Nacionalismos

Radio Euskadi adelanta un "alto el fuego permanente" de ETA

La radio pública vasca, Radio Euskadi, lleva unos minutos anunciando a sus oyentes un "alto el fuego permanente" por parte de la banda terrorista ETA.

Según las informaciones, el objetivo es "impulsar un proceso de paz" y se hará efectivo a partir del próximo día 24 de Marzo. En un comunicado remitido a algunos medios de comunicación, la banda terrorista ha decidido convocar un "alto el fuego permanente" desde las doce de la noche de este jueves.

En el comunicado se dice que los "Estados francés y español" no deben limitar de ninguna forma la opción democrática para que Euskal Herria "luche por los derechos que, como pueblo, nos corresponden", del mismo modo que se pide a los ciudadanos vascos que se impliquen en el proceso. Zapatero comparecerá esta tarde a las 16 horas.

El comunicado, reproducido por Gara, dice:

"MENSAJE DE EUSKADI TA ASKATASUNA AL PUEBLO VASCO

Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006.

El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas.

Al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro.

Los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada.

Hacemos un llamamiento a todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por ETA.

ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación, dejando a un lado la represión.

Finalmente, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas para que se impliquen en este proceso y luchen por los derechos que como Pueblo nos corresponden.

ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final, y así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia.

Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad.

La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA".

Cataluña. De necias nociones nacen naciones.

En palabras de Maragall, se acaba de establecer “por primera vez en la historia de España que Cataluña es una nación”. El preámbulo estatutario tendrá consecuencias demoledoras, pues informará y dará sentido al articulado, cuya interpretación será siempre maximalista por pura coherencia normativa. En caso de duda, la hermenéutica jurídica irá a buscar –pues esa es la razón de ser de los preámbulos– el significado profundo, la intención conjunta e integral que los legisladores quisieron darle al estatuto. Y cada uno de sus preceptos quedará supeditado a la noción de nación. Si algún organismo, cámara, tribunal o gobierno olvidara lo anterior, ya se ocuparán los nacionalistas de recordarle en voz alta las implicaciones de la inclusión semántica que el día 21 de marzo de 2006 ha penetrado en la Troya de Guerra (Alfonso) agazapada en el caballito del buen entendimiento, los derechos históricos y la España plural.

Pero España ya era plural. Y diversa, que es lo que en su confusión quieren decir. Es a partir de ahora, tras la deprimente inauguración parlamentaria de la primavera, cuando van a empezar a desaparecer en serio la pluralidad y la diversidad en una parte de España. En otra, pues al País Vasco todavía está por llegar el espíritu del 78.

Quienes atemperan la importancia del preámbulo sin ser analfabetos jurídicos, simplemente mienten. El único nacionalista interesado en que se reconozca la enormidad de lo perpetrado es Artur Mas, aunque se trate de un interés personal y electoral. Por eso Mas no engaña ni se engaña. ¿Fuerza jurídica? Por supuesto. Y mucho más que eso: fuerza política. Un estatuto es parte del bloque de constitucionalidad, por si no se habían enterado los agraces y agrarios portavoces empeñados en vendernos un prólogo.

Este estatuto acelera los acontecimientos hacia lo desconocido, es un lazarillo ciego, nos mete de cabeza en la camisa de once varas de las naciones sin estado, de los estados con naciones, de las temerarias soberanías emergentes y de las lamentables soberanías declinantes. Pone una historia tergiversada, parcial, finalista e inventada por delante de los intereses de los individuos, de los derechos y libertades de ciudadanos hasta ahora iguales ante la ley.

En el desarrollo y aplicación de los artículos del estatuto, en el insensato calco que ya preparan en sus comunidades castas políticas de todos los pelajes, en el laberinto de los años que vienen, el desguace nacional conllevará el borrado de memorables experiencias, retos y logros. Y de toda expectativa de honrarnos y dignificarnos como quisieron los liberales de Cádiz. Salvo que el único partido que no se avergüenza de ser español en ningún punto de España haga lo que no va a hacer: comprometerse públicamente a volver atrás cuando gobierne. Pero nunca admitirán que a veces retroceder es ir hacia delante. Y así les va.

El PSOE avala definitivamente que Cataluña sea una «nación»

La ponencia para la reforma del Estatuto catalán dio ayer por concluido su trabajo con la aprobación del Preámbulo pactado en su día por Zapatero y Mas, que reconoce a Cataluña como una nación. Concretamente, establece que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo la voluntad y el sentimiento de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación».

El acuerdo ha sido posible gracias a los votos de PSOE, CiU e ICV, mientras que PP y ERC, como habían anunciado, han votado en contra, aunque por motivos muy diferentes.

Por más que el PSOE se empeñe en maquillar la realidad, esa definición vulnera la letra y el espíritu de la Constitución, y tiene una enorme trascendencia y gravedad. De nada vale escudarse en que el Preámbulo también establece que la Constitución «en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad».

Primero, porque no es cierto. Y segundo, porque, como bien se ha encargado de resaltar Mas, en coincidencia con un horrorizado PP, el Preámbulo tiene valor jurídico y político: por primera vez, las Cortes Generales han reconocido un «acto de soberanía» del Parlamento catalán. Con todas las implicaciones añadidas que ello tiene en relación con el País Vasco, donde los nacionalistas reclaman el «derecho a decidir» ante la mirada condescendiente del PSE.

Ahora, la reforma del Estatuto de Cataluña pasará a discutirse en la Comisión Constitucional -a partir del jueves de esta semana- con el objetivo de elevarla al Pleno de la Cámara el 27 de marzo.

En concreto, el preámbulo recoge la definición consensuada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, y a la que ERC se opone: "El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación". Añade que "la Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad".

Al término de la reunión de esta mañana, los ponentes de las respectivas delegaciones (Congreso-Parlament) posaron juntos en el hall de los nuevos edificios de la Cámara Baja para hacerse la foto de familia, a la que se sumó el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista, Alfonso Guerra.

El ponente del PP Federico Trillo justificó el voto en contra de su formación alegando que la definición de nación "no es aceptable" porque, además de ser "inconstitucional", es "definidora de esa especie de proceso de reforma constitucional encubierta" que, según los 'populares', supone el Estatut.

A su juicio, con la inclusión del párrafo pactado entre Zapatero y Mas se persigue que las Cortes "en función estatuyente", declaren que en la Constitución "se dice lo que no se dice", es decir, que según el artículo 2 de la Carta Magna "cabe una realidad nacional distinta a la nación española que es la allí consagrada".

El futuro del texto

Una vez concluido el trabajo de la ponencia, esta semana se convocarán las reuniones de la Comisión Constitucional, que comenzarán el jueves y el viernes, días 9 y 10 de marzo, y continuarán el miércoles y el viernes de la semana siguiente, días 15 y 17.

Ya aprobado en comisión, el Pleno del Congreso aprobaría la propuesta el 30 de marzo, y tras el debate y votación en el

Senado, según las previsiones del PSOE, el Estatuto de Cataluña quedaría aprobado por las Cortes Generales y podría ser sometido a referéndum, si así lo decide el Gobierno de la Generalitat, antes del verano.

Rodríguez Zapatero se reunió con el presidente de la Caixa dos días después de aprobar la OPA.

EN EL DOMICILIO PARTICULAR DE RICARD FORNESA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió el pasado domingo con su ministro de Industria, José Montilla, y los presidentes de la Caixa y Gas Natural, Ricard Fornesa y Salvador Gabarró.

El domingo 5 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero acudió como invitado a la reunión del Consell Nacional del PSC, celebrada en Barcelona. Había mar de fondo. La dirección del PSC se siente marginada por el presidente, no sólo por haber pactado con Artur Mas un acuerdo sobre el Estatuto sin contar con el presidente de la Generalitat, sino porque, de paso, el encuentro del 21 de enero abrió la vía a un pacto más ambicioso con CiU.

Pasqual Maragall respiró por su particular y dolorosa herida y calificó de "fraude histórico" la ruptura del tripartito a cuenta del posible pacto del gobierno con los nacionalistas no republicanos.

Por su parte, el primer secretario del PSC, José Montilla, se mostró especialmente celoso de la independencia de su partido frente al PSOE: "La política de alianzas y pactos en Cataluña la decide el PSC", remachó tras defender las aportaciones de ERC al Estatuto y a la estabilidad del Gobierno de la Generalitat.

Nada más terminar el cónclave socialista catalán, el presidente del Gobierno y Montilla, ahora en su calidad de ministro de Industria, se dirigieron hacia Premià de Mar, localidad costera a unos 25 kilómetros al norte de Barcelona, conocida en tiempos por su producción de fresas y claveles. Allí, muy cerca de donde nació Jordi Pujol, tiene su casa el presidente de la Caixa.

Ricardo Fornesa convocó para almorzar con Zapatero y Montilla al primer ejecutivo de la Caixa, Isidro Fainé; al presidente de Gas Natural y vicepresidente de la Caixa, Salvador Gabarró; a Javier Godó, consejero de la Caixa y editor de La Vanguardia; al consejero de Sogecable y presidente de honor del Instituto de la Empresa Familiar, Leopoldo Rodés, al presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, y a uno de los mayores empresarios catalanes, Artur Carulla, presidente de Agrolimen (Gallina Blanca).

Aunque se habló de fútbol (¡Barça, Barça, Barça!; lástima que esa misma tarde perdiera 1-3 frente al Atlético de Madrid), los temas de conversación, obviamente, fueron el Estatuto y la OPA sobre Endesa.

La flor y la nata de la burguesía catalana, que naturalmente apoya el Estatuto, está preocupada por la crispación que está generando su tramitación. "El PP se ha echado al monte"; son palabras atribuidas a Fornesa por una fuente.

A pesar del consenso de los allí reunidos sobre la constitucionalidad del texto ya afeitado en Madrid, hubo petición generalizada al presidente del Gobierno para que, en un esfuerzo final, el Estatuto pueda ser aceptado por el partido de Mariano Rajoy, con quien Fainé sigue manteniendo una fluida relación.

En cuanto a la OPA, por supuesto, la opinión fue unánime: "Hay que sacarla adelante como sea". La fuente deja la paternidad de la frase a la imaginación del lector.

Dos días antes del almuerzo de Premià, el viernes 4 de febrero, el Consejo de Ministros había aprobado las condiciones para dar su visto bueno a la OPA hostil, calcadas de las que había propuesto en su día la Comisión Nacional de la Energía de Maite Costa.Es decir, cómodamente asumibles por parte de Gas Natural.

Justo al día siguiente, el lunes 6 de febrero, Gas Natural tenía que decidir sobre la aceptación de condiciones impuestas por el Gobierno. Naturalmente, dijo que sí.

Para esta OPA no hay marcha atrás, aun cuando la cotización actual de Endesa hace imposible de mantener el precio fijado para la oferta de compra por parte de Gas Natural.

Probablemente, si los máximos ejecutivos de la Caixa (dueña de Gas Natural) pudieran decidir sin presión política, la presentación de la OPA no estaría clara ni mucho menos. Pero hay una decisión política ya tomada, que ha llevado incluso a que el Gobierno desestime los criterios mucho más restrictivos que planteaba el ministro de Economía, Pedro Solbes, y que estaban en línea con el voto particular emitido por el presidente del TDC.

Montilla, máximo defensor de la operación, se ha convertido, al mismo tiempo, en su mejor y más activo propagandista. Dos días después del almuerzo de Premià de Mar, se permitió el lujo de defender en Zaragoza la OPA contra Endesa argumentando que será «ventajosa para los accionistas». El ministro debería abstenerse de hacer ese tipo de comentarios, ya que su función es velar por los intereses de los consumidores, no de los accionistas.Desde luego, fue mucho más directo y efectivo que Gabarró, quien inventó la teoría del semen y la criatura para explicar lo que acababa de hacer Gas Natural.

El presidente debería ser más prudente. Esta OPA ya está suficientemente politizada como para añadirle almuerzos secretos. La memoria de los políticos es débil. Tal vez alguien debería recordarle a Zapatero la cena de Felipe González con los 'Albertos'. ¿Se acuerdan de Cartera Central?

NO RENDIRSE AL SEPARATISMO

Parece que la derecha oficial no va a caer de nuevo en el error de llegar a una componenda con el nacionalismo, tal y como ocurrió en la transición. Lo que hoy esta sucediendo no es más que una consecuencia de la graciosa concesión a las minorías separatistas de un régimen de autonomía que a la larga solo ha sido utilizado para profundizar en un proceso de construcción nacional secesionista que ataca directamente a los cimientos de la soberanía española.

El nuevo estatuto abunda en esa fragmentación. La insolidaridad que se establece entre las diversas regiones españolas con el nuevo sistema de financiación, no es más que un efecto de ese proceso de “debilitación del estado” al que se ha referido Rajoy y que forma parte de una estrategia de mayor envergadura, destinada a fortalecer el poder regional en detrimento del nacional, como paso previo a la independencia de ciertas regiones. Afortunadamente la postura de Piqué y Vendrell, otrora mayoritaria en la derecha descafeinada y acomplejada de la transición, es hoy minoritaria, no solo en el sentir de las bases, sino también en el partido que representa a esa derecha en el parlamento. Nadie va echar de menos a los Piqué o Vendrell, dispuestos a rendirse a los separatistas, nadie va a echar de menos a ese centro poroso y dócil que cree que se puede negociar con todo. Que se marchen si quieren, sobran si lo que van a hacer es estorbar, lo importante hoy es que Rajoy también ha dejado claro que no va a producirse la rendición que deseaban Piqué y los suyos. “Esto que se quiere hacer con los españoles es inaceptable y yo no lo voy a aceptar” ha manifestado Rajoy, para denunciar el oscurantismo con el que se ha llegado al pacto entre Zapatero y Mas, que han pactado "un cambio del modelo de Estado y una reforma de la Constitución" de espaldas a todos los españoles. Lo sustancial es que Rajoy ha vuelto a anunciar que el Partido Popular, pedirá "la celebración de un referéndum", para que el conjunto de los españoles pueda opinar y decidir, una demanda indispensable e irrenunciable, en la que desde MD hemos venido insistiendo.

Por su parte Rubalcaba nos ha dado una lección de lo que el PSOE entiende por democracia. Los socialistas no quieren que los españoles se pronuncien en un referéndum sobre el estatuto. Nos dice que sería inconstitucional, porque incumbe solo a los catalanes. No sabemos entonces por qué el parlamento, que al fin y a la postre no es más que una representación indirecta de todos los españoles, puede opinar y debatir el estatuto, si la misma voluntad popular que ha puesto allí como representantes a los diputados, según Rubalcaba, no tiene derecho a pronunciarse sobre el estatuto. ¿Qué se han creído los socialitas? ¿Qué pueden tener secuestrada la voluntad popular?

Esperemos que el líder popular cumpla su palabra y no ceje hasta conseguir que esta disparatada reforma se someta a la consulta de todos los españoles. Punto de inflexión a partir del cual se debe producir una regeneración nacional, una nueva política que aparte definitivamente como árbitros del poder a partidos minoritarios que lo único que buscan es la desmembración de España.

Durante la transición fueron muchos, que incapaces de mirar más allá de sus intereses y el corto plazo, permitieron el diseño de un estado de las autonomías que contenía dentro de sí el germen de la disgregación nacional. Es hora de corregir aquel error.

"Zapatero ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político"

En su reunión secreta del sábado, Zapatero accedió a las exigencias de CiU y Cataluña será la única comunidad que tendrá inversiones garantizadas durante los próximos siete años (2007-2013), vinculadas a su participación en el PIB. Una de las regiones más perjudicadas será Extremadura. Sin embargo, su presidente Rodríguez Ibarra proclama la derrota de los nacionalistas. Carod Rovira se ha mostrado tranquilo y ha dicho que lo que no tiene ERC "es prisa", mientras desde el PP se niegan "a poner la firma" en este "pacto clandestino".

 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe a la una de esta tarde en el Palacio de la Moncloa, a los máximos líderes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida. El objetivo de esta reunión es escenificar el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña al que en la noche del pasado sábado llegaron el jefe del Ejecutivo y Mas.

Mientras tanto, el presidente de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, ha dicho este lunes que su formación no va a entrar en "una especie de batalla de la prisa", para dar su apoyo al acuerdo sobre el Estatuto alcanzado entre el Gobierno y CiU, porque el proyecto "ya tiene la mayoría suficiente como para que pase en el Congreso de los Diputados". En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Carod significó que en el Congreso el proyecto ya cuenta con los votos de los socialistas, los de CiU y los de Iniciativa. "Aunque solo fuera con estos votos y los de nadie más, ya nadie debe sufrir porque se apruebe o no un Estatut para Cataluña", dijo.

No obstante, el líder de Esquerra advirtió: "Lo que sí tenemos que decir nosotros es si este Estatut reúne las condiciones suficientes como para que a nuestro entender sea un Estatut aceptable sabiendo que se aleja en aspectos muy fundamentales de lo que en su momento aprobó el Parlamento, lo que sí que no tenemos nosotros es prisa". Asimismo, Carod calificó de "obvio" que el Gobierno cerrara antes un acuerdo con CiU que con ERC, socio de los socialistas en el tripartito catalán.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, denunció este lunes "el fraude que supone la aprobación de este Estatuto". El portavoz popular explicó, en declaraciones a La Mañana de la COPE, que el "promotor de esta iniciativa", Rodríguez Zapatero, "ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político", en referencia a las importantes cesiones económicas que supone el acuerdo cerrado este fin de semana. "Esto no lo pueden querer los ciudadanos", denunció Zaplana, antes de asegurar que quieren "ser canal de su opinión para impedir esta aberración política"

El diputado lamentó que con este acuerdo se "ha impuesto la disciplina", el "deseo de seguir en el poder" y "mantener silencio frente a las convicciones propias" entre los socialistas que se habían mostrado contrarios al texto en las últimas semanas. En la defensa de "la unidad y la solidaridad entre los españoles nos encontramos solos", concluyó Zaplana, quien cree, a pesar de eso, que van "a ganar la batalla política" porque les "asiste la razón". "El 'como sea' se ha instalado en la política española y tenemos que impedir que prospere", sentenció.

Mientras, la secretaria de Política Autonómica de los populares, Soraya Saénz de Santamaría manifestó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU sobre el Estatuto constituye una "meta volante más en esta carrera que tienen los nacionalistas". Además, lamentó que Rodríguez Zapatero no haya aceptado la oferta de consenso lanzada por Rajoy, y cierre un pacto de forma "clandestina" al margen del Parlamento, para llamar ahora al PP a que se adhiera limitándose a "poner la firma". En la SER, Saénz de Santamaría opinó además que el acuerdo asume una relación bilateral, "con aspectos absolutamente contrarios a la Constitución", que vulneran aspectos que afectan a la igualdad entre españoles, como la financiación específica, con inversiones garantizadas, que no están justificadas por especiales necesidades, y vinculadas a la participación de Cataluña en el PIB, lo que equivale a que las comunidades con menos PIB siempre quedarán detrás.

El Comité Mundial de Libertad de Prensa pide a Maragall que "desmantele" el CAC por ser un "órgano censor"

 LO EQUIPARA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL FRANQUISTAS

El Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos pro libertad de prensa de todo el mundo, ha enviado sendas cartas a Maragall y a Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, en las que pide que se ponga fin a un "órgano censor" como el CAC. Según adelanta El Mundo, además de lamentar que este consejo recupere prácticas franquistas, sostiene que el informe contra la COPE sólo busca "intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica".

 Las cartas del Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC, en sus siglas en inglés) llevan la firma de E. Markham Bench, director ejecutivo y han sido remitidas tanto a Pasqual Maragall como a Ernest Benach. En ellas, según publica El Mundo este sábado, el comité se muestra "consternado" por el informe del CAC contra la COPE. Dice que con este documento, en el que se acusa a la emisora de "ultrapasar los límites de la libertad de expresión", el Consejo Audiovisual Catalán utiliza "un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica".

Se refiere al CAC como "órgano censor establecido por el Parlamento de Cataluña para detectar informaciones inveraces" y lamenta que no se recuerde en España "algo parecido desde los órganos censores franquistas". Es, sostiene el Comité, un "ente de características únicas en Europa Occidental y la Unión Europea".

Aunque no hace referencias al proyecto de Montilla para crear a nivel estatal otro Consejo similar a imagen del CAC, del contenido de las cartas del Comité Mundial de Libertad de Prensa se desprende su rechazo más absoluta a esta iniciativa gubernamental. Dice el WPFC que es "injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación".

"Inaceptable impulso parlamentario a la censura"

Su existencia "se estrella de plano contra las normas democráticas y de libertad de expresión aceptadas por la Unión Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo", se lee en las dos cartas. Tras aclarar que el CAC "no es una entidad judicial, sino un ente político controlado por la mayoría nacionalista del Parlamento catalán" apunta que es "inaceptable" que un órgano censor "reciba el impulso y beneplácito de un parlamento democrático para echar mano de la tijera, cortar por lo sano y silenciar a un medio de comunicación".

Con los argumentos ya expuestos, el Comité pide a la Generalidad catalana y al Parlamento autonómico que tomen "las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa". También, que desoigan las exigencias que incluía el informe del CAC contra la COPE, entre ellas la retirada de las licencias a la emisora.

ZP NOS QUIERE ENGAÑAR .

Desde luego cuando se trata de manipular a la ciudadanía el gobierno no tiene nada de “bobo solemne”. Y no nos referimos a la tergiversación de las palabras de Rajoy que acusaba, usando esa expresión, a aquellos que financian a los familiares de los asesinos de ETA con los impuestos de sus victimas. Para nosotros esta conducta no es de bobos solemnes, sino algo peor éticamente hablando.

Nos referimos a la trampa que nos ha tendido el gobierno con su maquillaje del estatuto de Cataluña. Ya ha empezado la operación que quiere hacernos creer que gracias a los recortes de ZP al texto enviado desde el parlamento catalán, el futuro estatuto, es constitucional y soluciona el problema catalán. El País bajo el titular “El Gobierno propone serios recortes a puntos básicos del Estatuto catalán”, ha roto el fuego en esta manipulación.

Resalta que se elimina la expresión de nación, y las alusiones al estado plurinacional para ocultar algo peor. El gobierno acepta que la legitimidad del estatuto emana del pueblo catalán, ya que el autogobierno se basa en los derechos de ese pueblo catalán, lo que equivale a cargase la soberanía nacional, que sólo emana del pueblo español en su conjunto. Toda ley, incluidos estatutos de autonomía, basa su legitimidad en esa soberanía nacional que queda rota por este estatuto. Igualmente el órgano de información socialista resalta el recorte de competencias exclusivas, pero pasa de puntillas por la creación de una justicia catalana, ya que se admite la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña y un Tribunal Superior autonómico, aunque no reconoce la potestad del Gobierno catalán para nombrar magistrados.

En texto alternativo también se recoge la imposición a todo ciudadano que resida en Cataluña de conocer el catalán, que junto al castellano aparece como lengua cooficial. Pueden imaginarse las consecuencias para la política lingüística, si hoy pasa lo que pasa no existiendo esa obligación sancionada legalmente.

En definitiva todo el texto alternativo mantiene el original con pequeños matices y recortes, que lo único que hacen es no otorgar la independencia de facto que supondría la aprobación del proyecto preconstitucional de la nación catalana que nos envió el parlamento catalán. No otorga la independencia hoy, pero garantiza competencias, instituciones y una filosofía que apunta claramente a la consecución de ese objetivo en un futuro no muy lejano. ¿Dentro de 25 años quizás? Lo que es cierto sin duda es que la aprobación de este texto abrirá la brecha para que en la siguiente generación, si no es antes, se enfrente a la efectiva desaparición de España como nación.