Educación

MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

 

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:         

 

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

 

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

 

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

 

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

 

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

 

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

 

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

 

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

 

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

 

5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

 

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner. etc. etc.

El TSJA reconoce el derecho a objetar frente a Educación para la Ciudadanía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido a unos padres el derecho a objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) ya que, según consta en la sentencia, "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales". El Tribunal confirma así el derecho de unos padres de Bollullos del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura ni sea evaluado, lo que ya les reconoció en enero pasado en un auto de medidas provisionales.

La Junta de Andalucía no se va a quedar de brazos cruzados y su consejero de Educación, Sebastián Cano, ha anunciado que "va a recurrir al Tribunal Supremo" la sentencia. Cano ha señalado que no comparte "el criterio del tribunal andaluz" y ha recordado que la postura de la administración andaluza "coincide con la del TSJ de Cataluña y de Asturias, que en casos parecidos o idénticos a éste han fallado en sentido contrario, al denegar el derecho a la objeción".

La sentencia emitida por la sala de lo Contencioso del TSJA, se basa en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para equiparar el derecho a oponerse a esta asignatura con el derecho a la objeción a cualquier asunto que pertenezca al "claustro íntimo de creencias". Esta primera sentencia a favor de la objeción contrasta con otra emitida en febrero por el Tribunal Superior de Asturias, que negó que exista el derecho a objetar contra la EpC.

En la sentencia emitida ahora, el TSJA dice que los padres no han recibido del Estado y los centros docentes la información que exige el TEDH "para que puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos". "En nuestro caso, esa información no se ha suministrado" y, además, los contenidos de la asignatura "tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio de los derechos de los padres".

Junto a ello, los decretos que regulan la asignatura "emplean conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral, y cívica, valoración ética, valores o conflictos morales y sociales", añade el fallo. Ante esta situación, según los jueces, "es razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas, que no tienen por qué exponer detalladamente, puedan estar en desacuerdo con una parte de la asignatura", y es "lógico que soliciten que se excluya de ella a su hijo".

Libertad ideológica y religiosa

El TSJA entiende, junto a ello, que "el interés público" está en la garantía de los derechos, entre ellos "la libertad ideológica y religiosa y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Fuentes judiciales han explicado que, aunque este es el primer caso sentenciado, la misma sala del TSJA tiene en su mesa recursos similares de una decena de padres andaluces, por lo que es previsible que en próximas semanas se pronuncien en sentencias similares.

Tanto la Fiscalía del TSJA como la Junta de Andalucía se opusieron al reconocimiento de este derecho por entender que "no existe el derecho a la objeción de conciencia que se pretendía ejercitar".

Según los escritos de la Fiscalía, tal supuesto derecho "se configura en contra de un derecho fundamental básico como es el de la educación " y "el derecho que ostentan los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones no abarca que determinen conforme a sus creencias un determinado modelo de sistema educativo".

Mons. Rouco Varela: Educación para la ciudadanía es incompatible con el cristianismo.

El cardenal Arzobispo de Madrid lo tiene claro: “impartir Educación para la Ciudadanía es ir en contra del ideario católico de los centros”. Un mensaje claro para la FERE y otros colegios religiosos que han decidido “adaptar” –y adoptar- la asignatura. Además, advierte que la carta dirigida por el secretario de Educación al secretario general de la FERE “no tiene validez jurídica”, defiende la objeción de conciencia, sólo imposible “en los Estados totalitarios” y se pregunta qué hacen sus centros diocesanos todavía en la FERE

El conflicto está servido. Desde la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), se defiende la posibilidad de “adaptar”, y adoptar- la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) al ideario católico de los centros. Por el contrario, el cardenal Primado de España, arzobispo de Toledo, Mons. Cañizares señaló en unas jornadas organizadas por el CEU que eso significaba “colaborar con el mal”.

 Ahora es el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio Mª Rouco Varela quien en el transcurso de una reunión restringida, con profesionales cristianos, a cuyo contenido ha tenido acceso Hispanidad, advierte que “impartir EpC es ir en contra del ideario católico”. En su opinión, de una lectura “no muy profunda” de los decretos, se observa una visión del hombre “contradictoria” con la cosmovisión cristiana. “No sé cómo se puede adaptar esta asignatura”, sentencia. “Como mucho se puede evitar que vaya contra los principios y la moral cristiana, exactamente los que han elegido los padres que eligen un centro católico para sus hijos o escogen la asignatura de religión”, sostiene.

Además, Mons. Rouco considera que la carta remitida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Triana, al secretario general de la FERE, P. Manuel de Castro, “carece de validez jurídica”. En esa misiva, enarbolada por la Federación que agrupa a los colegios religiosos españoles como la solución definitiva al problema, Triana, temeroso de que el problema se le fuera de las manos, promete que los centros católicos podrán “adaptar” EpC.

 

Y es que, se pregunta Rouco, “¿qué valor jurídico-político tiene una carta? Ahora quizás valga, pero ¿quién garantiza que dentro de cinco meses no aparece un inspector y dice que no se está impartiendo éste o aquél contenido?”, se pregunta el cardenal. Y tiene razón. Porque además, la carta en la que se refugia la FERE como paraguas para su ‘Guantánamo’ educativo esta encabezada por un “Querido Manuel”: ¿Es esto garantía suficiente? 

Así que Mons. Rouco avala sin paliativos el movimiento de objeción de conciencia. “Se dice que en una sociedad democrática no es posible la objeción de conciencia. Es al revés: en una sociedad totalitaria la objeción de conciencia es imposible”. Así que concluye: “Negar la objeción de conciencia es propio de Estados totalitarios”. Así de claro lo tiene el arzobispo de Madrid, quien justifica la objeción en el derecho a oponerse a normas que vayan en contra de los derechos humanos fundamentales. “Y en este caso, claramente van en contra del derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que desean para sus hijos recogida en el art. 27.3 de la Constitución”.

¿Cómo terminará esta batalla? Mons. Rouco no se moja y responde a la gallega: “Yo qué sé, este es un tema político…” Sin embargo, tiene claro que si la FERE se plantara “se acabaría el problema”. Desde la FERE se argumenta, sin embargo, que son “democráticos” y deben acatar las leyes. Pero también se justifican en que si se apuntaran a lo que califican como ‘desobediencia civil’, “nos quitarían, no el concierto, sino la capacidad de enseñar”, como afirmara el padre De Castro, en la entrevista concedida al semanario Alba.   Y aquí llegamos al ‘quid’ de la cuestión. “Nosotros abrimos 2.000 centros todos los días y pagamos 84.000 nóminas”: ya nos vamos entendiendo. Sólo que la FERE debía saber –y lo sabe- que si sus centros amenazaran con retirarse de la enseñanza, quien tendría un problema sería el Gobierno, con cientos miles de niños des-escolarizados. Asumir la educación de todos ellos sería incurrir de manera inmediata en déficit público. O dicho de otra manera: la FERE tiene una capacidad de negociación absolutamente virgen. 

¿Por qué esta posición ambigua de los religiosos de la enseñanza? Según el cardenal Rouco (madre, más que padre, como manda la Iglesia), “yo creo que la FERE no se ha dado cuenta del peligro que entraña esta asignatura”. Una frase suave –también utilizada por Mons. Cañizares- que esconde una severa crítica. Más: Mons. Rouco, ¿qué hacen sus centros diocesanos todavía dentro de la FERE? Respuesta: “Yo que sé”. A Hispanidad le consta que, desde el Arzobispado de Madrid, hay movimientos de protesta e incluso algunos centros diocesanos han emprendido ya un proceso de desvinculación de la FERE.

En todo caso, volviendo al pronóstico episcopal sobre la solución, Mons. Rouco cree que “los derechos humanos” y la “defensa de la libertad” siempre terminan ganando. Un señor espaldarazo para el movimiento que promueve la objeción de conciencia frente a la EpC de Zapatero.

Tras estas afirmaciones del cardenal Rouco nadie puede llamarse a engaño. La FERE está obligada a cambiar de actitud y quienes defienden la libertad de enseñanza dar el paso hacia el cheque escolar, el único sistema que permite que la educación no esté en manos ni del Estado ni de los empresarios, sino de los padres, de eso que antes llamábamos el pueblo.

Documento: los obispos sobre la LOE, los profesores de religión y la EpC

Publicamos íntegra la nota de la Conferencia Episcopal Española que pide unidad en defensa de la libertad de conciencia.

Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de Religión y "Ciudadanía"; Madrid, 20 de junio de 2007

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1. El pasado 28 de febrero esta Comisión Permanente hizo pública una Declaración titulada La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos  que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas. Allí manifestábamos y explicábamos por qué esta nueva legislación no regula la enseñanza de la Religión de modo que queden a salvo los derechos de todos y, también, por qué los derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos resultan vulnerados tanto en el campo de la determinación de la educación moral que desean para ellos, como en el de la libre elección de centro educativo. Dicha Declaración conserva plenamente su vigencia.

2. Acontecimientos recientes nos exigen volver a hablar sobre algunos asuntos tratados ya el 28 de febrero, en concreto, sobre el nuevo estatuto laboral de los profesores de Religión y sobre la asignatura de nueva implantación llamada “Educación para la ciudadanía”.

I. El estatuto laboral de los profesores de Religión católica

3. El 9 de junio de 2007 se publicó el Real Decreto de 1 de junio por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión. Las preocupaciones que manifestábamos al respecto en nuestra Declaración de febrero se han mostrado, por desgracia, fundadas. Como sucedía ya con la LOE, el Real Decreto, que ahora conocemos, “asimila la situación laboral de los profesores de Religión en las escuelas estatales –según decíamos entonces de la Ley– a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica”.

4. El Real Decreto introduce tres elementos nuevos que exigen una valoración diferenciada. En primer lugar, establece que el contrato laboral de los profesores será de duración indefinida. En segundo lugar, prevé como causa de extinción del contrato “la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa que la otorgó”. En tercer lugar, el acceso al destino concreto –colegio o escuela– queda en manos de la Administración, según los criterios estimados por ella como adecuados.

5. Es positivo que el contrato laboral de los profesores de religión sea de duración indefinida. Los beneficios laborales que ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar su importante misión, que es misión de la Iglesia. Desde hace muchos años la Conferencia Episcopal, en diálogo con las diversas Administraciones, no ha escatimado esfuerzos para mejorar el estatuto laboral y económico de los profesores de religión. Los obispos seguirán interesándose vivamente por todo ello.

6. La dignidad del trabajo del profesor de religión, además de unas condiciones laborales justas, exige también las garantías legales de su perfil específico, es decir: el de una docencia que imparte la religión y moral católica a quienes han solicitado libremente estas enseñanzas. Sin tales garantías legales, el trabajo del profesor de religión perdería su identidad y quedaría expuesto a riesgos de todo tipo, incluido el de su eventual desaparición. Por eso, hemos de manifestar nuestra disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real Decreto.

7. Primero, el Real Decreto no ignora del todo que la autoridad de la Iglesia católica –como, en su caso, la de la Confesión que corresponda– sea la instancia competente para garantizar la idoneidad de los profesores de religión y moral católica. Sin embargo, tal autoridad no es reconocida de manera suficiente para que le sea posible ejercer sus competencias de modo seguro. La mera invocación de una “revocación ajustada a derecho” (art. 7) –sin aclarar a qué derecho se refiere–  puede restringir indebidamente la competencia del Obispo para retirar la idoneidad cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jurídico de la Iglesia (véase el canon 804). La Constitución declara que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96). Por tanto, podremos seguir actuando según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, que no ceden ante un Real Decreto ni ante una ley ordinaria, como la correspondiente Disposición adicional de la LOE.

8. Hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con el Acuerdo sobre Enseñanza (véase artículo VI), y según la doctrina del Tribunal Constitucional, “la apreciación del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control de los Tribunales” (Sentencia de 15 de febrero de 2007). En un ordenamiento inspirado por el principio de libertad religiosa, los motivos de índole religiosa por los que un profesor puede perder su idoneidad como docente de la religión y moral católica no son susceptibles de evaluación por las leyes y por los tribunales civiles. Además, el Acuerdo establece que la designación de estos profesores ha de realizarse, de entre los propuestos por el Ordinario, “para cada año escolar” (Art. III). Este mandato legal es compatible con un contrato laboral de duración indefinida, y permite al Obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada momento. Por eso, los obispos seguirán haciendo la preceptiva propuesta de los profesores que consideran idóneos para cada año escolar.

9. Segundo, es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto determinado forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que el Obispo no da en abstracto o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las circunstancias concretas de lugar y personas. Ésa ha sido la praxis constante en la interpretación de los Acuerdos, que ha sido corroborada por el Tribunal Supremo  (véase la Sentencia de 29 de septiembre de 2004).

10. En suma, pensamos que el Real Decreto de 1 de junio de 2007, publicado el 9 de junio, regulador de la relación laboral de los profesores de religión, no cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado Español y la Santa Sede, por el que se hace efectivo para los católicos en este campo el derecho de libertad religiosa reconocido de modo genérico por la Constitución Española, y no se ajusta a la jurisprudencia establecida al respecto por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. No podemos excluir que sea necesario ejercer las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos.

II. “Educación para la ciudadanía”

11. La LOE ha introducido en el sistema educativo español una nueva asignatura obligatoria, conocida como “Educación para la ciudadanía”, cuyo objetivo, tal como resulta articulada en los Reales Decretos, es la formación de la conciencia moral de los alumnos. La publicación de las correspondientes disposiciones de las Comunidades autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ése es el objetivo de la nueva asignatura.  En nuestra Declaración del 28 de febrero expusimos los motivos por los que tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la Constitución Española (art. 27, 3).

El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” de la LOE –tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de "esta" “Educación para la ciudadanía”.

Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable.

12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre “Educación para la ciudadanía” han causado una creciente y comprensible preocupación en los padres de alumnos. También han puesto en dificultades a los centros educativos. Por un lado, los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que –según el actual currículo– no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos.

Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: “ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra” (Declaración de 28 febrero).

13. En esta situación, se han planteado muchas dudas acerca del modo adecuado de responder a tal desafío. En nuestra Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias.

Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos  puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social.

Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos –y los católicos, en particular– debemos mostrarnos unidos en su defensa.

Confiamos de nuevo a María, Madre de la Iglesia, la tarea de todos los educadores, en particular de los padres y de las escuelas.

Censuran las preguntas en un acto donde De la Vega hablaba de LIBERTAD DE EXPRESION.

 Todo ocurrió durante un encuentro con escolares en Teruel. La vicepresidenta habló a los estudiantes de la Constitución y de "tolerancia" o "libertad de expresión". Entonces se abrió un turno de preguntas en el que el primero en intervenir fue uno de los profesores del centro. El maestro, dirigiéndose a De la Vega, subrayó la paradoja de que la número 2 del Gobierno Zapatero hubiera hablado de los "derechos fundamentales" recogidos en la Carta Magna a unos alumnos que acababan de dar un "ejemplo de tolerancia" cuando, denunció, "sus preguntas han sido censuradas".

Es muy probable que la vicepresidenta ni supiera que sus estusiastas  "ayudantes" estaban filtrando las preguntas de los chavales, pero lo ocurrido en el salón de actos del Instituto Ibáñez Martín es de aurora boreal.

La vicepresidenta, a quien acompañaban el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y la alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez, hizo un largo discursos en el que citó el artículo 10 de la Constitución en el que recogen "derechos inviolables" como que las leyes no pueden discriminar a la mujer, y también, continuó, el de la libertad de expresión, cuyo límite es "el insulto, la injuria, la difamación", y abrió un turno de preguntas.

En ese momento, un profesor del Instituto Segundo de Chomón, David Prieto, tomó la palabra para afirmar que las preguntas estaban censuradas previamente.

Explicó que desde la Dirección de Educación se le habían pedido que pusiera por escrito qué preguntas se iban a hacer y consideró que era contradictorio este hecho con que la vicepresidenta aludiera a los derechos recogidos en la Constitución.

El presidente del Gobierno de Aragón dijo que los alumnos eran libres para preguntar lo que desearan y la vicepresidenta añadió que "sin censuras". Sin embargo, como ha informado la Cadena COPE, las preguntas que los alumnos dirigieron a la vicepresidenta fueron las que se habían pactado anteriormente.

 El jefe del Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón en Teruel, Jesús Rodríguez, admitió en declaraciones a Europa Press que había realizado una selección de las preguntas con el fin de "ordenar el debate". Además, los alumnos que portaban pegatinas con el lema "Teruel existe" no pudieron acceder al acto.

No queria, pero....... El presidente Zapatero ofrece diálogo para frenar el desgaste.

El presidente Zapatero recibirá próximamente a los convocantes de la manifestación contra la reforma educativa plasmada en la LOE para explicarles su posición. El gesto, que parece destinado a frenar la protestas y acabar con el desagste de su figura que refeljan las encuestas, ha sido tomado con reticencias por sus destinatarios. Los organizadores de la multitudianria manifestación del sábado advierten que no quieren un encuentro "cordial pero vacío". El PP pide la retirada de la ley.

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, fue quien informó de la disposición del jefe del Gobierno a tener esa entrevista con los representantes de quienes convocaron la movilización de ayer en Madrid y que reunió a miles de personas bajo lemas como "Los padres parimos, nosotros decidimos" o "Por una educación en libertad".

Dos de las organizaciones, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Federación de Enseñanza de USO, habían reclamado que el presidente del Gobierno mantuviese una entrevista con ellos para que paralice la reforma y opte por un pacto político y social.

Los organizadores valoran la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de recibirles en el Palacio de La Moncloa, pero advirtieron que no quieren un encuentro "cordial pero vacío, sino con contenidos". El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres (CONCAPA), Luis Carbonel, aseguró que su organización lleva "meses y meses" reclamando un encuentro con Rodríguez Zapatero para entregarle los cerca de 3,5 millones de firmas que han recogido (según datos de CONCAPA) para exigir que la asignatura de Religión tenga el mismo tratamiento que cualquier otra.

A su juicio, esta reunión es "un paso adelante muy importante" y refleja "un cambio de actitud" motivado por la multitudinaria manifestación celebrada ayer en Madrid.

La fecha de la cita en el Palacio de la Moncloa deberá concretarse en los próximos días y, según Moraleda, la entrevista responderá a la intención del Gobierno de seguir haciendo del diálogo su principal compromiso con la sociedad.

El Gobierno espera que se concreten las peticiones de quienes están en contra de la reforma educativa y "razonará sobre el contenido real de la Ley Orgánica de Educación". "Es el momento de la negociación, y no de la descalificación", según Fernando Moraleda.

Una marcha con "falsedades"
Más duro fue en sus declaraciones, sólo minutos antes, el secretario general de Educación. En una rueda de prensa para comunicar la posición del Ministerio ante la multitudinaria marcha en Madrid, Alejandro Tiana denunció el "cúmulo de falsedades" que se han vertido en torno a la manifestación y acusó al PP de actuar con intereses "partidistas".

Tiana lamentó que anteriores responsables de este departamento (en alusión a Pilar del Castillo y Esperanza Aguirre) se situaran tras las pancartas, cuando el último informe de la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el retroceso del gasto educativo hasta el año 2004.

Tiana se mostró convencido de que, dentro de un año, cuando la Ley Orgánica de Educación (LOE) esté en vigor, se comprobará que los padres que quieran religión para sus hijos "la tendrán", que también tendrán libertad para elegir el colegio, que no se habrán cerrado centros concertados. Además, se comprobará que las familias tendrán más becas; los colegios, más recursos; y los alumnos con más dificultades, más apoyos.

El PP pide que se retire la LOE
El PP, que apoyó la marcha en Madrid, también se ha pronunciado esta mañana sobre la marcha contra la reforma educativa a través de la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP. Ana Pastor reclamó precisamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que escuche "el clamor social" que ayer se oyó en la manifestación celebrada en Madrid contra la reforma educativa plasmada en la LOE y "retire" el texto.

Pastor, en una rueda de prensa, pidió al Gobierno "del talante" que "se siente, negocie y retire" la reforma educativa plasmada en la Ley Orgánica de Educación, al considerar que la misma "no contenta a nadie", y le instó a que no busque "chivos expiatorios" por sus responsabilidades.

La dirigente del PP pidió a Rodríguez Zapatero que "no se esconda, que dé la cara y no espere a que pase el temporal, porque no va a pasar", y le reclamó que gobierne "para todos".

Entre 407.000 y 1.500.000 manifestantes
La marcha contra la LOE fue respaldada por cientos de miles de personas, aunque la cifra exacta varía en función de la fuente de procedencia. Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid y los organizadores, en la manifestación participaron un millón y medio de personas, mientras que la Delegación del Gobierno reducía la cifra a 407.000.

Una discrepancia de ese mismo tipo, aunque muy superior en número, se dio el pasado mes de junio, en la manifestación contra el matrimonio entre personas del mismo sexo la Delegación del Gobierno cifró los participantes en 166.000; la Comunidad de Madrid en más de 700.000 y los organizadores en un millón y medio. Algo similar ocurrió en la protesta convocata por la AVT y la Comunidad de Madrid contra la negociación con ETA, en la que según cifras del Gobierno marcharon 240.000 personas, y según los organizadores un millón.

La manifestación más multitudinaria hasta ahora en España fue la del día siguiente a los atentados del 11-M, cuando se congregaron en Madrid unos dos millones trescientas mil personas, aunque en ese caso no hubo discrepancias respecto a las cifras.

Cerca de dos millones de personas abarrotan el centro de Madrid contra la LOE.

La primera estimación oficial de la Comunidad ha cifrado en un millón y medio el número de manifestantes en contra de la reforma educativa del PSOE. Los organizadores elevan esa cifra hasta superar los dos millones. "Mentiroso Zapatero, la familia es lo primero" era sólo una de las miles de pancartas. También se han oído consignas de apoyo a la COPE, única emisora que ha retransmitido la marcha en un programa especial con Federico Jiménez Losantos e Ignacio Villa.

La manifestación ha transcurrido desde las cinco de la tarde entre la plaza de Cánovas del Castillo, donde está la fuente de Neptuno, y la puerta de Alcalá, donde estaba previsto que llegara una hora después. Sin embargo, debido a la masiva afluencia de manifestantes, los horarios no se han podido cumplir. En el punto de partida, desde casi una hora antes del inicio, ya estaban situados los convocantes con la pancarta de cabecera en la que se leía "Por una educación en libertad, LOE no". Las calles aledañas al Paseo del Prado pronto se vieron colapsadas por la gran afluencia de público. La Policí tuvo que cerrar al tráfico, asimismo, el final de la calle Serrano y parte de la calle de Alcalá hasta su confluencia con la Gran Vía.

Antes del inicio, una decena de jóvenes recogían con huchas de plástico donativos de los manifestantes por el coste de los folletos informativos contra la LOE y vendían "por la voluntad" unas pulseras de plástico naranjas donde puede leerse "LOE no". Los organizadores también han puesto a la venta durante la manifestación un DVD conmemorativo de la multitudinaria manifestación a favor de la familia del pasado mes de junio. Tanto las pulseras como el DVD, van a servir a la organización para hacer frente a los gastos originados por la convocatoria de hoy.

A la manifestación han acudido numerosos dirigentes del Partido Popular, entre ellos el secretario general, Ángel Acebes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Ana Pastor, Ana Botella, el portavoz parlamentario del partido, Eduardo Zaplana; la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Fernández, la ex ministra de Educación Pilar del Castillo (autora de la LOCE) y el eurodiputado Jaime Mayor Oreja. También han participado en la protesta el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez, el obispo de Huesca-Jaca, Jesús Sanz, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez,  el obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Borobia, el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, y el obispo electo de Murcia, Juan Antonio Reig.

Apoyo a los obispos y a la COPE

Desde horas del inicio de la manifestación ya se escuchaban en la zona los gritos de miles de personas coreando eslóganes contra la reforma educativa y el Gobierno.

Entre las pancartas, una hecha con los colores de la bandera española en la se podía leer "Obispos sed valientes, no estáis solos". "Zapatero pisotea el derecho de los padres" y "Familia unida, jamás será vencida" han sido algunos de los lemas más coreados por los concentrados en torno a la plaza de Neptuno. La cadena COPE ha sido otra de las protagonistas de la tarde. La enisora situó grandes altavoces en el paseo del Prado a través de los cuales se estaba retransmitiendo un informativo especial sobre la manifestación. Los manifestantes animaron a los profesionales de la COPE con eslóganes como "Gracias a la COPE, sabemos la verdad". Los periodistas de esta cadena de radio que se encontraban a pie de calle cubriendo la noticia eran felicitados efusivamente por muchos de los asistentes. El director de "La Linterna", César Vidal, asistió en primera línea y su nombre fue coreado según iba avanzando la pancarta principal.

Pasadas las seis de la tarde, y cuando miles de personas todavía estaban en el punto de inicio de la marcha, comenzaron las intervenciones de los convocantes sobre el escenario instalado bajo la Puerta de Alcalá. Allí ya estaba la pancarta de cabecera a la que seguían otras dos con los lemas "Contra el fracaso escolar, LOE no", y "Por el prestigio de la enseñanza, LOE no".

Pancartas contra Zapatero

El lema más coreado ha sido "Yo no quiero que me eduque Zapatero". También se podía escuchar "Familia unida, jamás será vencida" y leer pancartas donde podía leerse "Obispos sed valientes, no estáis solos", "La LOE es una ley muy adecuada para una dictadura" y "Zapatero quiere que las clases de religión sean un gueto".

Padre o funcionario: ¿quién decide? Manifestación contra la LOE.

Un funcionario decidirá el colegio donde tu hijo va a estudiar. Tal vez sea un pésimo colegio, con un índice de violencia y de fracaso enorme, pero ahí será donde estudie tu hijo, porque ese será el colegio elegido por un funcionario. Otro funcionario decidirá las materias que estudiará tu hijo. Otro funcionario se encargará de que adoctrinen a tu hijo acerca de cómo debe comportarse como ciudadano-súbdito, mientras le pondrá trabas para que estudie Religión. Otro funcionario permitirá que tu hijo haga pellas porque un día les apetezca a la mayoría de sus compañeros de clase. Otro funcionario considerará muy formativo y pedagógico que tu hijo pase curso tras curso acumulando suspensos. Mientras, otro funcionario reducirá o eliminará el concierto del colegio donde estudia tu hijo, y tu colegio deberá cerrar. La LOE va a implantar todo esto.
¿Consentirás que un funcionario te suplante y que decida dónde y qué debe estudiar tu hijo? ¿Todavía te estás pensando si acudirás a la manifestación del 12-N?

Pancartas imprimibles para la manifestación del 12 de Noviembre contra la LOE.

 

 ¡¡¡TIENES QUE IR!!!

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Puedes imprimir en papel, en cualquier impresora doméstica, estas pancartas para llevarlas en la mano. Están en formado DIN A4 (21 x 29,7 cms) pero es recomendable fotocopiarlas en formato DIN A3 (29,7 x 42 cms) para que se vean mejor. Tú mismo puedes hacer fotocopia para tus familiares y amigos que te acompañen en la manifestación.
Las pancartas están en formato PDF, por lo que necesitarás tener instalado el Acrobat Reader para poder imprimirlas.

¡¡¡TIENES QUE IR!!!

http://www.loe-no.org