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(20/04/2012). Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto Ley, una serie de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. La medida generará unos ahorros superiores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario.

Ana Mato ha asegurado que se garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles y se adoptan medidas para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros. La ministra ha concretado que el informe de Tribunal de Cuentas correspondiente a 2009 refleja que más de 700.000 extranjeros han utilizado indebidamente los servicios sanitarios españoles con un coste de 817 millones de euros.

Para evitar este fraude, la ministra ha anunciado que incorporará un artículo de una directiva comunitaria que prohibirá expresamente a los ciudadanos desplazarse a otro país para recibir asistencia sanitaria.

Racionalización del gasto educativo

El Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado hoy, responde, según ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, a la necesidad de racionalizar este gasto y hacerlo más eficaz.

Se responde con ello a una demanda de las comunidades autónomas que son las que mayoritariamente ejecutan el gasto público en educación.

El ministro ha aclarado que ésta no es la reforma educativa del Gobierno, que se instrumentará en el curso de la primera parte de la Legislatura, pero sí es la "condición previa para poder impulsarla".

Tres criterios son los que han orientado la norma aprobada hoy:

  • Salvaguardar al máximo la cobertura y calidad del servicio público de la educación.
  • Mantener sin variación las condiciones existentes para evitar que la condición socioeconómica sea un "obstáculo para el desarrollo del talento".
  • Dar al cambio un "marcado carácter de flexibilidad" para que las comunidades autónomas puedan acomodarlo a sus necesidades de consolidación fiscal.

Gestión de televisiones autonómicas

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo de 2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha explicado que las comunidades autónomas podrán decidir si prestan o no el servició público de televisión en sus respectivos territorios. Si deciden no prestarlo podrán sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales. Si deciden prestarlo podrán hacerlo mediante la gestión directa u optar por fórmulas de gestión indirecta.

Sáenz de Santamaría ha aclarado que "en el caso de que el servicio público se preste por las administraciones autonómicas, el ente tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria: no se permitirán desequilibrios en los gastos e ingresos de esas televisiones", ha dicho.

Corporación RTVE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, para falicitar la designación del presidente de la Corporación, que "seguirá siendo parlamentaria". Tal y como estaba previsto en la Ley en el año 2006, si el candidato no logra una mayoría de 2/3 en la primera votación, se elegirá en la segunda por mayoría absoluta.

Además, se reducirá el número de miembros del Consejo de Administración de doce a nueve, y no tendrán dedicación exclusiva. La vicepresidenta ha manifestado: "Hoy el sueldo bruto de un consejero supera los 110.000 euros. A partir de ahora, los consejeros sólo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo. El único que tendrá dedicación exclusiva será el presidente de la Corporación".

Por otro lado, mediante el Real Decreto Ley se ha modificado el artículo 19.4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, para garantizar a las radios el libre acceso a los estadios y recintos para que puedn retransmitir en directo acontecimientos deportivos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar, pero tendrán que abonar los gastos del uso de determinadas instalaciones de acuerdo con los clubes.

Expropiación de YPF

El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre los efectos de la decisión de la República Argentina de expropiación de acciones de Repsol en YPF.

La vicepresidenta ha destacado y agradecido el importante apoyo internacional que ha tenido el Gobierno español en este asunto, tanto desde la Unión Europea como de Estados Unidos e Iberoamérica. "Se pone de manifiesto que con actuaciones como esta algunos países van en contra de sus propios intereses y su propia reputación internacional".

Además, ha agradecido la resolución del Parlamento Europeo que apoya "la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el mundo".

Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado publicará mañana una orden por la que se establece un procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiesel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburante.

Cuestiones de actualidad

En respuesta a una pregunta referida a si habrá nuevos "sacrificios" en los próximos días, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno es consciente del esfuerzo realizado por los ciudadanos, en un país que se encuentra con un déficit del 8,1% lejano al 6%", pero subrayó que este esfuerzo tienen como objetivo superar la crisis y sentar las bases para crecer en el futuro.

En cuanto a la Ley de Transparencia y la Corona, la vicepresidenta ha aclarado que esta Ley, aún en fase de anteproyecto, es de las administraciones públicas y la Casa del Rey no forma parte de éstas. La futura Ley está en línea con las de otras monarquías europeas como la británica, ha añadido.

Expropiación de YPF (Española) por Argentina: un acto de rapiña y latrocinio.

Expropiación de YPF (Española) por Argentina: un acto de rapiña y latrocinio.

Kirchner encabeza una clase política endémicamente corrupta.

De latrocinio y gesto de chulería debe calificarse el paso dado por Cristina Fernández de Kirchner al consumar la expropiación de YPF, filial argentina de Repsol. Latrocinio, porque implica despojar a la firma española de un bien a las pocas semanas del descubrimiento del mayor yacimiento de crudo y porque, como dijo el ministro de Exteriores, García-Margallo, es "un gesto de hostilidad a España" -Un acto de rapiña-.

Y de chulería, porque lo hace después de las advertencias de Margallo y tras el encuentro con Obama en la Cumbre de las Américas. Que Kirchner lo anunciara delante de un retrato de Evita Perón pone una nota populista muy significativa a este ataque a los intereses de España.

La expropiación de YPF deja en evidencia por lo demás la debilidad de una UE incapaz de defender los intereses de sus miembros, más allá de las declaraciones de condena retóricas ("daña el clima de negocios", se limitó a expresar Bruselas). Pero también deja en evidencia a Repsol, que no ha logrado impedir que se consume el expolio. Su presidente, Antonio Brufau, sabía con quién se jugaba los cuartos en la inversión austral y estaba perfectamente al tanto del clima de inseguridad jurídica que reina en el cortijo de los Kirchner. Razón por la que debería dimitir.

El acto de rapiña es una huida hacia adelante de quien parece encarnar el más abyecto peronismo en todos sus rasgos: desde la personalidad de un icono sentimental, remedo de Evita o de María Estela, hasta el hecho de que la presidenta argentina sea una pantalla tras la que se ocultan, en este caso, los verdaderos cerebros de la operación: el influyente ministro de Economía, Amado Boudou, y Máximo, el hijo de Kirchner, más cerebral y maquiavélico que su manejable madre. La huida consiste en inventarse un enemigo exterior para desviar los graves problemas interiores -con la inflación y la caída de popularidad de la presidenta en primer término-, al modo del general Galtieri cuando se metió en el fregado de las Malvinas con la Gran Bretaña de la señora Thatcher, hace ahora 30 años. Manejada por la camarilla de la Cámpora, organización juvenil peronista, pretende liquidar lo que ellos llaman neocolonización -la presencia de empresas y bancos españoles, que desembarcaron en Argentina en los años noventa-.

Tal empeño resulta suicida para la economía del país austral, dado que la inseguridad jurídica ahuyentará a los inversores extranjeros. Pero a una clase endémicamente corrupta como el clan Kirchner ese peligro no le quita el sueño. De ahí que el Gobierno español deba extremar las medidas contra el expolio, que daña gravemente los intereses nacionales, singularmente por la fuerte dependencia de nuestra economía del suministro energético exterior. A priori no lo tiene fácil, porque la Unión Europea carece de medios legales para enfrentarse a Buenos Aires. Cabe la opción de invocar a Estados Unidos -y así lo dio a entender ayer el Ejecutivo- que es el segundo gran inversor en Argentina.

En cualquier caso, el Gobierno español estudia medidas coercitivas para que Argentina cumpla los convenios internacionales. Esperemos que la que se adopten sean suficientemente contundentes, como dieron a entender los ministros García-Margallo y Soria. Y quien sí tendría prestigio para hacer gestiones al más alto nivel sería el Rey Juan Carlos, dado que, tras la operación de cadera, retomará su actividad, entrevistándose con Rajoy el viernes. Eso es imprescindible.

El Supremo declara nulo el uso preferente del catalán en Barcelona.

El Supremo declara nulo el uso preferente del catalán en Barcelona.

Entre otros, suspende las multas por no rotular en catalán, las actas redactadas únicamente en esta lengua y la de ser atendido en español sólo si quien se pone en contacto con la administración lo pide.

No rotular al menos en catalán, que la administración redacte actas únicamente en esta lengua y, entre otros, que el personal público reciba en catalán, a no ser que el ciudadano requiera el español son algunos de los artículos que el Tribunal Supremo ha suspendido en Barcelona. De esta forma, el catalán deja de ser preferente en la Ciudad Condal a raíz de la denuncia presentada por el líder del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz. Sólo el año pasado y en Barcelona se multó a 97 comercios por no rotular en catalán, a razón de unos 720 euros de media para cada uno de ellos.

Y es que, el Alto Tribunal ha confirmado la suspensión de 7 artículos del reglamento del catalán de BarcelonaLa sección cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la suspensión de siete artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una anterior sentencia.

El fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que se ha conocido hoy, confirma el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que suspendió los siete artículos de forma cautelar alegando que existen antecedentes de sentencias que han declarado nulas normativas que imponen directamente el uso preferente del catalán sobre la otra lengua cooficial, el español.

El reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el pleno del consejo municipal en febrero de 2010, fue recurrido ante los tribunales por el presidente del grupo municipal del PPC en el consistorio, Alberto Fernández Díaz.

Los artículos en cuestión

Los artículos suspendidos son el 3-1, que establece que las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona se han de hacer en catalán; el 3-2, que indica que las actas del consistorio se han de redactar en catalán; el 3-4 relativo a impresos, sellos de goma y análogos, y el 5-2, sobre la expedición de documentos.

También se suspendió el artículo 7, en el que se dice que en sus comunicaciones administrativas orales, el personal del ayuntamiento ha de emplear la lengua catalana, excepto cuando el administrado pida ser atendido en castellano, el número 12, referido a la rotulación, y el 18, sobre asientos administrativos.

En la sentencia, el Supremo considera que la Sala del TSJC ya valoró los "intereses en conflicto y consideró teniendo en cuenta los mismos que si no se adaptaba la medida cautelar de suspensión, la aplicación de la disposición general a lo largo de la posible duración del proceso podía hacer perder su finalidad legítima al recurso".

Para el Supremo, el TSJC ya justificó debidamente en su momento el 'periculum in mora' (peligro de un daño jurídico urgente) que suponía para el interés general de los ciudadanos e incluso de los miembros de la corporación municipal de Barcelona el no poder utilizar indistintamente las dos lenguas cooficiales.

Esta sentencia del Tribunal Supremo, que es firme, condena también a pagar las costas al Ayuntamiento de Barcelona, que puede ascender a los 3.000 euros.

MARIANO RAJOY. “Todas las reformas atienden sólo al interés general de España y de los españoles”.

MARIANO RAJOY.  “Todas las reformas atienden sólo al interés general de España y de los españoles”.

A continuación, reflejamos un resumen de la intervención del presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la reunión del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados:

- El objetivo para los próximos cuatro años es crecer, crear empleo y, por tanto, darle la vuelta a la situación en la que estamos viviendo. Las condiciones de partida en las que nos encontramos exigen una tarea de desescombro de todos los lastres que han impedido nuestra recuperación y han ahuyentado la confianza en los últimos años. Los principales son el déficit público insostenible y el alto endeudamiento con el exterior, tanto privado como público; la imposibilidad de las entidades financieras de dar crédito a familias y empresas; las carencias competitivas de la economía española; y la falta de voluntad política que se acreditó en los últimos años para afrontar nuestros desafíos.

- Es un camino largo, de reformas históricas, de esfuerzos inaplazables, salpicado en ocasiones con incomprensiones, pero es un camino que nos va a permitir crear las vigas maestras de un nuevo crecimiento económico que nos permitirá recuperar a medio plazo nuestros horizontes de prosperidad, de bienestar y de empleo.

- Lo que hemos acreditado, y es muy importante aunque no sea un real decreto ley, es voluntad política para afrontar nuestros desafíos. Y tengo que decir que lo seguiremos haciendo porque no podemos liquidar el futuro y porque los españoles no nos lo perdonarían, y con razón.

- Controlar el déficit público es hoy nuestra mayor urgencia y esto tenemos que tenerlo todos muy claro. Primero, no controlar el déficit público significa enormes dificultades para poder financiarse. Segundo, tenemos un compromiso europeo que hemos asumido voluntariamente y que tenemos que cumplir. Y tercero, cuanto mayor sea del déficit público, cuanto más gastemos por encima de lo que ingresamos, mayor será la deuda y hoy dedicamos al pago de intereses de la deuda 29.000 millones de euros.

- El déficit público es malo porque nos resta credibilidad, impide crecer a empresas y familias y, por tanto, crear empleo, hipoteca el Estado de Bienestar, dificulta la financiación y pone en riesgo el futuro del país. Éste es, por tanto, un objetivo irrenunciable en el que nos jugamos mucho.

- Hemos presentado unos Presupuestos que son muy austeros, pero que son creíbles y, sobre todo, serán eficaces para el futuro crecimiento económico y generación de empleo. Son además unos Presupuestos justos y equitativos. Hemos intentado preservar algunas partidas presupuestarias que afectan a muchísimos españoles, que son los que están en situación de más dificultad. No hemos tocado las pensiones, el seguro de desempleo y el IVA.

- Lo que estamos es cambiando la política económica que se hizo en estos años, que es la que nos ha traído hasta donde estamos. Pedirle ahora a quienes han hecho una política económica que nos han traído hasta aquí que hagan una pirueta y que afirmen que lo que hay que hacer es lo contrario de lo que hicieron es ciertamente difícil y complicado.

- Hemos puesto coto a muchos gastos que son superfluos, prescindibles e injustos. No se trata sólo de reducir déficit público, hacer matemáticas, se trata también de hacer las cosas bien.

- Hemos presentado en las Cortes una reforma laboral que, no os quepa la más mínima duda, que producirá sus frutos en el futuro. A lo largo de la crisis que hemos vivido estos años, hemos destruido el doble de empleo que la Unión Europea, entre otras cosas, como consecuencia de una legislación laboral que hacía recaer todo el ajuste sobre el empleo al no existir ninguna flexibilidad.

- El plan de proveedores es una operación económica de primer orden que nunca nadie había hecho en nuestro país por importe de 35.000 millones de euros y que va a servir, mediante créditos a largo plazo y más barato, para que las Administraciones Públicas cumplan un compromiso tan razonable, tan sensato y tan moral como pagar a aquellas personas a las que han encargado determinados servicios.

- Avanzamos a buen ritmo, por el camino correcto. Estamos en la senda reformista. El Gobierno tiene las ideas muy claras, sabe perfectamente lo que hay que hacer y actúa con arreglo a un plan. Tenemos un rumbo fijo y tenemos cuatro años por delante. No hay que hacer caso al ruido, ni distraerse con cosas menores, ni prestarle atención a lo que, por su poca importancia, dura 24 horas. Nuestra obligación hoy es gobernar.

- Ahora estamos viviendo el momento más difícil, que es el de los sacrificios compartidos para corregir los errores del pasado, sin frutos aparentes. Pero los efectos de esta política se verán en el tiempo y el crecimiento económico y el empleo llegarán porque estamos poniendo las bases saneadas y desplegando una agenda de reformas que nos permitirán ser productivos y competitivos en una economía global.

- Muchas de las decisiones que tomamos y que tomaremos no son agradables ni son compartidas por muchos. A mí no me ha gustado subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Muchas nos hubiera gustado no haberlas tomado. Pero no queda otro remedio si queremos cambiar las cosas. Hay decisiones que las hemos tomado porque es justo, sensato, razonable y de sentido común y hay otras que las hemos tomado porque las circunstancias nos obligan a hacerlo.

- Yo ya sé que es muy difícil explicar lo que es la prima de riesgo, el déficit, la deuda pública y los mercados. Pero precisamente porque es difícil, ese esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor. Y también estoy convencido de que hay muchas cosas que se pueden explicar y que todo el mundo entiende. Se puede explicar que no podemos gastar más de lo que ingresamos; que si no tomamos decisiones, la financiación de las Administraciones, de las empresas y de las familias se pone mucho más complicada; que hay Administraciones que no pueden pagar a los proveedores y algunas tienen dificultades para refinanciar sus deudas; y que si debemos mucho, hay que ganar la confianza de quién nos prestó.

- Nosotros, el Gobierno de España y los españoles, no vamos contra nadie. Nosotros no hablamos de otros países. Nosotros a todos los países de la UE les deseamos lo mejor. Lo que es bueno para España es bueno para la Zona Euro y lo que es bueno para los países de la Zona Euro y de la UE es bueno para España. Todos tenemos problemas y nosotros trabajamos para solucionar los nuestros, los de los españoles, pero también para ayudar a la Zona Euro y esperamos que los demás hagan lo mismo, que asuman sus responsabilidades y que sean prudentes en sus afirmaciones y que trabajen para mejorar su país y la Zona Euro.

- Tengo que afirmar la convicción de que las responsabilidades mayores hoy son las nuestras porque así lo han querido los ciudadanos y porque tenemos la mayoría de votos para llevar a cabo las reformas. Tengo la convicción de que lo que no hagamos nosotros pocos lo van a hacer.

- A lo largo de las próximas semanas pondremos sobre la mesa entre otros los siguientes proyectos:
· plan de lucha contra el fraude fiscal
· plan de lucha contra el fraude en materia laboral y en materia de Seguridad Social
· la reforma del sistema sanitario
· la racionalización del gasto educativo
· reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero para pedirle a las CC. AA. ajustes presupuestarios y que asuman sus obligaciones como instituciones
· la reforma del sistema financiero que, como dije antes, hemos puesto en marcha
· trabajaremos para que salgan al mercado en manos de promotores
· reformaremos el mercado del alquiler
· iniciaremos privatizaciones en el sector público
· haremos el resto de la reforma en el sector energético
· aprobaremos la ley de emprenderemos
· comenzaremos la reforma de las Administraciones Públicas
· tomaremos decisiones que vayan en la línea de que en España haya de verdad un mercado único
· aprobaremos una ley de costas
· tomaremos decisiones importantes en materia de I+D+i
· una ley que permita a las Administraciones titulares de televisiones autonómicas que las gestionen de una manera diferente a como ocurre actualmente
· ley de tasas judiciales
· y, de manera definitiva, la ley de transparencia y la reforma de los organismos reguladores

Rajoy y los 'barones' del PP acuerdan garantizar los servicios básicos.

Rajoy y los 'barones' del PP acuerdan garantizar los servicios básicos.

Para ello establecerán un sistema de prioridades con el objetivo del 1,5% del déficit.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido este sábado (14/04/2012) a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" porque "de otra manera, sería imposible mantenerlos", debido a la situación económica "heredada" del PSOE.

"El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha declarado Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.

En la reunión en 'Génova', que se ha prolongado más de dos horas, los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.

Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado para las CC.AA.

Rajoy y los presidentes del PP han suscrito una declaración, que Cospedal ha definido como "el gran pacto del Partido Popular", al que ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.

La situación de España es "límite". Montoro asegura que el Gobierno "no va a ceder" ante la huelga general.

La situación de España es "límite". Montoro asegura que el Gobierno "no va a ceder" ante la huelga general.

Mientras, De Guindos vuelve a reabrir el debate sobre la necesidad de regular el derecho de huelga en España.

Con la fecha de la huelga general cada vez más próxima las reacciones de los ministros ante la misma no se han hecho esperar. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno "no va a ceder ante la huelga". El ministro de Economía, Luis De Guindos por su parte ha advertido que no se cambiará "un ápice" la reforma tras el 29M, mientras que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pedido a los ciudadanos que "arrimen el hombre" y no secunden la huelga de mañana.

Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "no va a ceder" ante la huelga general porque supondría "profundizar" una crisis que ya ha destruido muchos empleos. "La disyuntiva no es una huelga general más o menos seguida, la disyuntiva es salir de la crisis o no salir de la crisis, eso es lo que está en juego", ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

Según ha dicho, ese es el sentido de la reforma que está promoviendo el Gobierno y que está sometida a las aportaciones que los grupos políticos puedan hacer durante su trámite en el Parlamento. Es en el ámbito parlamentario y no en la calle donde Montoro considera que se debe hacer la reflexión política sobre la reforma laboral. "La huelga por supuesto es un elemento propio de la democracia, del Estado de Derecho, pero no es un elemento de debate político para hacer retroceder al Gobierno, ése no es el sentido, el sentido es llevar las iniciativas pertinentes a un Cámara", ha dicho al respecto.

Montoro ha insistido en que la situación que atraviesa el país es "límite" que obliga al Gobierno a acometer reformas "que modernicen los mercados esenciales, incluido el laboral, y modernicen las relaciones laborales".

De Guindos advierte de que no se cambiará "un ápice" la reforma

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno no modificará "un ápice" la reforma laboral tras la huelga general convocada para mañana por los sindicatos en rechazo a la norma.

"Con independencia de lo que se defina como éxito o fracaso de la huelga, el Gobierno no va a modificar un ápice de la reforma", dijo De Guindos en una conferencia organizada por ABC, Deloitte y Ferrovial.

El ministro incidió en que el objetivo de la reforma laboral es poner fin al elemento diferencial de la economía española respecto al resto de países europeos: su elevada tasa de paro y generación de desempleo.

De Guindos subrayó que el Gobierno "respeta absolutamente" el derecho de huelga y espera de igual forma que se respete el derecho a trabajar, por lo que redoblará esfuerzos para garantizar éste último. "Espero que sea un día pacífico para que todos puedan ejercer sus derechos, a la huelga o a trabajar", enfatizó.

Sobre el papel de los sindicatos en la crisis y la convocatoria de la huelga general, el ministro dijo que "no tienen que estar en el Consejo de Ministros ni en la calle, sino haciendo su trabajo", tratar de mejorar las condiciones de trabajo.

Pastor pide a los ciudadanos que no secunden la huelga

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pedido este miércoles a los ciudadanos que "arrimen el hombro" y no secunden la huelga general convocada para mañana, aunque ha reiterado su "respeto" al derecho a la huelga, según ha declarado en el marco de su comparecencia en la Cámara Baja.

Preguntada por la jornada de huelga general, Pastor señaló que desde el departamento que dirige se ha intentado "equilibrar" el derecho a la huelga con los derechos de movilidad de los ciudadanos.

"Ese es mi compromiso y en eso estoy contribuyendo", destacó la ministra, haciendo referencia a los servicios mínimos pactados por Fomento y los sindicatos el pasado fin de semana.

Preguntas de los periodistas. La Moncloa, Madrid - 16/03/2012

Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Moncloa, Madrid - 16/03/2012

El Gobierno ha aprobado el Plan de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal para configurar un sector más reducido y acorde con actual contexto de austeridad y con la necesidad de controlar el gasto público.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que esta reorganización responde a los principios de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".

Sáenz de Santamaría ha recordado que el plan aprobado hoy se suma a las medidas adoptadas en el sector público empresarial para limitar las retribuciones de los directivos y reducir el número de consejeros.

El Gobierno ha analizado las empresas estatales existentes y ha determinado cuáles pueden mantenerse y qué otras deben extinguirse, suprimirse, fusionarse o desinvertir en ellas.

La vicepresidenta ha detallado las propuestas de actuación del Ejecutivo en relación con las distintas sociedades estatales, y ha asegurado que se producirá la supresión, desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, se reducirán 154 consejeros y se ahorrarán más de un millón de euros en sueldos y dietas.

Asimismo, Sáenz de Santamaría, ha asegurado que con esta medida los ciudadanos conocerán con más transparencia "cómo se gastan y se gestionan los ingresos públicos".

Ampliadas cinco líneas ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de cinco líneas de crédito ICO destinadas a emprendedores y empresas de menos de 25 trabajadores.

La vicepresidenta ha indicado que se trata de "un crédito para desarrollar proyectos rentables, y crece un 16% más en el año 2011". "Pese a las restricciones en otros ámbitos, estás cinco líneas de crédito servirán para inyectar a la economía crédito por valor de 22.000 millones de euros", ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno quiere que "los proyectos empresariales no se queden en buenas ideas sino que lleguen a su fin", y por eso se han reforzado cinco líneas ICO.

  1. Línea ICO-Inversión. Estará dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria.
  2. Línea ICO-Internacionalización. La dotación se duplica hasta los 2.000 millones de euros.
  3. Línea ICO-Liquidez. Se amplia de 6.000 a 8.000 millones de euros.
  4. La línea ICO-Emprendedores. Sustituye a la Línea ICO-Desarrollo Empresarial, y aumenta la dotación de 750 a 2.000 millones. Sus destinatarios son autónomos, profesionales y empresas que están iniciando su actividad o que la han iniciado en los 5 años inmediatamente anteriores a la concesión de esta línea.
  5. Línea ICO-Vivienda, destinada a reactivar el mercado de la rehabilitación, está dotada con 1.000 millones de euros.

La vicepresidenta ha subrayado que, con este incremento del 16%, el ICO supone ya el 9% del crédito del sistema financiero español y llega a cotas del 15% cuando se trata de préstamos en plazos superiores a 5 años.

 

Pago a proveedores

Al comienzo de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el presidente del Gobierno se reunió el pasado lunes con los representantes del sector de pymes y autónomos y con distintas organizaciones empresariales para trasladarles el plan de pago a proveedores aprobado por el Ejecutivo.

La vicepresidenta ha apuntado que ayer venció el plazo para que los ayuntamientos presentaran su listado de facturas y ahora se abre el plazo para que presenten el plan de ajuste.

Además, ha resaltado que el Estado ha hecho un esfuerzo destinando 35.000 millones a las corporaciones locales y comunidades autónomas para satisfacer ese pago a proveedores. "Los ayuntamientos tendrán que cumplir los planes de ajuste para que en el futuro no se vuelvan a producir nunca situaciones de esta naturaleza", ha dicho.

La vicepresidenta ha adelantado que, según los datos provisionales, los ayuntamientos han presentado 1.931.976 facturas pendientes de pago a proveedores por un importe de 9.584 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha avanzado que del listado de facturas presentado, las dos terceras partes afectan a pymes y autónomos: 50.259 proveedores son trabajadores autónomos y casi 63.500 pequeñas y medianas empresas. "Eso nos permite afirmar que esta medida del plan de apoyo a proveedores va a ayudar a que estos trabajadores tengan liquidez, puedan mantener su actividad empresarial y su nivel de empleo", ha añadido.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que el plan puede suponer 100.000 empleos.

Por otra parte, la vicepresidenta ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros estudiará la simplificación de los órganos administrativos encargados de la gestión inmobiliaria del Estado. Se creará un único órgano responsable de la gestión patrimonial y la coordinación de todos los Ministerios en cuanto al uso racional de los inmuebles.

Otros acuerdos

  • Aprobado el Real Decreto por el que se regula el régimen del Comisionado para la reconstrucción y reactivación económica de la zona de Lorca
  • Convalidado el otorgamiento original de los permisos de investigación de hidrocarburos "Canarias 1 a 9"
  • REAL DECRETO LEY de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.