Política

Dos años de Gobierno del PSOE. La estrategia del odio.

Es cada vez más evidente que Rodríguez Zapatero se ha instalado en la estrategia del odio. Su intención es polarizar a la sociedad española en dos grandes bloques divididos por una doble falla: la tradicional entre derecha e izquierda y una emergente entre nacionalistas y constitucionalistas. Zapatero cree que suplantando al nacionalismo y radicalizando su discurso de izquierda pondrá sumar a los votos tradicionales del socialismo los votos del electorado nacionalista en Cataluña, País Vasco o Galicia. Es sin duda una estrategia de alto riesgo porque lo que puede terminar provocando es el fortalecimiento del nacionalismo más radical, la pérdida de buena parte de su electorado más moderado y, lo que es mucho más grave, la destrucción del país que pretende gobernar.

La estrategia de la crispación puesta en marcha por este Gobierno tiene algo de desesperada. En gran parte es el reconocimiento del fracaso de su gestión. Si el Gobierno acudiera a las urnas con el único bagaje de la pura eficacia de su gestión, es seguro que perdería las elecciones. Nunca antes un gobierno en la Europa democrática se había desgastado tanto en tan poco tiempo, probablemente porque nunca en la Europa democrática ha existido antes un gobierno de peor calidad.

Cuando la gestión falla tan calamitosamente es obvio que no queda otro remedio que acudir a la polarización ideológica para intentar salvar los muebles. El objetivo es que ya que no me puede usted votar con la cabeza, vóteme al menos con el corazón. Pero ni siquiera se trata de apelar a un sentimiento de afecto desde la identidad de la izquierda, lo que Rodríguez Zapatero está sembrando es directamente el voto del odio, del odio a la derecha encarnada en este país por el Partido Popular, del odio a los que él considera herederos de los que mataron a su abuelo.

Sólo desde esta apelación al odio se puede entender la fortaleza de la alianza del socialismo español con los nacionalismos independentistas, una alianza que resulta imposible desde cualquier otro punto de vista sociológico, histórico o ideológico. El odio al Partido Popular, y no tanto a las siglas como a lo que representa, es el único factor de cohesión para la alianza nacional-socialista que dirige los destinos de España.

El riesgo de esta estrategia del odio y la crispación es que está provocando un enfrentamiento cada vez más fuerte en todos los órdenes: institucional, territorial, social y político. Los enfrentamientos del Poder Judicial con el Gobierno y el Parlamento son inéditos en nuestro país. Han vuelto a pronunciarse discursos en boca de altos mandos militares que creíamos felizmente superados. El proyecto del Estatuto catalán impulsado por Zapatero ha generado tensiones territoriales que ni siquiera el terrorismo había provocado con anterioridad. Las descalificaciones entre empresarios y Gobierno resultan también inéditas.

Las movilizaciones en la calle se suceden, ya sea contra el proceso de negociación con los terroristas, contra la reforma educativa, contra el matrimonio homosexual. El tono en los medios de comunicación ha subido muchos decibelios. En las conversaciones de café la gente se muestra cada vez más radical en sus opiniones, ya sean en contra del Gobierno o en contra del PP. Esa tensión y esa crispación se vive en sede parlamentaria con especial intensidad.

Lo más grave es que esta división va calando en todos los estratos de la sociedad. Así, estas divisiones se reproducen a escala entre los sindicatos, dentro del Poder Judicial, entre los medios de comunicación, dentro de la patronal, en las universidades. Todo el mundo debe posicionarse socialmente en uno de los bandos de la contienda política.

Rodríguez Zapatero accedió a la Presidencia del Gobierno augurando un cambio de talante y una predisposición al dialogo y al pacto. Pero el talante sólo lo ha aplicado con sus socios y el dialogo y el pacto se han convertido en meras armas para aislar al PP. Hoy la sociedad española aparece divida en dos mitades cada vez más irreconciliables.

La historia demuestra que las estrategias del odio pueden ser útiles a corto plazo para ganar elecciones, pero son con seguridad destructivas a largo plazo para los países que se intentan gobernar. No se trata aquí de traer a colación fantasmas del pasado, sino simplemente avisar de los riesgos del futuro. Porque la gran ventaja de vivir en democracia es que siempre es posible en poco tiempo modificar el rumbo.

Las mentiras del PSOE

 De OPA a ETA

El Gobierno y los partidos que lo apoyan, se alimentan de mentiras; excretan mentiras; chapotean en la fétida charca de la mendicidad permanente. Dicen hoy una cosa, ayer decían lo contrario, anteayer otra diferente. Siempre mentira. La participación española en la Guerra de Irak, acordada por el Gobierno Aznar, era un crimen, pese a excluir la participación en acciones de guerra. Si Zapatero ganaba las elecciones retiraría las tropas. Ganó las elecciones y las retiró antes de la fecha que él mismo había establecido, tal era su ansia de paz. Sin embargo, después, ocultamente, las tropas españolas fueron embarcadas por este "pacífico" Gobierno en acciones de guerra en ese "criminal" conflicto.

El accidente del Yak 42 fue utilizado para una operación de linchamiento moral de Federico Trillo, Ministro de Defensa del Gobierno Aznar. Se pretendió exigirle responsabilidad política, como si ésta no se hubiese agotado con la derrota electoral del Partido Popular. Pero el "pacífico" Gobierno de Zapatero incrementó la presencia militar española en Afganistán. Se cayó un helicóptero y nadie sabe qué pasó, si fue derribado, si el aparato no era adecuado para la misión encomendada, si hubo error del piloto. Mentira tras mentira, lo único cierto es que el helicóptero cayó y hubo dos decenas de muertos.

Se justificó la renuncia a los ventajosos términos del Tratado de Niza, negociado por el Gobierno Aznar, en aras del europeismo y de la alianza con el corazón de la vieja Europa, el eje franco-alemán. Pero, ahora los alemanes son "enemigos". La OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa no era una operación política. No tenía qué ver con el llamado "Pacto del Tinell" ni con la infeudación del Ministro Montilla a los intereses de la Caixa. Como no era una operación política se violentó la composición y las decisiones de los organismos reguladores. Como no era una operación política, Zapatero trajo, de noche y en avión, a la Moncloa, al inefable Durâo Barroso (por cierto, el anfitrión de la foto de las Azores) para asegurarse, no se sabe a cambio de qué, la neutralidad de la Comisión Europea.

Como no era una operación política quienes alertaban de estos excesos, quienes defendían la independencia del mercado, quienes invocaban los intereses de los consumidores y los derechos de los accionistas de Endesa sólo se movían, realmente, por "catalanofobia". Mentira tras mentira, el éxito de la operación parecía asegurado. Y viene ahora una empresa alemana a incordiar. Y el corazón de Europa es ya piltrafa hedionda, y ya no vale la argumentación que justificaba la renuncia a Niza, sino la contraria, y hasta Carod Rovira se erige en campeón de la españolidad. Todo mentira, Zapatero, Montilla, Carod, Mas, y algunos más, los oligarcas del PSOE y de los partidos amigos, y los capitanes de industria asociados, son los únicos españoles a quienes reportará beneficios la violación del libre funcionamiento del mercado.

Zapatero dijo que asumiría como propio el texto del nuevo Estatuto que saliese del Parlamento de Cataluña, con despótico desprecio a las instituciones establecidas. Después dijo que no, que lo iba a ajustar a la Constitución, dejándolo limpio como una patena (sic). Pero más sucio este proyecto, por referencia al texto constitucional, que los establos de Augías, nuestro desmedrado Hércules monclovita hubo de requerir alguna colaboración y, en el secreto de su alcoba recurrió a Artur Mas, que para el caso es como pretender apagar el fuego con gasolina.

Han dicho que están negociando con la ETA, que no están negociando con la ETA, que sólo se negociará con ellos cuando hayan abandonado las armas, que bastaría con una tregua, que es preciso un anuncio definitivo del cese de la violencia, que es preciso un anuncio del cese definitivo de la violencia (no es lo mismo), que Batasuna no existe, que Batasuna es ilegal, que Batasuna es un interlocutor legítimo e imprescindible para el proceso de paz (¿y dónde están los ejércitos contendientes?), que no debe haber vencedores ni vencidos, que sí ha de haberlos, pero que el vencedor será la democracia (no los demócratas) y el vencido, el terror (no los terroristas). El otro día, Rajoy preguntó en el Congreso a Zapatero si éste garantizaba que no negociaría ni concedería a los nacionalistas vascos el derecho de autodeterminación. Parece que Rajoy no estaba muy vigoroso (políticamente, claro es) ese día, aunque no seré yo quien se lo reproche. Zapatero dijo que no. Pero qué más da lo que diga, desde su charca de la mentira contumaz. Cuando le convenga dirá lo contrario y cuando mejor le aproveche no dirá ni una cosa ni otra, sino algo diferente.

Para qué seguir. La mentira permanente impide cualquier comunicación y por su medio destruye la sociedad. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, se preguntaba Marco Tulio Cicerón. "¿Hasta cuándo abusarás, Zapatero, de nuestra paciencia?", debería preguntarse la sociedad española. Si no nos formulamos seriamente esta pregunta, más pronto que tarde, los fétidos vapores de la charca de la mendacidad permanente, en la que chapotean felices déspotas zafios y corruptos, nos ahogarán definitivamente.

El «caso Fungairiño» convierte a Pumpido en el primer fiscal al que su Consejo plantea que dimita.

La asociación mayoritaria exige su marcha para «restaurar el crédito social» perdido por el Ministerio Público

 El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, vivió ayer, quizás, el Consejo Fiscal más difícil al que haya tenido que afrontar desde que asumió el cargo. Su política de nombramientos culminada con todo el episodio relacionado con el relevo del todavía fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fue lo que determinó que todos los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales pidiesen su dimisión «con el fin de restaurar el crédito social y preservar la identidad del fiscal constitucional, guiado por los principios esenciales de legalidad e imparcialidad».

   El escrito donde se instaba su dimisión fue presentado por el vocal Fernando Herrero-Tejedor -fiscal de Sala del Tribunal Supremo-. Ante ello, Cándido Conde-Pumpido pidió a los otros cinco representantes de la Asociación de Fiscales si lo secundaban. Fernando Cotta, Francisco Jiménez Villarejo, José María Parra y Rosa Rubio fueron contestando afirmativamente. Posteriormente hizo lo propio con los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales -José María Casado, Ana Belén Gil y Adrián Salazar- se opusieron a la petición planteada.

   De esa forma, todo quedaba en manos del criterio de dos los miembros natos del Consejo, Juan José Martín Casallo, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y de Rafael Valero, jefe de la Inspección y miembro de la Asociación de Fiscales. Los dos se opusieron a la petición de dimisión presentado.

   Seguidismo político. Por tanto, la pretensión de la AF, que no llegó a someterse a votación, quedaba rechazada, ya que el fiscal general, que tiene voto de calidad, obviamente no la respaldaba. El debate en este punto, el último de los abordados por el Consejo Fiscal, tuvo momentos tensos. Comenzó con una explicación del Fiscal General sobre los motivos que le habían llevado a tomar la decisión de relevar a Eduardo Fungairiño, reiterando los argumentos ya dados e insistiendo en que su intención había sido la de causarle el menor daño posible.

   Al acabar sus explicaciones fue cuando Herrero-Tejedor dio lectura al escrito en el que se pedía la dimisión de Conde-Pumpido. Esta circunstancia, según explicaron fuentes jurídicas, causó una cierta sorpresa en el fiscal general, quien consideraba que con las explicaciones dadas era suficiente, y que, a la vista de lo ocurrido observaba que era más que difícil dialogar con los vocales de la Asociación de Fiscales.

   La «tensión fue creciendo» y uno de los vocales de la UPF, José María Casado, llegó a acusar a los consejeros de la AF de realizar «seguidismo político» -en clara alusión al PP-, lo que fue negado de forma taxativa por esos consejeros.
   Así, los consejeros de la AF sostuvieron que el relevo de Fungairiño no ha sido renuncia, sino un «cese encubierto» y que se trata de un «supuesto más de pérdida de confianza del fiscal general del Estado en un fiscal de Sala, ocasionada por la “falta de sintonía” con sus ideas».

   Los representantes de la Unión Progresista de Fiscales, por su parte, respaldaron el relevo de Fungairiño y consideraron, además, que podía haberse producido antes, citando al respecto algunas de sus actuaciones, como la relativa a su comparecencia en el Congreso en la Comisión del 11-M.

   Junto a ello, y según las fuentes consultadas, el teniente fiscal llegó a hablar de «deslealtad institucional» para referirse a la actuación de los vocales de la AF. Ésos, por su parte, replicaron que en ningún caso su actuación es contra la Institución, sino contra determinadas actuaciones del fiscal general, y, especialmente, en lo relacionado con su política de nombramientos.

   De hecho, al finalizar el Consejo Fiscal, Herrero Tejedor manifestó que en muchos asuntos, que no son la política de nombramientos, están «muy de acuerdo» con Conde-Pumpido, por lo que seguirán colaborando con él por el bien de la carrera y fiscal y del servicio público de la Justicia, ya que ni va a dimitir ni el Gobierno le va a cesar.

   Atenta a la dignidad de la carrera. En el escrito de los vocales de la AF se denunciaba de forma específica la política de nombramientos «por razones de confianza» llevada a cabo por Conde-Pumpido. Introducir criterios de confianza «o afinidad ideológica o política en los nombramientos o ceses de fiscales atenta contra la propia esencia del Ministerio Fiscal», aseguraba al respecto.

   Por otro lado, también se debatió lo relativo a los traslados forzosos para los fiscales que asciendan por vez primera. Esta cuestión se encuentra ahora en fase de borrador. En este punto se pretende la equiparación de las carreras judicial y fiscal.

Pulsa   Aquí   para apoyar al Fiscal  Fungairiño.

ZP PIERDE SU LEGITIMIDAD COMO PRESIDENTE

Pueden acudir a todas argucias y trucos de leguleyo que deseen, pueden dar las disculpas de mal pagador que quieran, pero lo cierto es que Zapatero ha descubierto su juego al defender el derecho de reunión de los batasunos, una organización declarada terrorista.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este jueves que el Gobierno respetará la decisión judicial sobre la celebración o no del Congreso de Batasuna, pero criticó que la Ley de Partidos sea "muy restrictiva", y que al tener una "aplicación muy delicada" se debe tener en cuenta que "hay que respetar los derechos y libertades individuales", ente los que citó el derecho de reunión.

Ahora Blanco quiere poner paños calientes a las brutales declaraciones del presidente que todos hemos entendido perfectamente, diciendo que se trataba de "una reflexión". "Batasuna no es un partido, está ilegalizada y no puede actuar como tal", explicó, para volver a justificar la permisividad con la reunión de los terroristas diciendo que lo único que el presidente dijo fue que la previsión constitucional, en su artículo 20, establece que "todo el mundo tiene derecho a reunirse". "Lo que ahora tiene que interpretar la Justicia es si hubiera algún acto ilegal en esa convocatoria" Declaraciones que han sido refrendadas como obediente miembro del coro, por el Fiscal General del estado socialista, "la ilegalización de Batasuna no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes, por lo que los ex militantes, en principio, conservan los derechos individuales de reunión y de manifestación, pero lo que no pueden es realizar actos orgánicos de partido, porque esos actos están prohibidos", ha dicho Conde Pumpido.

Pero, ¿hay alguien en España que se trague semejante sapo? El informe que las Fuerzas de Seguridad remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el congreso que Batasuna quiere celebrar el 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya) incluye abrumadora documentación, declaraciones y carteles para demostrar que el partido ha seguido manteniendo 'de facto' su actividad "pública e interna" con naturalidad a pesar de las prohibiciones del Tribunal Supremo. Algo que todos ya sabíamos, pero de lo que el gobierno se niega a darse por notificado.

La realidad es que el gobierno se resiste a aplicar la Ley de Partidos porque en su agenda esta incluida la legalización de la formación terrorista. Los oscuros pactos y manejos con el entorno etarra fuerzan al gobierno a hacer dejación de sus funciones, mientras tampoco se atreve, por miedo a los efectos electorales, a derogar esa ley que ahora es tan “estricta”, y acude a cualquier truco para engañar a la opinión pública y consentir a la vez que Batasuna pueda celebrar su congreso.

La consecuencia es que estamos instalados en la arbitrariedad de un gobierno que aplica las leyes según favorezcan sus intenciones o no. Y se pongan como se pongan, esta postura, ya abiertamente reconocida por Zapatero, supone una quiebra del estado de derecho, lo que priva al propio presidente de su legitimidad democrática, ya que, le guste o disgusten las leyes, le vengan bien o mal, su primera obligación es cumplirlas.

HITLER Y ZP: COSAS EN COMÚN.

Leyes mordaza contra los medios disidentes, insultos y desprestigio para los miembros de la resistencia cívica contrarios a la negociación con ETA, ninguneo a las víctimas del terrorismo, televisiones para los amiguetes, opas a los enemigos edeológicos, comisarios políticos, retirada de asilo político a demócratas perseguidos como Severo Moto, utilización de las víctimas, política internacional basada en relaciones con dictaduras, acercamiento a radicales islámicos, subida de impuestos, persecución a la Iglesia, política abierta a la proliferación de mezquitas, aplicación de leyes contrarias a la libertad en la educación, cientos de miles de abortos, revisionismo histórico... todo un régimen de libertad.

¿De dónde saca Rodríguez tantas ideas para imponer su régimen dictatorial? Quizás Rodríguez cuente con alguna fuente de inspiración. En Minuto Digital hemos llegado a la conclusión de que la respuesta podríamos encontrarla en la nueva normativa antitabaco que se apunta Rodríguez imitando a pies juntillas aquella normativa que puso en funcionamiento Hitler en su Alemania nacionalsocialista.

Así es, la legislación antitabaco como la concebimos en las sociedades europeas democráticas- disposiciones administrativas y fiscales- la comenzó a desarrollar el régimen nacionalsocialista alemán.

La estrategia nazi antitabaco contempló la erradicación de los cigarrillos en cualquier edificio público y en trenes y autobuses.

Así las cosas, la resistencia cívica al régimen de ZP debería andarse con cuidado. Los tratos con los nacionalsocialistas catalanes, vascos y gallegos podrían ser fruto de algo más que una casualidad. ¿Qué será lo próximo? Por el momento parece que los ciudadanos que no somos nacionalistas ni socialistas no tendremos que colocarnos brazaletes que nos identifiquen, aunque en Cataluña y País Vasco se verá en breve... eso sí, con el voto a favor del señor Rodríguez.

Galicia. El Prestige no mató ni a un triste percebe.

El accidente del Prestige supuso un enorme desastre. Nuestras costas se ensuciaron y hubo que limpiarlas, lo que requirió gran esfuerzo, pero no constituyó ninguna catástrofe: no hubo muertos ni heridos; nadie se arruinó; nadie quedó sin casa o sin barco, ni desasistido ante la interrupción de su normal actividad; ninguna infraestructura quedó destruida; y ningún recurso pesquero resultaría afectado (pasados tres años, ya se puede asegurar lo que machaconamente venían demostrando todos los estudios científicos).

Por supuesto, nada que ver con el tsunami asiático, ni con el Katrina o el Wilma. Pero no hay que irse tan lejos: el hundimiento del Carmelo, por culpa de las obras del metro en Barcelona o el terrible incendio de Guadalajara tuvieron consecuencias muchísimo peores y, sin necesidad de salir de Galicia, también es un hecho que los incendios forestales registrados durante el verano de este 2005 van a dejar una huella bastante más dañina que la del Prestige.

Conviene dejar esto muy claro, porque todavía hay quien trata de culpar al Prestige –perdón, a las administraciones que tuvieron que hacer frente al accidente– de todos los males, y lo que es peor, algunos intentan seguir sacando tajada económica, animados por el hecho de que quienes ahora están en el poder también perdieron su dignidad tratando de obtener réditos políticos de la desgracia.

Amparados en una Coordinadora de cofradías afectadas por el Prestige, que reúne únicamente a media docena de las cofradías gallegas, ciertos representantes de la pesca de bajura no cejan en su empeño de imputarle al accidente los descensos de capturas, incluso los de aquellas especies, como la almeja, a cuyos hábitats nunca llegó el fuel ni de lejos. Y ello cuando está archidemostrado, y todo el que sabe algo de pesca conoce, que los rendimientos cada vez más bajos que se obtienen en la actividad pesquera se deben a la sobreexplotación.

Estos representantes pesqueros, que lo son a su vez de Nunca Máis y los mismos que aparecen en cuanto reportaje se publica o emite para criticar la gestión del siniestro, difunden sus increíbles tesis, sin que nadie contradiga su descomunal falacia.

Puede comprenderse que el resto del sector calle, pues un desmentido implicaría cierta autoacusación, y además, a nadie le amarga la posibilidad de unos ingresos extras, pero, ¿y las administraciones? ¿Y los medios? ¿Y los propios científicos que realizaron los estudios?

Resulta difícil de entender que el Ministerio de Educación y Ciencia, del que depende el Instituto Español de Oceanografía –o el propio IEO– y la Consejería de Pesca de Galicia, permitan, sin pronunciar el más tímido pero, que unos señores contradigan urbi et orbe los informes científicos que tienen colgados en la Red.

También resulta chocante que los medios de comunicación, que deberían conocer este extremo, se limiten a transmitir lo que los representantes de esa Coordinadora dicen, sin aclarar siquiera su representatividad, pareciendo que hablan por todo el sector. Y tampoco se entiende muy bien cómo ninguno de los numerosos científicos que intervinieron en los estudios sobre la incidencia del fuel del Prestige en los recursos pesqueros se siente atropellado y sale a defender su profesionalidad.

El fuel del Prestige no mató ni un triste percebe. Al contrario, a la maltrecha pesca de bajura gallega le vino de perlas la parada en la actividad que supuso el siniestro. Pero son muchos años de sobrepesca en nuestras costas –un mal ya denunciado por el científico Buenaventura Andreu en los años cincuenta– para que los recursos se puedan recuperar.

Los representantes de la Coordinadora, en vez de seguir enredando con el Prestige y reclamar indemnizaciones por unos daños que nunca se produjeron, deberían asumir que no se puede faenar cuadruplicando o quintuplicando el número de artes autorizado; ni pescar en zonas prohibidas; ni usar sobrecopos ni redes con luz de malla inferiores a las establecidas; ni dejar calados día y noche los aparejos; ni pescar ejemplares de tamaños ilegales; ni especies en veda, etc., etc. Porque esas son las auténticas causas del descenso de capturas.

República y cultura.

Un rasgo del PSOE es su capacidad para corromper cuanto toca. Ha degradado la universidad y la enseñanza, hace tiempo utilizó el Museo del Prado para presentar como una hazaña de “la república” el mayor expolio y saqueo de obras de arte sufrido por España en el siglo XX; y ahora le toca el turno a la Biblioteca Nacional, donde una exposición “informa” sobre los méritos de la república en pro de las bibliotecas y la cultura. Pocas cosas hay más lamentables que la instrumentación de instituciones prestigiosas para manipular la historia y la política.

Hubo durante la república, e incluso durante la guerra, iniciativas de personas y grupos de izquierda por elevar el nivel cultural popular. Y también por salvar el patrimonio cultural y artístico español, pero no de los bombardeos “fascistas”, como se decía, sino de las masivas destrucciones y saqueos organizados por los republicanos y luego por el Frente Popular. El hecho está hoy perfectamente documentado, pero una táctica izquierdista-separatista consiste en repetir tópicos y consignas de forma machacona, haciendo oídos sordos a los desmentidos y derrochando al efecto el dinero público. Saben que quien llegue a más gente gana la batalla de la propaganda, y ellos llegan hoy por hoy a mucha más gente que nadie. Tal situación sólo puede contrarrestarla el esfuerzo tenaz de cuantos respetamos la verdad sobre nuestro pasado, y defendemos la democracia y unidad de España.

Así pues, hubo por entonces iniciativas culturales muy loables, y bien está recordarlas siempre que, por honradez intelectual, se las sitúe en su contexto histórico. Y el contexto izquierdista fue más bien de auténtica barbarie. Ya empezó en 1931 con la “quema de conventos”, cuando ardieron dos importantes bibliotecas y trabajos de investigación, además de escuelas y edificios, pinturas y esculturas de enorme valor. El gobierno republicano lo consintió, y la izquierda justificó la oleada criminal como “obra del pueblo”.

Luego el gobierno planeó una expansión de la enseñanza pública, intento muy encomiable, si bien la cifra de escuelas construidas fuera muy inferior a la pregonada por la propaganda y repetida por historiadores descuidados. Pero incluso esa labor modesta, aunque apreciable, quedó en gran medida neutralizada por la prohibición de la enseñanza religiosa, muy especialmente la de los jesuitas, que contaban con centros muy prestigiosos. Por citar un caso harto indicativo, el gobierno cerró el único centro de enseñanza de ciencias económicas de España, en Deusto. Los políticos republicanos entendían poco de economía, cosa nada rara, pero además le mostraban desprecio, bien manifiesto en el fruto de sus medidas, que agravaron la incidencia de la crisis mundial en el país y volvieron el hambre a los niveles de principios de siglo.

El “respeto” por las bibliotecas volvió a manifestarse durante el movimiento guerracivilista de 1934, cuando las izquierdas dinamitaron la de la universidad de Oviedo, e incendiaron el palacio Salazar, en Portugalete, albergue de una espléndida biblioteca y colecciones de arte valiosísimas. Y tan pronto volvieron las izquierdas al poder, en 1936, volvió el destrozo de obras de arte. Calvo Sotelo detalló en las Cortes: “Esculturas de Salzillo, magníficos retablos de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas policromadas, obras que han sido declaradas monumentos nacionales, como la iglesia de Santa María de Elche, han ardido en medio del abandono, cuando no de la protección cómplice del gobierno”. Los diputados de izquierda recibieron sus denuncias con chirigotas y frases como “¡Para la falta que hacían…!”.

Recomenzada la guerra en julio de aquel año, el destrozo de bibliotecas y archivos públicos, eclesiásticos y particulares, se volvió entre las izquierdas un verdadero deporte, cantado por Alberti en unos versos repugnantes. Bibliotecas como la franciscana de Sarriá, con cien mil volúmenes, o la de Guadamur, una de las mayores de Europa conservadas en castillos, quedaron destruidas, y fueron pasto de las llamas otras muchas con decenas de miles de libros, a menudo únicos, conservados de siglos atrás.

Este gigantesco estrago no aparece para nada en la indecente exposición propagandística de la Biblioteca Nacional, donde, para mayor injuria, se presenta como democrático al régimen del Frente Popular, constituido por tales demócratas y amantes de la cultura como los estalinistas, los marxistas del PSOE, los anarquistas, los racistas del PNV o los golpistas de Azaña y de Companys. Todos bajo la protección de Stalin.

Fue Azaña quien mejor retrató a los republicanos y su política: “tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. Y también sin ninguna idea clara salvo un anticristianismo obsesivo, no muy diferente en sustancia del odio obsesivo de los nazis a los judíos.
Actitudes tan bien descritas por Azaña, a la vez causante y víctima de ellas, vuelven a imponerse con el desgobierno del Iluminado de la Moncloa: falsificación de la historia, ataque al espíritu reconciliador de la Transición, o degradación de instituciones como la Biblioteca Nacional, que debieran ser instrumentos de investigación de alta calidad, y no sedes de la propaganda más unilateral y ramplona.