Cataluña y, como consecuencia de ello, un proceso que, desde la visión propia catalana, pone otra vez encima de la mesa la cuestión nacional en el Estado. Ya no es sólo Euskal Herria, sino Euskal Herria y Cataluña».

Tras afirmar que «el proceso que se plantea en Euskal Herria es sustancialmente diferente del catalán», puntualiza que ocurra con el Estatuto y la aceptación o no del término nación «va a ser un termómetro de lo que se podría hacer o no en Euskal Herria».

El líder de Batasuna da la impresión, con algunas de sus palabras, de que las esperanzas de Zapatero de que ETA anuncie el abandono de las armas sin exigir a cambio un precio político son infundadas.

Si el martes era la propia banda terrorista la que advertía de que no renunciará al objetivo de la autodeterminación, ahora es Otegi el que avisa de que «sin Navarra no hay solución, no hay proceso, no hay acuerdo». Y también quien plantea un chantaje al Estado al recordar que «sigue habiendo jóvenes y no tan jóvenes dispuestos a militar en ETA y a practicar la lucha armada».Su opinión sobre Zapatero es bastante positiva:

«Un Gobierno español o un presidente español acepte la evidencia de naciones diferentes a la española es sencillamente una revolución políticaNo ha habido nunca en el Estado ningún presidente del Gobierno que haya aceptado ese término siquiera con ambigüedad, por tanto, para nosotros es importante que ese debate está encima de la mesa y que los catalanes hayan adoptado una decisión así».

No descarta Otegi que, al final y aunque "la pelea será larga", el presiente socialista podría reconocer el derecho a la autodeterminación del País Vasco:

«se puede pensar que, si el señor Zapatero es un estadista, quizás intente conjugar ese proceso de reforma territorial con la solución al conflicto vasco».

Otegi destaca la importancia que tendría una declaración de Downing Street «al estilo español», planteada por algunos dirigentes del PSOE en la que el presidente Zapatero «debería reconocer la existencia de la nación vasca y comprometerse a respetar lo que los partidos políticos acordáramos en una mesa de solución».

Fiel a la línea de ETA, y tras afirmar que Pamplona es "como la Jerusalén de los vascos" y que al igual que entre israelíes y palestinos ellos están «en un proceso de paz por territorios», exige en el libro reclama que Navarra entre en el paquete:

«Nunca vamos a renunciar a que Iruñea sea la capital del estado vasco; sin Navarra no hay solución, no hay proceso, no hay acuerdo».

Otegi, que pasó seis años en prisión por su participación en el secuestro de un alto ejecutivo de la empresa Michelin, justifica la militancia en la banda terrorista alegando que «cuando no dejan ningún tipo de salida, ninguna vía democrática a los pueblos, se producen fenómenos armados; en Euskal Herria y en el resto del mundo, cuando la palabra no tiene validez, bien porque no es escuchada, bien porque si es escuchada no es respetada, los pueblos hablan de otra manera».

CONTRA LA RUPTURA.

Mañana el PP se ha decidido a salir por fin a la calle con un acto a favor del marco de convivencia que diseñó la Constitución de 1978. El PSOE, a través de sus dirigentes, y especialmente de Pepiño Blanco se ha apresurado a decir que se trata de un acto “contra Cataluña, contra la convivencia y contra la Constitución".

Por supuesto quien no esta con el “estatut” que ha redactado ZP y sus amigos separatistas haciendo de los catalanes una clase de ciudadanos aparte del resto de los españoles es que estamos contra Cataluña y contra la convivencia nacional. Quienes no queremos ver como España se divide en 17 taifas, que acabaran con la soberanía nacional, la igualdad y solidaridad, es que no creemos en al convivencia de todos los españoles. Quienes no queremos negociar con ETA, que los asesinos dicten la política a seguir en Vascongadas ni sacar sus presos a la calle, es que no queremos la paz ni acabar con el terrorismo. Quines defendemos que para cambiar la Constitución e imponer un nuevo tipo de régimen, se debe consultar al pueblo conforme ordena la propia constitución, es que estamos contra esa misma constitución. Este el inmoral mundo al revés del PSOE.

El gobierno socialista se ha permitido el lujo de frivolizar con algo tan importante como es la forma del estado, la soberanía nacional y la propia unidad nacional. Si simplemente nos encontrásemos con una contienda electoral sus pactos con el separatismo no tendrían consecuencias ni muy importantes ni muy graves. Los ciudadanos sabrían elegir. Pero cuando se esta intentado reformar la constitución por la puerta de atrás para imponer un nuevo modelo territorial, es preciso rectificar el rumbo que están tomando los acontecimientos.

Es preciso salvaguardar la unidad de España y la prospera convivencia que representa. Es preciso garantizar la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre sus tierras. Para ello se convoca la concentración del día 3 de diciembre. Si el PSOE no esta allí para defender ese marco constitucional, solo se debe a su postura. Solo a este PSOE de Zapatero le incumbe la responsabilidad de aparecer como el instrumento de desunión, no al Partido Popular.

Zapatero no condena el sarao anti-COPE pilotado por dos diputados de ERC.

 

 TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN Y SUS FIRMANTES

El periodista Carlos Herrera ha anunciado en Onda Cero que se adhiere al manifiesto en el que se denuncian los ataques a la Cadena COPE. Otras personalidades como Alberto Recarte, Juan Velarde, Ángel Acebes, José Raga, Eduardo Zaplana, Gabriel Albiac, José Alcaraz, Gotzone Mora o Esperanza Aguirre y numerosos colaboradores de periodicos digitales han firmado ya el manifiesto. Mientras, Rodríguez Zapatero se niega a condenar el ataque de ERC a la sede de la COPE.


 El diputado de ERC, Joan Puig, el mismo que organizó el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez, acompañado del también diputado Joan Tardá, han supervisado el acto de sabotaje en la sede en Madrid de la Cadena COPE.
Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero con previa autorización, sin anarquías. Si los diputados (por los de ERC) que tienen que dar ejemplo de respeto a las leyes, no lo hacen........
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó este miércoles en los informativos de Antena 3 que "no le gustan los actos de protesta contra los medios de comunicación".
Rodríguez Zapatero, preguntado por la directora de Informativos de la cadena, Gloria Lomana, no desautorizó, sin embargo, el encadenamiento de cinco militantes de ERC a las puertas de la cadena Cope para pedir su cierre.

En la primera entrevista concedida en lo que va de su mandato, Zapatero añadió que tampoco le gustan "los insultos ni en el debate político ni en los medios de comunicación", aunque - añadió el presidente del Gobierno - respeta la libertad de expresión y de manifestación, pero con respeto.

Durante la sesión de control del Parlamento, celebrada los miércoles, el presidente eludió, a preguntas del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, pronunciarse sobre los actos de jóvenes miembros de ERC en las puertas de la cadena de la Conferencia Episcopal en Madrid.
En una de las tardes más crispadas y tensas que se recuerdan en los pasillos del Congreso, sólo había un tema en boca de políticos y periodistas: los incidentes protagonizados por ERC a las puertas de la sede de la cadena Cope.
Aunque el Reglamento del Congreso no permite cambiar las preguntas en la sesión de control, la dirección del PP, antes de entrar en el Hemiciclo, tenía ya decidido que era el tema del día. Tanto su líder, Mariano Rajoy, como sus dos primeros espadas, Eduardo Zaplana y Angel Acebes, no lo obviaron en sus intervenciones.

Rajoy fue el primero en abrir fuego, al calificar los incidentes de la mañana como «un grave atentado contra los derechos constitucionales de un medio de comunicación y, por tanto, al derecho a la libertad de información que reconoce la Constitución, con la aprobación de dos diputados que le están apoyando a usted», dijo.

El líder del PP condenó los hechos e instó al presidente del Gobierno a que también los condenase, «porque su obligación como presidente es garantizar la libertad y que no haya coacción a que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos. Hágalo, porque es su obligación».

Zapatero obvió el tema en su primera respuesta, y Rajoy volvió a la carga en su réplica: «Tenemos un presidente del Gobierno que no defiende los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles, y para no generarse problemas con los dos diputados de ERC que atentan contra la libertad de los ciudadanos y de los medios de comunicación, prefiere callarse».

Rajoy exigió otra actitud a Zapatero e, incluso, le pidió que, al menos, «afeara» a los dos diputados de ERC su «antidemocrática conducta».

Pero Zapatero, más allá de calificar de «exageradas» las afirmaciones de Rajoy, ni condenó ni afeó. Lo más que dijo es que unas cosas le gustan más y otras menos, en una explicación un tanto barroca: «Todos los diputados de esta Cámara», dijo el presidente, «que representamos la legitimidad popular, tenemos como obligación la defensa de los derechos fundamentales, y yo tengo la presunción a favor de todos los diputados que representan a los ciudadanos y que están trabajando en la defensa de las actitudes y de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles, más allá de que me gusten unas cosas más que otras». Y ahí se quedó.

LAS RELACIONES DE ETA Y EL ESTATUTO CATALAN.

 A cualquier persona decente le llamaría la atención que sus objetivos coincidiesen con los de una banda de asesinos. Se preguntaría si esta haciendo bien las cosas o si por el contrario, algo no está funcionando como debe cuando coincide con unos desalmados que odian a España y quieren ver destruida su patria.

Pero no señores, el PSOE no se pregunta nada. La conciencia de Zapatero y de sus ministros no da sí para preguntarse como es posible que el gobierno de España esta apunto de acabar defendiendo lo mismo que ETA quiere. El disparate de considerar Vascongadas, Cataluña o Galicia una nación, es comprensible en unos partidos que trabajan por conseguir la destrucción de la unidad nacional y por terminar con la igualdad entre españoles, pero es completamente incomprensible en un partido que se dice español.

Si los objetivos del PSC y sus socios comunistas y separatistas coinciden con los de ETA, los socialistas no deberían echar la culpa a los demás por denunciar lo evidente. Si ETA quiere lo mismo que aquellos que han redactado el “Estatut” es que ese texto debe ser nefasto para España. No es el PP, ni somos los medios de comunicación quienes hemos asociado el estatuto con ETA, han sido ellos mismos, cuando al seguirle el juego al separatismo, se han puesto en el lado de la acera que suele frecuentar ETA y los suyos.

El PSOE debe creer que impunemente puede romper la convivencia nacional y que los demás debemos asistir silenciosos a sus maniobras. Pues no, no nos callaran. No funcionará la táctica de colgar el sambenito de la crispación y el enfrentamiento a quienes nos oponemos a las barbaridades que quiere cometer el PSOE. Zapatero y los suyos lo tienen muy fácil, si de verdad no quieren crispar a la sociedad, que retiren el proyecto del estatut, y que abandonen sus planes para pactar con ETA y con los separatistas a cambio de convertir España en un estado confederal de naciones. Nadie ha pedido esta ruptura y mucho menos se puede imponer sin consultar al pueblo, a todo el pueblo. Ese proyecto es el que realmente enfrenta a nuestra sociedad.

Zapatero ha sido tan estúpido, ha obrado cargado de tal cantidad de tópicos sectarios, que ha acabado por considerar a ETA un interlocutor valido, y como si de una fuerza política más se tratase está intentado sentarse a negociar con una banda de asesinos que solo quieren ver destruida España. Ha sido Zapatero y solo Zapatero, quien ha abandonado el pacto antiterrorista para ir corriendo al lado de los de Estella y Perpiñan.

Si ahora ETA se atribuye reivindicaciones que van allá del destino de Vascongadas, es porque, además de obrar por odio a España, desde el gobierno se ha dado alas a los terroristas para hacer un frente común con todos los separatistas en su objetivo de derruir la nación española.

No es cuestión de tremendismo, es cuestión de ver la realidad cuando ésta se pone delante de las narices. Si aquí hay alguien antipatriótico, desde luego es el PSOE y los coriferios mediáticos que le siguen.

CATALUÑA / Las inspecciones han aumentado un 400%. Se intensifica en la persecución de quienes no rotulan en catalán.

 Desde su llegada al poder en diciembre del año 2003, el Tripartito catalán ha intensificado la represión para lograr que la Ley de Política Lingüística se respete. Una ley que ha disparado las denuncias anónimas, que ha incrementado las inspecciones a establecimientos en un 400% y que ha permitido recaudar en multas la friolera de 81.250 euros.

El diario El Mundo lleva este domingo en portada un amplio y detallado artículo, titulado "Escalada de denuncias, inspecciones y multas por no utilizar el catalán", en el que se afirma que la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol en enero de 1998. sirve de fundamento a la Agencia Catalana de Consumo para invitar a los ciudadanos a denunciar a las empresas que incumplen esa normativa -por no atender a los clientes en catalán o no disponer de rótulos o información en este idioma- y a sancionar ese incumplimiento con multas:

«Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos», indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Para facilitar la interposición de estas quejas, la Generalitat no cuenta sólo con la Agencia, también ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias «por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente» y «garantizan la confidencialidad».

Actualmente, existen cinco oficinas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, que se inauguraron el pasado mes de febrero.Sin embargo, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana.

Consumo y estas oficinas han recibido conjuntamente 928 reclamaciones en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supera al total de las presentadas en el conjunto del año pasado: 797.Las denuncias presentadas hasta junio doblan el número de quejas que se interpusieron en años anteriores. En 2002, la Generalitat recibió 505 reclamaciones y en 2003 la cifra se elevó a 783.

La presentación de este tipo de reclamaciones tiene consecuencias administrativas. Al recibirlas, la Generalitat pone en marcha a su servicio de inspección y, si lo considera oportuno, abre el correspondiente expediente sancionador que puede culminar con una multa.

Además, Consumo también realiza inspecciones por su cuenta con campañas dirigidas a controlar el correcto uso de la normativa lingüística en diversos sectores económicos. Entre los años 2002 y abril de 2005, la consejería -que cuenta con 40 inspectores dedicados a controlar las buenas prácticas lingüísticas- ha iniciado 1.753 procedimientos inspectores a través de estas campañas y otros 457 a raíz de las denuncias de los ciudadanos, lo que suma un total de 2.210.

La actividad de este cuerpo de inspección se ha incrementado de forma considerable en el último año. En 2003, se realizaron 241 actuaciones y en 2004, 1.102 con un alza del 400%. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han puesto en marcha 284 inspecciones.

Hace exactamente un mes y con el titúlo "Los ciudadanos catalanes, bajo la Generalitat opresora", publicaba sobre el mimso tema la revista Epoca un reportaje firmado por Enrique de Diego. El autor, que había pasado unos días en Cataluña pateando la calle y entrevistando ciudadanos, afirmaba que la libertad de enseñanza -en castellano- ha desaparecido, que la Generalitat -en manos del tripartito- aplica la ‘limpieza lingüística’ en el comercio, masacrando a multazos a quienes se atreven a rotular en una lengua que no sea el catalán:

Una sociedad, aparentemente, moderna y avanzada como la catalana asiste en silencio -con meritorias excepciones- a un vasto proceso de conculcación de la libertad personal, que recuerda a la dictadura benévola que describiera Alexis de Tocqueville, compatible con los formalismos democráticos.

Todo se hace en nombre del nacionalismo, convertido en una especie de pulsión pseudorreligiosa.

La libertad de enseñanza ha desaparecido de hecho del modelo educativo catalán. Los padres han visto expropiado, por la Generalitat, su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos.

La excusa, sin duda, es la imposición del idioma catalán, dentro del proyecto global secesionista, mas la consecuencia es que el poder político catalán no hace otra cosa que avanzar desbocado por la senda del despotismo.

Y no es cuestión menor que los principios legales generales -empezando por la Constitución y el Estatuto vigente- son soslayados por la Administración autonómica. Si la Generalitat es Estado, lo es como invasor de la esfera privada y como depredador de la sociedad civil. El nuevo Estatuto no hace otra cosa que empeorar las cosas con un intervencionismo salvaje.

La Caixa también perdonó 2,7 millones de euros a ERC con el tripartito ya en el poder.

El PSC no ha sido el único partido catalán beneficiado por la Caixa. ERC también ha dejado de pagar 2,7 millones de euros a la entidad financiera, una cantidad que corresponde a los intereses generados por un crédito de 1,41 millones entre 1996 y 2004, según informa EL MUNDO.

El secretario de Organización de los republicanos, Xavier Vendrell, relató ayer que su partido "nunca ha reconocido esta deuda" —generada por unos intereses abusivos, según ERC— y que dejó de pagarla al considerar que la Caixa se la comunicó al Tribunal de Cuentas "para presionar" al partido.

La historia se remonta a 1996, cuando ERC nombró a su actual dirección, que se encontró un partido acuciado por los acreedores. Vendrell renegoció, pero con la Caixa las cosas se complicaron. Según sus cálculos y lo registrado en el Tribunal de Cuentas, debían a la entidad 1,41 millones.

Por aquel entonces, ERC inició una campaña política en contra de los peajes en las autopistas, lo que irritó a la Caixa, principal accionista de la mayor concesionaria catalana, Acesa (ahora Abertis), siempre según la versión de Vendrell. La Caixa llegó incluso a amenazar al partido con el embargo de sus bienes —el crédito ya había vencido— si éste no retiraba su campaña antipeaje.

A pesar de que ERC mantuvo su ofensiva contra los peajes, la Caixa no llegó a materializar su amenaza y simplemente dejó transcurrir el tiempo sin iniciar ningún tipo de acción contra los independentistas. El partido tampoco se movió y no pagó porque sus finanzas no se lo permitían.

Pasaron los años y el crédito fue acumulando intereses, al 11% de nominal y al 24% de demora. Así, entre 1996 y 2004 se llegó a crear una nueva deuda —la generada por los intereses— que superó incluso al principal, pues alcanzó los 2,7 millones de euros, según los datos del Tribunal de Cuentas.

Cuando ERC llegó al poder en Cataluña, su situación financiera mejoró y se decidió a liquidar esta deuda, que era la única generada en los malos tiempos que permanecía viva. Vendrell, con ánimo de dejar las cosas bien claras, se dirigió al Tribunal de Cuentas y pidió permiso para renegociar el crédito con la Caixa.

Renegociación

Los republicanos obtuvieron el permiso y, tras tratar el asunto con la caja de ahorros, consiguieron que al crédito se le aplicase un interés del 3% a pagar entre los años 2004 y 2014. Según las cifras facilitadas ayer por Vendrell, ERC ha amortizado ya 102.128,34 euros del principal. También ha pagado 34.135,66 euros en concepto de intereses. Por tanto, la formación republicana tenía pendiente de pago 1,3 millones de euros el pasado 31 de octubre.

El Tribunal de Cuentas recoge en su último informe —correspondiente a 2002— el acuerdo firmado entre la entidad financiera y ERC. Este órgano se compromete a fiscalizar en el ejercicio al que corresponda.

Aquí podría acabar la historia. Pero, ¿qué pasó con los 2,7 millones de euros de intereses acumulados entre los años 1996 y 2004? Nada. Esa deuda ha pasado al olvido. ERC reconoce que no la pagó porque "era obvio que no estábamos dispuestos a pagar un 23% de interés" de demora, explicó Vendrell. En el primer informe de Gobierno corporativo de la Caixa, que recoge los créditos de los partidos, publicado este año, esta cifra ya no se recoge.

Los 2,7 millones han sido, pues, borrados del mapa, pero ERC no lo considera como una condonación por parte de la caja de ahorros. "Nunca hemos reconocido esa deuda, con ella la Caixa sólo quería presionar al partido", indicó a última hora de ayer a este diario el secretario de Organización de la formación republicana.

Sin embargo, durante esos ocho años ERC llegó a adeudar a la Caixa 4,1 millones de euros, la suma de los 1,4 millones de principal y los 2,7 de interés. La caja le ha perdonado el 65% de ese total, aunque el partido no lo considera ni una condonación ni un trato de favor. Ayer, durante una rueda de prensa que ofreció para analizar las finanzas de su formación, Vendrell rechazó hacer un cálculo de cuánto se había ahorrado ERC gracias a la renegociación de su crédito con la Caixa.

ERC convocó a la prensa precisamente para salir al paso de las acusaciones de CiU, que el martes aseguró que el Tribunal de Cuentas "ha descubierto que PSC y ERC tienen créditos aplazados, impagados o condonados". Vendrell no perdió el tiempo y pidió a CiU que dé razón de los cuatro millones de euros que recibió en 2002 por el concepto de donativos anónimos: "Que venga Jordi Pujol y que dé la cara. ¿Acaso alguien se cree que no sabe de dónde procede ese dinero?"

Además, Vendrell se mostró preocupado por el posible "trasfondo político" que pueda existir en el caso de la condonación de la deuda del PSC a la Caixa. Y concluyó su intervención pidiendo "transparencia" al resto de los partidos catalanes retándoles a comparecer antes de Navidad ante los medios de comunicación para ofrecer "todos los documentos contables y todas las facturas".

MONTILLA Y SUS CORTINAS DE HUMO.

Hay que ver la cara dura que le echan algunos a la vida. El ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, aseguró el sábado que su partido tiene renegociada su deuda con La Caixa, pero añadió que "el dinero que prestaron en su momento las entidades" financieras "no ha prescrito" aunque "sí los intereses, porque eso es algo bastante incontestable".

"El PSC, lo que está haciendo desde finales del año pasado, es atender sus obligaciones y pagar sus créditos", añadió. osé Montilla dijo que "no es ningún secreto que el PSC tenía una deuda vencida con La Caixa, como también otros partidos, como el PP, tienen créditos vencidos y no pagados", y añadió que desde finales de 2004 están pagando esta deuda. Montilla explicó que la historia del crédito se remonta a 1986, cuando el PSC acumuló todas sus deudas contraídas desde el 1977 en dos créditos: uno, con La Caixa de Pensions, de 900 millones de pesetas, y otro con la Caixa de Barcelona, de 400. En 1989, renovaron el crédito por cinco años y justo después se fusionaron ambas cajas. En 1994, cuando vencían las pólizas, no se renovaron y aún no se había pagado nada. Hasta 2004, La Caixa no reclamó el pago. Esas cantidades a fecha de hoy se han convertido en una deuda de 7,813 millones que venció en 1994 con unos intereses adicionales de, al menos, 6,574 millones.

Lo que no explica este tipo, ni los responsables de la Caixa, es como es posible que a la entidad financiera se le haya “olvidado” durante los años precisos para que operase la prescripción reclamar al PSC nada menos que unos 6.000 millones de las antiguas pesetas en concepto de intereses generados por esas deudas. Ya no decimos a los españolitos de a pié. ¿También al resto de partidos les benefician que estos oportunos olvidos Sr. Montilla? Ya nos contará a que oficina tenemos que ir para negociar este tipo de acuerdos tan legales y tan normales con la Caixa.

Este Montilla se debe creer que los españoles somos imbéciles. ¿Cómo es posible que una entidad financiera no renueve un crédito por más de 7.000 millones de principal y espere a que sea el deudor el que imponga las condiciones y además deje prescribir los intereses? Lo que tiene que explicar el Sr. Montilla es qué es lo que el gobierno se ha comprometido a dar a la Caixa a cambio de tan generosas condiciones de financiación. Eso es lo que nos interesaría conocer y no las babosadas contra la COPE y la derecha, con las que pretende desviar la atención sobre sus enjuagues financieros.

Ya sabemos que este individuo no tiene vergüenza y no va a dimitir, ni a dar explicación convincente alguna, por tanto corresponde a las autoridades judiciales investigar si un caso que apesta a corrupción política, es en la realidad un caso de financiación irregular del PSC, que señalaría a Montilla como principal responsable. Si de la investigación y aclaración de estos enjuagues se descubre que se esconde un delito de tráfico de influencias a cambio de esa financiación, el lenguaraz ministro debe acabar con sus huesos en la cárcel como sus antecesores socialistas (FILESA) en este tipo de tramas.