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Cuando la izquierda no gana, quema las calles.

Cuando la izquierda no gana, quema las calles.

Como no es algo nuevo, la solución debería estar pensada ya desde hace muchos años. Sin embargo fieles a la idiosincrasia española de resolver los problemas cuando casi han desaparecido, aún seguimos dándole vueltas a las razones por las cuales la izquierdona española, (ramificada en muchas subcategorías sindicales, pseudointelectuales, estudiantiles, culturales), prefiere, cuando no gobierna, la calle al parlamento, la gasolina a la palabra, la cara oculta al rostro descubierto o la agresión al pacto. El lógico descontento de la sociedad española por la declarada incompetencia de nuestros políticos, especialmente de aquellos que ahora agitan la calle, es excusa para que toda suerte de radicalismo, alimentado por la derrota magnífica en las urnas, salga en las distintas ciudades españolas para demostrar su particular manera de comprender la democracia.

Al frente, los sindicatos españoles, UGT y CCOO, corresponsables de la dramática situación de casi seis millones de españoles, quieren encabezar y sustituir al viejo 15M en la algarada callejera. De una vez por todas habría que poner blanco sobre rojo las prebendas recibidas, los chanchullos sindicales, los millonarios fondos con los que cuentan. Sobre todo su origen, siempre público, y sujeto a unos controles no ejercidos por miedo a despertar la ira predemocrática de unos sujetos muy bien pagados muy bien comidos y muy bien aleccionados en cómo poner palos en las ruedas del Gobierno cuando no es de los suyos. Ocho años después, con alguna que otra protesta para conservar las formas, salen a la calle para decir lo que se han callado muchas veces, para señalar con el dedo las políticas erróneas del PP, ahora que los dedos ya no cuentan los billetes recibidos, para mirar con lupa la acción de un Gobierno obligado por las circunstancias a tomar medidas muy duras, mal explicadas pero duras. Aún siguen recibiendo millonarias mordidas en el único reducto socialista en el que, por la mayoría absoluta que detentan desde hace décadas, pueden cobrar sin que nadie les pregunte. La manera en la que UGT y CCOO ejerce este sindicalismo trasnochado y rico ha de terminar. El grifo más bien seco de las subvenciones debe cerrarse por completo y que sean sus afiliados, si los tienen, o los partidos políticos a los que representan, PSOE e IU, quienes financien una actividad que no es propiamente sindical, sino extensión bastarda y callejera de la política.

Que hay razones para protestar no lo discute nadie. Se discute la forma, se discute quién los lidera, se discute que siempre se proteste de manera más violenta cuando no son ellos, la izquierdona quienes gobiernan. Los que llevan a España a la ruina, a los cinco millones terriblemente largos de parados, a una educación rota en diecisiete parcelas, y a unos niveles tan bajos, que debería hacerles reflexionar siquiera un poco.

El PP ganó por mayoría absoluta. Tiene legitimidad y autoridad. Y sobre todo tiene el apoyo de una ciudadanía harta de que sindicalistas tragones, estudiantes que no lo son, socialistas derrotados y comunistas ajados ganen en la calle lo que no han ganado en las urnas. La democracia es un sistema en el que las formas dan seguridad y confianza al contenido. Cuando ambos, forma y contenido, son pisoteados por la violencia se impone la ley. De ello tendrá que dar respuesta el Gobierno de Rajoy.

Ruiz-Gallardón propone terminar con el reparto de cuotas partidistas en el CGPJ .

Ruiz-Gallardón propone terminar con el reparto de cuotas partidistas en el CGPJ .

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comparecido, por primera vez y a petición propia, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se ha comprometido a garantizar la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Para conseguirlo, el titular de Justicia ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial.

Una reforma para la que será necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se modifique el mecanismo de elección de los miembros de este órgano de gobierno, de forma que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial.

Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.

El otro gran objetivo de la legislatura es situar a la Justicia al servicio de la recuperación económica. "Si actuamos con prudencia, si identificamos adecuadamente los problemas, si planificamos ordenadamente las inversiones y gastos a realizar, y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficiente, conseguiremos el objetivo de que la Justicia española sea, en tiempos de crisis económica, un verdadero motor de la economía nacional", ha asegurado el ministro en su intervención. Esta será una legislatura "consagrada a la gestión", para lo que será necesaria una "transformación", ha añadido.

El titular de Justicia ha apuntado al "exceso de litigiosidad" del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, ha apostado por "encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales".

Consciente de la "ingente cantidad de recursos financieros -estimada en decenas de miles de millones de euros- que se encuentran pendientes de que se dicte resolución definitiva en los correspondientes pleitos", Ruiz-Gallardón ha propuesto adoptar "las medidas que sean precisas para que todos esos recursos inmovilizados en los tribunales reviertan lo antes posible al circuito económico, a fin de obtener el máximo beneficio para la economía nacional".

Para agilizar los procesos, uno de los objetivos básicos es la modernización de la Justicia, donde no debe confundirse la digitalización masiva con los expedientes electrónicos. El Ministerio creará una Agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red.

Igualmente, para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

En su comparecencia parlamentaria, Ruiz-Gallardón también ha recordado que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y con sujeción a ciertos requisitos. Así, ha subrayado que "cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas".

"No vamos a permitir", ha destacado el ministro, "que los enemigos de la democracia aprovechen los mecanismos de esta en su contra" y ha garantizado que el Gobierno seguirá "trabajando para conseguir la disolución de ETA, de todas sus estructuras, de todos los medios de cualquier índole que puedan estar a su disposición".

Durante su exposición, el ministro Ruiz-Gallardón ha anunciado la presentación de nuevos proyectos legislativos así como la reforma de otros ya en vigor.

Nuevos proyectos legislativos

  • Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de elección de modo que doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial. Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
  • Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: el Ministerio entiende que es necesario actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una realidad muy distinta a la actual.
  • Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real. No solo integrará en un único cuerpo legal la dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.
  • Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Por su envergadura, es un proyecto de legislatura para actualizar una ley original del siglo XIX. La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre otros. Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación , se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.
  • Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.
  • Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.

Reformas legislativas parciales.

  • Reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
  • Se estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social.
  • Se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior.
  • Introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del que tanto éxito ha tenido en el ámbito penal.
  • Reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito. Una reivindicación que ha crecido en los últimos años y que se corresponde con el completo abandono de la víctima en el ámbito normativo. Se reestablecerá su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena, y se establecerán fórmulas para eludir el pago de las indemnizaciones.
  • Introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.

Máximo consenso

El ministro de Justicia ha concluido su primera intervención en el Congreso de los Diputados con el propósito de conseguir "el máximo consenso posible" y de "tender puentes, escuchar a todos los grupos políticos, operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, dialogar con ellos y llevar a buen puerto las reformas legislativas esenciales" que se van a emprender "en pro de la modernización de la Justicia".

Además, ha expresado su compromiso de "mantener una fluida relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas", poniendo en valor la Conferencia Sectorial de Justicia, constituida en 1999, como "una valiosa herramienta para mantener un permanente diálogo con las Administraciones autonómicas".

Intervención de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno prepara una ley que tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. Los gobernantes que gasten más de lo razonable, lleven a cabo una gestión deficiente y causen perjuicios a los ciudadanos responderán, si es necesario, ante la justicia.

La vicepresidenta del Gobierno ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso para exponer las prioridades del Gobierno. En su intervención, ha destacado que "la coordinación, la regeneración, la transparencia y el buen Gobierno" son los principios que el Ejecutivo ha incorporado a su estilo de gestión.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de reformas económicas y un programa de regeneración democrática con el objetivo de salir de la crisis y crear empleo. En este sentido, ha apelado al diálogo y al consenso de todos los grupos parlamentarios y a la participación de la sociedad civil.

Austeridad

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "No gastar lo que no se tiene será una obligación. Y no gobernar a golpe de crédito, una norma de rango legal", ha dicho.

La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha iniciado un programa de reducción de la Administración y del sector público empresarial y fundacional, pero ha añadido que "hay más que margen para una amplia reducción". Para ello, ha avanzado tres medidas inmediatas:

  • El recorte efectivo del número de organismos.
  • La fijación de criterios de homologación de las retribuciones que reciben directivos y consejeros de estos organismos.
  • La reducción efectiva del número de miembros de los Consejos de Administración.

Los cargos públicos deben hacer el primer esfuerzo

La vicepresidenta ha subrayado que los cargos públicos son los primeros que tienen que hacer un uso austero de los materiales que tienen a su disposición.

En este sentido, ha resaltado que "este Gobierno limitará estrictamente el uso de aviones oficiales a aquellos viajes de trabajo en los que por razones de urgencia, seguridad, dificultades de acceso o eficiencia de costes así lo aconsejen".

Además, se reducirán las delegaciones que acompañan a los ministros al mínimo imprescindible y siempre con la máxima justificación.

"Quienes ejercen el Gobierno tienen que practicar la austeridad. Igual que quienes aspiran a representar a los ciudadanos tienen que reflejar sus mismos valores", ha dicho.

Partidos políticos y sindicatos

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de reforma de la Financiación de los Partidos Políticos, con el fin de rebajar las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en un 20%.

La vicepresidenta ha concretado que sólo en ayudas públicas se ha recortado más de 80 millones de euros. Además, ha avanzado que se reformará la Ley de Subvenciones.

Transparencia

La vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno remitirá a las Cortes una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno durante este periodo de sesiones. Esta ley reconoce el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración, y la obligación de la Administración de contárselo.

Las peticiones se gestionarán a través de un Portal Digital de la Transparencia, al que los ciudadanos se podrán dirigir, así "conocerán más fácilmente, por ejemplo, a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una Cumbre Internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un Organismo Público o cuánto cobran los altos cargos", ha dicho la vicepresidenta.

Responsabilidad

La vicepresidenta ha resaltado que se exigirá a los responsables de todas las Administraciones Públicas "austeridad en su comportamientos individuales, y responsabilidad en el manejo de asuntos y recursos públicos".

El Gobierno presentará una Ley Orgánica Complementaria a la de Buen Gobierno, que modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos.

"La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quién paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha dicho Sáenz de Santamaría.

"Aquellos que irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, aquellos que gasten más allá de lo razonable, que hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, aquellos que lleven a cabo una gestión deficiente, han de responder ante los ciudadanos. Y, si es necesario, ante la justicia", ha añadido.

Regeneración democrática

La vicepresidenta ha explicado que la reforma de los organismos reguladores supondrá la supresión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pues "ni es conveniente, ni es necesario porque consideramos que sus funciones de protección al espectador pueden ser perfectamente asumidas por otros organismos reguladores que ya existen, sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo", ha dicho.

La vicepresidenta también ha avanzado que el Gobierno presentará a las Cortes una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna. Además, ha anunciado que se procederá inmediatamente a su renovación, para lo que ya han comenzado los contactos con algunos grupos políticos.

Sáenz de Santamaría ha apuntado como urgentes la renovación de los nombramientos del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE.

"Estas renovaciones llevan, en algunos casos, pendientes desde hace tiempo. No es ejemplar que esto haya sucedido. Y no debería volver a producirse. Y, por ello, esta será una de las tareas prioritarias en este periodo de sesiones", ha señalado.

Debate parlamentario

La vicepresidenta ha resaltado que es hora de enriquecer el debate en el Parlamento, para lo que se dará mayor participación a los ciudadanos en la elaboración de los proyectos de Ley, de forma que puedan aportar sus propuestas, sugerencias u opiniones. Con ellas se elaborará una Memoria que acompañará a los proyectos de Ley.

Por otra parte, Soraya Sáenz de Santamaría se ha comprometido a comparecer todos los años en la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, para dar cuenta de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia.

Medios de comunicación

La vicepresidenta ha asegurado que le preocupa la situación empresarial de los medios de comunicación y la situación laboral de los profesionales del sector.

Al respecto, ha anunciado que mañana me reunirá con los actuales miembros del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE para analizar el ajuste presupuestario que supone una reducción de 200 millones de euros en la aportación del Estado.

"El compromiso de reducción presupuestaria anunciado por el Gobierno debe ser un buen momento para incrementar la eficiencia en la gestión de la radio y la televisión públicas", ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras a los campos de fútbol, con el fin de que los puedan retransmitir libremente los partidos.

Mariano Rajoy: Vamos a plantear todas las reformas económicas para mejorar la competitividad de nuestra economía.

El presidente del Gobierno ha asegurado en Lisboa que el Ejecutivo planteará "todas las reformas económicas para mejorar la competitividad de nuestra economía y reducir el déficit público".

El jefe del Ejecutivo, ha recordado, en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, que nada más llegar al Gobierno se tomó la decisión "de reducir el déficit en 15.000 millones de euros".

"En las próximas semanas -ha añadido- presentaremos una ley de reforma laboral, un plan para estructura el sistema financiero y el próximo viernes 27 llevaremos al Consejo de Ministros un plan que afectará a todas las administraciones, que no podrán gastar lo que no tienen. Estas decisiones, y bastante más que habremos de abordar, son necesarias, son imprescindibles en España, y si me lo permiten, también en Portugal".

Para el presidente del Gobierno estas reformas estructurales son muy importantes, "en el presupuesto de este año volveremos a reducir el gasto, pero creo que esto debe venir acompañado de políticas de crecimiento económico", y ha afirmado que el Ejecutivo "planteará todas las reformas económicas para mejorar la competitividad de nuestra economía".

Preguntado por los periodistas por la reforma laboral, el presidente del Gobierno ha señalado que "lo que se conoce es un principio de acuerdo. Por tanto, cualquier valoración está condicionada a que al final se produzca ese acuerdo que se refiere a las condiciones salariales. De confirmarse, yo tengo que decir que centrales sindicales y organizaciones empresariales habrán hecho lo que le conviene a España. Es una medida compleja, difícil de tomar, pero creo que sería un dato muy positivo y un magnífico mensaje para la economía de su país. Ojala se confirme en su momento".

Europa

Tanto el presidente del Gobierno como el primer ministro de Portugal están de acuerdo en que "es necesario que en Europa hagamos las cosas bien conjuntamente". Mariano Rajoy ha asegurado que España está a favor del Tratado que se debatirá el 30 en Bruselas, "lo que queremos es que se firme ya y entre en vigor", ha afirmado.

"Estamos a favor de un mecanismo de rescate que actúe como elemento disuasorio. También estamos a favor de dar una pronta solución al tema de Grecia y de entrar todos ya en una situación de normalidad con el objetivo de crear empleo y lograr crecimiento económico", ha asegurado Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy ha asegurado, además, que es muy importante para Portugal y España tener una colaboración muy constante. "Yo diría muy diaria. Creo que a Portugal y a España lo que más les une es el futuro y vamos a trabajar para ese futuro. Por eso queremos que las cumbres bilaterales vuelvan a ponerse en marcha" y ha anunciado una reunión bilateral entre los dos países para la próxima primavera.

Reunión con el presidente de Portugal

Rajoy, además, ha asegurado con respecto a la próxima cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz, y a la que el primer ministro de Portugal acudirá con la máxima representación, que "para España es importante que salga bien. Para Portugal y España Iberoamérica es muy importante.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo posteriormente una reunión con el presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva, en el Palacio de Belem.

Consejo de Ministros 20/01/2012. Soraya Sáenz de Santamaría:Plantearemos una estructura de organismos reguladores muy austera.

Consejo de Ministros 20/01/2012. Soraya Sáenz de Santamaría: Compromiso firme de todos con la estabilidad presupuestaria.

Consejo de Ministros 20/01/2012. Preguntas de los periodistas.

Consejo de Ministros 20/01/2012. Intervención de la vicepresidenta del Gobierno.

La vicepresidenta ha explicado que se simplificará el número de organismos reguladores de acuerdo con los principios de austeridad, neutralidad, profesionalidad y eficacia. El objetivo del Gobierno es devolver la confianza a los sectores económicos clave y a los consumidores. El Ejecutivo también ha valorado los acuerdos de Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre la reforma de los organismos reguladores, que son aquellos que tienen como finalidad supervisar políticas sectoriales y resolver los conflictos entre las empresas y la Administración.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ejecutivo quiere trabajar en tres principios esenciales en la reforma de estos organismos: austeridad, neutralidad y profesionalidad y eficacia.

Para ello, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo integrado por los Ministerios de la Presidencia; Economía y Competitividad; Hacienda y Administraciones Públicas; Fomento y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Sáenz de Santamaría ha adelantado que esta comisión de trabajo presentará al Consejo de Ministros en un plazo muy breve una reforma integral de los organismos reguladores con el fin de simplificar al máximo su número.

"Tenemos el encargo del presidente del Gobierno de plantear una reforma fundamental para devolver la confianza a los operadores económicos en los sectores clave y también a los consumidores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

Política Fiscal y Financiera

El Consejo de Ministros ha valorado un informe sobre los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado miércoles.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que se han adoptado medidas fundamentales para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y ajuste del gasto público y para garantizar la financiación y la liquidez de las Comunidades Autónomas.

La vicepresidenta ha señalado que las Comunidades Autónomas han manifestado su apoyo a las líneas de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la fijación de una regla de gasto y a la normativa comunitaria que establece sanciones a quienes incumplan los objetivos de estabilidad.

Sáenz de Santamaría también ha destacado que se ha llegado a un acuerdo para trabajar en la racionalización del sector público y que todas las Administraciones han asumido que sus cuentas tienen que ser más transparentes con el fin de adoptar medidas de ajuste. Además, ha apuntado que se han adoptado importantes acuerdos en materia de liquidez y apoyo financiero.

La vicepresidenta ha reiterado que el cumplimiento del objetivo de déficit es una "medida clave e imprescindible para poder generar empleo". Esa medida, ha dicho, "debe complementarse con un conjunto de medidas estructurales que logren dinamizar la economía y posibiliten la creación de puestos de trabajo".

En este sentido, ha asegurado que los Consejos de Ministros de las próximas semanas aprobarán la reforma del sistema bancario y la del mercado laboral.

Otros acuerdos

  • Modificado el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo

  • Modificada la normativa de pagos directos de la política agraria común

  • Aprobadas las estructuras orgánicas del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Asuntos de actualidad

Preguntada sobre la reforma laboral, Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido que el Gobierno hará "una reforma laboral adaptada a nuestro propio mercado de trabajo y a nuestras propias necesidades".

Esa reforma laboral, ha añadido, abordará aspectos clave "en materia de contratación, en materia de flexibilidad interna de la empresa y en materia de negociación colectiva, pero también en el ámbito de la formación y de la intermediación de empleo".

La vicepresidenta ha señalado que "el Gobierno presentará una reforma laboral en el marco de dos objetivos: la simplificación en el número de contratos y la estabilidad en el empleo".

Respecto a la subasta de deuda en los mercados, Sáenz de Santamaría ha destacado que España ha conseguido colocar el volumen previsto a más bajo interés.