Engaño en las cifras de parados. Cómo maquilla el Ministerio de Trabajo (PSOE) el paro registrado en el INEM.

El número de demandantes de empleo que tiene contabilizados el Inem alcanza las 4.667.866 personas, y no los 3.327.801 que nos dicen. Como,según los economistas, el paro sin registrar anda por el 20%, en realidad YA HAY EN ESPAÑA MÁS DE CUATRO MILLONES Y MEDIO DE PARADOS.

Cada mes el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho publica el dato de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem). Los medios de comunicación se ciñen a la información oficial y repican como si fuera un mantra sagrado la cifra de desempleados que, en teoría, no tienen trabajo. Luego, los analistas emplean esta estadística para realizar análisis sobre la evolución del mercado laboral y todo ello llega a la opinión pública como si fuera real, pero no lo es.

En realidad, el dato de paro registrado ha sufrido tantas alteraciones que ya es difícil saber a quién considera el Gobierno como parado. Ahora es sólo un concepto burocrático que se emplea con fines propagandísticos (de todos los colores políticos) y que maquilla el volumen de desempleados.

Aunque esta actuación no ha sido exclusiva del actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras su incorporación el departamento ha incrementado el apagón estadístico. Como muestra de ello cabe destacar su intención de sacar de las listas de parados a los prejubilados que quieren trabajar y al hecho de que se afilien niños a la Seguridad Social para alterar la población activa y, con ello, la tasa de paro.

Pero comencemos desde el principio. Cuando se observa la normativa del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) se observan muchas excepciones creadas para no contabilizar a ciudadanos sin empleo como parados.

Existen muchas de ellas que generan a los economistas consultados y que la mayoría fueron aprobadas en 1985 por el entonces miembro del Ejecutivo socialista, Joaquín Almunia. Ahora este político es el responsable de la política económica de la Unión Europea.

Del conjunto total de excepciones, el ex responsable de la oficina Económica de Moncloa durante el Gobierno del PP, José Barea, y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid cita éstas como las más "sospechosas":
 

    * Perceptores de prestaciones por desempleo que participen en trabajos de colaboración social

    * Demandantes de un trabajo cuya jornada laboral semanal sea inferior a las 20 horas

    * Demandantes de empleo coyuntural por un periodo inferior a tres meses.

    * Demandantes que estén cursando estudios de enseñanza oficial sean demandantes de primer empleo.

    * Trabajadores beneficiarios del subsidio agrario que estén percibiendo el subsidio por desempleo.

    * Personas que estén apuntadas a cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo


Aunque el maquillaje se hubiera quedado ahí hubiera sido suficiente para tirar por tierra la credibilidad del paro registrado en el análisis del mercado laboral, dejando esta cifra solamente para realizar comparativas homogéneas con el resto de países de la Unión Europea que comparten esta estructura estadística. Pero todavía quedaba mucha tela que cortar en el taller de La Moncloa y la llegada de Jesús Caldera al Ministerio de Trabajo, nueve años después, fue el catalizador que inició una serie de alteraciones en el cálculo del paro registrado.

El "efecto Caldera"

Así, un mes antes de las pasadas elecciones generales, en febrero de 2008 el Caldera inició su  particular campaña electoral. Entonces la economía española estaba sufriendo los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el mercado laboral expulsaba a miles de personas cada vez.

La velocidad del ritmo de aumento del paro comenzaba a desbocarse y el ministro cambió el método de cálculo del paro. Por aquellos tiempos el Gobierno decía que no había crisis y dos meses después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que España estaba “en condiciones de alcanzar el pleno empleo”. Caldera sacó de los registros de desempleados a las personas que acuden a cursillos de formación y los catalogó como demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

El retrato robot de estas personas era evidente: inmigrantes que perdían su puesto de trabajo con la crisis al carecer de conocimientos que les permitieran cambiar de ocupación y los españoles y extranjeros expulsados del sector inmobiliario por el pinchazo de la burbuja del ladrillo.

De esta forma entró en vigor una nueva subcategoría dentro del colectivo de demandantes de empleo no ocupados (DENOS). Se trata de los demandantes de servicios previos al empleo y sirve para que las comunidades autónomas puedan sacar de las listas de parados a las personas que pierden su trabajo y son apuntadas a cursos de formación. Los servicios y las construcción son los sectores que más desempleados aportan a esta subcategoría hasta ahora.

Según explicaba entonces Trabajo, "los servicios de desempleo de las comunidades autónomas podrán o no aplicar este ajuste administrativo". Por tanto, aseguraban, también puede ocurrir que las autonomías del PP sigan estimando a este colectivo como parados, como reglamentariamente sucedía hasta ahora, y que sigan en la estadísticas del desempleo.

Sin embargo, existe un matiz importante. De las 17 autonomías, sólo cinco tienen un sistema informático propio para recoger estos datos (Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña).

Las cuatro últimas están gobernadas por el PSOE y en Andalucía y Cataluña se encuentra el caladero de votantes socialista. Es más, en fuentes populares se señala a estas dos autonomías, sobre todo a la andaluza, como promotoras del "cambio técnico". De hecho, la Comunidad de Madrid expresó sus "reticencias" al cambio estadístico.

Desempleados “con disponibilidad limitada”

Y el maquillaje del Gobierno no se acaba aquí. El departamento que dirige Corbacho tampoco incluye en las listas a un número importante de parados, agrupándolos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica". Estas personas, según afirma el Inem, "son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo". Es decir, que son también parados aunque la burocracia no los considere como tales.

Por si todo esto no fuera suficiente. El Ministerio de Trabajo tiene intención de incluir a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) dentro de una "clasificación específica" en las listas del paro. La razón es sencilla: la recesión está obligando a muchas empresas a utilizar este tipo de herramienta para adelgazar sus plantillas, reducir costes y así poder salvar a la empresa y a la mayor parte de los trabajadores y Corbacho no quiere que, de repente, crezca el paro registrado por encima de sus estimaciones manipuladas.

La explicación oficial es que el cambio se debe a que sus "circunstancias y disponibilidad para el trabajo" no son las mismas que las de otros desempleados, según el Ministerio. Así lo confirma el departamento que dirige Celestino Corbacho en una respuesta parlamentaria. Esta propuesta está siendo discutida con los agentes sociales.

Trabajo recalca que esta nueva clasificación no requeriría "modificar la regulación", ya que su objeto sería "únicamente identificar" a las personas que se encuentran en dicha situación laboral y "tenerlo en cuenta" para "beneficiar a aquellas personas que estén en edad de trabajar y, a pesar de que estén buscando activamente empleo, no lo encuentren". 

Finalmente, el paro registrado tampoco incluye a aquellas personas que no tienen trabajo pero no están dispuestas a aceptar cualquier empleo. Como por definición un parado es aquel que no pone condiciones, a las personas que han manifestado las suyas al funcionario de la oficina de empleo no se les considera desempleados.

La población activa y la afiliacion de niños a la Seguridad Social

Fuera del paro registrado, existe otra estadística que sirve al Gobierno para informar sobre la evolución del mercado laboral. Se trata de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La metodología de cálculo ha sufrido muchas alteraciones en la última década y el actual tiene sólo tres años de vida, ya que se adopto en 2005.

Como su nombre indica es una encuesta telefónica y define a la población activa como la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia, incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie.

La estadística también define otro concepto, el de "persona con empleo pero sin trabajar": personas que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un estrecho vínculo con él. “La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la empresa y de acuerdo con el periodo de ausencia o la percepción o no de algún tipo de remuneración”, según establece la normativa.

Precisamente, el dato de población activa es el que blande el presidente del Gobierno para justificar el aumento del paro registrado, aunque sean dos cosas distintas, procedan de distintas fuentes estadísticas y, metodológicamente no tengan nada que ver. Y menos cuando se descubre que incluye a menores de 16 años en las listas de afiliados totales (no cotizantes) a la Seguridad Social bajo el pretexto de actualizar sus seguros escolares.

Según confirman padres afectados, centros escolares y funcionarios del INEM, algunas escuelas e institutos están entregando a menores de 16 años unos documentos por los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social “procede a asignar” un número de afiliación a los escolares, distinto al de sus padres, a pesar de que no están en edad de trabajar y, por lo tanto, no cotizan al sistema de protección estatal

LD ha podido documentar varios de estos casos, que afectan a dos provincias españolas, aunque desde los Servicios Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo se admite que son miles los niños menores de 16 a los que se les asigna el número de afiliación:

"En muchos institutos, colegios concertados y privados, de toda España se ha afiliado a clases enteras de alumnos de 14 y 15 años con la excusa del seguro escolar, aunque la edad legal para trabajar son los 16 años cumplidos, salvo en el caso especial de menores que ejercen una actividad artística no continua, como, por ejemplo los actores. Sin embargo, en otros centros, según hemos comprobado, esta no es la pauta seguida. En estos últimos lo único que se requiere a los padres es el abono de la cuota anual del seguro escolar cuando matriculan a sus hijos", explica un funcionario del INEM.

La explicación oficial es peregrina, sobre todo cuando se comprueba que, tras las quejas de los padres, la Tesorería General de la Seguridad Social informa que los niños deben seguir utilizando el número de afiliación de sus padres. Los juristas tachan esta actuación de “vergonzosa” mientras el departamento ministerial no se aclara sobre si afiliar menores es “un error” o “una obligación”.

El paro sin registrar ronda el 20%

Además de toda esta lista de alteraciones de las estadísticas, todavía existe un último factor, el de los desempleados que no van a las oficinas del Inem. Como explica el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Roberto Centeno. A su juicio, "los datos oficiales del paro registrado son falsos, al igual que la Encuesta de Población Activa (EPA)", porque, además de los maquillajes estadísticos, "el paro total es, por definición, superior al paro registrado, pues no todos los parados están inscritos, y en España ha venido siendo un 20% más que el paro registrado".

Este argumento es defendido también por el economista colaborador de la escuela de negocios ESADE, Marc Vidal, que en su blog asegura que "vamos camino de 5 millones de parados reales, de un 22% largo de la población activa y en un escenario en el que casi dos millones de ellos, a diferencia de lo que pasó en 1993, no tendrá ningún tipo de cobertura familiar. Dos millones de personas desesperadas".

En la misma línea se pronuncia el ingeniero de telecomunicaciones y columnista, Fernando Solera, quien augura que "acabaremos 2009 con unos cinco millones y medio de parados. Esto significa que, desgraciadamente, la tasa real de paro dentro de un año ya no será del 18 o del 19%, sino del 22%".

Finalmente, hay que recordar que Trabajo también ha decidido dejar de publicar el dato de afiliación a la Seguridad Social del último día de mes y ahora sólo facilita el de afiliación media, con lo que evita contabilizar a un buen número de personas que dejan de trabajar en este periodo. También ha eliminado la estadística de “familias con todos sus miembros en paro”, para evitar la crítica política, mediática y, en último término, para que no lo sepan los ciudadanos.

En febrero el maquillaje ha sacado a 420.568 personas de las listas

Con toda esta información se puede realizar una estimación de cuántos desempleados saca Corbacho de las listas del Inem, aunque se queda corta por la imposibilidad de calibrar todas las variables aquí citadas. Atendiendo a la información publicada este martes, el número de desempleados inscritos en la rúbrica (DENOS) es de 252.953 personas, que no se incluyen en el paro registrado.

Además, el departamento que dirige Corbacho tampoco incluye en las listas a 167.615 parados, agrupándolos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica".

Si se suman los desempleados DENOS y los citados de disponibilidad limitada y demanda de empleo específica, el volumen supera las 420.568 personas. Sumando esta cifra a los desempleados oficiales el saldo total de parados en España asciende a 3.902.427 personas (inscritos en las listas del Inem). Con todo ello, el volumen de demandantes de empleo que tiene contabilizados el Inem alcanza las 4.667.866 personas.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído (PSOE), presenta el aborto libre: hasta las 14 semanas, a los 16 años y sin consentimiento paterno.

 La ministra defiende la despenalización total del aborto; el derecho de la mujer no puede prevalecer sobre el del feto, dice el Constitucional.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó este jueves, 5 de marzo, las propuestas definitivas del Comité de Expertos de su departamento para la elaboración de una nueva ley de plazos del aborto. La propia Aído defendió en la rueda de prensa el aborto libre hasta las 14 semanas, incluso en las adolescentes a partir de los 16 años y sin permiso paterno, y la despenalización total en cualquier caso.

El siguiente paso es la presentación del informe en el Consejo de Ministros este mismo viernes por parte de la propia ministra. Está previsto que el anteproyecto de la nueva ley del aborto vea la luz antes del verano.

Así, el aborto podrá ejercerse libremente en las primeras 14 semanas del embarazo y se permitirá hasta las 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías del feto. No habrá ningún límite para los casos de diagnósticos tardíos de malformaciones.

Los derechos son del feto

Sin embargo, los argumentos a favor del aborto libre y en defensa de los derechos de la mujer a decidir, esgrimidos por la ministra y por el resto del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se estrellan contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985.

Esta sentencia hace imposible una ley de plazos como la que propone el Comité de Expertos y que pretende aprobar el Gobierno; una ley que dice que durante un tiempo el feto tiene derechos y durante otro tiempo no.

La sentencia establece que el derecho de la mujer no puede prevalecer sobre el derecho del feto, y considera a éste un ser vivo con derecho a desarrollarse, excepto en los tres supuestos que contempla la ley para poder abortar.

“El derecho de la mujer no puede tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que esta prevalencia significaría la desaparición de un bien que encarna un valor central en el ordenamiento constitucional”, dice la sentencia.

El texto constitucional habla textualmente de “una vida humana... que comienza con la gestación” y también de que “la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto a la madre…”, añadiendo que “el nasciturus está protegido por el Art. 15 de la Constitución [...] Es un bien jurídicamente protegido”.

La protección del feto la concreta asimismo el Tribunal Constitucional en su sentencia en estos términos: “el nasciturus implica para el Estado, con carácter general, dos obligaciones, la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección definitiva de la misma”.

Todas estas cuestiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional fueron expuestas el pasado 19 de diciembre por el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, en su intervención ante la Subcomisión del Congreso.

Despenalización total: España, una excepción

La ministra Aído, en consonancia con su Comité, hizo en la rueda de prensa una vehemente defensa de que a las mujeres que aborten en ningún caso se les sancione a través del Derecho Penal. “Ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel”, subrayó.

Y es que con la nueva ley la despenalización de la mujer que aborte está asegurada; en cualquier caso, haga lo que haga, no es delito. Pero, de aprobarse, como ha sucedido en otras ocasiones con el Gobierno socialista, España sería de nuevo una excepción en el contexto europeo.

En todos los países de Europa el aborto está penalizado y considerado un delito cuando se traspasan los límites. Incluso en Holanda, el país más permisivo en temas de aborto, cuando éste se produce fuera de los límites es considerado un homicidio.

Sin embargo, una mujer que aborte en España con seis o siete meses de embarazo no estará penalizada, al mantener la futura ley la libertad del aborto en razón de la salud psíquica de la mujer en cualquier momento del embarazo, hasta el nacimiento.

En ese sentido, es una puerta abierta a que la mujer interrumpa su embarazo en ‘paraísos’ del aborto, como por ejemplo en un barco plantado ante las costas españolas en aguas internacionales.

Permiso para un ‘piercing’; para eliminar vida, no

Una de las cuestiones que ha levantado más ampollas de esta propuesta de reformar la ley del aborto, por lo que supone de recorte para los derechos de la patria potestad de los padres, es la de permitir que las adolescentes a partir de los 16 años puedan abortar sin necesidad de contar con el consentimiento paterno.

Bibiana Aído se sacó de la manga en la rueda de prensa que, a su juicio, es una contradicción que a una menor de esa edad se le suponga madurez suficiente para “casarse o tener relaciones sexuales”, pero no para abortar.

Sin embargo, habría que recordarle a la ministra lo absurdo que es que esa misma menor no pueda votar para decidir quién será el alcalde de su pueblo, no pueda hacerse un ‘piercing’ sin autorización paterna, pero pueda eliminar una vida humana que late en su vientre sin el consentimiento de los padres.

La número dos del PSOE de Madrid y una diputada (entre otros), imputadas por corrupción.

Cuecen habas a calderadas. Trinidad Rollán, ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y número dos del Partido Socialista de Madrid, y Esperanza Rozas, ex concejala de la misma localidad y actualmente diputada en la Asamblea de Madrid, figuran como imputadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de prevaricación urbanística. Será difícil encontrar este caso en las televisiones.

La imputación se produjo después de una denuncia y tras la aprobación en el año 2001 de un convenio urbanístico con la empresa Patrimonio del Siglo XXI, que pertenece al Grupo Buesa. Este grupo está presuntamente implicado en el pago de comisiones al PSOE de Ibiza, según informa Pedro Blasco en El Mundo.

El Ayuntamiento de la ciudad de Torrejón contaba con el informe en contra del secretario municipal, que consideraba ilegal el convenio. También tenía un informe desfavorable del interventor.

En el mismo sumario aparecen también imputados Francisco Martín Rojas, ex concejal de Urbanismo y actual portavoz adjunto; Valentín Gómez, presidente de la Agrupación Socialista de Torrejón de Ardoz; Francisco Monero, Juana Fernández y Félix Ortega, ediles del PSOE.

EL ALCALDE CARGA CONTRA EL AGENTE. El guardia civil que denunció la trama de facturas falsas dice que hay miedo en Baena.

El alcalde de Baena y senador socialista señaló a una presunta trama instigada por un guardia civil y un ex líder de IU como responsable de que se investiguen las facturas falsas con cuyo dinero algunos altos cargos locales frecuentaban puticlubes y facilitaban pelotazos inmobiliarios.

El pasado 23 de febrero, Luis Moreno dijo públicamente que el cabo Muñoz era colaborador necesario de la trama y que los guardias civiles que intervinieron habían sido inducidos de forma maliciosa a realizar las investigaciones. Hoy, en El Mundo, el cabo Muñoz responde que en Baena hay miedo al PSOE y que agota más la trama de corrupción de Baena que la lucha antiterrorista.

Según la transcripción de las palabras del alcalde  en rueda de prensa del pasado 23 de febrero, se refirió de modo expreso fue al cabo de la Guardia Civil que inició la citada investigación, al que Moreno calificó como "colaborador necesario" en la "trama" que, según afirmó, está detrás de la denuncia que dio origen en 2007 al caso de las facturas falsas, denuncia que hizo un empresario baenense que luego se retractó y aseguró había denunciado bajo amenazas y presiones, entre otros, del citado cabo.Moreno dijo además la pasada semana que en dicha trama estaría también el ex dirigente andaluz de IU Luis Carlos Rejón, a lo que añadió, según la transcripción de sus declaraciones, que "no sabemos si hay alguien más; yo creo que los guardia civiles (que acompañaron al cabo) han podido ser inducidos de forma maliciosa, quiero pensar eso por el muchísimo respeto que le tengo a la Guardia Civil y afecto, y lo confieso públicamente, afecto y respeto. Han podido ser inducidos de forma maliciosa y ellos se han dejado una instrucción que no es una instrucción neutral, es una instrucción para que todo se me aproxime a mí, para poder llegar a su objetivo".

El mencionado cabo y los otros dos agentes de la Guardia Civil, que acompañaron al juzgado baenense al empresario que denunció el caso de las facturas falsas, han sido citados a declarar en el mismo juzgado el próximo día 12 de marzo. El objetivo es aclarar, si como afirma el empresario, éste fue presionado para que denunciara. Sobre ello y también sobre las amenazas que recibió el empresario cuando se retractó, igualmente ha sido citado para prestar declaración el mismo día un hermano del empresario, y también el abogado que asistió al empresario cuando presentó la denuncia ante el juez. Finalmente, también está citada en el juzgado baenense la contable del empresario que, a la vez, es la esposa del cabo de la Guardia Civil y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular.

El cabo Muñoz ha declarado que las represalias sobre su familia por parte del poder fáctico socialista ha sido inmediato. "A mi mujer la presionan y la echan del trabajo. Dijeron que me había facilitado documentos. Algo totalmente incierto. Lo único que ha hecho es no participar en la trama." Su mujer fue el origen del caso: "Mi mujer, que es contable, me explicó que, en su trabajo, se estaban haciendo facturas falsas para el Ayuntamiento de Baena. Fui a hablar con su jefe, el empresario, y le dije que lo que estaba haciendo no estaba bien y mi obligación era perseguir cualquier delito. Él me preguntó '¿Qué hago?' y lo puse en contacto con los guardias civiles que llevaban ese tema."

Desde entonces, la situación del cabo Muñoz es dramática. "En el pueblo se nota un poco de vacío porque la gente está entre la espada y la pared. Me encuentro con personas que dicen mentiras en mi contra y de mi familia en los bares y hasta en Canal Sur. Si alguien cree que he cometido algún delito, estoy esperando que me avisen del juzgado con la denuncia. Dicen que he amenazado, coaccionado... Pero no he hecho nada de eso."

Según el Cabo, lo que ocurre en Baena es más grave que lo que ocurre en El País Vasco: "Esto es mucho peor que los doce años que estuve en el País Vasco, en Intxaurrondo. Allí, mi única preocupación era mi familia. Porque, por mí, no había ningún problema porque sabia dónde iba y cómo me movía. Pero traerme aquí a mi familia para estar más tranquilos, que mis hijas crezcan aquí con libertad y te encuentras esto... Que te acusen el alcalde y el PSOE de Córdoba de que he coaccionado, amenazado... Me parece de extrema gravedad que digan eso." Y añade: "He sentido más vació aquí en Baena que en San Sebastián. Allí no sabían a qué me dedicaba porque tienes que trabajar así, si quieres tener seguridad para tu familia, pero el vacío que siente mi mujer ahora, que es por el miedo de la gente a que los vean con nosotros. ...La cabeza de todo es Luis Moreno, que desempeña un cargo muy importante..."

Preguntado por si entre las razones de esta persecución está haber destapado la trama de Baena, dice: "Pruebas no tengo, pero son tantas cosas que coinciden.." Entre ellas, el desmantelamiento del equipo que investigó la trama de corrupción municipal poco después de las escuchas y hay un chivatazo sobre las intervenciones telefónicas...Y repartieron unos anónimos que vienen a decir lo mismo que ha dicho públicamente el alcalde en la rueda de prensa. A mis compañeros y a mí nos ponen como que hemos cometido cohechos, amenazas, que hemos organizado esto... "

Basagoiti, en ETB:

Basagoiti ha denunciado ante las cámaras de ETB que la cadena vasca "da bola a ETA". Puso como ejemplo la cobertura dada a la ilegal D3M en la jornada electoral. Pese a las interrupciones del entrevistador, el líder del PP sentenció que es "fundamental" que los asesinos "no tengan portavoces".

Antonio Basagoiti "sólo" respaldará un "cambio de fondo" en el País Vasco. Un cambio que pasa, entre otras medidas, porque en ETB (la cadena pública vasca) deje de "dar bola a ETA".

Así de contundente se ha mostrado en la citada cadena, entrevistado en un programa matinal. El entrevistador le replicó que es "una acusación muy grave" y el líder de los populares vascos no tuvo problemas en explicarse: "¿a usted que le parece que le den media a la ilegal D3M en la jornada electoral, con gente que no condena el terrorismo?".

"Cuando queremos acabar con ETA no podemos darle ese protagonismo", ha continuado Basagoiti, que volvió a ser interrumpido por el periodista de la cadena: "yo creo que es una acusación muy seria, y si es así hay otros cauces para denunciarlo".

Basagoiti volvía entonces a tomar la palabra: "yo pido cambiar ETB, es fundamental que ETA no tenga altavoces". En su opinión, es indecente que "los medios públicos" le den ese protagonismo a una banda terrorista. "Es la demostración de que hay algo que cambiar, no se puede dar voz a gente que ampara el terrorismo", ha recalcado

Acto seguido, el presentador de la cadena añadía: "le reitero, es una denuncia muy grave, podría haber otros caminos". Y el presidente del PP vasco sentenciaba: "lo grave es que D3M" protagonice "la información pública que pagan todos los vascos".

Bibiana Aído (Ministra de Igualdad), unta a las titiriteras de la ceja.

A las familias españolas el panorama se les está poniendo crudo. Ellos no tienen la suerte de que les lluevan las subvenciones del Ministerio de Igualdad. A través del Instituto de la Mujer, Bibiana Aído ha repartido 2.450.000 euros entre asociaciones de todo pelaje. Feministas de pro, han aparado las manos para que la joven ministra de ZP se las llene de caudal público. Entre las afortunadas, claro, están las artistas de la ceja.

Son una lista de ocho folios las afortunadas. Entre ellas, según publicó el BOE del 15 de diciembre de 2008, está "La asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA)". Le han correspondido 15.000 euros. ¿Y qué es CIMA? "Una asociación que reúne a más de 100 mujeres profesionales con un objetivo común: fomentar una presencia equitativa de la mujer en el medio audiovisual. Así contribuimos a crear una sociedad más igualitaria y diversa", dice la propia página web.

Lo mejor está en el quiénes somos: Presidenta, Inés París; Vicepresidentas, Chus Gutiérrez e Isabel Coixet; Secretaria, Iciar Bollaín; Presidenta de Honor, Josefina Molina, etc. ¿No son éstas las artistas de la ceja? ¡Premiadas!

Un dato: la directora Isabel Coixet fue la seleccionada por Zapatero para dirigir sus spots en la campaña electoral de marzo de 2008.

Cristina Andreu, la tesorera, explica que “es la primera vez que nos presentamos para conseguir la subvención, y nos dieron 15.000 euros”.

“De esos 15.000, 10.000 son para las mesas redondas de los días 3,4 y 5 de marzo en el Reina Sofía – programas innovadores dirigidos a la formación y promoción de mujeres en todos los ámbitos de actuación, según el BOE- y otros 5.000 para la organización de la asociación”.

Explica Andreu que “vamos a volver a solicitar dinero, en este caso 40.000 euros. Somos una asociación sin ánimo de lucro y mantenernos con las cuotas de las socias es imposible”.

“La única persona contratada en la asociación es Susana”, asegura la tesorera de CIMA. "Las demás trabajamos no para conseguir dinero, sino para tratar de mejorar el panorama de la mujer en los medios audiovisuales".

“Con este dinero hacemos muchísimas actividades. Ahora estamos buscando ampliar el número de asociadas, ampliar la red, queremos también tener una plataforma digital en condiciones para que todas puedan tener acceso y estar conectadas”.

Andreu recuerda que han hecho un encuentro con “gente del mundo audiovisual de Iberomérica, que ha sido todo un éxito, y ahora, para el 2010 queremos hacer uno igual en Madrid, pero con europeas”.

“Nuestro objetivo es impulsar la incursión de la mujer en los puestos directivos. Y, sobre todo, que haya paridad, tal y como dice la ley, en los órganos de selecciones de los jurados”.

¿Tiene también patrocinio privado para su funcionamiento?.

“Por ahora sólo con el público, aunque lo estamos intentando. Pero es muy complicado encontrar empresas que comulguen con nuestros valores. No vamos a aceptar dinero de empresas que con su labor no dignifican a las mujeres”.

Y concluye Andreu insistiendo:

“Si no recibimos este dinero público no podemos seguir con nuestra labor. La asociación no se puede mantener sólo con las cuotas de las socias”.

LAS MUJERES EN LAS ARTES PREMIADAS POR AÍDO

La Asociación Internacional de Mujeres en las Artes recibe una propina de un millón de pesetas de las arcas de Bibiana Aído. 6000 euritos para una agrupación sin ánimo de lucro, “en la que llevamos trabajando desde 1990”, según la propia web, “para promocionar a las artistas asociadas, y contribuir a que la mujer ocupe el lugar que le corresponde en el mundo del arte”.

“La asociación ha participado en diversos proyectos internacionales, colaborando con otras instituciones como la National Museum of Women in the Arts de Washignton, el Museo Fukuyama de Hiroshima, el Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias, o la Fundación Lincoln de New Yersey”.

Del mismo modo, la Asociación “Mujeres en la música” ha sigo agraciada por Bibiana Aído con 12.480 euros. Según la página de Internet, “es una asociación de ámbito nacional que trabaja en potenciar, divulgar y promocionar el papel de las mujeres en la música clásica, especialmente en los aspectos tradicionalmente más desatendidos”.

Les ha tocado algo más que el aguinaldo. Bibiana Aído es una artista untando a las que se lo merecen.

Varapalo de la Fiscalía Anticorrupción a Garzón. No hay indicios de corrupción en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.

Ha sido una cacería en toda regla. Desde el juzgado de Garzón se ha filtrado con total impunidad el sumario a pedacitos y malintencionadamente a El País, que ha hecho lo propio en campaña electoral para poner en la picota al PP. Para ello no les ha importado conculcar derechos, pisotear la honorabilidad de políticos... Titulares a toda página derivados de la utilización de la investigación en los que se señalaba con tipografía gigante a altos cargos del PP. Luis Bárcenas, el tesorero, el eurodiputado Gerardo Galeote,... Y sale el fiscal ahora diciendo que no hay nada. ¿Y quién les restituye del daño causado?

Coincidiendo con la campaña electoral, el diario El País ha hecho un despliegue inusitado para denunciar los casos de corrupción que supuestamente afecta al Partido Popular madrileño, valenciano y, también, al nacional. Día tras día, portada a todo tren exprimiendo los trozos de sumario que desde el juzgado de Garzón se filtraban malintencionadamente y con un interés claro: desgastar en pleno proceso de las elecciones vascas y gallegas al partido de Rajoy.

Desde el primer momento, el Partido Popular ha denunciado la burda maniobra llevada a cabo contra ellos, y han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial por las interesadas filtraciones que se estaban llevando a cabo a los medios del Grupo Prisa, dejando en total indefensión -pues el sumario permanece secreto- a los sus diputados que aparecían en grandes titulares como imputados en la Operación Gürtel.

Este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción ratifica el primer informe que envió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que pide al magistrado que se inhiba en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Es decir, el Ministerio Público cree que la investigación no debe elevarse al Tribunal Supremo al no haber indicios suficientes contra aforados nacionales del PP. La semana pasada, se informó con grandes titulares de que Garzón investigaba al relación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado, Gerardo Galeote con la presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa. También, decía El País, y redoblaba convenientemente la SER, "el caso salpica también al portavoz del partido, Esteban González Pons". Esto último fue desmentido rápidamente por el propio juez -insólito-, a través del servicio de prensa de la Audiencia Nacional.

¿Y quién restituye ahora a los apaleados? ¿No va a decir nada el órgano de gobierno de los jueces sobre esta escandalosa utilización de la Justicia? El CGPJ, además, tiene en sus manos ahora la solicitud de Garzón que se postula para presidir la Audiencia Nacional. Ellos dirán.

EI PARO, imparable: roza ya los 3,5 millones.

El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) se acercó en febrero a los 3,5 millones de desempleados, tras sumar 154.058 parados más respecto a enero (+4,63%), en lo que es la mayor subida en este mes dentro de la serie histórica, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 3.481.859 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. El incremento mensual, de 154.058 parados, aunque elevado, es inferior al que se experimentó en enero (+198.838 desempleados).

En cualquier caso, febrero fue el quinto consecutivo en el que paro subió por encima de los 100.000 desempleados, según informa Expansión.

Este aumento del paro en febrero supone además la undécima subida mensual consecutiva del desempleo y es casi tres veces superior al registrado en igual del mes año pasado, cuando el paro se incrementó en 53.406 personas.

En el último año, un total de 1.166.528 personas han pasado a engrosar las listas del desempleo, lo que representa un crecimiento interanual del 50,4%.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, afirmó en un comunicado que la coyuntura económica está teniendo un "alto impacto" sobre el empleo, y se mostró convencida de que las medidas discutidas en el diálogo social, que irán al Consejo de Ministros el próximo viernes, contribuirán a la recuperación de la economía y del mercado laboral español.

El paro subió en febrero en ambos sexos, aunque algo más entre los hombres. Así, el desempleo masculino aumentó en 82.734 nuevos parados (+4,9%) respecto a enero, frente a un incremento del desempleo femenino de 71.324 mujeres (+4,3%).

También se registraron alzas del paro en todos los sectores económicos, aunque fueron los servicios y la construcción los que se llevaron la peor parte, al sumar 88.654 y 24.600 parados más, respectivamente, con incrementos relativos del 4,6% y del 4,05%.

El paro se incrementó además en todas las comunidades autónomas, menos en Baleares, donde bajó en 80 desempleados. Los mayores aumentos correspondieron a Andalucía, con 29.242 parados más, y Comunidad Valenciana, con 26.246 nuevos desempleados.

En cuanto a la contratación, en febrero se registraron en el Inem un total de 1.016.678 contratos, un 28,7% menos que en igual mes de 2008. La contratación fija ascendió el mes pasado a 115.683 contratos, el 11,38% del total, con un descenso del 37,8% en tasa interanual.