La Audiencia ve indicios de relación entre el PCTV y ETA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió ayer a trámite la querella de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra varias parlamentarias del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por un presunto delito de colaboración con banda armada.
La decisión contraviene el criterio que hasta ahora mantenía la Fiscalía, que pidió hace una semana que desestimara el recurso ya que la formación política no ha cometido hecho delictivo alguno.
En el auto que notificó ayer, el magistrado se remite a varios boletines internos de ETA en los que se explica la estrategia de superar el ciclo electoral de ilegalización de Batasuna y cita los informes de la Guardia Civil que detallan una entrevista entre Joseba Permach y las dirigentes del PCTV.
A la vista de estos datos afirma que el PCTV decide inmediatamente ser la voz de Batasuna, y comienzan a compartir el jefe de prensa y las herriko tabernas. Y, concluye en grado de seria probabilidad cómo en el entramado terrorista de ETA, no sólo se encuentra el denominado frente militar, sino que en el aparente desdoblamiento funcional se conformas otros tantos: político, institucional, etc".
Por todo ello, estima que procede admitir a trámite la querella. El juez no considera aún como sucesora de Batasuna, sino que "lo que se le imputa es el que un tercero, no integrante en organización terrorista, con conocimiento preciso de sus métodos y forma de actuación, presta el auxilio por aquélla requerido".
El magistrado no ha dictado la suspensión de actividades del PCTV, como pedía la AVT, al considerar que esa medida cautelar "devendría aventurada y precipitada". Igualmente, requirió los informes incoados en su momento por la Fiscalía General del Estado y las sentencias del Supremo y del Constitucional en las que se acordó la ilegalización de Aukera Guztiak también heredera de Batasuna. Hay un plazo de 5 días para que la AVT se pueda personar en la causa.
Respeto judicial
La decisión judicial reabrió la vieja polémica entre el PSOE y el PP, germen de sus desavenencias sobre el Pacto antiterrorista. El presidente del Gobierno, en un tono institucional ya que acompañaba a su homólogo colombiano, se limitó a "respetar una decisión judicial".
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuyos planteamientos se vienen a reafirmar con esta decisión, reclamó una rectificación de la política antiterrorista del Gobierno. Cargó las tintas contra el Fiscal General y contra Zapatero porque no tomaron en su momento la decisión que ahora sí toma el magistrado de la Audiencia Nacional, y que espera que sea "el primer paso la ilegalización del PCTV".
Los populares, que descartan de momento cualquier iniciativa, incidieron en el error que supone que el PCTV tenga representación parlamentaria y el Gobierno quiera abrir un proceso de negociación con ETA.
De nuevo se evidenció la disparidad de criterios en el PSOE. Mientras el número dos en el Congreso, Diego López Garrido, se jactaba de respetar las decisiones judiciales y advertía que el Gobierno promoverá la ilegalización cuando haya indicios suficientes, el ministro de Defensa, José Bono celebró que "no se acepte de manera jurídicamente pacífica a aquellos partidos que no condenan el terrorismo".