Estatuto del periodista. Periodistas a la catalana.
Mientras discutimos los dimes y diretes del Estatuto catalán, en la Comisión Constitucional del Congreso se ha empezado a discutir sobre otro estatuto, aprobado por liberticidas de IU y PSOE. Es el estatuto del periodista, una ley de prensa que obliga a que la información sea supervisada por periodistas con una licencia aprobada por el gobierno nacional o regional. Una licencia que, por supuesto, se puede revocar al díscolo. De este modo, la izquierda aprueba un texto fascista con el que pretende convertir a la prensa española en el mismo remanso de paz y falta de crítica al gobierno en que vive la catalana. Un estatuto que ABC califica de proyecto con ribetes estalinistas y El Mundo de retorno a la visión franquista de la profesión periodística. Ambas críticas son ciertas, pues cierto es que las dictaduras nunca han tenido especial aprecio a la información libre, sean de la ideología que sean. Tampoco Zapatero, por lo que se ve.
Los defensores del engendro intervencionista y liberticida podrán argumentar que el texto no impide el ejercicio de la profesión a quien no tenga permiso, pero lo cierto es que explicita que, al frente de publicaciones, programas audiovisuales y sitios en la red tendrá que haber un director con carné que podrá vetar cualquier contenido de los mismos. Javier Rubio, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, por ejemplo, tendrán que ser aprobados por un consejo, en el que los miembros serán escogidos por el Congreso y el Senado, para que Libertad Digital, La Mañana y La Linterna no incumplan la ley. O nombrar director a quien el poder considere suficientemente domesticado, para que les censure.
Por supuesto, un servidor de ustedes y cualquiera que posea una bitácora o sitio periodístico también tendrá que disponer de carné, ya que es el director de un sitio en la red de carácter periodístico. Cientos de blogs serían ilegales al día siguiente de aprobarse este texto fascista que promueve la izquierda. Sin embargo, no sé por qué no debo pensar que esta situación de incumplimiento masivo de la legalidad conduciría a la arbitrariedad absoluta; sólo se promoverían acciones contra las bitácoras desafectas, al más puro estilo Conde Pumpido. Aunque deben ustedes saber que el que reprimía la libertad de expresión era, por supuesto, Aznar.
El problema no acaba aquí. Todo medio con más de ocho periodistas en nómina tendrá un consejo de redacción en que los trabajadores podrán ejercer de chivatos de supuesta mala conducta profesional e influir en la línea editorial del periódico. Es decir, ningún propietario de un medio de comunicación podrá decidir la línea editorial de su propio medio sin contar con los periodistas, profesión marcadamente izquierdista en España y casi todo el mundo occidental. De este modo se pretende garantizar que no se diga nada que no sea previamente aprobado por el Politburó.
Es más, por si aún queda algún medio que, pese a todo, persista en hacer información libre y crítica con el poder, el consejo cuya mayoría es nombrada por políticos y sindicatos podrá expropiar parte de los beneficios de aquellas empresas que incumplan el código deontológico. Un código que, claro está, deja sitio más que suficiente para una ambigüedad que permita interpretarlo de forma benévola con los buenos y estricta con los malos. Por ejemplo, las informaciones sobre el 11-M de El Mundo y Libertad Digital no serían consideradas "informaciones fundamentadas y contrastadas", pero no les quepa duda de que los terroristas suicidas de la SER lo serían.
No es extraño que IU redacte un estatuto basado en las prácticas soviéticas de los dictadores cubano y venezolano. Lo raro es que lo apoye el PSOE. Claro que, después de este salmantino fin de semana de apoyo incondicional a la violación de los derechos humanos, después de que el dictador bananero Chávez reconozca que es imposible tener mayor acuerdo moral, ético y político con Zapatero, habrá que dejar el asombro sólo para los ingenuos voluntarios que queden en España. Pide CCOO el mayor consenso posible para este estatuto. Conmigo que no cuenten, ni para este ni para ningún otro. La mejor ley de prensa es la que no existe.
7 comentarios
gancer -
rene -
Restituto Perez Suso -
Se crea además una comisión deontológica (art. 27) competente para imponer sanciones (art. 30).
En la era del periodismo 3.0 se despoja a los ciudadanos de cualquier protección para ejercer los derechos que les otorga el artículo 20 de la Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El secreto de las fuentes, sólo para los periodistas de carné, como la libertad de creación y los derechos de autor, el libre y preferente acceso a las fuentes informativas y a las vistas judiciales (arts. 11, 14, 15, 16, 17 y 18).
Un proyecto de estatuto con mucho que reformar. (FIN)
Restituto Perez Suso -
"El titular de los derechos y deberes definidos en este Estatuto es el periodista profesional. Se considera como tal a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones". (continua....
Restituto Perez Suso -
"Entidades que difunden información impresa, por ondas, cable, satélite, mecánica, fotográfica, electrónica u otros medios que publican un diario, libro, revista o otros periódicos;
operan una estación de radio o televisión (o cadena de estaciones), sistema de cable, satélite, canal o servicio de programación para cada estación, cadena, sistema o distribuidor;
o una agencia de noticias o servicio de cables;
un asociado, subsidiario o afiliado de tal entidad;
un empleado, contratista u otra persona que reúna, edite, fotografía, grabe, prepare o disemine noticias o información para tal entidad".
Lo que excluye a todos los medios participativos y al periodismo ciudadano o 3.0.(continua....
Restituto Perez Suso -
En Estados Unidos, desde la prensa tradicional y desde los blogs y medios sociales se han alzado voces críticas contra la Free Flow of Information Act, un proyecto de ley presentado en el Congreso por el republicano Rick Boucher que pretende acabar con el lío de las leyes escudo, las que protegen el secreto profesional en unos estados mientras en otros un periodista puede ser encarcelado por proteger sus fuentes, como acaba de ocurrir con la redactora de The New York Times Judith Miller.
Las críticas se han disparado porque el proyecto de Boucher sólo protege a los periodistas profesionales y, por tanto, pemitirá a los poderes públicos determinar quién es periodista y quién no.
Justo como en el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional promovido por el Foro de Organizaciones Periodísticas (colegios y sindicatos) y en trámite en el Congreso. (continua....
Juan Perez S. -
Manuel Núñez Encabo, catedrático de Ciencias de la Información y redactor del Código Deontológico Europeo del Periodismo aprobado por el Consejo de Europa, critica la "injerencia de los poderes políticos" y defiende la autorregulación profesional y deontológica.
Eduardo Castro, miembro de la Comisión de Asuntos Profesionales de la FAPE (El estatuto profesional, pdf), incide en que la libertad de expresión es considerada en la legislación española un derecho de "primera generación", es decir, un derecho fundamental que representa una manifestación de la libertad de conciencia individual en la que se sustenta la propia democracia. Por tanto, no limitable por ningún colectivo.
Pero El País no se pronuncia por el momento. Un pronunciamiento que sería importante porque ha sido el primer diario español en promulgar un Estatuto de la Redacción que reconoce la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la participación de los periodistas en las grandes decisiones a través del comité de redacción.
Este es un asunto en el que no vale abstenerse.