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ametralladora

Al final, Carod Rovira consiguió el despido de Anson.

 

Era Emilio Botín, quien financiaba la compra de La Razón por Anson, pero el Gobierno catalán se opuso. Lara se convierte en una marioneta en manos del Tripartito. Eso sí, el editor vendió al Gobierno Zapatero el cese de Anson como contrapartida del “pacto digital”. Ahora, Carlotti vuelve a presionar para entrar en el Mundo. Inversiones Hemisferio, la inmobiliaria de Lara, se ha convertido en el objeto de chantaje permanente por parte de PSC y sobre todo, ERC.

El cese de Luis María Anson como presidente fundador de La Razón tiene mucha más miga de la que se ha contado y de la que el propio Anson ha insinuado… que ya es abundante. En efecto, de fuentes del propio Planeta, Hispanidad ha podido confirmar que es cierto el intento del periodista y académico de comprarle a Lara la participación de control, operación prohibida por el Gobierno catalán, tanto por ERC como por el PSC, producto, en parte, del odio africano que Carod Rovira siente por Luis María Anson desde que, hace ahora casi dos años, tras la entrevista en Perpignan, del líder independentista con representantes de ETA, La Razón publicara a un Carod estrechando la mano de un encapuchado. La verdad siempre resulta muy molesta.

Desde ese momento, ni el PSC ni ERC han dudado en presionar a José Manuel Lara, primer accionista de La Razón, de la misma forma que le presionaron, y nuevamente cedió, para que adquiriera Avui junto a Javier Godó, un diario catalanista ruinoso, cuya compra le reprochó personalmente José María Aznar al editor barcelonés. Por cierto, en la calle Génova, sede del Partido Popular, a Lara le llaman “el traidor”.

Pues bien, lo que no se ha dicho es que Anson ofreció a Lara comprarle La Razón con dinero de… Emilio Botín, presidente del Santander, con quien el fundador de la razón mantiene buenas relaciones. No tan buenas como las de Pedro J. Ramírez, amigo personal de Ana Patricia Botín (aunque esta no le ha hecho consejero de Banesto, y esto le ha dolido mucho), pero amigo a fin de cuentas. Nada hace disfrutar más al señor Botín que otorgar créditos a los editores, que es mucho más práctico que ofrecérselo a los periodistas.

Segunda novedad: Lara responde positivamente (sí positivamente) a las reclamaciones de Anson, que quería comprometer a parte de la redacción, muchos de los cuales, periodistas de espléndida pluma, que han venido trabajando mano a mano con él desde el ABC (ya saben, el ABC verdadero).

Y es entonces cuando el Tripartito se planta. Los socialistas catalanes tienen una forma rápida y eficaz de enterarse de todo lo que ocurre en el grupo de Lara: José Miguel Abad, director general de Planeta, el que fuera gerente de las Olimpiadas Barcelona 92, es un fiel socialista y aún más leal colaborador de Pasqual Maragall.

Pero la manía persecutoria de ERC exige a Lara que no le ofrezca La Razón a Anson y que, además, le quite los galones. Tenía que ser un cese humillante. Y así ha sido. Desde hace un año Anson apenas mandaba en La Razón (ya desde la recta final de Vera el anterior director). Ahora, abandona el edificio, más que nada porque Lara no sólo no le ha vendido el periódico sino que, además, ha decido privarle de algunas pequeñas gabelas, tales como chófer, guardaespaldas, cocinero y camarero. A Lara, basta con citarle el nombre de Inversiones Hemisferio para que se eche a temblar. Se trata del grupo donde la flamilla Lara posee un 68% del capital, con sede en Barcelona, y que representa el otro inversor en materia inmobiliaria, de construcción, ocio, etc.

Pero Lara no es tonto, y ha vendido la defenestración de Anson. Lo que le vende al Tripartito es fácil vendérselo al Gobierno de Madrid. Nexo común: José Montilla, titular de Industria.

Por ejemplo, le ha vendido el “Pacto Digital”, vergonzante acuerdo entre el oligopolio de editores y el Gobierno Zapatero para mantener el actual estado de cosas en la TV digital, un banquete al que sólo ha ido invitado un nuevo comensal: la opción creada por las dos grandes productores socialistas: Globomedia y Mediapro. A cambio, Lara, al que conviene que A-3 TV siga siendo el canal televisivo de derechas, se queda con cuatro canales digitales, lo mismo que Tele 5 y Polanco. No es de extrañar que no se haya imaginado la apertura de la Cuatro ni el amañado concurso del nuevo canal de TV digital. Ni tan siquiera Vocento y Pedro J. Ramírez, a quien el Gobierno ha asegurado dos canales, se ha atrevido a protestar.

Pero el asunto no acaba ahí. La venta de la razón a Anson, que se hubiera llevado a efecto si no fuera por la obsesión anti-ansoniana de Carod y Maragall, hizo sonreír de gozo al consejero delegado de A-3 TV, Maurizio Carlotti, que está empeñado en que Lara abandone La Razón y compre El Mundo. No es que al PSC le importe mucho que Lara compre El Mundo, pero aquí el que se niega es el propio Lara: domesticar a Pedro J. Ramírez es sencillamente imposible o te lo cargas, con las consecuencias ulteriores, o te acostumbras a que en El Mundo manda él.

 

Medianoche en la ciudad de la luz.

Medianoche en la ciudad de la luz.

 

Hace poco más de dos años, el escritor y ensayista francés Jean-Cristophe Mounicq aseguraba en un profético artículo que, "si la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington es correcta, Francia se encuentra en primera línea de batalla". No estaba muy errado, y los sucesos que vienen aconteciendo desde hace más una semana en diversas ciudades del país vecino no hacen más que confirmarlo. Primero fue la periferia industrial parisina, muy castigada por el paro y donde los inmigrantes magrebíes y subsaharianos se cuentan por millones. Desde hace dos días el país ha entrado en una loca espiral de violencia que afecta ya a las principales ciudades del país y que, si no se detiene, puede conducir a Francia a una crisis política sin precedentes. 
Tal estallido de violencia era, sin embargo, perfectamente previsible. Junto a la inacabable crisis económica, la primera preocupación de los franceses es la seguridad. La criminalidad se ha disparado en los últimos años y en los suburbios existen zonas donde la policía ha dejado de actuar por puro pavor. El vacío dejado por la incompetencia de un Estado que, como el francés, es elefantiásico no ha tardado en ser ocupado por un sinfín de mafias y bandas juveniles dedicadas en exclusiva al crimen. Parte de la población musulmana de esas barriadas, además, se ha dejado llevar por el ideario islamista que propaga un número siempre creciente de mezquitas clandestinas, donde se adoctrina a los jóvenes en un furibundo odio hacia lo francés. Estos jóvenes, nacidos en Francia y con nacionalidad francesa, carecen por lo general de cualificación profesional y son desempleados crónicos. Constituyen lo que la izquierda de allí (y la que aquí) denomina “los excluidos”.
La tesis dominante, según la cual los violentos son víctimas de una sociedad que no los quiere, que los excluye, se viene abajo al primer análisis serio. Enferma de relativismo moral y multiculturalismo bienintencionado, la progresía oficial no termina de entender que buena parte del fracaso se debe, precisamente, a la errónea política de integración de los inmigrantes que impera en la Europa del “bienestar”. El idolatrado sistema educativo público ha fracasado estrepitosamente, de tal manera que la segunda –e incluso tercera– generación de inmigrantes no ha cuajado del todo en su país de acogida. Muestra de ello son los elevados índices de fracaso escolar y el hecho de que gran parte de la juventud de origen magrebí no se sienta francesa. La justicia gala es un desastre sin paliativos. Los delincuentes no temen a los jueces que, en muchos casos, simpatizan abiertamente con ellos, por lo que consideran con buen tino que el delito les saldrá casi gratis. La policía, que es la que se encuentra en primera línea, está desmotivada, mal dotada y siempre en la picota.
Tal estado de cosas, tal desbarajuste general, se ha mantenido, más mal que bien, durante años gracias a cantidades ingentes de dinero público. El dinero, sin embargo, empieza a acabarse. Francia arrastra una larvada crisis económica desde hace más de una década. El socialismo a la francesa está devastando una economía que, hasta no hace mucho, era modelo de desarrollo. Este sistema de altos impuestos, subvenciones, empresas públicas e intervencionismo estatal nadie lo pone en duda. Ni en la derecha ni en la izquierda. Los políticos galos prefieren seguir mirándose el ombligo y contemplando con desdén como otros países prosperan.
Los altercados nocturnos no pueden entenderse si no es en las peculiares coordenadas económicas, políticas y culturales de la Francia actual. París es el símbolo, la ciudad que un día iluminó al mundo languidece en un prolongado ocaso. Descolgada de las corrientes del verdadero progreso y apostando fuerte por el camino de la involución. Más o menos el mismo que ha escogido Zapatero para España y que, con el tiempo, podría abocarnos a idéntica situación. Con el agravante de que nuestro país tiene, además de ese, otros muchos problemas de mayor envergadura con los que habrá de lidiar en los próximos años.

Pancartas imprimibles para la manifestación del 12 de Noviembre contra la LOE.

¡¡¡TIENES QUE IR!!!

Manifestación contra la LOE (nueva Ley Orgánica de Educación) el dia 12 de Noviembre a las 12,30 horas en Madrid.

Porque  abusa el Gobierno del PSOE y sus adláteres, no lo permitamos.

Gobiernan "solo para los suyos".

La manifestación está convocada para el próximo 12 de noviembre a las cinco de la tarde y comenzará en la plaza de Neptuno, seguirá por Cibeles y acabará en la Puerta de Alcalá, donde se leerá un manifiesto.

¡¡¡TIENES QUE IR!!!

El próximo día 12 iré a Madrid, con mi mujer y mis hijos, a la manifestación en contra de la LOE.

Porque estoy en contra de una ley que en su filosofía atribuye al Gobierno el derecho a la educación en vez de reconocer que los titulares del mismo somos los padres, e intenta imponernos un modelo único, impidiendo el pluralismo educativo y el que podamos elegir el tipo de educación y el centro que preferimos para nuestros hijos.

Porque considero también que, a través de la misma, y de las clases de Ciudadanía, lo que se pretende es manipular a los futuros ciudadanos y consolidar el cambio de régimen y de modelo de sociedad ya iniciado con otras leyes aprobadas hasta ahora.

Y porque una ley de educación elaborada sin consenso queda sometida a cambios continuos al vaivén de la alternancia política.

Yo no me siento representado por los políticos que la han elaborado o hayan de aprobarla, mientras voten según los dictados del partido al que pertenecen, y no según lo que consideren mejor para la sociedad.

Tampoco por unos sindicatos como los que piden la supresión de las clases de Religión, cuando el 80 por ciento de los padres a los que teóricamente dicen representar han elegido esas clases para sus hijos.

Y cuando los ciudadanos no nos sentimos representados por los políticos ni por los sindicatos, no nos queda otro remedio que salir a la calle para manifestar nuestra opinión.

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Puedes imprimir en papel, en cualquier impresora doméstica, estas pancartas para llevarlas en la mano. Están en formado DIN A4 (21 x 29,7 cms) pero es recomendable fotocopiarlas en formato DIN A3 (29,7 x 42 cms) para que se vean mejor. Tú mismo puedes hacer fotocopia para tus familiares y amigos que te acompañen en la manifestación.
Las pancartas están en formato PDF, por lo que necesitarás tener instalado el Acrobat Reader para poder imprimirlas.

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¡¡¡TIENES QUE IR!!!

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No sólo contra la COPE

 El ataque contra la COPE es más que un ataque contra un medio de comunicación. Es un ataque contra la libertad de expresión, pero no sólo: es un ataque contra la propiedad privada, contra el fundamento de la civilización occidental, contra la autonomía frente al poder y la opresión política.

Para entender el calado de la ofensiva es preciso realizar unas consideraciones previas. Existe un consciente proyecto totalizador entre buena parte de la clase política occidental para expandir el alcance e intervencionismo del Estado. La revolución ha dado paso a la lenta evolución, a la transformación social: la propaganda diaria, el control de los medios de comunicación, el sibilino crecimiento del Gobierno y el desgaste de la propiedad privada.
Los políticos se han transformado en los mesías del proyecto colectivo, del bien común, del paraíso. Nuestra felicidad justifica la opresión política en forma de regulaciones o incremento de impuestos: han instituido un poder político mastodóntico y lo han denominado "Estado de Bienestar".
De esta manera, haciendo creer que existe un conflicto irresoluble entre la libertad individual y el bienestar de la sociedad, el Estado consigue medrar a costa de nuestros derechos. La obsesión del socialismo es enterrar los derechos individuales frente al Estado y sustituirlos por derechos del Estado. Se trata de no reconocer ninguna libertad contraria al proyecto colectivo; de limitar la titularidad de los derechos al ejecutor de ese proyecto colectivo: el Estado.
El preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña, por ejemplo, recoge perfectamente esta idea totalitaria de subordinar los derechos individuales al arbitrio político:
"Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar".

Así pues, quien no subyugue su existencia al "proyecto colectivo" no podrá ejercer los derechos frente al Estado. Pero, dado que ese proyecto colectivo se encarna en el Estado, lo que realmente se está pidiendo es una total entrega a la planificación pública; quien se oponga al Tripartit es un enemigo de los catalanes.
Otro claro ejemplo de la cheka hacia la que nuestros políticos quieren arrastrarnos lo encontramos en la actitud de Llamazares frente al Consejero Delegado del SCH, Alfredo Sáenz. Hace poco más de un año Sáenz, muy cabalmente, se mostró partidario de desmantelar el Estado del Bienestar. La respuesta de Llamazares ilustra perfectamente el esquema que acabamos de trazar: a) el ataque al Estado implica un ataque al proyecto colectivo; b) quien ataca el proyecto colectivo pierde sus derechos individuales.
El líder comunista afirmó: "[Sáenz] acaba de declarar públicamente su beligerancia con el Estado del Bienestar [y por lo tanto] se sitúa no sólo en confrontación con buena parte de los ciudadanos que lo han construido, sino también con la Constitución Española” (punto a). En consecuencia, "al que te quiere destruir hay que responderle en legítima defensa; el SCH ha declarado la guerra, y, por tanto, los servicios públicos no pueden tener relación con quien quiere terminar con ellos" (punto b).
Toda propuesta de eliminar o reducir el peso del Estado supone una ofensa al bienestar de la sociedad, a la pacífica convivencia, al proyecto común. Quien se enfrenta al Estado es un enemigo del pueblo; puesto que, en definitiva, quien tiene derechos no son los individuos, sino el Estado (la legítima defensa de la que habla Llamazares).
El Estatuto del Periodista, por otra parte, también nos ofrece una adecuada ilustración de nuestro argumento. Así, en el preámbulo puede leerse lo siguiente:
"Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado".
Como vemos, la libertad de expresión está al servicio de la función social; el derecho individual se convierte en deber frente al "proyecto colectivo", frente al Estado. Es éste quien retiene el derecho a exigir a los periodistas una información "veraz", una información que no atente contra la verdad que encarna el Estado.
No en vano, el Estatuto del Periodista –inspirado en esta mentalidad totalitaria– supone un vaciamiento de los derechos individuales y un amordazamiento de las voces autónomas. Allí donde el Estado suplanta la justicia, la libertad se extingue.
Después de esta reflexión será mucho más fácil entender el calado de la ofensiva contra la COPE, en su doble implicación: ataque a la libertad de expresión y, sobre todo, a la propiedad privada.
Libertad de expresión
Ignacio Ramonet, uno de los referentes intelectuales de la izquierda, propuso hace dos años "purificar" los medios de comunicación a través de la creación de un Observatorio Internacional de Medios –algo muy similar al Consejo de Información que esboza el Estatuto del Periodista–. Para Ramonet, este observatorio tendría la misión de convertirse en "un arma" para combatir el capitalismo y conseguir el poder eterno de la izquierda:
"En los tiempos de Internet, nosotros decimos que éste será el siglo en que la comunicación pertenecerá a los pueblos y nos apoderaremos de la verdad. Con la verdad triunfaremos".
En ausencia de los instrumentos totalitarios del Estatuto del Periodista, el Tripartit decidió emplear el Consejo Audiovisual de Cataluña para expedientar y censurar a la COPE. El argumento empleado, a primera vista, no podía ser más contradictorio: se estudiaba si la COPE incumplía el artículo 20 de la Constitución, esto es, el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, retengamos la mutación jurídica que, según hemos descrito, la clase política quiere conseguir. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho de los individuos, sino del Estado, destinado y subordinado a la consecución del proyecto común. Es evidente que la COPE no favorece el proyecto común del nacional-socialismo catalán y, por tanto, podría vulnerar la "libertad de expresión del Estado".
De hecho, es significativo cómo un medio de comunicación especialmente servil, El Periódico de Catalunya, sostuvo que la COPE "no ejerce la libertad de expresión: escupe". Fijémonos en la disyuntiva: arrodillarte ante el poder político es libertad de expresión, criticarlo supone escupir. Al fin y al cabo, el editorial de El Periódico llevaba por título ’La COPE, esa inquisición’. Lo que molesta es que se critique y denigre al poder político, al socialismo y al totalitarismo. No preocupa la inquisición intelectual (no olvidemos que, en el propio artículo, Franco instaba a un inquisitorial desprecio activo hacia la Iglesia Católica), sino la inquisición disidente y libremente ejercida; la inquisición crítica contra los liberticidas y represores políticos.
Por ello, la campaña contra la COPE persigue eliminar la disidencia al catecismo público de sumisión al Estado. Sólo aquellos medios de comunicación, como El Periódico de Catalunya, que se integren en la estructura propagandística del régimen tendrán "derecho a expresarse" y quedarán amparados por el artículo 20 de la Constitución.
El socialismo se ha dado cuenta de que no es necesario nacionalizar la prensa para instituir una dictadura de facto. Leonard Peikoff resumió perfectamente las diferencias entre el control comunista y el control fascista:
"Contrarios al marxismo, los nazis no postulan el poder estatal de los medios de producción. Ellos exigen que el Gobierno supervise y controle la economía nacional. (...) Los individuos, por lo tanto, continúan siendo propietarios, siempre y cuando el Estado se reserve el absoluto derecho de regular la propiedad".
Propiedad privada
La frase de Peikoff sirve para enlazar las dos dimensiones del ataque contra la COPE. Como hemos visto, por un lado estamos ante un intento deliberado de eliminar las voces discrepantes, pero por otro se pretende abrir el camino hacia el completo dirigismo de la sociedad. Primero, porque la campaña política extermina las voces contrarias al estatalismo: sin diques de contención intelectuales, la propaganda estatalista extenderá el mensaje liberticida sin límites. Segundo, porque la agresión a la COPE no sólo supone un ataque a la libertad de expresión, también a la propiedad privada.
Esta última semana, Enric Sopena, el que fuera director de Informativos de TVE (y, por tanto, un sujeto que estuvo viviendo a costa del expolio de la propiedad privada de millones de españoles), reprochó a la Iglesia su "intromisión sectaria" en la "vida pública española". En su opinión, la política comunicativa de la Iglesia Católica debe reducirse al ejemplo de Radio María: encerrar el culto, la fe y los valores católicos en la esfera privada. Los mismos que pretenden censurar a la disidencia incómoda marcan las condiciones para permitir su ficticia subsistencia, a modo de escenificación y farsa pluralista (tal y como el Gran Hermano crea a su alter-ego Emmanuel Goldstein).
Sopena es uno de tantos ejemplos de una izquierda que sólo consiente la existencia de una Iglesia alejada de su labor evangélica; una Iglesia relativista, timorata, encerrada en sí misma; una Iglesia, finalmente, anticatólica. Precisamente, Benedicto XVI denunció hace pocas semanas la "falsa tolerancia" que, "por decirlo así, admite a Dios como opinión privada, pero le niega el ámbito público, la realidad del mundo y de nuestra vida". Eso, dijo el Papa, "no es tolerancia sino hipocresía". Se trata, pues, de matar a Dios fingiendo un respeto hipócrita, una falsa tolerancia hacia la fe.
Sopena marca las condiciones bajo las cuales la Iglesia puede existir: su propiedad privada y su libertad no pueden rebasar ciertos límites. Volviendo a la explicación peikoffiana del régimen nazi, el socialismo español no pretende quemar los templos o ahorcar a los católicos, como hizo décadas atrás; se conforma con regular la Iglesia, engullirla y estatalizarla.
Como ya he indicado en otras ocasiones, este indisimulado ataque contra los lazos voluntarios y la organización interna de la Iglesia Católica –este intento de subordinación del poder espiritual y de la ética objetiva a los dictados positivistas del emperador– supone, en última instancia, la defenestración del Estado de Derecho, de la justicia y de la libertad. La completa reglamentación de los usos de nuestra propiedad, de los fines de nuestra libertad; la imposición del fascismo socialdemócrata.
El ataque a la COPE es un misil directo a la autonomía de la Iglesia, a su derecho a la organización interna; a expresar sus opiniones, a difundir su mensaje y a hacer uso de su propiedad como mejor crea conveniente.
Pero es también un misil directo a los derechos individuales. La propiedad privada queda subordinada a las finalidades de los dirigentes políticos. Son ellos quienes tienen derechos, no nosotros. El socialismo reclama para el Estado el fin de las cadenas éticas, de su sumisión al Derecho; reclama la libertad de expoliar y reprimir a los ciudadanos.
La COPE, junto con Libertad Digital e Intereconomia, son unos de los pocos bastiones donde todavía se combate esta avalancha totalitaria, donde todavía se condena la coacción política y la limitación de las libertades. El ataque que está padeciendo es sólo un preludio de la degeneración liberticida más amplia que el estatalismo está preparando para el resto de los individuos. Sería un error considerarlo un berrinche anecdótico de la izquierda. No es eso, no es eso.

El silencio tiene un límite.

El silencio tiene un límite.

Ha llegado el momento. Dicen que en el Partido Socialista hay un nutrido grupo de militantes ilustres, diputados nacionales o ex ministros que están horrorizados por las formas y las maneras con que Rodríguez Zapatero esta abordando el modelo nacional. Incapaz para gestionar las tensiones territoriales que siempre han existido, el presidente del Gobierno está asentado en una política de ceder y de contentar a todos, que no tiene precedentes en la reciente democracia española. La llegada formal del texto reformado al Congreso de los Diputados ha puesto esta historia encima de la mesa.
En más, entre los propios socialistas reconocen que la salida al Estatuto es complicada y difícil, y que pueden pasar dos cosas. Si Zapatero continúa mucho tiempo como presidente pueden terminar perdiendo el poder para una buena temporada; o bien, si comienzan a levantarse voces críticas en el Partido Socialista se puede provocar una fuerte división interna que podría ser irreversible.

 
Lo cierto es que ya es momento de que los socialistas críticos salgan de la madriguera. Una cosa es la disciplina de partido y otra es hacerse cómplices por el silencio de los desmanes de Zapatero. Ya no es suficiente un silencio prudente o permanecer en una situación discreta a la espera de acontecimientos. El tiempo pasa, los acontecimientos se suceden y las bocas siguen calladas. Es verdad que hay comentarios en privado, afirmaciones de pasillo o sugerencias veladas. Pero eso no es suficiente, como tampoco son suficientes los "fervorines" de Bono e Ibarra. Tanto han dicho –estos barones– con el objetivo de llamar la atención, que al final ya nadie los cree. Es como el cuento del lobo; tantas falsas alarmas que cuando el lobo irrumpe en escena ya nadie lo esperaba.

 
La tramitación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados ha provocado una fractura interna en el Partido Socialista. Mucho más profunda de lo que parece. Es el cambio de modelo de Estado y de modelo constitucional que los socialistas tenían asumido desde hace décadas. Es tal el terremoto, que tantos y tantos socialistas que están en silencio no pueden callar más. No es una cuestión de disciplina, es una cuestión de supervivencia. Este nuevo modelo impulsado y propulsado por Rodríguez Zapatero es el final del actual Partido Socialista Obrero Español. Después, puede surgir otro partido, pero ya será una formación bien diferente. Al final el silencio de los socialistas críticos con Zapatero no es sólo asentimiento, es también consentimiento en algo que remueve las estructuras mismas del parlamentarismo español. Y eso son palabras mayores.

ZP O EL GOBIERNO DE LA RUPTURA .

"Hoy usted oficializa la ruptura de lo que ha sido la garantía de nuestra estabilidad política a cambio de no sé qué" sentenció Mariano Rajoy antes de ayer en el Congreso. Y no puede tener más razón el líder de la oposición, Zapatero constituye hoy un problema para España, porque hoy el presidente del gobierno representa, no a la España que construye, sino a la antiEspaña que deshace.

 Ya conoce todo el pueblo que el presidente de la nación apoya un estatuto para Cataluña que el congreso debería haber rechazo con igual indignación que el plan Ibarreche. Hoy nos tememos que el crimen histórico sea consumado y que los traidores, de espaldas a los intereses de la patria, firmen la disolución de nuestro pueblo. Por ello es preciso llevar a la conciencia de cada español que no se trata de una simple reforma estatutaria, sino que lo que socialistas y separatistas se proponen es reconocer una nación, una soberanía política frente a la soberanía española. El estatuto maquillado que nos propone ZP sigue atribuyéndose, no solo la denominación de nación, sino todas las competencias que normalmente acumula un estado, educación, tributos, justicia, inmigración, economía, seguridad, poderes gubernativos … Asistimos, pues al triunfo del criterio separatista. Pero lo más grave del episodio no es a la postre la independencia de Cataluña, sino que ello se realice y consiga a costa de la cobardía del resto de España.

La ruta a seguir frente al separatismo no puede ser otra que un gran acuerdo en las Cortes entre los partidos nacionales. Un acuerdo que el PP ha ofrecido a Zapatero. Rajoy dio tres posibles salidas para la reforma del Estatuto de Cataluña: Devolverlo al Parlamento catalán para redactarlo nuevamente en los márgenes de la Carta Magna; tramitarlo en Cortes como una reforma de la Constitución para garantizar un referéndum que afecte a todos los españoles o, como tercera opción, llevar a la práctica el pacto que llevó a La Moncloa el pasado mes de enero, en el que se planteaba que cualquier propuesta que afectara al modelo de Estado conllevase, obligatoriamente, el acuerdo previo de los dos grandes partidos y su aprobación por dos tercios de las Cámaras.

Sin embargo Zapatero opto por la ruptura, despreciando el consenso, limitándose, tras recorrer los tópicos más manidos contra los populares, a instar al PP a que tenga la misma actitud que demostró el centro derecha en la etapa de la transición y no utilice conceptos que entonces no plantearon grandes problemas a la hora de discutirlos, como el de nación de naciones. Nuevamente se tiende la trampa. Entonces se dijo que al conceder a los nacionalistas un régimen amplio de autonomía, se traería como consecuencia la debilitación de los núcleos separatistas y por fin se lograría la resolución del problema territorial en España. Pero ello no ha ocurrido así, como vaticinamos unos pocos que fuimos, y seguimos, siendo despreciados.

Al contrario, allá donde los nacionalistas han gobernado, allá donde se ha disfrutado de mayor autonomía, se ha avanzado más hacía las pretensiones secesionistas. Y hoy nuevamente se pretende acudir al mismo engaño. La España plurinacional de Zapatero, se quiere presentar como solución al problema separatista, cuando no es más que una nueva conquista de quienes quieren ver a España desmembrada. Hay que darse cuente de esto y no hacer luego gestos de extrañeza, como algunos orates del centro derecha del ayer que cayeron en aquella trampa y aún no han tenido la humildad de reconocer su error.

No, no caben más vendas en los ojos, Zapatero propone la ruptura de la constitución, del estado y de la patria. La convivencia nacional esta en juego, reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.

 

Pancartas imprimibles para la manifestación del 12 de Noviembre contra la LOE.

¡¡¡TIENES QUE IR!!!

Manifestación contra la LOE (nueva Ley Orgánica de Educación) el dia 12 de Noviembre a las 12,30 horas en Madrid.

Porque  abusa el Gobierno del PSOE y sus adláteres, no lo permitamos.

Gobiernan "solo para los suyos".

La manifestación está convocada para el próximo 12 de noviembre a las cinco de la tarde y comenzará en la plaza de Neptuno, seguirá por Cibeles y acabará en la Puerta de Alcalá, donde se leerá un manifiesto.

¡¡¡TIENES QUE IR!!!

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Puedes imprimir en papel, en cualquier impresora doméstica, estas pancartas para llevarlas en la mano. Están en formado DIN A4 (21 x 29,7 cms) pero es recomendable fotocopiarlas en formato DIN A3 (29,7 x 42 cms) para que se vean mejor. Tú mismo puedes hacer fotocopia para tus familiares y amigos que te acompañen en la manifestación.
Las pancartas están en formato PDF, por lo que necesitarás tener instalado el Acrobat Reader para poder imprimirlas.

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Rajoy asume la representación de 148 escaños contra la ruptura de España: "Haré lo que esté en mi mano"

El Estatuto se tramitará pero Mariano Rajoy y 146 votos en contra (hubo 2 ausencias) fueron los protagonistas de 10 horas de debate.

 Todos los grupos defendieron el texto usando como antítesis los argumentos del PP. La única aportación concreta sobre el texto la hizo el presidente del Gobierno: "nación" será "identidad nacional". Rajoy bautizó la maniobra con una paradoja: "independentismo constitucional" y concluyó diciendo que un parlamento autonómico no puede imponerse al pueblo español. Zapatero y Rubalcaba no dudaron en recurrir al 11-M. Lo que más dolió al portavoz socialista es que Rajoy no le escuchara. Compare los discursos de Rajoy y Zapatero

Más que el debate de toma en consideración de una reforma estatutaria, lo visto ayer en el Congreso de los Diputados parecía una cuestión de confianza contra el líder de la oposición. Mariano Rajoy lo advirtió desde el principio y dejó claro que la soledad de su discurso no se refleja en el reparto de votos de los españoles: "Con la Constitución en la mano no cabe error sobre quién posee un poder original y quién un poder delegado. No existe más que un poder soberano que no renuncia a la propiedad, ese poder que ustedes representan lo ejerce exclusivamente el pueblo español constituido en nación. Ante él nadie habla de igual a igual".  

Lo cierto es que tras 10 horas de debate, más las dos de la ponencia celebrada por la mañana, el Estatuto ha sido aprobado por 197 votos a favor, 146 en contra y una abstención. Es decir, atendiendo al reparto de poder establecido, casi el 43 por ciento de los españoles representados en los escaños del Congreso también se quedaron solos junto a Rajoy defendiendo la unidad de España frente al nuevo Estaturo catalán que se propone. Los dos votos que le faltaron al PP se deben a ausencias por enfermedad. La abstencion parece atribuirse a una equivocación socialista.

“¿Qué le puedo decir a este buen hombre?, dijo Rajoy (sorprendentemente, Rubalcaba lo interpretó como un insulto). “Uno viene al debate con la lógica preocupación, pero tras escuchar, lo que era una duda ahora es una certeza, usted no sabe a dónde va a llevar a España, nos dijo que iba a delimitar las líneas y se ha limitado a un conjunto de vaguedades, apelaciones vacuas al dialogo y ninguna cuestión concreta”. Era el último turno de réplica del presidente del PP y en él constató que la hora de la verdad llegará cuando tengan que votarse las enmiendas y el PP rebata cada una de ellas. Lo adelantó en su primer discurso: "No nos vamos a desentender, vigilaremos cada paso que se dé". También quiso dejar claro que pese a los ataques recibidos, diez millones de votos tienen voz y la persona que los representa tiene "el derecho a expresar su opinión".

Rajoy aseguró que Zapatero no “ha aclarado nada españoles, no hay hoja de ruta, no hay timón, le toca pilotar el proceso y no puede mantener a la sociedad en vilo sobre su sistema de convivencia en el futuro. Hoy hemos visto que el problema es usted. Y no es que haya estado especialmente desafortunado, que lo ha estado, es que se ha convertido en un problema para sociedad española”.

Señaló que “es moralmente reprobable” que se le califique de “anticatalán, antidemocráta y de falta de respeto al Parlamento catalán por defender criterios distintos” a los planteados por el resto de los grupos. “Querría más argumentos, más razones y menos tópicos. Quiero para los ciudadanos de Cataluña lo mismo que quiero para mí. Y voy a hablar en nombre de los ciudadanos de Cataluña en el Parlamento nacional y también en Cataluña”. Reiteró que cree en la Constitución de 1978 y dijo no entender por qué “otra vez tenemos que volver a discutir lo que somos”. “El mundo ha cambiado, vayamos con el mundo. Apostemos por las personas y no por competencias para los territorios”, dijo el dirigente popular que señaló que rechaza el Estatuto por que “es malo para Cataluña”. “Y lo digo porque lo creo y tengo derecho a decir lo que creo igual que los demás tienen derecho a decir lo que piensan”.
Rajoy articuló su réplica en que su crítica al Estatuto va más allá del reparto de competencias. “Claro que podemos hablar de financiación, de inversiones, claro que se puede hablar de transferencias, de lo que hablamos es de unidad de mercado, de la no existencia de fronteras y de las libertades individuales”.
Ante las acusaciones de faltar al respeto al Parlamento y las instituciones catalanas, Rajoy fue claro: "Yo no soy anticatalinista, ni soy antidemócrata, ni falto al respeto al parlamento de Cataluña". Y añadió que “me he referido con todo respeto a la proposición, lo diría exactamente igual si viniera de mi pueblo, de Galicia, o de Murcia, lo que critico es el contenido intervensionista y nacionalista”. En referencia a Carod y Mas dijo que “no me extraña nada que tenga el apoyo de sus grupos, lo que no puedo entender es que esto tenga el apoyo del PSOE”.
Citó “el demoledor artículo de una persona que nunca ha votado ni creo que vaya votar al PP” que publicó un diario catalán. En el artículo criticaba el Estatuto “no por su inconstitucionalidad, sino por su espíritu, que es el triunfo del nacionalismo”. Y siguió citando que “esta no es mi guerra, más de uno me considerara enemigo de Cataluña” y lamentaba que Maragall le haya engañado “bajo la rúbrica de la  España plural”. Y volvió a remarcar: “No puedo entender por qué el PSOE ha votado esto en Cataluña”.
Dirigiéndose directamente a Zapatero, Rajoy le dijo que "hoy he vuelto a tender la mano, especialmente al PSOE, pero lo que se nos propone es que renunciemos a algo sólido, la tradición de consenso de los dos grandes partidos en materia territorial, a cambio de una aventura sin rumbo, de no se sabe quién ni por qué, como no se da cuenta, señor presidente”. El líder del PP, finalizó su encendida réplica, señalando que “no sé lo que podré hacer yo, pero desde luego haré todo lo que esté en mis manos para que España no salga de una senda de la que nuca debió salir que es la del consenso constitucional y la del espíritu de la transición”. 
Zapatero cerró el debate reiterando su reconocimiento a la “identidad nacional” de Cataluña y expresó que el proceso de reforma del Estatuto “culminará con éxito para ofrecer a próximas generaciones una Cataluña fuerte, con más autogobierno y con una identidad reconocida” con la mejor predisposición del gobierno”. Zapatero concluyó pidiendo al PP que “reconozcan la identidad nacional de Cataluña que es evidente y es bueno para todos”. Las últimas palabras del presidente del Gobierno fueron para recordar que Cervantes ya citaba la nación. También lo hizo Carod Rovira pero en otro sentido: "Ladran, Sancho, luego cabalgamos", dijo para acabar su turno.