Aznar desmonta en once horas las mentiras y manipulaciones sobre el 11-M.

En una intervención histórica por su duración y por el protagonista –un ex presidente de Gobierno–, Aznar tocó todos los asuntos que rodearon, antes y después, la matanza de Madrid. El 11-M, dijo, "no es una fecha inocente, es tres días antes de unas elecciones". También denunció el papel de la Cadena Ser (sin nombrarla), que ha sido "recompensada" por "sus servicios a la causa con un premio Ondas". La reacción de la emisora no se hizo esperar. Poco después, ya sin Aznar, TVE hizo su particular comisión en el programa 59 segundos. Lea AQUÍ el discurso inicial de Aznar.

La intervención de José María Aznar ante la comisión de investigación concluyó a las ocho menos diez de la tarde; más de diez horas y media de duración, pues, lo que la convierte (si se tiene en cuenta, además, que el protagonista era un ex presidente del Gobierno) en una comparecencia sin precedentes en la historia parlamentaria española.

Los ejes del discurso de Aznar en la comisión, así como de las respuestas que ofreció a los comisionados, fueron, en resumen, los siguientes:

1. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Tanto en el discurso inicial como en varias de sus respuestas, el ex presidente del Gobierno dejó claro –aunque evitando nombrar a la Cadena SER– que entre el 11 y el 14 de marzo se produjo la fabricación de lo que denominó "la gran mentira", con tres terroristas suicidas y el conocimiento de un vídeo reivindicativo antes de que se encontrara como ingredientes destacados de la misma.

Aznar acusó a "partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el Gobierno del PP" de "fabricar una gran mentira", "jugar a desestabilizar" y utilizar la jornada de reflexión para "alentar el acoso organizado contra un partido democrático". "Mintieron y fabricaron una gran mentira", reiteró. Aznar quiso contrastar la "mentira" vertida en estos medios: la "falsa información sobre los terroristas suicidas"; la acusación al Gobierno de ocultar la información obtenida gracias a la aparición de la furgoneta de Alcalá; la información sobre una "dimisión masiva" de los responsables policiales, la "fabricación" del inexistente encuentro de Acebes con el Rey para decretar la suspensión de las elecciones y el anuncio de que la Casa Blanca iba a hacer público un comunicado en el que informaba de la autoría de Al Qaeda.

Según el ex presidente, se buscaba "la pistola humeante de la supuesta mentira del Gobierno"; asimismo, subrayó que "después de meses de investigación esa evidencia no ha aparecido". "Los autores de esa información han sido recompensados recientemente por sus servicios a la causa con un premio Ondas, que es como decir 'miente, miente lo más miserablemente que puedas, todo lo que se te ocurra, con tal de servir a la causa, que serás recompensado e igual hasta te llevas un premio'", añadió.

La Cadena SER, este lunes por la noche –en Hora 25, el espacio de Carlos Llamas–, ha encontrado su polémica fonoteca y ha emitido cortes para tratar de probar que sus exclusivas no eran propias sino oficiales.

2. LA IMPREVISIÓN. Fue otro de los ejes tanto de Aznar como de los grupos parlamentarios que preguntaban. Pero el argumento también era nítido: "El pitorreo del comando Dixán", en palabras del ex presidente del Gobierno. Lo introdujo Eduardo Zaplana: "¿Conoce la expresión comando Dixán?". “En esta misma Cámara –recordó oportunamente Aznar– Zapatero me dijo si yo era capaz de sostener que los detenidos en Barcelona eran una célula Al Qaeda”, y “el señor Caldera que si los terroristas pensaban atacar con detergente”, aludiendo “al comando Dixán”. También citó una frase pronunciada por Llamazares en sede parlamentaria: “A este paso cualquiera que sea un poco moreno y que quiera colaborar en las tareas del hogar va a ser detenido por ustedes por ser miembro de Al Qaeda”.

La mención a esta acepción burlesca que brindó la oposición a una operación antiterrorista contra los denominados "salafistas" en Cataluña fue comentada así por el ex presidente: "¿A qué viene, entonces, todo el pitorreo del comando Dixán, el pitorreo del jabón, cuando tenían temporizadores, material susceptible de convertirse en explosivo, teléfonos móviles manipulados, libros sobre la Yihad, documentación sobre el 11-S? ¿Es normal? ¿Eso es lo que llevan los que se van a dedicar a las labores del hogar?".

3. EL OBJETIVO: MATAR Y VOLCAR EL PROCESO ELECTORAL. Ya lo había expuesto a lo largo de la mañana, pero insistió a Jordi Jané (CIU) durante el turno de cierre con todos los grupos. Aznar mostró su convencimiento de que, si las elecciones se hubieran realizado el 7 de marzo, el atentado se hubiera producido el día 4; y de que si se hubieran realizado el 21 de marzo, el atentado se hubiera producido el día 18.

“El 11 de marzo no es una fecha inocente”, afirmó. “La finalidad era asesinar gente y afectar al proceso electoral. Si a nosotros, al Gobierno, los servicios de información nos hubiesen dicho que el atentado era obra de un grupo islámico, lo hubiese sabido la opinión pública. Pero todo el mundo sabe que la intencionalidad del atentado era afectar al proceso electoral, además de matar, y eso afecta ahora a todas las democracias del mundo”, advirtió. Las fechas expuestas en el párrafo anterior son los días que se barajaron para convocar las elecciones.

4. LA REFLEXIÓN Y EL VENTILADOR DE CUESTA. Pese a que el comisionado del PSOE trató de girar el argumento del acoso antidemocrático hacia los miembros de su partido, Aznar también dejó sólidamente asentado que fueron las sedes del PP las que sufrieron el asedio, con unas manifestaciones "que dudo fueran espontáneas".

“No fueron las sedes de otros partidos las que se vieron cercadas el mismo día, a la misma hora y en toda España, que ya es casualidad. ¿Por qué no se quiere saber la verdad sobre eso?”, se preguntó el anterior jefe del Ejecutivo. Asimismo, demandó que comparezcan ante la Comisión las personas “que saben de dónde venían las convocatorias, las personas que saben de dónde venían esas llamadas”. En este sentido, reiteró: “Pido que se investigue y se diga a la opinión pública” todo lo que ocurrió el día de reflexión. Además, enumeró los procesos abiertos en este sentido, con 22 cargos políticos implicados, entre ellos 17 socialistas y 4 de IU.

"No me diga –le dijo a Cuesta– que en las sedes del PSOE sentían un gran acoso". Aznar dijo que "la guinda la puso el señor Rubalcaba, que acusó al Gobierno de mentir" en su comparecencia pública de la noche del 13 de marzo, y recordó que entre los bulos que se difundieron en los cuatro fatídicos días de marzo se contaba el que decía que el Gobierno (Acebes, concretamente) había presentado al Rey un decreto para suspender las elecciones generales.

Cuesta, por su parte, le acusó de "poner en marcha un ventilador de infamias" y de cuestionar el resultado electoral del 14-M, "introduciendo subrepticiamente una suerte de deslegitimación", así como de "echar la culpa a los de abajo".

5. ETA Y EL TERRORISMO ISLÁMICO. Ocho meses después de la matanza de Madrid, el entonces presidente del Gobierno no abandonó la primera impresión. Quizá la respuesta más significativa la recibió también el socialista Cuesta, cuando Aznar le preguntó: “¿Usted está en condiciones de afirmar que no hay ninguna conexión? Porque yo no lo sé, y como no lo sé –prosiguió– pido que se investigue”. Poco después, en el turno de cierre, dirigió otra pregunta al comisionado de CiU Jordi Jané: "¿A usted no se le encienden las alarmas cuando aparece un nombre y un teléfono en la agenda de un terrorista? ¿Lo tiene para felicitarle el cumpleaños?".

Las menciones de Aznar a las últimas revelaciones del diario El Mundo –contrastadas ya en sumario judicial– fueron abundantes. Repasó las coincidencias de las caravanas de la muerte –la interceptada en Cañaveras y la procedente de Asturias–, y cómo en aquél momento era un dato de gran importancia. También destacó que, según se ha demostrado, los proveedores de explosivos para ETA y los islamistas eran comunes, y que los presos etarras e islamistas tenían relación en las cárceles. En suma, esgrimió las revelaciones que han sido despreciadas por el resto de comisionados desde que comenzaron sus trabajos, sin olvidar lo que ya se apreció en su momento: Chamartín y el Intercity de Irún, las mochilas de Baqueira Beret, las mochilas contra centros comerciales interceptadas en la carretera de La Coruña y la citada furgoneta de Cañaveras. Por cierto, olvidó citar expresamente el intento contra la Torre Picasso.

6. LA GUERRA DE IRAK. El ex presidente también tuvo la oportunidad de desmontar el argumento de que el 11-M se debió al apoyo de su Gobierno a la intervención para derrocar al dictador iraquí Sadam Husein. En esta materia sorprendió el elogio del socialista Álvaro Cuesta al comportamiento de George W. Bush en la comisión sobre el 11-S. Aznar no pudo evitar bromear con estas alabanzas por parte de un miembro del PSOE: “Yo comprendo que los deseos de restablecer relaciones que ustedes mismos, en las calles y otros sitios, han destrozado deben ser muy intensas, pero escuchar halagos a Bush, calificándole de líder mundial, es verdaderamente admirable. Transmítanlo rápidamente, a ver si tienen más suerte que hasta ahora”. Abandonando la ironía, agregó: “Pero Bush tuvo la suerte de que la oposición nunca le hizo responsable de esos atentados”.

“A mí me hicieron responsable ya con los atentados de Casablanca, con la guerra de Irak; me han acusado de alentar un golpe de Estado en Venezuela. Tengan la decencia de tener un límite, no elogien en los demás lo que ustedes niegan en su propio país. Nadie acusó en EEUU al presidente, incluso la oposición estuvo a la altura de las circunstancias. Ustedes no han estado a la altura. Ustedes dijeron que si nos marchábamos de Irak se acaba la amenaza y eso era mentira, como las furgonetas, los suicidas... todo eran mentiras”, afirmó.

7. LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. También hizo referencia a las noticias aparecidas en El Mundo sobre la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Asturias en la investigación del 11-M. Aznar ha pedido a los españoles que se acuerden de la Guardia Civil "que liberó a Ortega Lara" y desbarató "el aparato de finanzas de ETA". "Luego, si ha habido irregularidades en la investigación que se depuren", agregó, antes de volver a defender el nombre de las Fuerzas de Seguridad y su actuación en la lucha contra el terrorismo. Además, pidió "que no se impute ni a la Policía ni a la Guardia Civil una responsabilidad colectiva que no tienen".

Por otro lado, TVE decidió, esta vez en directo, retomar las once horas de comparecencia de Aznar –eso sí, sin Aznar– en 59 segundos. Sin el truco del micrófono que se esconde, acudieron al plató de la primera cadena estatal Gaspar Llamazares (IU), Jordi Jané (CIU), Manuel Atencia (PP) y Antonio Hernando (PSOE). Posteriormente los políticos cedieron su espacio a los periodistas; en concreto, a Pedro Jota Ramírez, director de El Mundo; a Fernando Rodríguez Lafuente, subdirector de ABC, y a los comentaristas Carlos Carnicero y Enric Sopena. Entonces volvió el micro que se esconde.

Indigno Moratinos. El Gobierno del rencor, el sectarismo y la mentira. PSOE-PRISA.

Había que armarla antes de la comparecencia de José María Aznar ante la comisión de investigación del 11-M. Había que asestar un golpe de efecto de relevancia internacional en el talón de Aquiles del político popular para arrastrar su imagen por los suelos antes de que durante largas horas las televisiones, radios y periódicos de España y buena parte del extranjero centren sus focos de atención en la persona del ex presidente del Gobierno cuyo partido perdió las elecciones tras una brutal masacre.

A ello se prestó Miguel Ángel Moratinos olvidándose que es el ministro de Asuntos Exteriores de todos los españoles, no del PSOE y de sus aliados independentistas radicales de izquierda. Moratinos ha ensuciado su cargo trufándolo de sectarismo indigno al olvidar que su única y fundamental misión es la de representar a España. Moratinos se ha convertido en el titular del infundio, la patraña y la farsa.

Acusar a José María Aznar de golpista desde la televisión que pagamos todos los españoles es, además de mentir a sabiendas de que se miente, acusar a la Unión Europea de golpista. Aznar era el presidente de turno de los Quince cuando, según Morotinos, apoyó el golpe contra Chávez y, por lo tanto, sus actos lo eran también los de la Europa comunitaria. Para el Gobierno de Rodríguez Zapatero y su indigno Moratinos todo vale con tal de ensuciar la imagen del anterior presidente.

Si el Ejecutivo Zapatero tiene acreditado haberse convertido en el más radical de izquierdas, anticlerical y sectario de la reciente historia de la democracia, ahora llevará en la solapa el galón de la indignidad, la calumnia y el embuste. Lo dicho por el tramposo e indigno Moratinos demuestra únicamente el enorme nerviosismo de La Moncloa ante la reaparición en escena del único presidente de la Historia que abandonó el puesto por voluntad propia y que ni saqueó, ni robó ni secuestró ni mató, como ocurrió en la etapa socialista que le precedió.

La Iglesia ahorra al Estado 6.000 millones de euros al año.

El Gobierno intenta transmitir de múltiples modos a los ciudadanos españoles que el Ejecutivo sustenta a la Iglesia y que esta institución recibe un trato de favor: sólo recibe, no da.

Ante este cúmulo de falsos mensajes, ÉPOCA se ha planteado un escenario irreal, pero que sirve adecuadamente para averiguar lo que aporta la Iglesia a la sociedad civil, que es lo mismo que decir al Estado: ¿Qué ocurriría si la Iglesia católica con todas sus instituciones, desapareciera de España? ¿Qué ocurriría con la sanidad, la enseñanza o la labor caritativa y social? El catedrático Juan Velarde contesta: "Sería una catástrofe para el conjunto de la sociedad española del bienestar.

La financiación en general de los servicios sociales a cargo de la Iglesia se hace de manera extraordinariamente barata. Si el Estado tuviera que hacerse cargo a la fuerza de todos esos servicios sociales, sería imposible que pudiera abordarlo: tan sólo ver las cifras de educación y los costes que conlleva impresiona, hay que ver las partidas con atención.

Creo que este debate se ha empezado de manera frívola y que hay que reconsiderarlo de arriba a abajo, porque si desapareciera la Iglesia se dinamitarían los servicios sociales que los españoles reciben en buenas condiciones. Sería hacer pagar a los ciudadanos por un mensaje anticlerical resobado que no tiene sentido en ningún lugar, que lo tuvo en el siglo XIX y que actualmente provoca carcajadas. Todo esto es algo inaudito y alguien tendrá que pagarlo porque es irresponsable".

"No hay ninguna previsión de cambio de los acuerdos básicos con la Iglesia católica". Estas palabras del presidente Rodríguez Zapatero pretendían cerrar un debate abierto por el propio Ejecutivo socialista y que ha puesto encima de la mesa la siguiente cuestión: ¿El Estado debe seguir complementando por vía presupuestaria (en torno a 30 millones de euros anuales, aproximadamente) lo que aportan los contribuyentes que lo desean, en su mayoría católicos, a través de la casilla del IRPF?

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirma que ésta es una cuestión que "debería revisarse", y manifiesta injustamente que la religión católica, mayoritaria en España, tiene a su juicio "un trato preferente" respecto a otras. "Esta circunstancia tiene que ser revisada porque el Estado español no es confesional.

Deben ser los católicos los que sostengan a la Iglesia y, en la actualidad, este hecho no se produce porque lo que aportan los fieles (a través del IRPF) es inferior a lo que requiere dicha institución", señala.

Caldera dice verdades y cosas falsas. No hay tal trato preferente, como demostramos en este artículo, y es verdad que este coeficiente del 0,5239 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas es insuficiente, pero lo impusieron los socialistas en los Gobiernos de Felipe González, y numerosos expertos consideran que debería aumentarse hasta el 0,8%, tal como sucede en los países europeos que incluyen este sistema, asegura Alberto de la Hera, director general de Asuntos Religiosos con los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004).

El catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid José Tomás Raga insiste en la misma idea: "En el año 87 la cuota se calculó mal y ahora debería haber un ajuste de tarifas. (...) ¿Que dicen que España es un Estado aconfesional y tiene que ser voluntario financiar la propia religión? De acuerdo. Pero ni a usted ni a mí nos preguntan si queremos sostener a los sindicatos (un 4% de afiliación por parte de los trabajadores) y lo hacemos.

Tampoco les preguntan a las empresas si desean sustentar a las Cámaras de Comercio a través del impuesto de sociedades y, sin embargo, están obligadas. Frente a estos datos le doy otro: el 80% de la población española se confiesa católica".

Lo realmente grave, sin embargo, es este debate sobre la financiación de la Iglesia, en el que profundizamos más adelante, que ha servido de catapulta para situar a la Iglesia católica como presunta beneficiaria de regalos por parte del Estado. Nada más calumnioso que hablar de "sobrefinanciación", como acostumbra a hacer el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta.

Tras consultar a numerosas instituciones que operan en España, el saldo neto entre el Estado y la Iglesia ha resultado favorable con enorme amplitud a esta última. Si tenemos en cuenta solamente tres variables -la acción educativa de instituciones religiosas, su labor sanitaria y su tarea social-, este saldo es, con arreglo a los datos recogidos del año 2000, de 6.000 millones de euros favorable a la Iglesia católica (ver cuadro en página anterior).

Comencemos por la acción social. Hace décadas, la Conferencia Episcopal creó la Organización No Gubernamental Cáritas Española con el fin de fomentar y coordinar la solidaridad de la comunidad cristiana. La labor de esta ONG abarca todos los grupos afectados por la desigualdad y la injusticia con programas de asistencia a mayores, colectivos sin techo, inmigrantes, drogodependientes, enfermos de sida, minusválidos, reclusos e infancia.

Según la memoria de 2000, Cáritas invirtió 25.881.312.128 pesetas (155 millones de euros) en proyectos que sirvieron para mejorar la situación de más de un millón de personas. Así, el 70% de lo recaudado procedía de fuentes privadas, mientras que el resto llegó de las distintas Administraciones públicas.

Los fondos privados de Cáritas dedicaron 2.806.146.459 pesetas (16.865.279 euros) al programa de Acogida y Asistencia; al de Mayores, 1.963.359.649 pesetas (11.800.029 euros); al de Empleo, 987.059.550 pesetas (5.932.347 euros); a los Transeúntes, 963.612.864 pesetas (5.791.429 euros); a la Infancia, 458.146.800 pesetas (2.753.517 euros), y así sucesivamente.

Si Cáritas no hubiera estado en España en el año 2000, no se habrían dedicado 57,3 millones de euros a la lucha contra la pobreza. ¿Quién aplica todos estos programas? 3.828 trabajadores de Cáritas en las diferentes comunidades autónomas de España, la mayoría laicos (3.396). Además, cuentan con 66.805 voluntarios (49.923 laicos, 1.696 sacerdotes, 1.501 religiosos, 390 seculares y 13.295 miembros cuya condición no está especificada).

El catedrático Raga afirma que "parece claro que el Estado no podría acoger a todas las personas marginales que la Iglesia encauza. ¿Si no se aclara sobre los centros de acogida nocturnos cómo los va a ayudar?

El Estado debe apoyar a todas las instituciones que ejercen una función social que en teoría es pública. Pero siempre está regateando. ¿O tiene el mismo sueldo un hermano de San Juan de Dios que un enfermero de la Seguridad Social (con todos los respetos para estos enfermeros)? El religioso gana una tercera parte".

Otro importante capítulo de la labor caritativa de la Iglesia se desarrolla en las prisiones. La Pastoral Penitenciaria atendía en 2000 a 45.080 reclusos en 82 centros penitenciarios, a través de 130 capellanes y 162 asociaciones religiosas, 76 movimientos apostólicos y 69 asociaciones civiles. Es imposible cuantificar tanto esfuerzo.

Enseñanza
Uno de los ámbitos en los que la Iglesia católica está más presente en España es la enseñanza. Según el Consejo General de Educación Católica, en el curso escolar 1999-2000, la Iglesia tutelaba 185 guarderías, entre concertadas (con ayuda del Estado) y no concertadas: 168 centros infantiles, 1893 centros infantiles con primaria, 204 centros de primaria, 2.058 centros de la ESO, 497 centros para BUP y COU, 117 centros de Formación Profesional, 43 centros de educación especial, 23 centros de formación para adultos y nueve para enseñanzas no regladas.

En este mismo curso escolar había 1.298.105 alumnos inscritos en centros educativos católicos (en enseñanzas básicas y medias). Asimismo, la Iglesia poseía en el curso escolar 1999-2000 la titularidad de seis Universidades, 11 colegios universitarios, 44 facultades, siete escuelas técnicas superiores, 66 escuelas universitarias y 65 centros de otra naturaleza. En ese curso escolar había 125.386 alumnos en los centros educativos católicos y similares de educación universitaria y asimilada. En este capítulo es difícil de cuantificar la inversión que la escuela concertada realiza sobre cada alumno, pero no lo es llegar a una conclusión: la escuela pública es mucho más cara que la escuela gestionada por la Iglesia.

Manuel de Castro, secretario general de la FERE-CECA, ha asegurado a ÉPOCA que "el coste de un alumno en la escuela pública es superior en un 50% al menos al de la escuela concertada, según opinión mayoritaria de los consejeros de educación de las CC AA, incluida Cataluña".

En efecto, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid manifiesta que "el aula de una escuela pública es un 60% más cara que la concertada, teniendo ésta un déficit de 3.000 euros". Diversas fuentes consultadas por ÉPOCA coinciden en que el Estado dedica 1.800 euros anuales a un alumno de enseñanza básica y media que estudia en una escuela concertada, una cifra que apenas ha variado en los últimos años. Las mismas fuentes añaden que se trata de una estimación.

Por otro lado, un estudio del ex secretario de Estado de Educación Álvaro Marchesi defiende que el gasto por alumno no universitario en España está a la cola de la Unión Europea. Este gasto varía según las CC AA: en el País Vasco, donde se dedica a este capítulo la cifra mayor, se invierten 4.440 euros por alumno, mientras que en Madrid o en Andalucía no llega a los 2.300.

En líneas generales, la media del gasto por alumno en España es de 2.989 euros. Según este dato, si desapareciera la escuela concertada en primaria y en la ESO (990.774 alumnos) en España, el Estado debería invertir o gastar 1.178 millones de euros para garantizar las mismas prestaciones educativas.

Con estos datos, José Tomás Raga califica de "tremenda" la situación que se produciría si desapareciese esta institución de la enseñanza, "con el matiz de que la escuela concertada no quiere decir que haya un coste público de la enseñanza. Yo le haría otra pregunta al Ejecutivo: ¿Qué ocurriría si la financiación de la enseñanza se hiciera a través del alumno? Es decir, ni un céntimo más a ninguna escuela, a ninguna.

Lo que en Holanda se denomina el cheque escolar: es el alumno (sus padres) el que tiene el dinero y es el alumno quien decide. El Gobierno se tiene que dar cuenta del alcance de la labor de la Iglesia en este ámbito".

El economista Raga concluye que "el Ejecutivo ha abierto este debate de manera frívola, como si el dinero que el Estado entrega a la Iglesia fuera a parar al bolsillo de los obispos. Como si estuviesen financiando una actividad lúdica, y nada más lejos de la realidad".

Julia Otero y el Gran Wyoming se forran con TVE. PSOE-PRISA paga favores.

A pesar de los pésimos datos de audiencia, Las Cerezas de Julia Otero le van a salir a TVE por 3.120.000 euros (más de 500 millones de pesetas). Otro de los agraciados con contrato millonario es el programa de Wyoming, que costará alrededor de dos millones de euros.

A pesar de los pésimos datos de audiencia, Las Cerezas de Julia Otero le van a salir a TVE por 3.120.000 euros (más de 500 millones de pesetas). Otro de los agraciados con contrato millonario es el programa de Wyoming, que costará alrededor de dos millones de euros.

La periodista gallega Julia Otero y el showman José Miguel Monzón Navarro, más conocido como el Gran Wyoming, están de enhorabuena. Los contratos millonarios firmados por uno y otro con Televisión Española son de los que hacen historia y auguran pasar a los anales del despilfarro del ente público, cuyo déficit se cifra en unos 600 millones de euros y cuya actual directora general, Carmen Caffarel, viene lamentándose de tener "las manos atadas" por el presupuesto económico heredado de la etapa de gobierno del PP para "llevar a cabo" muchos de sus objetivos.

Sin embargo, las cifras comprometidas con las productoras de Otero y Monzón no hablan precisamente de estrecheces, ni dan idea de penurias presupuestarias: nada menos que 3.120.000 euros (unos 518 millones de pesetas) se embolsará Somos.som, la productora de la conocida presentadora radiotelevisiva, por 26 programas de Las Cerezas; la empresa que gestiona el show de Wyoming percibiría alrededor de 1.795.000 euros (en torno a 298 millones de pesetas) por la elaboración de un total de 13 programas de un nuevo espacio de variedades que empezará a emitirse en los próximos días.

El responsable de las millonarias contrataciones es el director de TVE, Juan Menor, confirmado en su cargo por la nueva dirección tras el cambio de Gobierno. Menor, que según fuentes bien informadas de TVE tiene como principal valedor al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, ha sido uno de los escasos supervivientes de la purga interna perpetrada por Caffarel: 58 ceses de directivos en los tres primeros meses desde su llegada a Prado del Rey (16 de los cuales cesaron para ocupar otros cargos).

"La humanidad ha salido ganando con mi decisión de dejar la medicina para ser artista". La frase se atribuye al amplio repertorio de genialidades de José Miguel Monzón (Madrid, 15/10/1955), el polifacético comediante, licenciado en Medicina, que comenzó su carrera haciendo chistes en un bar de la capital y que alcanzó sus mayores cuotas de éxito profesional al frente del satírico espacio Caiga Quien Caiga.

Wyoming, que ya trabajó en TVE con espacios como El Peor Programa de la Semana, regresa ahora a la pequeña pantalla con un programa en el que, según sus propias palabras, propone un "experimento catódico en el que la risa va a sustituir al grito", donde se entremezclarán entrevistas y actuaciones musicales. Un programa que, en declaraciones de los responsables de TVE, "constituye una de las más atrevidas apuestas de esta temporada".

Presuntos culpables.

Veo la tertulia de María Teresa Campos y me viene a la cabeza un refrán kurdo que dice que la lengua de las viejas es como la lengua de las serpientes. Áspera, húmeda, ponzoñosa, hedionda...

En el debate matutino de Antena 3 despellejan al personal con la colaboración telefónica de los espectadores. La gente llama y de forma anónima dice pestes de alguien que esté de actualidad (ayer le tocó a un alto cargo de la Guardia Civil al que acaban de cesar de su puesto).

La presentadora no exige pruebas de esas calumnias, ni siquiera pide al calumniador que se identifique. Se lava las manos, "cuando usted dice todas esas cosas debe conocer muy bien el tema", y pasa a otro ’informador’ anónimo.

Todos somos culpables... hasta que María Teresa Campos y sus tertulianos digan lo contrario. La presunción de inocencia no tiene razón de ser en esta televisión miserable. Cualquiera que tenga la precaución de llamar desde una cabina y apretarse la nariz con dos dedos puede decir que fulano es un ladrón o que mengana es una golfa. Y no pasa nada. Esto antes era un linchamiento. Ahora prefieren llamarlo magazine matinal...

El PSOE impide que declaren ante la Comisión del 11-M Lavandero y Campillo.

Se retrasan las comparecencias de Aznar y Rodríguez Zapatero para investigar la trama asturiana.

Los socialistas consiguen que se cite para el próximo lunes a los mandos de la Guardia Civil de Asturias sin que se haya obtenido previamente el testimonio de quienes los han dejado en evidencia. La mayoría gubernamental también veta una nueva comparecencia del coronel Félix Hernando, jefe de la UCO.

El PSOE rechazó anoche una petición del Partido Popular que solicitaba la comparecencia ante la Comisión del 11-M en el Congreso de los Diputados del guardia civil Jesús Campillo y del confidente Javier Villazón, conocido como Lavandero. Este contó al agente en el año 2001, mucho antes de los atentados islamistas en Madrid, que los también confidentes Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras buscaban a alguien que supiera preparar bombas con teléfonos móviles.

Lo que sí acordó la Comisión ayer fue retrasar unos días las comparecencias de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero, porque los 16 diputados que la integran consideran que, antes que el presidente del Gobierno y su antecesor, deben acudir otras personas para ser preguntadas sobre la trama asturiana relacionada con la venta de los explosivos utilizados para cometer esa masacre.

Esta decisión supone, y así lo dijeron ayer algunos diputados, que la Comisión valora como necesario investigar las últimas revelaciones que ha publicado EL MUNDO sobre esta cuestión. Sin embargo, las personas que están en el origen de esas informaciones no comparecerán.

Los que sí acudirán son los mandos de la Guardia Civil de Asturias, que prestarán declaración en el Congreso sin que previamente lo hayan hecho las personas que los han dejado en evidencia.

El pasado 10 de noviembre, este periódico publicó que en 2001, casi tres años antes de los atentados del 11-M, los confidentes Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras intentaron contactar con alguna persona que supiera preparar bombas con teléfonos móviles.

Otro confidente de la Guardia Civil, Francisco Javier Villazón, Lavandero, contó esa información al agente Jesús Campillo, quien grabó su conversación con él. La cinta fue entregada a un superior y finalmente fue a parar a un cajón. Un año más tarde, al cambiar parte del mobiliario de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, una mesa fue enviada al pequeño cuartel de Cancienes (Asturias) y un agente encontró la grabación en uno de sus cajones.

Ayer, después de todo un día de conversaciones, de dos reuniones de los miembros de la Comisión y de varias comparecencias ante los periodistas para explicar los acuerdos alcanzados, el PP presentó a última hora un escrito en el que solicita que sean citadas siete personas -antes habían pedido sólo dos, y el PSOE otras dos- y que se escuche la citada grabación o, al menos, que se facilite a la Comisión una transcripción de la misma.

La Comisión del 11-M se reunió por la mañana para hablar de las comparecencias de Aznar y de Rodríguez Zapatero. El PP planteó la necesidad de que sean llamadas también otras personas, para que acudan tras la declaración del presidente del Gobierno, con el objetivo de investigar la que se conoce como trama asturiana.El PSOE se negó a que eso ocurra «después» de que acuda Zapatero.Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds también pidió más citaciones y propuso que tengan lugar en los huecos que vayan quedando algunos días.

Por la tarde, en una segunda reunión, los integrantes de esa Comisión acordaron -con las discrepancias de los partidos minoritarios- que sean llamados para el lunes próximo estas personas: teniente coronel de la Guardia Civil José Antonio Rodríguez Bolinaga, hasta el martes jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que fue destituido anteayer por haber transcurrido más de un mes desde que conoció la existencia de esa cinta hasta que la entregó al juez; el general Pedro Laguna, que era el jefe de Comandancia de Asturias en la época en que se produjeron esas conversaciones relacionadas con los explosivos -ya ha comparecido anteriormente en la Comisión-, y el coronel Luis Antonio Búrdalo de Fuentes, el actual jefe de la Guardia Civil en Asturias, de quien dependía Bolinaga.

El PP también pidió que sea llamado de nuevo el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero el PSOE dijo que se negaría a esta última solicitud.

Ante la anunciada negativa de los socialistas a que declare de nuevo Hernando, el PP aumentó su lista de peticiones: solicitó también la presencia del guardia civil Campillo y del confidente Lavandero.

Por la noche, al concluir el Pleno del Congreso, se reunieron los tres integrantes de la Mesa de la Comisión del 11-M para estudiar todas las peticiones: el presidente, Paulino Rivero (Coalición Canaria), Alvaro Cuesta (PSOE) e Ignacio Gil Lázaro (PP).

En las reuniones de la Mesa, cuando se producen tres empates seguidos, no se acepta la petición que se vota. Y eso es lo que ocurrió anoche.

Paulino Rivero siempre se abstiene, porque es el presidente y no quiere inclinarse hacia un partido u otro. Los diputados Cuesta y Gil Lázaro defendieron cada uno sus posturas, con lo que no prosperó la petición del PP de que declaren Hernando, Campillo y Lavandero.

Lo que sí aceptó el portavoz de los socialistas es que el lunes próximo -cuando comparecerán el teniente coronel Rodríguez Bolinaga, el general Laguna y el coronel Luis Antonio Búrdalo- los 16 diputados de la Comisión puedan disponer de una transcripción de la conversación grabada por el agente Campillo a Lavandero.

Las nuevas citaciones obligaron a retrasar las de Aznar y Rodríguez Zapatero. Para ello, Paulino Rivero tuvo que hacer varias gestiones ayer tarde, pues era difícil buscar un hueco en la agenda del presidente del Gobierno y de su antecesor.

Aznar, cuya presencia estaba prevista para el próximo lunes, acudirá el 29 de noviembre. Rodríguez Zapatero declarará el 13 de diciembre.

En ambos casos, el portavoz de cada grupo político podrá preguntar al compareciente durante 40 o 50 minutos. Después, en una segunda ronda, podrá disponer de un tiempo breve para pedir alguna precisión o aclaración.

De esta manera se intenta que el presidente del Gobierno o su antecesor no tengan que estar siete u ocho horas respondiendo a los diputados, como ocurrió con el ex ministro Angel Acebes y con otros comparecientes.

Paulino Rivero explicó que este reajuste del calendario ha sido necesario debido a que en las últimas semanas «se han producido acontecimientos y revelaciones informativas» que obligan a ampliar los trabajos de la Comisión. Se refería, sobre todo, a las informaciones que ha publicado EL MUNDO.

Respecto a la posibilidad de ampliar todavía más el número de comparecientes, cuando concluyan los que están previstos, Rivero indicó que eso parece poco probable, porque la Comisión no debe dilatar sus trabajos excesivamente. Su idea es que concluyan antes de Navidad, aunque los grupos decidirán si solicitan más citaciones o no.

Al portavoz del PSOE, Alvaro Cuesta, le parece que las nuevas comparecencias acordadas ayer son suficientes para llenar las expectativas de la Comisión.

Por una parte, según dijo, la presencia de los mandos de la Guardia Civil permitirá aclarar los puntos oscuros que existen en relación con la trama asturiana. Además, también se garantiza que una representación de la Asociación de Víctimas del 11.M cerrará las declaraciones y que Aznar declarará antes que Rodríguez Zapatero, tal y como los miembros de la Comisión decidieron en su día.

Argentina. Infame legislación laboral.

Además de la informalidad, el paro es del orden del 20% y los salarios son los más bajos de la historia argentina La otrora pujante Argentina, que llegó a estar entre las diez naciones más ricas del mundo a principios del siglo XX, convirtiéndose en uno de los países que más atraía la inmigración, hoy ostenta un récord muy diferente: es el país de Latinoamérica con más trabajadores informales, 53% fuera del sistema laboral legal. Sin embargo, un país de muy similares características como es Uruguay, con una política socialista en lo que a leyes laborales se refiere, tiene 34% de informalidad laboral. Peor aún, agosto de este año, a pesar de que el Gobierno argentino contrató a 28.000 nuevos empleados (como si tuviera pocos), el empleo formal creció 0,6%.

Como señala Gustavo Lazzari de la Fundación Atlas, los seis millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina entre 1853 y 1930 estaban protegidos por sólo seis artículos del Código Civil de 1871. Pero no había desempleo; los trabajadores, los inmigrantes y el país progresaban como nunca lo habían soñado. Pero luego, particularmente durante el Gobierno fascista de Perón, se legislaron decenas de miles de leyes, convenios, decretos y reglamentos para, supuestamente, proteger a los trabajadores. Así, Argentina es hoy un país de emigrantes, con la paradoja de que los nietos de aquellos que vinieron de España e Italia están de regreso a esos países.

¿Por qué los trabajadores "protegidos" por el Estado, los sindicatos, los "líderes sociales", la prensa izquierdista, los jueces y abogados "laboralistas" forman fila en los aeropuertos para irse del país? La ley laboral impuesta por la fuerza policial del Estado provoca el desempleo y la pobreza; impone tantos costos y regulaciones que quienes tienen que contratar trabajadores hacen todo lo posible por evadirla.

Por ejemplo, una pequeña o mediana empresa con 20 años de edad en Argentina, con 25 empleados a quienes paga un sueldo promedio de mil pesos (340 dólares), si dentro de diez años decide cerrar el negocio, el monto a pagar por concepto de indemnizaciones será de 1.500.000 pesos (500.000 dólares). Es decir que dentro de diez años tendrá ese pasivo, independientemente de cómo le haya ido al negocio y solamente por haber cometido la imprudencia de contratar trabajadores legalmente. A todo esto hay que sumarle que la presión impositiva general llega a 60%.

Además de la informalidad, el paro es del orden del 20% y los salarios son los más bajos de la historia argentina. El ingreso promedio de todos los que tienen empleo (formal o informal), es de 645 pesos (220 dólares) mensuales. Eso no alcanza para cubrir la cesta básica de 735 pesos (255 dólares) de una familia típica. Consecuentemente, el 48% de la población es ahora pobre, cuando hace 30 años el 33% de la población pertenecía a la clase media.

Como si tanta demagogia no fuera suficientemente dañina, el Senado argentino aprobó un proyecto de ley para impedir que las empresas de servicios públicos corten el servicio a los deudores morosos, sin antes celebrar una "audiencia de conciliación". Es decir, se invita a los usuarios a no pagar. Las filiales argentinas de las empresas españolas, que tienen en conjunto más de 20 millones de clientes y una morosidad que alcanza en algunos casos el 10%, han reaccionado con presteza. Ojalá que el proyecto de ley no sea aprobado por la Cámara de Diputados, pero a lo mejor decide que hablar por teléfono sin pagar nada es un derecho de todos los argentinos.

En fin, mi país parecía tener un destino europeo, pero hoy nos parecemos cada día más a África.

REFORMA DE LA LOCE. El nuevo proyecto educativo socialista (PSOE).

El Ministerio de Educación ha presentado un documento titulado "Una educación de calidad para todos y entre todos" en el que se anuncian las bases para la reforma de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), vigente, pero paralizada en la aplicación de gran parte de sus artículos. Después de leer detenidamente dicho documento, lo primero que me vino a la cabeza fueron aquellas palabras que Lampedusa puso en boca de Falconeri en El Gatopardo: "si vogliamo che tutto rimanga com’ è, bisogna che tutto cambi".

Y es que en este folleto, redactado de forma mucho más clara y directa de a la que nos acostumbraron los elaboradores de la LOGSE, se esbozan algunos cambios que permitirán, fundamentalmente, dejar bien asentados aquellos principios sobre los que la ley socialista se construyó. Apenas seis meses le ha llevado al Ministerio de Educación y Ciencia la elaboración de un documento que aunque haya quien dice que es innovador y que busca el consenso lo único que hace es devolver las aguas al cauce de la LOGSE, eliminar las reformas "locistas" y reforzar las bases ideológicas de la doctrina educativa socialista.

La LOGSE fue una ley de educación fundamentalmente ideológica. Sus partidarios, a los que alguna vez se ha llamado "creyentes", solían decir que más que una ley era toda una revolución del sistema educativo. Fue aprobada en 1990 por la mayoría absoluta del Partido Socialista y sin el apoyo del Grupo Popular. Se comenzó a implantar en 1996 de forma general, aunque ya en algunos centros escolares se había adelantado de forma experimental. Cuando ese mismo año el PP ganó las elecciones, el Ministerio de Esperanza Aguirre tuvo que afrontar la implantación de una ley con la que no estaba en absoluto de acuerdo y que además tuvo serias dificultades de aceptación por parte de muchos padres y de un buen número de profesores.

El gran cambio que la LOGSE introdujo en el sistema educativo fue la incorporación a los centros de enseñanza secundaria de los escolares de los dos últimos años de la anterior EGB, de 12 y 13 años, y la de aquellos que terminada la EGB, optaban por empezar una formación profesional. Se creó así la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, con cuatro cursos de enseñanzas comunes que van desde los 12 a los 16 años de edad. Terminada la ESO, los jóvenes pueden optar por hacer dos años de Bachillerato o Formación Profesional. Para los socialistas era fundamental el carácter general y básico de estas enseñanzas comunes y no admitían la separación de alumnos por rendimiento escolar ni en razón de sus diferentes intereses antes de los 16 años. En la práctica, resultó que la secundaria obligatoria era una enseñanza general básica extendida durante dos años más.

Sobre el papel, quienes trabajaron en la elaboración de la Ley socialista debieron de ver las cosas muy sencillas: con un plan de estudios común para todos, los más aventajados terminarían a los 16 años y para aquellos que presentaran dificultades de aprendizaje se les permitiría repetir un par de años, de tal forma que, a los 18 años, toda la ciudadanía habría alcanzado la misma formación y estaría en igualdad de condiciones para afrontar la vida. Con ello se habría dado un gran paso hacia una sociedad más igualitaria. Ahora bien, para que este sistema se sostuviera era necesario hacer unos planes de estudio ligeros de contenidos, rebajar el nivel de exigencia hasta aquello que estuviera al alcance de todos los individuos. Tener escolarizada a toda la población hasta los 16 o 18 años sin más perspectiva que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas resulta demasiado difícil de explicar a la sociedad, así que se ha intentado por todos los medios camuflar esa ignorancia insistiendo en la misión no instructiva sino educativa de la escuela e inventando unos complicados sistemas estadísticos de evaluación que, más que permitir, impiden conocer exactamente los resultados de las enseñanzas que se imparten.

Calidad y equidad

Tras la implantación de la LOGSE, los expertos en educación del PP comenzaron a utilizar un argumento que parecía irrebatible: con la LOGSE se ha alcanzado la escolarización de todos los ciudadanos hasta los 16 años, el objetivo ahora debe ser que esa escolarización sea de "calidad". Para ellos estaba claro que la etapa secundaria obligatoria corría el peligro de convertirse en una prolongación de la primaria, por eso hablaron de introducir un factor de calidad en los estudios de secundaria. Esa calidad se entendía, en lo esencial, como una mayor exigencia en el estudio. No sé si fueron conscientes de que para un socialista español progre el que los estudios sean primarios o secundarios sólo puede depender de la edad y no de la capacidad intelectual o afición al estudio del individuo. Desde principios del siglo XX la aspiración socialista ha sido que todos los ciudadanos lleguen a la universidad, cualquier otra alternativa se considera socialmente injusta.

De ahí que, cuando desde la Administración educativa del PP se decía "queremos una educación de calidad", todos los pedagogos progres gritaran a una: "calidad sí, pero con equidad, porque no hay calidad sin equidad". Y, dado que lo progre tiene desde hace tiempo su éxito asegurado en el mundo de la educación, este lema "no hay calidad sin equidad", ha calado profundamente en estos últimos años. Así, y antes de entrar en la presentación de nuevas propuestas, el documento de la ministra Sansegundo deja claro que el concepto que ella y su gobierno tienen de "calidad" nada tiene que ver con el que tenían quiénes elaboraron la LOCE. Porque la calidad, asegura Sansegundo, no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos principios son indisociables. Según este documento, la LOCE descuida el verdadero sentido de la "equidad" simplificándolo y reduciéndolo a una "oferta de posibilidades a los alumnos, sin preguntarse por la justicia o injusticia que implican las desigualdades existentes".

En un debate sobre este nuevo documento alguien del público pidió a un responsable de la Administración educativa del Estado que explicara un poco mejor qué era eso de la equidad. El término equidad, respondió, lleva implícito el deseo de justicia. Como su interlocutor siguiera sin comprender bien tuvo que ser más preciso: lo que nosotros pretendemos es dar a todos la misma formación en las etapas obligatorias de la educación y reservar la "meritocracia" (sic) para el Bachillerato. La respuesta no puede ser más clara, todos los escolares deben estudiar lo mismo y, dentro de lo posible, con el mismo aprovechamiento, hasta que terminen la Educación Secundaria Obligatoria. De ese burro los socialistas no piensan apearse, ni caben los itinerarios "segregadores" ni la formación profesional adelantada. De ahí la prisa que se dio el Gobierno para paralizar la aplicación de una ley, la LOCE, que pretendía separar a los escolares, según sus intereses, en distintos itinerarios e introducir la Formación Profesional antes de terminar la etapa secundaria obligatoria.

Educar en valores

La LOCE sustancialmente suponía un plan de estudios con el que se pretendía dar solución a algunos de los problemas prácticos que con la implantación de la LOGSE se habían producido en los centros de enseñanza. La LOCE incluía en su declaración de principios la finalidad de resucitar el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal. No gusta a los socialistas ese empeño por subrayar el valor del esfuerzo individual pues, según dicen, el esfuerzo no se debe exigir solamente al alumno sino a todo el conjunto del sistema educativo. Para los socialistas, el esfuerzo, y con ello la responsabilidad, no puede ser exigido a un individuo sino que ha de serlo "al conjunto de la sociedad". Como si cupiera hablar de responsabilidad colectiva sin contar con la responsabilidad individual.

En Una educación para todos y entre todos, se critica la pretensión de los populares por insistir más en la adquisición de conocimientos y contenidos "conceptuales" que en "el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes". Para la izquierda, igual que en su día lo fue para Rousseau, la instrucción ha dejado de ser importante para la formación del niño y del adolescente; antes bien, lo verdaderamente importante es lo que se ha dado en llamar la educación en valores. En la LOGSE esta educación en valores, que iba desde la educación para la paz hasta la educación vial, constituían temas "transversales" que debía impregnar todas las asignaturas. Ahora, quizás al ver que por negligencia de un profesorado poco "convencido" esa transversalidad en la práctica no se ha producido, han pensado reunir toda la doctrina en una asignatura de valores democráticos.

Nadie puede negarse a admitir que la educación cívica, el conocimiento y el convencimiento del valor de la democracia tiene su importancia en la formación del individuo que inicia sus pasos como miembro de una sociedad democrática. Y nada habría que objetar si es que se entiende la democracia como la entendía Tocqueville en el siglo XIX: "La democracia atribuye todo valor posible al individuo; el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre"

El fracaso escolar

La LOGSE suprimió la Formación Profesional que se ofrecía a los escolares después de la EGB (a los 14 años) y prolongó la educación básica dos años más, hasta los 16. Este mezcla de capacidades e intereses en las mismas aulas, esta diversidad que tanto gusta a la izquierda ha ocasionado graves problemas de convivencia en los centros de secundaria. Cada día son más los profesores que en estos últimos años han venido denunciando las graves dificultades que tienen para controlar una clase de 3º o 4º de la ESO. Con la Ley de Calidad se pretendía poner remedio a esta situación. Para ello se decidió abrir itinerarios distintos en 3º y 4º de ESO, de forma que ya se fueran encauzando los alumnos hacia un bachillerato científico, humanístico o hacia la formación profesional. Además se crearon unos Programas de Iniciación Profesional (PIP) que los alumnos podrían elegir desde que tuvieran 15 años.

Esta idea chocaba con el principio de la "comprensividad" que había traído la LOGSE al sistema educativo y que es sagrado para los socialistas. Calificados de segregadores los itinerarios y de inadmisible la formación profesional antes de los 16 años, al Gobierno salido de las urnas el 14 de marzo de 2004 le faltó tiempo para paralizar la aplicación de la LOCE y evitar así lo que ellos consideraban no sólo una aberración pedagógica sino, además, un atentado contra la justicia social. No es, pues, de extrañar que en Una educación de calidad para todos y entre todos se proponga la eliminación definitiva de los itinerarios y se plantee la posibilidad de una iniciación profesional, pero nunca antes de los 16 años.

Por otra parte, los socialistas admiten que las cifras del fracaso escolar exigen tomar alguna medida. Después de haber rebajado los niveles de exigencia hasta mínimos escasísimos resulta que más de una cuarta parte de la población no logra obtener el certificado académico más básico que el Estado otorga a los ciudadanos: el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La solución que se propone desde el Gobierno son los llamados Programas de Diversificación Curricular. Esta medida, que ya existía en la LOGSE y que se está aplicando en muchos centros escolares, consiste en formar pequeños grupos con los alumnos de los últimos años de la ESO con riesgo de "fracasar" y adaptar para ellos los programas, esto es, suprimir las partes que les resulten difíciles y exigirles solamente aquello que el profesor, u orientador, considere que va a ser capaz de aprender.

Como no existen exámenes ni pruebas comunes al final de la ESO, resulta que alumnos con estas "adaptaciones curriculares" pueden legalmente acceder al Bachillerato aunque su preparación académica sea claramente insuficiente. Es verdad que estos Programas de Diversificación pueden ser efectivos para reducir las cifras de fracaso escolar pero, aparte de suponer una estafa académica, lo que no se entiende es cómo los socialistas pueden decir sin rubor que esta medida, que en realidad lo que hace es separar de la clase a los malos estudiantes, no es segregadora y que sí lo son, en cambio, los itinerararios de la LOCE.

Resultados no previstos de la LOGSE

En una educación de calidad para todos y entre todos se admite que los resultados de la puesta en funcionamiento de la LOGSE no han sido tan buenos como sus elaboradores habían pensado que serían. Como causas de estos "pequeños" fracasos de implantación se señalan, fundamentalmente, dos: la escasez de los recursos económicos empleados y la convivencia en los centros de secundaria de "profesores con culturas docentes diversas" (sic). Según se dice en el documento, "la crisis económica de los noventa" impidió dotar de los recursos necesarios a la costosísima reforma educativa socialista y, poco más tarde, "cuando los problemas económicos disminuyeron", la falta de interés de los gobiernos del PP impidió hacer la inversión que la reforma necesitaba.

Esa mención a la convivencia en los claustros de "profesores con culturas docentes diversas" resulta un tanto alarmante. Da la sensación de que los socialistas consideran que la LOGSE no ha tenido el éxito previsto por culpa de un sector del profesorado demasiado preocupado por instruir y que, aferrado a conceptos tradicionales de la enseñanza, es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Esa izquierda que tanto pregona la diversidad no parece dispuesta a seguir permitiendo esa "multiculturalidad docente", así que alguna medida debe estar tramando para acabar con ella. Quizás se trate de un programa especial de reeducación o, simplemente, de una jubilación anticipada de los docentes más trasnochados.

La enseñanza de la Religión

En el documento se evita hablar de la asignatura de Religión y se hace referencia a la "enseñanza confesional de las religiones", que deberá ser ofrecida por los centros, "de manera que permita atender las distintas opciones elegidas por los alumnos y asegure la coherencia de toda su oferta formativa". Esa "enseñanza confesional de las religiones" tendrá el mismo tratamiento que ya estaba establecido para la asignatura de Religión en el Real Decreto 2438/1994 de 16 de diciembre: de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos, evaluable como las demás asignaturas y solamente no computable a efectos de la nota media de bachillerato para el acceso a la Universidad y para la obtención de ayudas o becas.

Dado que no se puede permitir la eliminación del estudio de la asignatura de Religión en los centros públicos, pues eso provocaría la indignación de muchos padres católicos, parece que la intención del Gobierno es dar entrada a la enseñanza en la escuela de otras religiones en las mismas condiciones que la religión católica. Si esto fuera así, la contratación de imanes para atender a los alumnos de religión musulmana no se hará esperar.

La enseñanza concertada

El documento habla de la eficacia de la doble red de centros (públicos y privados) financiados con fondos públicos. Sin embargo, dice, "este sistema de doble red ha experimentado algunos recorridos no deseados, que afectan a objetivos tan importantes como la calidad del sistema y la propia cohesión social".

No hay más detalles sobre cuáles serán los planes del Gobierno en cuanto al sistema de enseñanza concertada. Resulta significativo que se hable de una doble red, la pública y la privada, considerando a la enseñanza concertada como privada e ignorando la existencia de los centros verdaderamente privados (los concertados sólo lo son en su gestión). Esta red absolutamente privada tiene, al menos en la Comunidad de Madrid, bastante importancia ya que escolariza a más del 15 % del alumnado.

Conclusiones

Estamos ante un documento que, si bien abandona la sofisticada e incomprensible jerga en la que se redactó la LOGSE, no por ello se aparta de la filosofía pedagógica en la que se inspiró. Antes bien, pretende dejar establecido para siempre en nuestro sistema educativo ese principio de la "comprensividad" que es imprescindible para que se cumpla el deseo de la izquierda de hacer que toda la población tenga la misma preparación académica al menos hasta los 16 años.

Resulta extraño que mientras los laboristas británicos han reconocido ya el rotundo fracaso del modelo de escuela comprensiva (Comprehensive School) y anuncian cada día nuevas medidas para recuperar los olvidados valores pedagógicos tradicionales, aquí, la nueva generación del PSOE que llega al poder se ratifica en sus errores y sigue erre que erre empeñada en mantener una filosofía de la educación que está perjudicando a todos los escolares pero, sobre todo, a aquellos que provienen de medios sociales más desfavorecidos.

Refiriéndose a la pedagogía que ha dominado la segunda mitad del siglo XX escribió Jean François Revel en su obra El conocimiento inútil, "este sistema pedagógico aniquila la gran función de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades intelectuales. (…) La pretendida matriz de la justicia pare así la injusticia suprema." Las palabras de Revel escandalizarían gravemente hoy a cualquier experto en educación. Hoy en día, y ese es uno de los grandes triunfos de la izquierda, la pedagogía dominante sostiene que la labor democrática de la escuela es corregir las desigualdades intelectuales y por eso trata de deslegitimar moralmente el valor de la instrucción, del esfuerzo personal y del espíritu de competencia.