Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».
«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.
«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».
Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.
«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».
Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».
Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».
El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia indicó pero la enseñanza religiosa es un derecho».
Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.
Más de tres millones de padres recuerdan a San Segundo su defensa de la clase de Religión.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) se reunió ayer con la ministra de Educación y Ciencia por primera vez en lo que va de legislatura. Tras diez meses de recibir negativas a sus solicitudes de conversar con María Jesús San Segundo, los representantes de la asociación acudieron al Ministerio un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 y suprima la asignatura de Religión de los colegios. La Concapa, que ha recogido tres millones de firmas en favor de mantener la enseñanza religiosa como materia evaluable, recordó a San Segundo que poder educar a sus hijos en la doctrina católica «es un derecho recogido en la Constitución».
«Educada, cortés y... nada más». Así definió Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) la reunión que mantuvo con la ministra de Educación. Diez meses después de su toma de posesión, María Jesús San Segundo recibió ayer a los representantes de Concapa, tras reiteradas negativas y tras haberse reunido sólo con agrupaciones simpatizantes con su política, según la Concapa. Un día después de que el Consejo Escolar pidiera al Gobierno romper los acuerdos con el Vaticano, la asignatura de Religión fue el tema «estrella» del encuentro, que duró algo menos de una hora. Pese a las peticiones de los padres de alumnos católicos, la ministra rechazó definir su postura sobre este asunto.
«Tenemos tres millones de firmas que apoyan la clase de Religión. No podemos admitir que se elimine», aseguró Carbonel, quien poco antes de la reunión señaló que «si la ministra intenta reformar una ley, lógicamente se debe reunir con todos los colectivos implicados, y hasta ahora sólo lo había hecho con los afines». Sobre la enseñanza religiosa, recordó que «si el Ministerio está por acatar la legalidad, sabrá que sacar la Religión de la escuela es anticonstitucional, pues la Constitución, en el artículo 27, reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias».
Piden la dimisión de Mata. La esperada reunión con San Segundo comenzó con estos planteamientos iniciales y con muchos temas en la agenda, acumulados en cerca de un año de gobierno socialista. Además, con la tensión añadida por la decisión del Consejo Escolar del pasado jueves, cuando, con el voto de calidad de la presidenta, acordara pedir que la enseñanza religiosa saliera del horario lectivo. Antes de su reunión con la ministra, los responsables de Concapa enviaron sendas cartas a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata, y a María Jesús San Segundo, en las que solicitan la dimisión o el cese de la moderadora de este órgano educativo porque, a su juicio, su talante «antirreligioso» ha dejado en este «empeño» toda su credibilidad. Mata deshizo el jueves, con su voto de calidad, el empate en la votación de una enmienda, al dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa, que proponía la derogación de los acuerdos con la Santa Sede por considerar que atentan contra derechos constitucionales.
«Esta actuación la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional y exige la adopción de medidas por parte de los responsables principales de la política educativa», afirman estos padres católicos en un comunicado. Así, denunciaron el apoyo de Mata a la resolución del Pleno para reclamar la derogación de los acuerdos del Estado con el Vaticano que es, en su opinión, «ilegal».
Tras calificar como «lamentable espectáculo» la sesión plenaria del pasado jueves del Consejo Escolar, la Concapa recordó, en un comunicado, que diversas leyes, tratados y declaraciones «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional». De todos modos, el presidente de Concapa recordó que el dictamen de este Consejo no es vinculante, pues se trata de un órgano consultivo. Pese a ello, anunciaron su intención de preguntar a la ministra «si lo va a llevar a la práctica».
Soluciones. La ministra, por su parte, pidió ayer «esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clases de religión y los de aquellas familias que no quieren». Antes del encuentro con Concapa explicó que desde el principio se sabía que existían «posiciones diversas en nuestra sociedad» acerca de la importancia que debe tener la religión en el sistema educativo. Por tanto, insistió en que el trabajo de las próximas semanas será «ver cuál es la solución que mejor permite la convivencia», y supuso «que todo el mundo estará interesado en trabajar para buscar ese acuerdo».
El presidente de Concapa criticó estas declaraciones de San Segundo. «La ministra plantea soluciones de convivencia indicó pero la enseñanza religiosa es un derecho».
Pero en el encuentro entre Educación y los padres católicos también se abordaron otros asuntos. El pasado jueves, el Consejo Escolar también acordó respaldar al Ejecutivo en su intención de eliminar la Prueba General de Bachillerato, más conocida como la reválida. A juicio de Carbonel, esta opción «debería ser defendida por la izquierda, porque implica que todos los alumnos pasen por el mismo rasero». Concapa, además, propuso a la ministra que estudie aumentar los días lectivos de los escolares, aunque reconoce que esta opción supone problemas presupuestarios.
Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica de Padres, confirma que la campaña de recogida de firmas se ha cerrado con la cifra histórica de más de 3 millones de adscripciones e insiste en la ausencia de diálogo por parte del Ejecutivo socialista
Continúa la incógnita sobre el futuro de la asignatura de religión en la enseñanza pública española. El Gobierno y la Iglesia coinciden en la necesidad de diálogo, mientras la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) denuncia precisamente la falta de interés del Ejecutivo socialista en mantener una reunión con los representantes de esta organización, que defienden que esta materia sea computable, evaluable y que tenga alternativa. A la ministra de Educación sólo la conocemos por la televisión, a pesar de que la campaña de recogida de firmas se ha cerrado con la cifra histórica de más de 3 millones de adscripciones, dice en una entrevista Luis Carbonell, presidente de la CONCAPA.
Aluvión de firmas y silencio administrativo
La campaña de recogida de firmas a favor de la clase de Religión impulsada por esta organización, que representa a más de 5 millones de padres de alumnos, se ha cerrado exactamente con la cifra de 3.012.874 personas adheridas a esta iniciativa. Jamás ha habido un nivel de participación social como éste afirma Carbonell en una entrevista publicada en la web de la CONCAPA, mientras expresa sus dudas sobre si José Luis Rodríguez Zapatero se decidirá a recibirles o no. Si no nos recibe, querrá decir que al presidente del Gobierno le importan un bledo tres millones de personas y prefiere otros colectivos, mucho más minoritarios, pero que le aseguran un Gobierno, dice el presidente de esta entidad.
Por lo que respecta al Ministerio de Educación, Carbonell se lamenta de la falta de interés que hasta ahora ha mostrado en reunirse con ellos: No ha existido ningún tipo de diálogo sobre la clase de Religión... porque en estos meses de Gobierno no ha sido capaz de encontrar diez minutos para los padres que representan a la mitad del alumnado, lo que es muy preocupante, por no decir irresponsable. La ministra María Jesús San Segundo no ha dado ningún tipo de justificación a este silencio, tan sólo alega que no ha encontrado un hueco en la agenda... Si esta ministra repite su forma de actuar, pues a lo mejor lo que tenía que hacer es marcharse, dice Luis Carbonell.
El Gobierno miente
Mientras las estadísticas oficiales constatan que entre el 75 y el 80 por ciento de las familias estamos matriculando a nuestros hijos en la clase de Religión, el ministerio no parece dispuesto a apostar por el consenso, dice el representante de la CONCAPA. El Gobierno miente cuando dice que la reforma se está consensuando. No es cierto. Que digan que van a imponer la reforma porque tienen los votos suficientes, y ya está... Lo que sucede es que ha habido más prisas por cargarse la LOCE que por buscar una ley buena para el país, añade.
Desde la CONCAPA se ha estado informando al Gobierno de la evolución que ha seguido la recogida de firmas, sin obtener respuesta alguna. Hemos enviado varios burofaxes a medida que iba aumentando el número de firmas, y no ha habido ninguna respuesta por parte del señor Rodríguez Zapatero, que parece estar más interesado por su sillón que por el bien de muchas familias, concluye el presidente de la CONCAPA.
Sin voz ni voto
Al mismo tiempo, según informa la agencia VERITAS, Carbonell denuncia la falta de consideración hacia los padres, alumnos y profesores en el Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado que se celebra estos días en Zaragoza: Los padres, alumnos y profesores estamos sin voz ni voto, sólo la tienen los políticos. La CONCAPA considera que se ha perdido una oportunidad histórica de hacer algo serio en materia educativa, ya que, en vez de llegar a un consenso social, hay mucha participación pero no se puede opinar de forma diferente a las posturas de la Administración.
Padres y alumnos creen que el Encuentro es una pérdida de tiempo para todos... un teatro que está muy bien hecho. A pesar de que el colectivo al que representa es el más afectado por la reforma educativa, ninguna de sus opiniones son tenidas en cuenta en el foro y Carbonell denuncia que por primera vez después de 16 años se ha impedido que un consejero exprese sus puntos de vista en un órgano supuestamente participativo.
La crítica se extiende al hecho de que más de 700 enmiendas presentadas, producto de cuatro meses de trabajo de los distintos miembros de Consejos Escolares, han sido reducidas a 13. Al mismo tiempo, de los 150 consejeros de las diferentes Comunidades Autonómicas que han asistido, sólo 18 tendrán la oportunidad de expresarse.
Tres millones de firmas a favor de la clase de Religión y se siguen recogiendo.Los docentes que imparten la asignatura de Religión han decidido sumarse a la campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos en defensa de la asignatura. Hasta ayer, la asociación había logrado casi tres millones de rúbricas.
Los profesores de Religión se han sumado a la campaña de firmas en defensa de esta asignatura promovida por la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), y que hasta ahora ha recogido más de 2,8 millones de rúbricas, informó dicha asociación. Durante la reunión celebrada ayer entre los representantes de Concapa y los de la Asociación de Profesores para la Enseñanza de la Religión (Apprece), se constató, según la primera organización, que la sociedad española se muestra mayoritariamente a favor de la clase de Religión, informa Ep.
En el encuentro, ambas partes acordaron entregar de forma conjunta las firmas recogidas al presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Concapa mostró además su confianza en que el Ejecutivo no desatienda sus peticiones, ya que esta iniciativa marca un «récord» de participación ciudadana. Por otra parte, Apprece ha realizado al Ministerio de Educación una propuesta que contempla que los padres que deseen educar a sus hijos en la clase de Religión puedan hacerlo sin menoscabo de los que no desean una educación confesional.
Concapa recuerda que la Constitución europea recoge «el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas», y subraya que en la mayor parte de los países europeos se educa a los alumnos en la enseñanza de la Religión, sin que ello suponga discriminación alguna ni conflicto social. Finalmente, recuerda la necesidad del cumplimiento de la propia Constitución española, que recoge el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos.
Por otro lado, la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, ha recalcado que el artículo 74 de la Constitución europea impide que la asignatura de Religión sea excluida del horario lectivo.
Bazo denunció a Servimedia la falta de coherencia del Gobierno al pedir a los ciudadanos que ratifiquen el Tratado constitucional e impulsar por otro lado una reforma educativa que plantea la exclusión de la religión del currículo escolar y la limitación del derecho a la elección de centro. Para Bazo, la Constitución europea recoge el derecho de los padres a elegir la formación y educación religiosa de sus hijos. En este sentido, defendió la enseñanza plural y el derecho de los padres a elegir centro, mientras que en el Consejo Escolar del Estado «lo que parece que va a primar es la escuela única, laica y estatalizada».
«Parece como si tuviera que haber un cambio rotundo en el sistema educativo español, y no es cierto, se lesionaría la Constitución española y esta Constitución europea que se pide que ratifiquemos», concluyó.
El Ministerio de Educación ha presentado un documento titulado "Una educación de calidad para todos y entre todos" en el que se anuncian las bases para la reforma de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), vigente, pero paralizada en la aplicación de gran parte de sus artículos. Después de leer detenidamente dicho documento, lo primero que me vino a la cabeza fueron aquellas palabras que Lampedusa puso en boca de Falconeri en El Gatopardo: "si vogliamo che tutto rimanga com è, bisogna che tutto cambi".
Y es que en este folleto, redactado de forma mucho más clara y directa de a la que nos acostumbraron los elaboradores de la LOGSE, se esbozan algunos cambios que permitirán, fundamentalmente, dejar bien asentados aquellos principios sobre los que la ley socialista se construyó. Apenas seis meses le ha llevado al Ministerio de Educación y Ciencia la elaboración de un documento que aunque haya quien dice que es innovador y que busca el consenso lo único que hace es devolver las aguas al cauce de la LOGSE, eliminar las reformas "locistas" y reforzar las bases ideológicas de la doctrina educativa socialista.
La LOGSE fue una ley de educación fundamentalmente ideológica. Sus partidarios, a los que alguna vez se ha llamado "creyentes", solían decir que más que una ley era toda una revolución del sistema educativo. Fue aprobada en 1990 por la mayoría absoluta del Partido Socialista y sin el apoyo del Grupo Popular. Se comenzó a implantar en 1996 de forma general, aunque ya en algunos centros escolares se había adelantado de forma experimental. Cuando ese mismo año el PP ganó las elecciones, el Ministerio de Esperanza Aguirre tuvo que afrontar la implantación de una ley con la que no estaba en absoluto de acuerdo y que además tuvo serias dificultades de aceptación por parte de muchos padres y de un buen número de profesores.
El gran cambio que la LOGSE introdujo en el sistema educativo fue la incorporación a los centros de enseñanza secundaria de los escolares de los dos últimos años de la anterior EGB, de 12 y 13 años, y la de aquellos que terminada la EGB, optaban por empezar una formación profesional. Se creó así la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, con cuatro cursos de enseñanzas comunes que van desde los 12 a los 16 años de edad. Terminada la ESO, los jóvenes pueden optar por hacer dos años de Bachillerato o Formación Profesional. Para los socialistas era fundamental el carácter general y básico de estas enseñanzas comunes y no admitían la separación de alumnos por rendimiento escolar ni en razón de sus diferentes intereses antes de los 16 años. En la práctica, resultó que la secundaria obligatoria era una enseñanza general básica extendida durante dos años más.
Sobre el papel, quienes trabajaron en la elaboración de la Ley socialista debieron de ver las cosas muy sencillas: con un plan de estudios común para todos, los más aventajados terminarían a los 16 años y para aquellos que presentaran dificultades de aprendizaje se les permitiría repetir un par de años, de tal forma que, a los 18 años, toda la ciudadanía habría alcanzado la misma formación y estaría en igualdad de condiciones para afrontar la vida. Con ello se habría dado un gran paso hacia una sociedad más igualitaria. Ahora bien, para que este sistema se sostuviera era necesario hacer unos planes de estudio ligeros de contenidos, rebajar el nivel de exigencia hasta aquello que estuviera al alcance de todos los individuos. Tener escolarizada a toda la población hasta los 16 o 18 años sin más perspectiva que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas resulta demasiado difícil de explicar a la sociedad, así que se ha intentado por todos los medios camuflar esa ignorancia insistiendo en la misión no instructiva sino educativa de la escuela e inventando unos complicados sistemas estadísticos de evaluación que, más que permitir, impiden conocer exactamente los resultados de las enseñanzas que se imparten.
Calidad y equidad
Tras la implantación de la LOGSE, los expertos en educación del PP comenzaron a utilizar un argumento que parecía irrebatible: con la LOGSE se ha alcanzado la escolarización de todos los ciudadanos hasta los 16 años, el objetivo ahora debe ser que esa escolarización sea de "calidad". Para ellos estaba claro que la etapa secundaria obligatoria corría el peligro de convertirse en una prolongación de la primaria, por eso hablaron de introducir un factor de calidad en los estudios de secundaria. Esa calidad se entendía, en lo esencial, como una mayor exigencia en el estudio. No sé si fueron conscientes de que para un socialista español progre el que los estudios sean primarios o secundarios sólo puede depender de la edad y no de la capacidad intelectual o afición al estudio del individuo. Desde principios del siglo XX la aspiración socialista ha sido que todos los ciudadanos lleguen a la universidad, cualquier otra alternativa se considera socialmente injusta.
De ahí que, cuando desde la Administración educativa del PP se decía "queremos una educación de calidad", todos los pedagogos progres gritaran a una: "calidad sí, pero con equidad, porque no hay calidad sin equidad". Y, dado que lo progre tiene desde hace tiempo su éxito asegurado en el mundo de la educación, este lema "no hay calidad sin equidad", ha calado profundamente en estos últimos años. Así, y antes de entrar en la presentación de nuevas propuestas, el documento de la ministra Sansegundo deja claro que el concepto que ella y su gobierno tienen de "calidad" nada tiene que ver con el que tenían quiénes elaboraron la LOCE. Porque la calidad, asegura Sansegundo, no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos principios son indisociables. Según este documento, la LOCE descuida el verdadero sentido de la "equidad" simplificándolo y reduciéndolo a una "oferta de posibilidades a los alumnos, sin preguntarse por la justicia o injusticia que implican las desigualdades existentes".
En un debate sobre este nuevo documento alguien del público pidió a un responsable de la Administración educativa del Estado que explicara un poco mejor qué era eso de la equidad. El término equidad, respondió, lleva implícito el deseo de justicia. Como su interlocutor siguiera sin comprender bien tuvo que ser más preciso: lo que nosotros pretendemos es dar a todos la misma formación en las etapas obligatorias de la educación y reservar la "meritocracia" (sic) para el Bachillerato. La respuesta no puede ser más clara, todos los escolares deben estudiar lo mismo y, dentro de lo posible, con el mismo aprovechamiento, hasta que terminen la Educación Secundaria Obligatoria. De ese burro los socialistas no piensan apearse, ni caben los itinerarios "segregadores" ni la formación profesional adelantada. De ahí la prisa que se dio el Gobierno para paralizar la aplicación de una ley, la LOCE, que pretendía separar a los escolares, según sus intereses, en distintos itinerarios e introducir la Formación Profesional antes de terminar la etapa secundaria obligatoria.
Educar en valores
La LOCE sustancialmente suponía un plan de estudios con el que se pretendía dar solución a algunos de los problemas prácticos que con la implantación de la LOGSE se habían producido en los centros de enseñanza. La LOCE incluía en su declaración de principios la finalidad de resucitar el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal. No gusta a los socialistas ese empeño por subrayar el valor del esfuerzo individual pues, según dicen, el esfuerzo no se debe exigir solamente al alumno sino a todo el conjunto del sistema educativo. Para los socialistas, el esfuerzo, y con ello la responsabilidad, no puede ser exigido a un individuo sino que ha de serlo "al conjunto de la sociedad". Como si cupiera hablar de responsabilidad colectiva sin contar con la responsabilidad individual.
En Una educación para todos y entre todos, se critica la pretensión de los populares por insistir más en la adquisición de conocimientos y contenidos "conceptuales" que en "el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes". Para la izquierda, igual que en su día lo fue para Rousseau, la instrucción ha dejado de ser importante para la formación del niño y del adolescente; antes bien, lo verdaderamente importante es lo que se ha dado en llamar la educación en valores. En la LOGSE esta educación en valores, que iba desde la educación para la paz hasta la educación vial, constituían temas "transversales" que debía impregnar todas las asignaturas. Ahora, quizás al ver que por negligencia de un profesorado poco "convencido" esa transversalidad en la práctica no se ha producido, han pensado reunir toda la doctrina en una asignatura de valores democráticos.
Nadie puede negarse a admitir que la educación cívica, el conocimiento y el convencimiento del valor de la democracia tiene su importancia en la formación del individuo que inicia sus pasos como miembro de una sociedad democrática. Y nada habría que objetar si es que se entiende la democracia como la entendía Tocqueville en el siglo XIX: "La democracia atribuye todo valor posible al individuo; el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre"
El fracaso escolar
La LOGSE suprimió la Formación Profesional que se ofrecía a los escolares después de la EGB (a los 14 años) y prolongó la educación básica dos años más, hasta los 16. Este mezcla de capacidades e intereses en las mismas aulas, esta diversidad que tanto gusta a la izquierda ha ocasionado graves problemas de convivencia en los centros de secundaria. Cada día son más los profesores que en estos últimos años han venido denunciando las graves dificultades que tienen para controlar una clase de 3º o 4º de la ESO. Con la Ley de Calidad se pretendía poner remedio a esta situación. Para ello se decidió abrir itinerarios distintos en 3º y 4º de ESO, de forma que ya se fueran encauzando los alumnos hacia un bachillerato científico, humanístico o hacia la formación profesional. Además se crearon unos Programas de Iniciación Profesional (PIP) que los alumnos podrían elegir desde que tuvieran 15 años.
Esta idea chocaba con el principio de la "comprensividad" que había traído la LOGSE al sistema educativo y que es sagrado para los socialistas. Calificados de segregadores los itinerarios y de inadmisible la formación profesional antes de los 16 años, al Gobierno salido de las urnas el 14 de marzo de 2004 le faltó tiempo para paralizar la aplicación de la LOCE y evitar así lo que ellos consideraban no sólo una aberración pedagógica sino, además, un atentado contra la justicia social. No es, pues, de extrañar que en Una educación de calidad para todos y entre todos se proponga la eliminación definitiva de los itinerarios y se plantee la posibilidad de una iniciación profesional, pero nunca antes de los 16 años.
Por otra parte, los socialistas admiten que las cifras del fracaso escolar exigen tomar alguna medida. Después de haber rebajado los niveles de exigencia hasta mínimos escasísimos resulta que más de una cuarta parte de la población no logra obtener el certificado académico más básico que el Estado otorga a los ciudadanos: el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La solución que se propone desde el Gobierno son los llamados Programas de Diversificación Curricular. Esta medida, que ya existía en la LOGSE y que se está aplicando en muchos centros escolares, consiste en formar pequeños grupos con los alumnos de los últimos años de la ESO con riesgo de "fracasar" y adaptar para ellos los programas, esto es, suprimir las partes que les resulten difíciles y exigirles solamente aquello que el profesor, u orientador, considere que va a ser capaz de aprender.
Como no existen exámenes ni pruebas comunes al final de la ESO, resulta que alumnos con estas "adaptaciones curriculares" pueden legalmente acceder al Bachillerato aunque su preparación académica sea claramente insuficiente. Es verdad que estos Programas de Diversificación pueden ser efectivos para reducir las cifras de fracaso escolar pero, aparte de suponer una estafa académica, lo que no se entiende es cómo los socialistas pueden decir sin rubor que esta medida, que en realidad lo que hace es separar de la clase a los malos estudiantes, no es segregadora y que sí lo son, en cambio, los itinerararios de la LOCE.
Resultados no previstos de la LOGSE
En una educación de calidad para todos y entre todos se admite que los resultados de la puesta en funcionamiento de la LOGSE no han sido tan buenos como sus elaboradores habían pensado que serían. Como causas de estos "pequeños" fracasos de implantación se señalan, fundamentalmente, dos: la escasez de los recursos económicos empleados y la convivencia en los centros de secundaria de "profesores con culturas docentes diversas" (sic). Según se dice en el documento, "la crisis económica de los noventa" impidió dotar de los recursos necesarios a la costosísima reforma educativa socialista y, poco más tarde, "cuando los problemas económicos disminuyeron", la falta de interés de los gobiernos del PP impidió hacer la inversión que la reforma necesitaba.
Esa mención a la convivencia en los claustros de "profesores con culturas docentes diversas" resulta un tanto alarmante. Da la sensación de que los socialistas consideran que la LOGSE no ha tenido el éxito previsto por culpa de un sector del profesorado demasiado preocupado por instruir y que, aferrado a conceptos tradicionales de la enseñanza, es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Esa izquierda que tanto pregona la diversidad no parece dispuesta a seguir permitiendo esa "multiculturalidad docente", así que alguna medida debe estar tramando para acabar con ella. Quizás se trate de un programa especial de reeducación o, simplemente, de una jubilación anticipada de los docentes más trasnochados.
La enseñanza de la Religión
En el documento se evita hablar de la asignatura de Religión y se hace referencia a la "enseñanza confesional de las religiones", que deberá ser ofrecida por los centros, "de manera que permita atender las distintas opciones elegidas por los alumnos y asegure la coherencia de toda su oferta formativa". Esa "enseñanza confesional de las religiones" tendrá el mismo tratamiento que ya estaba establecido para la asignatura de Religión en el Real Decreto 2438/1994 de 16 de diciembre: de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos, evaluable como las demás asignaturas y solamente no computable a efectos de la nota media de bachillerato para el acceso a la Universidad y para la obtención de ayudas o becas.
Dado que no se puede permitir la eliminación del estudio de la asignatura de Religión en los centros públicos, pues eso provocaría la indignación de muchos padres católicos, parece que la intención del Gobierno es dar entrada a la enseñanza en la escuela de otras religiones en las mismas condiciones que la religión católica. Si esto fuera así, la contratación de imanes para atender a los alumnos de religión musulmana no se hará esperar.
La enseñanza concertada
El documento habla de la eficacia de la doble red de centros (públicos y privados) financiados con fondos públicos. Sin embargo, dice, "este sistema de doble red ha experimentado algunos recorridos no deseados, que afectan a objetivos tan importantes como la calidad del sistema y la propia cohesión social".
No hay más detalles sobre cuáles serán los planes del Gobierno en cuanto al sistema de enseñanza concertada. Resulta significativo que se hable de una doble red, la pública y la privada, considerando a la enseñanza concertada como privada e ignorando la existencia de los centros verdaderamente privados (los concertados sólo lo son en su gestión). Esta red absolutamente privada tiene, al menos en la Comunidad de Madrid, bastante importancia ya que escolariza a más del 15 % del alumnado.
Conclusiones
Estamos ante un documento que, si bien abandona la sofisticada e incomprensible jerga en la que se redactó la LOGSE, no por ello se aparta de la filosofía pedagógica en la que se inspiró. Antes bien, pretende dejar establecido para siempre en nuestro sistema educativo ese principio de la "comprensividad" que es imprescindible para que se cumpla el deseo de la izquierda de hacer que toda la población tenga la misma preparación académica al menos hasta los 16 años.
Resulta extraño que mientras los laboristas británicos han reconocido ya el rotundo fracaso del modelo de escuela comprensiva (Comprehensive School) y anuncian cada día nuevas medidas para recuperar los olvidados valores pedagógicos tradicionales, aquí, la nueva generación del PSOE que llega al poder se ratifica en sus errores y sigue erre que erre empeñada en mantener una filosofía de la educación que está perjudicando a todos los escolares pero, sobre todo, a aquellos que provienen de medios sociales más desfavorecidos.
Refiriéndose a la pedagogía que ha dominado la segunda mitad del siglo XX escribió Jean François Revel en su obra El conocimiento inútil, "este sistema pedagógico aniquila la gran función de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades intelectuales. (
) La pretendida matriz de la justicia pare así la injusticia suprema." Las palabras de Revel escandalizarían gravemente hoy a cualquier experto en educación. Hoy en día, y ese es uno de los grandes triunfos de la izquierda, la pedagogía dominante sostiene que la labor democrática de la escuela es corregir las desigualdades intelectuales y por eso trata de deslegitimar moralmente el valor de la instrucción, del esfuerzo personal y del espíritu de competencia.
Zapatero, contracorriente en Europa con las clases de religión.
Tengo ante mí, la información de 20 Estados europeos que tienen clase de religión en sus colegios -no incluyo a España- y son: Alemania, Bélgica, Noruega, Suiza, Dinamarca Luxemburgo, Inglaterra, Suecia, Austria, Holanda, Finlandia, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, Croacia, Bulgaria, Polonia, Irlanda y Lituania.
En la mayoría de ellos es, asómbrese, obligatoria, y en los demás optativa. En todos ellos es considerada como materia ordinaria que es calificada. ¿Por qué España quiere eliminarla en contra de lo que hace la mayoría de los países europeos? Además, no calificarla va en contra del derecho actual español y según esta normativa debe impartirse en las mismas condiciones que los demás países. ¿Nos quiere hacer volver el señor Rodríguez Zapatero a la época de los godos? No lo considero muy progresista por su parte, ni apoya el sentir de los españoles. Si quiere servir a España y meternos en Europa, imitémosles en un tema tan serio.
