Rodríguez Zapatero se reunió con el presidente de la Caixa dos días después de aprobar la OPA.

EN EL DOMICILIO PARTICULAR DE RICARD FORNESA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió el pasado domingo con su ministro de Industria, José Montilla, y los presidentes de la Caixa y Gas Natural, Ricard Fornesa y Salvador Gabarró.

El domingo 5 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero acudió como invitado a la reunión del Consell Nacional del PSC, celebrada en Barcelona. Había mar de fondo. La dirección del PSC se siente marginada por el presidente, no sólo por haber pactado con Artur Mas un acuerdo sobre el Estatuto sin contar con el presidente de la Generalitat, sino porque, de paso, el encuentro del 21 de enero abrió la vía a un pacto más ambicioso con CiU.

Pasqual Maragall respiró por su particular y dolorosa herida y calificó de "fraude histórico" la ruptura del tripartito a cuenta del posible pacto del gobierno con los nacionalistas no republicanos.

Por su parte, el primer secretario del PSC, José Montilla, se mostró especialmente celoso de la independencia de su partido frente al PSOE: "La política de alianzas y pactos en Cataluña la decide el PSC", remachó tras defender las aportaciones de ERC al Estatuto y a la estabilidad del Gobierno de la Generalitat.

Nada más terminar el cónclave socialista catalán, el presidente del Gobierno y Montilla, ahora en su calidad de ministro de Industria, se dirigieron hacia Premià de Mar, localidad costera a unos 25 kilómetros al norte de Barcelona, conocida en tiempos por su producción de fresas y claveles. Allí, muy cerca de donde nació Jordi Pujol, tiene su casa el presidente de la Caixa.

Ricardo Fornesa convocó para almorzar con Zapatero y Montilla al primer ejecutivo de la Caixa, Isidro Fainé; al presidente de Gas Natural y vicepresidente de la Caixa, Salvador Gabarró; a Javier Godó, consejero de la Caixa y editor de La Vanguardia; al consejero de Sogecable y presidente de honor del Instituto de la Empresa Familiar, Leopoldo Rodés, al presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, y a uno de los mayores empresarios catalanes, Artur Carulla, presidente de Agrolimen (Gallina Blanca).

Aunque se habló de fútbol (¡Barça, Barça, Barça!; lástima que esa misma tarde perdiera 1-3 frente al Atlético de Madrid), los temas de conversación, obviamente, fueron el Estatuto y la OPA sobre Endesa.

La flor y la nata de la burguesía catalana, que naturalmente apoya el Estatuto, está preocupada por la crispación que está generando su tramitación. "El PP se ha echado al monte"; son palabras atribuidas a Fornesa por una fuente.

A pesar del consenso de los allí reunidos sobre la constitucionalidad del texto ya afeitado en Madrid, hubo petición generalizada al presidente del Gobierno para que, en un esfuerzo final, el Estatuto pueda ser aceptado por el partido de Mariano Rajoy, con quien Fainé sigue manteniendo una fluida relación.

En cuanto a la OPA, por supuesto, la opinión fue unánime: "Hay que sacarla adelante como sea". La fuente deja la paternidad de la frase a la imaginación del lector.

Dos días antes del almuerzo de Premià, el viernes 4 de febrero, el Consejo de Ministros había aprobado las condiciones para dar su visto bueno a la OPA hostil, calcadas de las que había propuesto en su día la Comisión Nacional de la Energía de Maite Costa.Es decir, cómodamente asumibles por parte de Gas Natural.

Justo al día siguiente, el lunes 6 de febrero, Gas Natural tenía que decidir sobre la aceptación de condiciones impuestas por el Gobierno. Naturalmente, dijo que sí.

Para esta OPA no hay marcha atrás, aun cuando la cotización actual de Endesa hace imposible de mantener el precio fijado para la oferta de compra por parte de Gas Natural.

Probablemente, si los máximos ejecutivos de la Caixa (dueña de Gas Natural) pudieran decidir sin presión política, la presentación de la OPA no estaría clara ni mucho menos. Pero hay una decisión política ya tomada, que ha llevado incluso a que el Gobierno desestime los criterios mucho más restrictivos que planteaba el ministro de Economía, Pedro Solbes, y que estaban en línea con el voto particular emitido por el presidente del TDC.

Montilla, máximo defensor de la operación, se ha convertido, al mismo tiempo, en su mejor y más activo propagandista. Dos días después del almuerzo de Premià de Mar, se permitió el lujo de defender en Zaragoza la OPA contra Endesa argumentando que será «ventajosa para los accionistas». El ministro debería abstenerse de hacer ese tipo de comentarios, ya que su función es velar por los intereses de los consumidores, no de los accionistas.Desde luego, fue mucho más directo y efectivo que Gabarró, quien inventó la teoría del semen y la criatura para explicar lo que acababa de hacer Gas Natural.

El presidente debería ser más prudente. Esta OPA ya está suficientemente politizada como para añadirle almuerzos secretos. La memoria de los políticos es débil. Tal vez alguien debería recordarle a Zapatero la cena de Felipe González con los 'Albertos'. ¿Se acuerdan de Cartera Central?

¿DÓNDE DEBEN ESTAR LOS ETARRAS?

A la vista de de los resultados de nuestro “curioso” sistema penal y la opinión de esta fiscalía tan progresista, la respuesta a la pregunta es, en la calle. El primer gran error y lo que es peor, injusticia, radica en que España tiene uno de los sistemas penales más condescendientes con el delincuente del mundo.

Si a esto añadimos las tendencias interpretativas de una jurisprudencia más bie sobregarantista y favorable al reo, no nos ha de extrañar que asesinos inmisericordes, vean saldada su condena con una decena o a lo máximo una veintena de años en la cárcel. No es de extrañar pues que el ciudadano medio vea esas condenas a miles de años de prisión como algo ridículo o absurdo y entienda que nuestra justicia no es más que una farsa, cuando al fin y a la postre da igual matar a una que a cien personas, porque nuestro sistema solo prevé un máximo de 30 años de condena efectiva, que encima se ve reducido a través de los múltiples beneficios penitenciarios a los que tienen acceso el reo.

Solo en lo que va de año ya han sido once los etarras liberados, entre ellos Fermín Urdiain Cirizar, Txiki, un antiguo miembro del sanguinario comando Eibar, cuya salida de prisión estaba fijada en principio en 2019 y que, gracias a las redenciones que permitía el Código Penal antiguo por el que fue juzgado, ha conseguido adelantarla al pasado 25 de enero. Igual ha sucedido con Enrique Labay Machín, cuya condena vencía en 2014, pero que también se ha beneficiado de un Código Penal reformado y reinterpretado en la transición para ser más benévolo con los delincuentes, y que ha conseguido que obtuviese la libertad el pasado 3 de febrero.

A ellos le seguirán en los próximos meses hasta 44 asesinos separatistas más. Es el caso de Domingo Troitiño Arranz -uno de los autores de la matanza de Hipercor- y que podría abandonar la cárcel el próximo 5 de mayo tras cumplir solo 19 años de los más de 900 a los que fue condenado, por su participación en un atentado que acabó con la vida de 22 personas.

Además de este asesino, en los próximo meses saldrán en libertad, entre otros, Jesús Bollada Álvarez, Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga, Juan Francisco Gómez López, José Candido Zubicaray Badiola, José Manuel Errazquin, Joseba Koldobica Artola Ibarretxe, Pedro María Rezabal Zurutuza, José Ramón Martínez García, Antonio Alza Hernández, Miguel Ángel Bergado Martínez, Jon Agirre Agirico y el grapo Jaime Simón Quintela. De todos ellos el que más tiempo va a estar en prisión será Jon Agirre Agirico, encarcelado en mayo de 1981 y se espera su salida para octubre próximo, tras cumplir más de 25 años, pero sin llegar nunca siquiera al límite máximo de 30 años.

No hay argumentación jurídica ni ética que camufle lo que no es más que un gigantesco despropósito e injusticia. ¿Qué despropósito de justicia es esta que permite que un asesino de 82 personas, como Parot, salga a la calle tras cumplir solo una veintena de años de condena? ¿Qué clase de monstruosa sociedad hemos creado, cuando permitimos tamaña barbaridad? Sí, el PP intentó corregir tímidamente esta barbaridad, aumentando el límite máximo de condena a 40 años y reduciendo los beneficios penitenciarios para la escoria terrorista. No sin que los cómplices morales de ETA, nacionalistas y progresistas, alzasen su voz en contra de la reforma. Una reforma a todas luces insuficiente, ya que debería haber instaurado, sino la pena capital para asesinos múltiples como Parot, Santi Potros, Idoia López Riaño o Troitiño, sin duda la cadena perpetúa. Porque el sentido común nos dice que estos asesinos donde deberían estar siempre es en la cárcel.

Nunca agradeceremos lo suficiente a las victimas de ETA que ante esta infamia no se hayan tomado la justicia por su mano. Ellas, más que nadie merecen el reconocimiento de toda la sociedad por su serena y sufrida contribución a la paz. Hoy lo único que piden es que sus torturadores cumplan íntegramente sus ya escasas penas, que ninguna negociación permita a los violentos abandonar aún antes la cárcel o conseguir los propósitos por los cuales han matado. ¿Quién será el bastardo capaz de darles la espalda?

El «caso Fungairiño» convierte a Pumpido en el primer fiscal al que su Consejo plantea que dimita.

La asociación mayoritaria exige su marcha para «restaurar el crédito social» perdido por el Ministerio Público

 El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, vivió ayer, quizás, el Consejo Fiscal más difícil al que haya tenido que afrontar desde que asumió el cargo. Su política de nombramientos culminada con todo el episodio relacionado con el relevo del todavía fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fue lo que determinó que todos los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales pidiesen su dimisión «con el fin de restaurar el crédito social y preservar la identidad del fiscal constitucional, guiado por los principios esenciales de legalidad e imparcialidad».

   El escrito donde se instaba su dimisión fue presentado por el vocal Fernando Herrero-Tejedor -fiscal de Sala del Tribunal Supremo-. Ante ello, Cándido Conde-Pumpido pidió a los otros cinco representantes de la Asociación de Fiscales si lo secundaban. Fernando Cotta, Francisco Jiménez Villarejo, José María Parra y Rosa Rubio fueron contestando afirmativamente. Posteriormente hizo lo propio con los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales -José María Casado, Ana Belén Gil y Adrián Salazar- se opusieron a la petición planteada.

   De esa forma, todo quedaba en manos del criterio de dos los miembros natos del Consejo, Juan José Martín Casallo, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y de Rafael Valero, jefe de la Inspección y miembro de la Asociación de Fiscales. Los dos se opusieron a la petición de dimisión presentado.

   Seguidismo político. Por tanto, la pretensión de la AF, que no llegó a someterse a votación, quedaba rechazada, ya que el fiscal general, que tiene voto de calidad, obviamente no la respaldaba. El debate en este punto, el último de los abordados por el Consejo Fiscal, tuvo momentos tensos. Comenzó con una explicación del Fiscal General sobre los motivos que le habían llevado a tomar la decisión de relevar a Eduardo Fungairiño, reiterando los argumentos ya dados e insistiendo en que su intención había sido la de causarle el menor daño posible.

   Al acabar sus explicaciones fue cuando Herrero-Tejedor dio lectura al escrito en el que se pedía la dimisión de Conde-Pumpido. Esta circunstancia, según explicaron fuentes jurídicas, causó una cierta sorpresa en el fiscal general, quien consideraba que con las explicaciones dadas era suficiente, y que, a la vista de lo ocurrido observaba que era más que difícil dialogar con los vocales de la Asociación de Fiscales.

   La «tensión fue creciendo» y uno de los vocales de la UPF, José María Casado, llegó a acusar a los consejeros de la AF de realizar «seguidismo político» -en clara alusión al PP-, lo que fue negado de forma taxativa por esos consejeros.
   Así, los consejeros de la AF sostuvieron que el relevo de Fungairiño no ha sido renuncia, sino un «cese encubierto» y que se trata de un «supuesto más de pérdida de confianza del fiscal general del Estado en un fiscal de Sala, ocasionada por la “falta de sintonía” con sus ideas».

   Los representantes de la Unión Progresista de Fiscales, por su parte, respaldaron el relevo de Fungairiño y consideraron, además, que podía haberse producido antes, citando al respecto algunas de sus actuaciones, como la relativa a su comparecencia en el Congreso en la Comisión del 11-M.

   Junto a ello, y según las fuentes consultadas, el teniente fiscal llegó a hablar de «deslealtad institucional» para referirse a la actuación de los vocales de la AF. Ésos, por su parte, replicaron que en ningún caso su actuación es contra la Institución, sino contra determinadas actuaciones del fiscal general, y, especialmente, en lo relacionado con su política de nombramientos.

   De hecho, al finalizar el Consejo Fiscal, Herrero Tejedor manifestó que en muchos asuntos, que no son la política de nombramientos, están «muy de acuerdo» con Conde-Pumpido, por lo que seguirán colaborando con él por el bien de la carrera y fiscal y del servicio público de la Justicia, ya que ni va a dimitir ni el Gobierno le va a cesar.

   Atenta a la dignidad de la carrera. En el escrito de los vocales de la AF se denunciaba de forma específica la política de nombramientos «por razones de confianza» llevada a cabo por Conde-Pumpido. Introducir criterios de confianza «o afinidad ideológica o política en los nombramientos o ceses de fiscales atenta contra la propia esencia del Ministerio Fiscal», aseguraba al respecto.

   Por otro lado, también se debatió lo relativo a los traslados forzosos para los fiscales que asciendan por vez primera. Esta cuestión se encuentra ahora en fase de borrador. En este punto se pretende la equiparación de las carreras judicial y fiscal.

Pulsa   Aquí   para apoyar al Fiscal  Fungairiño.

LA INTOLERANCIA DEL ISLAM

El incidente de las caricaturas danesas sobre Mahoma muestra el fanatismo religioso que rige en todas las sociedades musulmanas. Desde el Magreb hasta Indonesia, pasando por todo Oriente Medio y Pakistan, se han sucedido las muestras agresivas de un islamismo que cada día revela más su incompatibilidad con Occidente.

Evidentemente en nuestra cultura estamos acostumbrados a que se realicen críticas feroces contra la Iglesia, sin que nadie haga de ello un “casus beli”. Ni siquiera cuando esas críticas sobrepasan los limites tolerables, para caer en la blasfemia, se da una reacción similar a la ocurrida en los países musulmanes. Todos recordamos la repugnante obra escatológica estrenada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la nula respuesta oficial a lo que era una verdadera ofensa contra los creyentes cristianos.

Las caricaturas publicadas en Dinamarca, que Minuto Digital reprodujo por primera vez en España en rigurosa primicia, evidentemente son críticas con la sociedad musulmana, incluso entendemos rechazables para cualquier creyente de esa religión, pero carecen de ánimo blasfemo. El propio primer ministro danés ha recordado que en Dinamarca, al igual que en todo Occidente las leyes penales persiguen la blasfemia.

Si aplicásemos la susceptibilidad musulmana, ¿Qué tendríamos que hacer los occidentales ante las restricciones medievales a que son sometidos los cristianos en los países islámicos?

Y al respecto debemos decir, que si queremos mantener en nuestra cultura el principio de igualdad que tanto ha costado conseguir, no podemos tolerar, que los musulmanes pretendan obtener un trato diferente al que tienen los creyentes cristianos. Y mucho menos bajo la amenaza de la violencia o el terrorismo. Los limites de la libertad de expresión respecto a los musulmanes, no pueden ser más restrictivos que lo son respecto a los cristianos.

No hay que ceder al chantaje, que bajo la bandera de la tolerancia, quiere que en occidente nos traguemos, -que entendamos en aras del relativismo cultural-, las posturas de los islamistas, cuando en sus sociedades rige la más absoluta intolerancia. Si no se quiere llegar al choque de civilizaciones, debe imperar el principio de respeto entre civilizaciones, y ese respeto es incompatible con la beligerante presión de la inmigración musulmana para que en Occidente cambiemos nuestra identidad para adaptarnos a su cultura, mientras el mundo islámico guarda celosamente una identidad excluyente, expansiva y agresiva, como bien hemos podido comprobar con los asaltos y quemas de embajadas en Damasco y Beirut.

Desde luego las reacciones desaforadas de estos días, las amenazas, los actos violentos y las agresiones, no hacen más que revelar el odio latente y contenido que proyecta contra occidente la frustración del fracaso de las sociedades musulmanas a la hora de conseguir un progreso similar al nuestro. Las jornadas violentas de Francia y la explosión antioccidental a que asistimos hoy con al disculpa de las caricaturas, no son más que el resentimiento de los musulmanes que nos culpan de su declive

Pero es que los propios gobiernos moderados de países musulmanes, compitiendo en la desproporción, lo único que han hecho es contribuir a que la creciente actitud critica del pueblo occidental hacía la cultura musulmana empeore.

NO RENDIRSE AL SEPARATISMO

Parece que la derecha oficial no va a caer de nuevo en el error de llegar a una componenda con el nacionalismo, tal y como ocurrió en la transición. Lo que hoy esta sucediendo no es más que una consecuencia de la graciosa concesión a las minorías separatistas de un régimen de autonomía que a la larga solo ha sido utilizado para profundizar en un proceso de construcción nacional secesionista que ataca directamente a los cimientos de la soberanía española.

El nuevo estatuto abunda en esa fragmentación. La insolidaridad que se establece entre las diversas regiones españolas con el nuevo sistema de financiación, no es más que un efecto de ese proceso de “debilitación del estado” al que se ha referido Rajoy y que forma parte de una estrategia de mayor envergadura, destinada a fortalecer el poder regional en detrimento del nacional, como paso previo a la independencia de ciertas regiones. Afortunadamente la postura de Piqué y Vendrell, otrora mayoritaria en la derecha descafeinada y acomplejada de la transición, es hoy minoritaria, no solo en el sentir de las bases, sino también en el partido que representa a esa derecha en el parlamento. Nadie va echar de menos a los Piqué o Vendrell, dispuestos a rendirse a los separatistas, nadie va a echar de menos a ese centro poroso y dócil que cree que se puede negociar con todo. Que se marchen si quieren, sobran si lo que van a hacer es estorbar, lo importante hoy es que Rajoy también ha dejado claro que no va a producirse la rendición que deseaban Piqué y los suyos. “Esto que se quiere hacer con los españoles es inaceptable y yo no lo voy a aceptar” ha manifestado Rajoy, para denunciar el oscurantismo con el que se ha llegado al pacto entre Zapatero y Mas, que han pactado "un cambio del modelo de Estado y una reforma de la Constitución" de espaldas a todos los españoles. Lo sustancial es que Rajoy ha vuelto a anunciar que el Partido Popular, pedirá "la celebración de un referéndum", para que el conjunto de los españoles pueda opinar y decidir, una demanda indispensable e irrenunciable, en la que desde MD hemos venido insistiendo.

Por su parte Rubalcaba nos ha dado una lección de lo que el PSOE entiende por democracia. Los socialistas no quieren que los españoles se pronuncien en un referéndum sobre el estatuto. Nos dice que sería inconstitucional, porque incumbe solo a los catalanes. No sabemos entonces por qué el parlamento, que al fin y a la postre no es más que una representación indirecta de todos los españoles, puede opinar y debatir el estatuto, si la misma voluntad popular que ha puesto allí como representantes a los diputados, según Rubalcaba, no tiene derecho a pronunciarse sobre el estatuto. ¿Qué se han creído los socialitas? ¿Qué pueden tener secuestrada la voluntad popular?

Esperemos que el líder popular cumpla su palabra y no ceje hasta conseguir que esta disparatada reforma se someta a la consulta de todos los españoles. Punto de inflexión a partir del cual se debe producir una regeneración nacional, una nueva política que aparte definitivamente como árbitros del poder a partidos minoritarios que lo único que buscan es la desmembración de España.

Durante la transición fueron muchos, que incapaces de mirar más allá de sus intereses y el corto plazo, permitieron el diseño de un estado de las autonomías que contenía dentro de sí el germen de la disgregación nacional. Es hora de corregir aquel error.

"Zapatero ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político"

En su reunión secreta del sábado, Zapatero accedió a las exigencias de CiU y Cataluña será la única comunidad que tendrá inversiones garantizadas durante los próximos siete años (2007-2013), vinculadas a su participación en el PIB. Una de las regiones más perjudicadas será Extremadura. Sin embargo, su presidente Rodríguez Ibarra proclama la derrota de los nacionalistas. Carod Rovira se ha mostrado tranquilo y ha dicho que lo que no tiene ERC "es prisa", mientras desde el PP se niegan "a poner la firma" en este "pacto clandestino".

 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe a la una de esta tarde en el Palacio de la Moncloa, a los máximos líderes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida. El objetivo de esta reunión es escenificar el acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña al que en la noche del pasado sábado llegaron el jefe del Ejecutivo y Mas.

Mientras tanto, el presidente de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, ha dicho este lunes que su formación no va a entrar en "una especie de batalla de la prisa", para dar su apoyo al acuerdo sobre el Estatuto alcanzado entre el Gobierno y CiU, porque el proyecto "ya tiene la mayoría suficiente como para que pase en el Congreso de los Diputados". En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Carod significó que en el Congreso el proyecto ya cuenta con los votos de los socialistas, los de CiU y los de Iniciativa. "Aunque solo fuera con estos votos y los de nadie más, ya nadie debe sufrir porque se apruebe o no un Estatut para Cataluña", dijo.

No obstante, el líder de Esquerra advirtió: "Lo que sí tenemos que decir nosotros es si este Estatut reúne las condiciones suficientes como para que a nuestro entender sea un Estatut aceptable sabiendo que se aleja en aspectos muy fundamentales de lo que en su momento aprobó el Parlamento, lo que sí que no tenemos nosotros es prisa". Asimismo, Carod calificó de "obvio" que el Gobierno cerrara antes un acuerdo con CiU que con ERC, socio de los socialistas en el tripartito catalán.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, denunció este lunes "el fraude que supone la aprobación de este Estatuto". El portavoz popular explicó, en declaraciones a La Mañana de la COPE, que el "promotor de esta iniciativa", Rodríguez Zapatero, "ha hipotecado inversiones en toda España para comprar este acuerdo político", en referencia a las importantes cesiones económicas que supone el acuerdo cerrado este fin de semana. "Esto no lo pueden querer los ciudadanos", denunció Zaplana, antes de asegurar que quieren "ser canal de su opinión para impedir esta aberración política"

El diputado lamentó que con este acuerdo se "ha impuesto la disciplina", el "deseo de seguir en el poder" y "mantener silencio frente a las convicciones propias" entre los socialistas que se habían mostrado contrarios al texto en las últimas semanas. En la defensa de "la unidad y la solidaridad entre los españoles nos encontramos solos", concluyó Zaplana, quien cree, a pesar de eso, que van "a ganar la batalla política" porque les "asiste la razón". "El 'como sea' se ha instalado en la política española y tenemos que impedir que prospere", sentenció.

Mientras, la secretaria de Política Autonómica de los populares, Soraya Saénz de Santamaría manifestó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU sobre el Estatuto constituye una "meta volante más en esta carrera que tienen los nacionalistas". Además, lamentó que Rodríguez Zapatero no haya aceptado la oferta de consenso lanzada por Rajoy, y cierre un pacto de forma "clandestina" al margen del Parlamento, para llamar ahora al PP a que se adhiera limitándose a "poner la firma". En la SER, Saénz de Santamaría opinó además que el acuerdo asume una relación bilateral, "con aspectos absolutamente contrarios a la Constitución", que vulneran aspectos que afectan a la igualdad entre españoles, como la financiación específica, con inversiones garantizadas, que no están justificadas por especiales necesidades, y vinculadas a la participación de Cataluña en el PIB, lo que equivale a que las comunidades con menos PIB siempre quedarán detrás.

ZP PIERDE SU LEGITIMIDAD COMO PRESIDENTE

Pueden acudir a todas argucias y trucos de leguleyo que deseen, pueden dar las disculpas de mal pagador que quieran, pero lo cierto es que Zapatero ha descubierto su juego al defender el derecho de reunión de los batasunos, una organización declarada terrorista.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este jueves que el Gobierno respetará la decisión judicial sobre la celebración o no del Congreso de Batasuna, pero criticó que la Ley de Partidos sea "muy restrictiva", y que al tener una "aplicación muy delicada" se debe tener en cuenta que "hay que respetar los derechos y libertades individuales", ente los que citó el derecho de reunión.

Ahora Blanco quiere poner paños calientes a las brutales declaraciones del presidente que todos hemos entendido perfectamente, diciendo que se trataba de "una reflexión". "Batasuna no es un partido, está ilegalizada y no puede actuar como tal", explicó, para volver a justificar la permisividad con la reunión de los terroristas diciendo que lo único que el presidente dijo fue que la previsión constitucional, en su artículo 20, establece que "todo el mundo tiene derecho a reunirse". "Lo que ahora tiene que interpretar la Justicia es si hubiera algún acto ilegal en esa convocatoria" Declaraciones que han sido refrendadas como obediente miembro del coro, por el Fiscal General del estado socialista, "la ilegalización de Batasuna no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes, por lo que los ex militantes, en principio, conservan los derechos individuales de reunión y de manifestación, pero lo que no pueden es realizar actos orgánicos de partido, porque esos actos están prohibidos", ha dicho Conde Pumpido.

Pero, ¿hay alguien en España que se trague semejante sapo? El informe que las Fuerzas de Seguridad remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el congreso que Batasuna quiere celebrar el 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya) incluye abrumadora documentación, declaraciones y carteles para demostrar que el partido ha seguido manteniendo 'de facto' su actividad "pública e interna" con naturalidad a pesar de las prohibiciones del Tribunal Supremo. Algo que todos ya sabíamos, pero de lo que el gobierno se niega a darse por notificado.

La realidad es que el gobierno se resiste a aplicar la Ley de Partidos porque en su agenda esta incluida la legalización de la formación terrorista. Los oscuros pactos y manejos con el entorno etarra fuerzan al gobierno a hacer dejación de sus funciones, mientras tampoco se atreve, por miedo a los efectos electorales, a derogar esa ley que ahora es tan “estricta”, y acude a cualquier truco para engañar a la opinión pública y consentir a la vez que Batasuna pueda celebrar su congreso.

La consecuencia es que estamos instalados en la arbitrariedad de un gobierno que aplica las leyes según favorezcan sus intenciones o no. Y se pongan como se pongan, esta postura, ya abiertamente reconocida por Zapatero, supone una quiebra del estado de derecho, lo que priva al propio presidente de su legitimidad democrática, ya que, le guste o disgusten las leyes, le vengan bien o mal, su primera obligación es cumplirlas.