EL BOTÍN. LA ARGENTINA SAQUEADA. El mal argentino.
La tragedia de Argentina tiene un nombre: socialismo. Todos los Gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, se han dedicado a promulgar políticas nocivas que han empobrecido a los argentinos, que en el siglo pasado llegaron a disfrutar de una renta per cápita superior en un 48% a la italiana y en un 85% a la española...
Según el economista Guillermo M. Yeatts, autor del libro que reseñamos esta semana: El botín. La Argentina saqueada, el gran problema que ha tenido la otrora próspera nación latinoamericana ha sido la legitimación de la redistribución de la renta. Lo que aparentemente parece beneficiar a los pobres engrosa, de hecho, los bolsillos de "pequeños y restringidos grupos de interés", representa una "pérdida de oportunidades de crecimiento económico" y perjudica a los sectores que menos tiene.
En Argentina, como en buena parte de Sudamérica, se ha invertido más en que la ley quite a unos para dar a otros que en crear reglas de juego que protejan los derechos de propiedad y que, por ello, contribuyan al incremento de la productividad y del bienestar general.
A medida que las normas intervencionistas iban siendo cada vez más numerosas, los argentinos se vieron en la tesitura de mantenerse en la economía formal o vivir al margen del Estado. Como, además, el incumplimiento de la norma escrita no iba acompañado de sanciones eficaces, los incentivos para comportarse así se disparaban, sobre todo cuando los impuestos se convertían en asfixiantes. "En países con bajo cumplimiento de la ley, más presión impositiva o regulatoria no implica parálisis", escribe Yeatts, sino "más informalidad".
Haciéndose eco de un interesante estudio, Yeatts explica que los trabajadores independientes que trabajan en la economía informal obtienen unos ingresos que podrían conseguir en el mercado regulado si no lo estuviera tanto... Muchos de ellos reconocen que preferirían trabajar por cuenta ajena, pero que se ven impelidos a seguir en la informalidad para poder sobrevivir. La necesidad de que cambien las cosas para que no se ahogue la iniciativa privada es tan evidente como necesaria.
El reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad es de todo punto fundamental. En el índice internacional que se encarga de medir la protección de los mismos, Argentina ocupa el 51º lugar, a gran distancia de países como Nueva Zelanda o Australia, que comparten el tercer puesto. Aunque algunos sigan insistiendo en lo contrario, la realidad se impone y no deja lugar a equívocos: hay una fuerte correlación entre riqueza y derechos de propiedad.
Lo más grave de la informalidad es que habitúa a la sociedad a vivir entre dos aguas, entre la ley y lo que es legítimo. La ley ya no se aprecia como algo legítimo y, por tanto, no se cumple. Las empresas que observan fielmente la norma se encuentran con grandes y onerosas dificultades para seguir adelante, por ejemplo. Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde más complicado resulta seguir los dictados del Parlamento.
Ahora que estamos disfrutando de la Eurocopa, conviene recordar unas palabras que pronunció Diego Armando Maradona luego de marcar con "la mano de Dios" un gol a Inglaterra en el Mundial 86. "No creo que sea trampa, es astucia –respondió cuando le preguntaron por su gol ilegal–. Tal vez sea más abundante en Sudamérica que en Europa, pero no es trampa". Se trata de unas palabras que dicen mucho de cierta ética social penosa.
Argentina seguirá expuesta a corralitos y latrocinios varios, no podrá aspirar a ser lo que fue si no se libra de la corrupción y el estatismo y apuesta decididamente por el imperio de la ley y la protección la libertad y la propiedad de los individuos. Y es que, como dice Álvaro Vargas Llosa en el prólogo, "un Estado que se entromete lo menos posible en lo particular y gobierna desde una distancia neutral es mucho mejor aliado de la prosperidad que el Estado que hace lo contrario".
5 comentarios
Eliodoro I. -
Con el inútil de Zapatero llevamos la misma carrera.
Concepción Pérez -
El Ejecutivo dispuso, por su parte, una serie de medidas para "asegurar la libertad de circulación" y solicitó la "participación activa" de las autoridades de las provincias en las que persisten los cortes de carreteras.
El titular de la Federación de Transportistas Rurales, Carlos Di Nuncio, explicó que la decisión fue tomada por el sector luego de que las entidades agropecuarias, en conflicto con el Ejecutivo desde hace más de tres meses, "ratificaron que se puede cargar cereal" destinado a la exportación.
Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró en una rueda de prensa que el cese de los más de 300 cortes de carreteras que realizaban los transportistas "obedeció a un pedido formulado por la presidenta" del país, Cristina Fernández.
Los prolongados bloqueos de caminos han llevado a una situación crítica a vastas regiones de Argentina, donde ya se siente la falta de combustibles y se agudiza la escasez de alimentos básicos, principalmente en el interior del país.
Colaboración con los gobernadores
Los propietarios de camiones transportadores de cereales habían iniciado las protestas el 3 de junio pasado para reclamar al Gobierno que retome el diálogo con el campo y que los productores agropecuarios vuelvan a comercializar sus granos.
Tras el compromiso asumido por los transportistas, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anunció que el Gobierno "cursó notas a los gobernadores" de las provincias en las que se registran bloqueos de carreteras, "solicitándoles su participación activa" en la normalización de la circulación de vehículos.
"Sin armas, sin represión, pero no vamos a permitir que se corten rutas", dijo el funcionario antes de indicar que las fuerzas de seguridad han sido instruidas para "denunciar y, en caso de que así lo ordene la Justicia, despejar" los caminos.
La huelga comercial de los productores agrarios concluyó en la medianoche del pasado domingo, pero muchos mantienen retenida su cosecha en los campos para no convalidar los nuevos impuestos a las exportaciones de granos decretados por el Ejecutivo, que fueron los detonantes del conflicto rural hace tres meses.
Según publicó el jueves el diario 'Página/12', pese al conflicto, Argentina exportó en los primeros cinco meses del año 28,8 millones de toneladas de granos y subproductos, 893.000 toneladas más que en el mismo período de 2007.
Esos datos, procedentes de la Aduana, revelan que los exportadores percibieron, luego de descontar los polémicos impuestos, 10.399 millones de dólares, un 63% más que entre enero y mayo de 2007.
Jose E. -
Cuando el Estado interviene activamente en vidas y haciendas se produce una relajación moral tal, que la gente acaba por pensar que, pase lo que pase, el Gobierno encontrará y pondrá el remedio a cada problema. Entonces, los niveles de irresponsabilidad suben como la espuma, y los que no son disolutos empiezan a pagar los platos rotos.
Victor Ruiz -
Cuando los políticos dictan leyes, regulaciones e impuestos antieconómicos con el supuesto objetivo de combatir el calentamiento del planeta, proteger el medioambiente y promover la llamada "justicia social", lo único que consiguen es acortar la vida de la gente.
No pretendo saber si la Tierra va a ser mucho más cálida a finales de siglo, ni si el aumento de las temperaturas alargará o disminuirá la esperanza de vida. Lo que sí sé es que hace quince años los ecoalarmistas nos aseguraron que el planeta experimentaría un calentamiento creciente, y que lo cierto es que la Tierra ha venido enfriándose durante el último decenio, y que todo parece indicar que seguirá haciéndolo durante otros dos o tres lustros.
Lo malo, lo trágico es que las restricciones que se han impuesto a las prospecciones petroleras han castigado con graves e innecesarias penurias a miles de millones de personas.
La decisión política de utilizar maíz y otros granos en la producción de biocombustible ha disparado el precio de los alimentos, y como consecuencia de ello miles de millones de personas vivirán menos. Este tipo de medidas impiden el libre funcionamiento del mercado y repercuten negativamente tanto en el crecimiento económico como en las expectativas de vida.
Las leyes que imponen una limpieza razonable del agua y el aire implican una ganancia neta para la salud. Pero los inconvenientes de casi todas las propuestas para reducir los niveles de C02 en la atmósfera son muy superiores a los beneficios que podrían depararnos.
El problema fundamental es que los políticos no suelen o no quieren entender el altísimo precio que la gente tendrá que pagar por las medidas y regulaciones que imponen. Cada vez que aumentan las regulaciones, que suben los impuestos y el gasto público, pierde terreno la libertad económica, lo cual se traduce en menos bienestar y años de vida.
Lamentablemente, muchos burócratas y políticos, en lugares como Washington o Bruselas, están más ocupados en convertir el ecologismo en una nueva religión que en analizar cuidadosamente las ventajas y desventajas de las diferentes propuestas para mejorar el medioambiente.
Francisco S. -
Brayman, que fue presidente del National Press Club, sostenía que, si se eliminara la progresividad, "el estímulo a nuevas empresas sería tan grande que ( ) los ingresos fiscales aumentarían, debido a la expansión económica y a unos ingresos más altos, consecuencia de una actividad económica mucho mayor". "Cuando se desincentiva la iniciativa individual, se ponen trabas a la economía, lo cual daña a todo el mundo, a los desempleados como a los pequeños empresarios". Es justamente lo contrario de lo que predican los políticos, se trate de Barack Obama o de la inmensa mayoría de los gobernantes latinoamericanos.
Muchas de las naciones que están experimentando niveles espectaculares de crecimiento cuentan con un impuesto sobre la renta de tasa única: Estonia, Hong Kong, Jamaica, Chequia, Rumania, Georgia, Letonia, Lituania, Serbia, Ucrania, Islandia, Eslovaquia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Mongolia, Rusia... Estas economías suelen exonerar del pago a las personas y familias con bajos ingresos, y han dejado de penalizar con tipos altos a quienes más contribuyen al empleo y al crecimiento económico. Tales medidas favorecen la competencia y promueven las subidas salariales.
La globalización ha disparado la competencia entre los países, y las grandes inversiones internacionales tienden ahora a fluir hacia las economías con unos niveles impositivos y de intervención bajos, que suelen ser las que aplican la tasa única en el impuesto sobre la renta. Por cierto, la tasa única tiende a reducir sensiblemente la evasión fiscal, dado que los trámites se simplifican y los contribuyentes dejan de pensar que los gobernantes les están robando.
Los políticos están acostumbrados a comprar votos a cambio de favores de todo tipo a determinados sindicatos y grupos empresariales. Éstos, por su parte, hacen grandes contribuciones a sus campañas electorales. Pues bien, en las economías poco intervenidas las posibilidades de incurrir en prácticas de corrupción son menores.
La verdadera función del Gobierno es proteger la libertad del ciudadano, no utilizar la fuerza para exprimirlo. Uno de los pocos políticos de Estados Unidos que entiende y defiende este principio fundamental, que guió a los redactores de la Constitución y de las primeras diez enmiendas de la misma, es el congresista Ron Paul, que este año ofreció, en su campaña preelectoral, acabar con el impuesto sobre la renta y con los impuestos a las ventas, lo cual, asegura, sería posible si se redujera el gasto gubernamental a los niveles que registraba hace diez años.