La Iglesia ahorra al Estado 6.000 millones de euros al año.
El Gobierno intenta transmitir de múltiples modos a los ciudadanos españoles que el Ejecutivo sustenta a la Iglesia y que esta institución recibe un trato de favor: sólo recibe, no da.
Ante este cúmulo de falsos mensajes, ÉPOCA se ha planteado un escenario irreal, pero que sirve adecuadamente para averiguar lo que aporta la Iglesia a la sociedad civil, que es lo mismo que decir al Estado: ¿Qué ocurriría si la Iglesia católica con todas sus instituciones, desapareciera de España? ¿Qué ocurriría con la sanidad, la enseñanza o la labor caritativa y social? El catedrático Juan Velarde contesta: "Sería una catástrofe para el conjunto de la sociedad española del bienestar.
La financiación en general de los servicios sociales a cargo de la Iglesia se hace de manera extraordinariamente barata. Si el Estado tuviera que hacerse cargo a la fuerza de todos esos servicios sociales, sería imposible que pudiera abordarlo: tan sólo ver las cifras de educación y los costes que conlleva impresiona, hay que ver las partidas con atención.
Creo que este debate se ha empezado de manera frívola y que hay que reconsiderarlo de arriba a abajo, porque si desapareciera la Iglesia se dinamitarían los servicios sociales que los españoles reciben en buenas condiciones. Sería hacer pagar a los ciudadanos por un mensaje anticlerical resobado que no tiene sentido en ningún lugar, que lo tuvo en el siglo XIX y que actualmente provoca carcajadas. Todo esto es algo inaudito y alguien tendrá que pagarlo porque es irresponsable".
"No hay ninguna previsión de cambio de los acuerdos básicos con la Iglesia católica". Estas palabras del presidente Rodríguez Zapatero pretendían cerrar un debate abierto por el propio Ejecutivo socialista y que ha puesto encima de la mesa la siguiente cuestión: ¿El Estado debe seguir complementando por vía presupuestaria (en torno a 30 millones de euros anuales, aproximadamente) lo que aportan los contribuyentes que lo desean, en su mayoría católicos, a través de la casilla del IRPF?
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirma que ésta es una cuestión que "debería revisarse", y manifiesta injustamente que la religión católica, mayoritaria en España, tiene a su juicio "un trato preferente" respecto a otras. "Esta circunstancia tiene que ser revisada porque el Estado español no es confesional.
Deben ser los católicos los que sostengan a la Iglesia y, en la actualidad, este hecho no se produce porque lo que aportan los fieles (a través del IRPF) es inferior a lo que requiere dicha institución", señala.
Caldera dice verdades y cosas falsas. No hay tal trato preferente, como demostramos en este artículo, y es verdad que este coeficiente del 0,5239 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas es insuficiente, pero lo impusieron los socialistas en los Gobiernos de Felipe González, y numerosos expertos consideran que debería aumentarse hasta el 0,8%, tal como sucede en los países europeos que incluyen este sistema, asegura Alberto de la Hera, director general de Asuntos Religiosos con los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004).
El catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid José Tomás Raga insiste en la misma idea: "En el año 87 la cuota se calculó mal y ahora debería haber un ajuste de tarifas. (...) ¿Que dicen que España es un Estado aconfesional y tiene que ser voluntario financiar la propia religión? De acuerdo. Pero ni a usted ni a mí nos preguntan si queremos sostener a los sindicatos (un 4% de afiliación por parte de los trabajadores) y lo hacemos.
Tampoco les preguntan a las empresas si desean sustentar a las Cámaras de Comercio a través del impuesto de sociedades y, sin embargo, están obligadas. Frente a estos datos le doy otro: el 80% de la población española se confiesa católica".
Lo realmente grave, sin embargo, es este debate sobre la financiación de la Iglesia, en el que profundizamos más adelante, que ha servido de catapulta para situar a la Iglesia católica como presunta beneficiaria de regalos por parte del Estado. Nada más calumnioso que hablar de "sobrefinanciación", como acostumbra a hacer el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta.
Tras consultar a numerosas instituciones que operan en España, el saldo neto entre el Estado y la Iglesia ha resultado favorable con enorme amplitud a esta última. Si tenemos en cuenta solamente tres variables -la acción educativa de instituciones religiosas, su labor sanitaria y su tarea social-, este saldo es, con arreglo a los datos recogidos del año 2000, de 6.000 millones de euros favorable a la Iglesia católica (ver cuadro en página anterior).
Comencemos por la acción social. Hace décadas, la Conferencia Episcopal creó la Organización No Gubernamental Cáritas Española con el fin de fomentar y coordinar la solidaridad de la comunidad cristiana. La labor de esta ONG abarca todos los grupos afectados por la desigualdad y la injusticia con programas de asistencia a mayores, colectivos sin techo, inmigrantes, drogodependientes, enfermos de sida, minusválidos, reclusos e infancia.
Según la memoria de 2000, Cáritas invirtió 25.881.312.128 pesetas (155 millones de euros) en proyectos que sirvieron para mejorar la situación de más de un millón de personas. Así, el 70% de lo recaudado procedía de fuentes privadas, mientras que el resto llegó de las distintas Administraciones públicas.
Los fondos privados de Cáritas dedicaron 2.806.146.459 pesetas (16.865.279 euros) al programa de Acogida y Asistencia; al de Mayores, 1.963.359.649 pesetas (11.800.029 euros); al de Empleo, 987.059.550 pesetas (5.932.347 euros); a los Transeúntes, 963.612.864 pesetas (5.791.429 euros); a la Infancia, 458.146.800 pesetas (2.753.517 euros), y así sucesivamente.
Si Cáritas no hubiera estado en España en el año 2000, no se habrían dedicado 57,3 millones de euros a la lucha contra la pobreza. ¿Quién aplica todos estos programas? 3.828 trabajadores de Cáritas en las diferentes comunidades autónomas de España, la mayoría laicos (3.396). Además, cuentan con 66.805 voluntarios (49.923 laicos, 1.696 sacerdotes, 1.501 religiosos, 390 seculares y 13.295 miembros cuya condición no está especificada).
El catedrático Raga afirma que "parece claro que el Estado no podría acoger a todas las personas marginales que la Iglesia encauza. ¿Si no se aclara sobre los centros de acogida nocturnos cómo los va a ayudar?
El Estado debe apoyar a todas las instituciones que ejercen una función social que en teoría es pública. Pero siempre está regateando. ¿O tiene el mismo sueldo un hermano de San Juan de Dios que un enfermero de la Seguridad Social (con todos los respetos para estos enfermeros)? El religioso gana una tercera parte".
Otro importante capítulo de la labor caritativa de la Iglesia se desarrolla en las prisiones. La Pastoral Penitenciaria atendía en 2000 a 45.080 reclusos en 82 centros penitenciarios, a través de 130 capellanes y 162 asociaciones religiosas, 76 movimientos apostólicos y 69 asociaciones civiles. Es imposible cuantificar tanto esfuerzo.
Enseñanza
Uno de los ámbitos en los que la Iglesia católica está más presente en España es la enseñanza. Según el Consejo General de Educación Católica, en el curso escolar 1999-2000, la Iglesia tutelaba 185 guarderías, entre concertadas (con ayuda del Estado) y no concertadas: 168 centros infantiles, 1893 centros infantiles con primaria, 204 centros de primaria, 2.058 centros de la ESO, 497 centros para BUP y COU, 117 centros de Formación Profesional, 43 centros de educación especial, 23 centros de formación para adultos y nueve para enseñanzas no regladas.
En este mismo curso escolar había 1.298.105 alumnos inscritos en centros educativos católicos (en enseñanzas básicas y medias). Asimismo, la Iglesia poseía en el curso escolar 1999-2000 la titularidad de seis Universidades, 11 colegios universitarios, 44 facultades, siete escuelas técnicas superiores, 66 escuelas universitarias y 65 centros de otra naturaleza. En ese curso escolar había 125.386 alumnos en los centros educativos católicos y similares de educación universitaria y asimilada. En este capítulo es difícil de cuantificar la inversión que la escuela concertada realiza sobre cada alumno, pero no lo es llegar a una conclusión: la escuela pública es mucho más cara que la escuela gestionada por la Iglesia.
Manuel de Castro, secretario general de la FERE-CECA, ha asegurado a ÉPOCA que "el coste de un alumno en la escuela pública es superior en un 50% al menos al de la escuela concertada, según opinión mayoritaria de los consejeros de educación de las CC AA, incluida Cataluña".
En efecto, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid manifiesta que "el aula de una escuela pública es un 60% más cara que la concertada, teniendo ésta un déficit de 3.000 euros". Diversas fuentes consultadas por ÉPOCA coinciden en que el Estado dedica 1.800 euros anuales a un alumno de enseñanza básica y media que estudia en una escuela concertada, una cifra que apenas ha variado en los últimos años. Las mismas fuentes añaden que se trata de una estimación.
Por otro lado, un estudio del ex secretario de Estado de Educación Álvaro Marchesi defiende que el gasto por alumno no universitario en España está a la cola de la Unión Europea. Este gasto varía según las CC AA: en el País Vasco, donde se dedica a este capítulo la cifra mayor, se invierten 4.440 euros por alumno, mientras que en Madrid o en Andalucía no llega a los 2.300.
En líneas generales, la media del gasto por alumno en España es de 2.989 euros. Según este dato, si desapareciera la escuela concertada en primaria y en la ESO (990.774 alumnos) en España, el Estado debería invertir o gastar 1.178 millones de euros para garantizar las mismas prestaciones educativas.
Con estos datos, José Tomás Raga califica de "tremenda" la situación que se produciría si desapareciese esta institución de la enseñanza, "con el matiz de que la escuela concertada no quiere decir que haya un coste público de la enseñanza. Yo le haría otra pregunta al Ejecutivo: ¿Qué ocurriría si la financiación de la enseñanza se hiciera a través del alumno? Es decir, ni un céntimo más a ninguna escuela, a ninguna.
Lo que en Holanda se denomina el cheque escolar: es el alumno (sus padres) el que tiene el dinero y es el alumno quien decide. El Gobierno se tiene que dar cuenta del alcance de la labor de la Iglesia en este ámbito".
El economista Raga concluye que "el Ejecutivo ha abierto este debate de manera frívola, como si el dinero que el Estado entrega a la Iglesia fuera a parar al bolsillo de los obispos. Como si estuviesen financiando una actividad lúdica, y nada más lejos de la realidad".
Ante este cúmulo de falsos mensajes, ÉPOCA se ha planteado un escenario irreal, pero que sirve adecuadamente para averiguar lo que aporta la Iglesia a la sociedad civil, que es lo mismo que decir al Estado: ¿Qué ocurriría si la Iglesia católica con todas sus instituciones, desapareciera de España? ¿Qué ocurriría con la sanidad, la enseñanza o la labor caritativa y social? El catedrático Juan Velarde contesta: "Sería una catástrofe para el conjunto de la sociedad española del bienestar.
La financiación en general de los servicios sociales a cargo de la Iglesia se hace de manera extraordinariamente barata. Si el Estado tuviera que hacerse cargo a la fuerza de todos esos servicios sociales, sería imposible que pudiera abordarlo: tan sólo ver las cifras de educación y los costes que conlleva impresiona, hay que ver las partidas con atención.
Creo que este debate se ha empezado de manera frívola y que hay que reconsiderarlo de arriba a abajo, porque si desapareciera la Iglesia se dinamitarían los servicios sociales que los españoles reciben en buenas condiciones. Sería hacer pagar a los ciudadanos por un mensaje anticlerical resobado que no tiene sentido en ningún lugar, que lo tuvo en el siglo XIX y que actualmente provoca carcajadas. Todo esto es algo inaudito y alguien tendrá que pagarlo porque es irresponsable".
"No hay ninguna previsión de cambio de los acuerdos básicos con la Iglesia católica". Estas palabras del presidente Rodríguez Zapatero pretendían cerrar un debate abierto por el propio Ejecutivo socialista y que ha puesto encima de la mesa la siguiente cuestión: ¿El Estado debe seguir complementando por vía presupuestaria (en torno a 30 millones de euros anuales, aproximadamente) lo que aportan los contribuyentes que lo desean, en su mayoría católicos, a través de la casilla del IRPF?
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirma que ésta es una cuestión que "debería revisarse", y manifiesta injustamente que la religión católica, mayoritaria en España, tiene a su juicio "un trato preferente" respecto a otras. "Esta circunstancia tiene que ser revisada porque el Estado español no es confesional.
Deben ser los católicos los que sostengan a la Iglesia y, en la actualidad, este hecho no se produce porque lo que aportan los fieles (a través del IRPF) es inferior a lo que requiere dicha institución", señala.
Caldera dice verdades y cosas falsas. No hay tal trato preferente, como demostramos en este artículo, y es verdad que este coeficiente del 0,5239 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas es insuficiente, pero lo impusieron los socialistas en los Gobiernos de Felipe González, y numerosos expertos consideran que debería aumentarse hasta el 0,8%, tal como sucede en los países europeos que incluyen este sistema, asegura Alberto de la Hera, director general de Asuntos Religiosos con los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004).
El catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid José Tomás Raga insiste en la misma idea: "En el año 87 la cuota se calculó mal y ahora debería haber un ajuste de tarifas. (...) ¿Que dicen que España es un Estado aconfesional y tiene que ser voluntario financiar la propia religión? De acuerdo. Pero ni a usted ni a mí nos preguntan si queremos sostener a los sindicatos (un 4% de afiliación por parte de los trabajadores) y lo hacemos.
Tampoco les preguntan a las empresas si desean sustentar a las Cámaras de Comercio a través del impuesto de sociedades y, sin embargo, están obligadas. Frente a estos datos le doy otro: el 80% de la población española se confiesa católica".
Lo realmente grave, sin embargo, es este debate sobre la financiación de la Iglesia, en el que profundizamos más adelante, que ha servido de catapulta para situar a la Iglesia católica como presunta beneficiaria de regalos por parte del Estado. Nada más calumnioso que hablar de "sobrefinanciación", como acostumbra a hacer el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta.
Tras consultar a numerosas instituciones que operan en España, el saldo neto entre el Estado y la Iglesia ha resultado favorable con enorme amplitud a esta última. Si tenemos en cuenta solamente tres variables -la acción educativa de instituciones religiosas, su labor sanitaria y su tarea social-, este saldo es, con arreglo a los datos recogidos del año 2000, de 6.000 millones de euros favorable a la Iglesia católica (ver cuadro en página anterior).
Comencemos por la acción social. Hace décadas, la Conferencia Episcopal creó la Organización No Gubernamental Cáritas Española con el fin de fomentar y coordinar la solidaridad de la comunidad cristiana. La labor de esta ONG abarca todos los grupos afectados por la desigualdad y la injusticia con programas de asistencia a mayores, colectivos sin techo, inmigrantes, drogodependientes, enfermos de sida, minusválidos, reclusos e infancia.
Según la memoria de 2000, Cáritas invirtió 25.881.312.128 pesetas (155 millones de euros) en proyectos que sirvieron para mejorar la situación de más de un millón de personas. Así, el 70% de lo recaudado procedía de fuentes privadas, mientras que el resto llegó de las distintas Administraciones públicas.
Los fondos privados de Cáritas dedicaron 2.806.146.459 pesetas (16.865.279 euros) al programa de Acogida y Asistencia; al de Mayores, 1.963.359.649 pesetas (11.800.029 euros); al de Empleo, 987.059.550 pesetas (5.932.347 euros); a los Transeúntes, 963.612.864 pesetas (5.791.429 euros); a la Infancia, 458.146.800 pesetas (2.753.517 euros), y así sucesivamente.
Si Cáritas no hubiera estado en España en el año 2000, no se habrían dedicado 57,3 millones de euros a la lucha contra la pobreza. ¿Quién aplica todos estos programas? 3.828 trabajadores de Cáritas en las diferentes comunidades autónomas de España, la mayoría laicos (3.396). Además, cuentan con 66.805 voluntarios (49.923 laicos, 1.696 sacerdotes, 1.501 religiosos, 390 seculares y 13.295 miembros cuya condición no está especificada).
El catedrático Raga afirma que "parece claro que el Estado no podría acoger a todas las personas marginales que la Iglesia encauza. ¿Si no se aclara sobre los centros de acogida nocturnos cómo los va a ayudar?
El Estado debe apoyar a todas las instituciones que ejercen una función social que en teoría es pública. Pero siempre está regateando. ¿O tiene el mismo sueldo un hermano de San Juan de Dios que un enfermero de la Seguridad Social (con todos los respetos para estos enfermeros)? El religioso gana una tercera parte".
Otro importante capítulo de la labor caritativa de la Iglesia se desarrolla en las prisiones. La Pastoral Penitenciaria atendía en 2000 a 45.080 reclusos en 82 centros penitenciarios, a través de 130 capellanes y 162 asociaciones religiosas, 76 movimientos apostólicos y 69 asociaciones civiles. Es imposible cuantificar tanto esfuerzo.
Enseñanza
Uno de los ámbitos en los que la Iglesia católica está más presente en España es la enseñanza. Según el Consejo General de Educación Católica, en el curso escolar 1999-2000, la Iglesia tutelaba 185 guarderías, entre concertadas (con ayuda del Estado) y no concertadas: 168 centros infantiles, 1893 centros infantiles con primaria, 204 centros de primaria, 2.058 centros de la ESO, 497 centros para BUP y COU, 117 centros de Formación Profesional, 43 centros de educación especial, 23 centros de formación para adultos y nueve para enseñanzas no regladas.
En este mismo curso escolar había 1.298.105 alumnos inscritos en centros educativos católicos (en enseñanzas básicas y medias). Asimismo, la Iglesia poseía en el curso escolar 1999-2000 la titularidad de seis Universidades, 11 colegios universitarios, 44 facultades, siete escuelas técnicas superiores, 66 escuelas universitarias y 65 centros de otra naturaleza. En ese curso escolar había 125.386 alumnos en los centros educativos católicos y similares de educación universitaria y asimilada. En este capítulo es difícil de cuantificar la inversión que la escuela concertada realiza sobre cada alumno, pero no lo es llegar a una conclusión: la escuela pública es mucho más cara que la escuela gestionada por la Iglesia.
Manuel de Castro, secretario general de la FERE-CECA, ha asegurado a ÉPOCA que "el coste de un alumno en la escuela pública es superior en un 50% al menos al de la escuela concertada, según opinión mayoritaria de los consejeros de educación de las CC AA, incluida Cataluña".
En efecto, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid manifiesta que "el aula de una escuela pública es un 60% más cara que la concertada, teniendo ésta un déficit de 3.000 euros". Diversas fuentes consultadas por ÉPOCA coinciden en que el Estado dedica 1.800 euros anuales a un alumno de enseñanza básica y media que estudia en una escuela concertada, una cifra que apenas ha variado en los últimos años. Las mismas fuentes añaden que se trata de una estimación.
Por otro lado, un estudio del ex secretario de Estado de Educación Álvaro Marchesi defiende que el gasto por alumno no universitario en España está a la cola de la Unión Europea. Este gasto varía según las CC AA: en el País Vasco, donde se dedica a este capítulo la cifra mayor, se invierten 4.440 euros por alumno, mientras que en Madrid o en Andalucía no llega a los 2.300.
En líneas generales, la media del gasto por alumno en España es de 2.989 euros. Según este dato, si desapareciera la escuela concertada en primaria y en la ESO (990.774 alumnos) en España, el Estado debería invertir o gastar 1.178 millones de euros para garantizar las mismas prestaciones educativas.
Con estos datos, José Tomás Raga califica de "tremenda" la situación que se produciría si desapareciese esta institución de la enseñanza, "con el matiz de que la escuela concertada no quiere decir que haya un coste público de la enseñanza. Yo le haría otra pregunta al Ejecutivo: ¿Qué ocurriría si la financiación de la enseñanza se hiciera a través del alumno? Es decir, ni un céntimo más a ninguna escuela, a ninguna.
Lo que en Holanda se denomina el cheque escolar: es el alumno (sus padres) el que tiene el dinero y es el alumno quien decide. El Gobierno se tiene que dar cuenta del alcance de la labor de la Iglesia en este ámbito".
El economista Raga concluye que "el Ejecutivo ha abierto este debate de manera frívola, como si el dinero que el Estado entrega a la Iglesia fuera a parar al bolsillo de los obispos. Como si estuviesen financiando una actividad lúdica, y nada más lejos de la realidad".
10 comentarios
Jordi M. -
Un último ejemplo. También deberíamos imaginarnos cómo subirían nuestros impuestos fuéramos creyentes o no- para ver dónde recolocamos al millón largo de alumnos que estudian en centros católicos.
Entonces, ¿qué hacemos? Las declaraciones de Fernández de la Vega, Pedro Zerolo, Josep Borrell o Jesús Blanco promoviendo este sentimiento contrario a la Iglesia Católica han sido gratuitas, injustas y falsas. La Iglesia Católica, formada tanto por la jerarquía como por millones de personas de a pie, se merece una mejor consideración tanto por parte del Gobierno como por el PSOE.
Belen.... -
Jose M.P. -
Ramon -
En España los Catolicos se gastan miles de millones en ayuda a los marginados (colombianos,ecuatorianos,españoles, etc.), enseñanza, comedores gratis,etc, y en Africa, Asia y Oceania ni te cuento.
La espiritualidad es un derecho del hombre, no solo las cosas materiales son importantes.
Abre los ojos, pero mira e interpreta bien.
paola -
Tato -
NO A ESTA CONSTITUCION EUROPEA.
Toledo M. -
El texto del precepto constitucional es claro y diáfano. Su aplicación, hasta hoy, ha sido pacífica y fecunda. De ahí los interrogantes. ¿Cuáles son los auténticos propósitos que persigue este rancio y trasnochado laicismo ideológico al ignorar lo que manda el art. 16 de nuestra Constitución? ¿Qué se pretende al falsear la real situación de financiamiento entre el Estado y la Iglesia católica? ¿Quieren imponer un Estado "confesionalmente" laico, un laicismo de Estado?
No quisiera ser malicioso. Pero quien no tiene reparos en los métodos para incumplir la Constitución en su art. 16 quizás tampoco los tenga para conculcar otros importantes preceptos. Tal vez los relativos al art. 2, es decir, el concerniente a la unidad de España; o los relativos a la monarquía parlamentaria. Hay cierto laicismo ideológico cuyo fundamentalismo le tiene encadenado al prejuicio de confundir democracia con republicanismo federal. "Un abismo llama a otro abismo", avisa el salmista. Al tiempo.
Toledo M. -
Aún más, el Estado no está en condiciones de suplir ni la cantidad, ni la calidad de las prestaciones y servicios de la Iglesia a la sociedad y a miles de ciudadanos españoles. El cómputo se ha centrado -y limitado- a las áreas de sanidad, educación y servicios asistenciales de Cáritas.
Ha quedado fuera, al menos por esta vez, otras muy importantes áreas de nuestra sociedad, como por ejemplo la presencia en la industria turística, en el patrimonio artístico y cultural, en la investigación e innovación científica de vanguardia y en tantas otras que, por la falta de ruido de una ingente labor discreta y pacífica, ha pasado desapercibida al menos hasta hoy..., es decir, sin balances y sin necesidad de legítima defensa.
Conviene caer en la cuenta de que toda esta colosal acción social de la Iglesia no la prestan solamente los curas y los religiosos, que también son ciudadanos, sino muchos miles de católicos españoles tan magníficos profesionales cuán generosos y anónimos.
Toledo M. -
Desde medios muy cercanos al Gobierno se están haciendo declaraciones que, sutil o descaradamente, afirman que el Estado financia a la Iglesia, que esta financiación se opone a la laicidad del Estado y que, en consecuencia, hay que modificar esta anómala situación para ajustarla a nuestra Constitución.
Parecen querer decirle al oído ciudadano más popular -que todo lo simplifica- que los curas viven de las arcas públicas y que ya es hora de acabar con semejante bicoca. Tal vez estaría dispuesto a presumir que tales declaraciones son fruto de la ignorancia y no de la malicia, que no buscan aprovecharse del desconocimiento del art. 16 de nuestra Constitución por parte de una gran cantidad de ciudadanos, si no fuera porque provienen de políticos profesionales que conocen muy bien, además del texto constitucional que traicionan, la realidad social cuya verdad se proponen falsear.
Me temo que la causa de tanta demagogia sea el prejuicio del laicismo fundamentalista e intolerante. Y si acuso al prejuicio es en honor de Diderot, que -por su experiencia en tales corros- quejábase de que "la ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio".
Luisa t. -