EL PUEBLO ESPAÑOL DEBE DECIDIR SOBRE CATALUÑA .
España entera miró ayer hacía su Parlamento y solo oyó a esa minoría de hombres absurdos entregados a la labor de desmembrar España en nombre de un raquítico y mezquino localismo de mirada corta, dedicado a excitar los egoístas objetivos de pequeños burgueses. Un nacionalismo postizo que no responde sino a una degradación anormal del ser vital de nuestra patria. Una enfermedad por desgracia consentida por una clase política ramplona y egoísta que no quiso ver durante la transición la amenaza y que durante 25 años ha alimentado las apetencias hispanófobas de traidores, que solo pensaban en acumular poder para lograr realizar su objetivo de destruir España.
Pero estos núcleos separatistas nunca han representado más que una minoría, y sabedores de su impotencia, han buscado la complicidad inconsciente o consciente de buena parte de España. Hasta tal punto esta relajada en algunos la idea nacional que han admitido la “entidad nacional” de Cataluña. Reconocimiento, que por mucha retórica, por muchos rebuscados argumentos y garantías de sainete nos de Zapatero, supone el pilar sobre el que se edificará el “Estat catalá”. Zapatero ha justificado la ruptura con el actual régimen y la implantación de un estado plurinacional, con la falsa promesa de que no supone una amenaza para la convivencia nacional, ni para la igualdad entre españoles y mucho menos consagra la insolidaridad entre las regiones de España.
Los separatistas agradecen esas traiciones y recogen de ellas el argumento máximo. Las contestan con cordialidad, ocultando sus afanes íntimos, y de ese modo se introduce en España la atmósfera propicia para que se deje cometer el criminal asesinato de nuestra unidad nacional.
Bien esta que se lleve a las Cortes todo cuanto se quiera. Ya se encargaran de votar y aprobar lo que deba votarse y aprobarse. Pero el bien supremo que representa el bien común nacional, debería impedir que se tramiten proyectos contrarios a ese interés. Sin embargo la irresponsabilidad, o deberíamos decir complicidad, del PSOE ha acogido las aspiraciones separatistas. Las halaga y justifica para luego implorar el limosneo de sus diputados para lograr una reforma más moderada, que aplace sus ansias independentistas, a la vez que tranquilice a una sociedad que no acaba de enterarse a que se enfrenta. El egoísmo de partido del PSOE ha sacrificando los intereses más importantes de España para reforzar su minoría parlamentaria y aspirar a seguir en el poder.
Pero España no puede tolerar esta traición. Cataluña no es en absoluto una nación que pueda reclamar derechos de esa índole. Solo se ha escuchado la voz del PP defendiendo la soberanía nacional. Pero la voz de España no se ha oído en el Parlamento, porque quien tiene el poder decisivo en este pleito aún no ha hablado. El pueblo español y no unas Cortes mangoneadas por las minorías separatistas es quien debe decidir sobre el estatuto de Cataluña. Porque aunque el clamor separatista fuese absoluto, esto es, que fuera unánime, sin una sola excepción, el reconocimiento de Cataluña como nación, necesita de la voluntad conforme de todos los españoles.
de calumnias e insultos que ha recibido en una campaña orquestada por el Gobierno Zapatero y a la que se sumó ferozmente 
Algo no funciona del todo bien en nuestra democracia cuando un ministro se muestra abiertamente hostil a un simple medio de comunicación y le achaca la responsabilidad del tenso ambiente que, este mes de octubre, estamos viviendo por culpa del Estatuto catalán. Anteayer, de manera gratuita y sin venir a cuento, el ministro de Industria, José Montilla, aprovechó una reunión con periodistas para acusar a la cadena COPE de sembrar cizaña e incitar al odio, a la división y la confrontación entre los ciudadanos.
Esta es la realidad. La COPE, en lo tocante al Estatuto, no ha hecho ni más ni menos que otros medios de comunicación independientes y fiscalizadores del poder político. El ministro, sin embargo, la ha tomado con esta emisora de radio haciéndola cargar con una responsabilidad que no le corresponde. Porque si para Montilla criticar un Estatuto soberanista e inconstitucional es incitar al odio, es que el ministro desconoce cuál es el papel de los medios de comunicación en un país libre. La COPE, sin embargo, no es la primera vez que se ve asediada por las asechanzas del Gobierno del talante y sus terminales mediático-sociales. Hace menos de un año, se orquestó una infamante campaña contra uno de sus programas sirviéndose de una información falsa. En Cataluña la cosa es peor todavía, sus principales comunicadores son objeto de insultos y difamaciones continuas. 