Estatuto del periodista: atar en corto a la canallesca.
¿Tolerará el gremio periodístico la artimaña legal que se pretende aprobar en el Parlamento con el fin de controlar la profesión? ¿Nos vamos a tragar una ley que ataca frontalmente el derecho a la libertad de información?
Los comités de sabios, consejos audiovisuales y demás organismos reguladores se unen ahora al proyecto de estatuto profesional del periodista en un nuevo intento de crear una jurisdicción especial para los que se encargan de informar. Y esa es una música que nunca suena bien.
¿Reclama la profesión una ley de prensa?
La iniciativa parlamentaria que ha presentado Izquierda Unida se fundamenta, según la coalición, en las demandas de las y los profesionales de los medios de comunicación, así como de quienes se encuentran cursando los estudios relativos a esta profesión, pretensión harto optimista por cuanto la profesión no constituye una suerte de clase o corporación y no existe ni mucho menos consenso entre quienes la ejercen acerca de la necesidad de tal proyecto legislativo.
Tampoco ha habido un proceso de debate previo que permita aseverar a IU que en la elaboración del proyecto de ley se ha contado con el asesoramiento e inestimable ayuda de los distintos sindicatos de periodistas, en tanto que tales sindicatos no representan más que a una parte de los profesionales de la información.
Jurisdicción especial
Según los proponentes, el Estatuto del periodista se basa en un sistema de incompatibilidades y un Código Etico, cuyo control se confía a los Consejos de Información que puedan constituir las Comunidades Autónomas y a un Consejo de Información de ámbito estatal que se crea a partir de la aprobación de la ley. De modo que, abolidas las jurisdicciones especiales (militar, etc.) por su carácter predemocrático, queremos instituir ahora una jurisdicción especial para los periodistas.
Código ético suena muy bien pero no significa absolutamente nada. En España disponemos del mejor código ético que existe, en la medida en que es el mismo para todos los ciudadanos cuando deben responder ante la Ley. Se llama Código Penal. Tal vez haya que incorporar nuevas figuras, delitos no contemplados hasta ahora y que afecten de manera particular a los periodistas. Hágase. Cuantas veces sea necesario. Pero inventar leyes especiales para sectores tan sensibles a la manipulación y la presión política como la prensa es iniciar el camino hacia la censura y el control de la información.
Más organismos de control
En la proposición de IU se habla de Consejos de Información autonómicos y de ámbito nacional. Así pues, de aprobarse la proposición de ley, habrá 18 oportunidades para mediatizar, controlar y censurar el derecho a la libre información. A ello habrá que sumar los Consejos Audiovisuales (también 18) que se superpondrán a los Consejos de Información, con lo que la situación puede llegar a ser surrealista, cuando no ridícula, para los periodistas que trabajen en cadenas de televisión, sometidos a doble observancia. Porque, seamos francos, ¿algún profesional de los medios se toma medianamente en serio la pretendida independencia de los susodichos consejos?
¿Quién será periodista según el Estatuto?
El proyecto de ley considera que periodista es cualquiera que se gane la vida informando, pero para ejercer es necesaria una acreditación:
La condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos. El carné profesional se renovará periódicamente.
Los 18 controladores tienen la potestad de determinar quién es periodista. Y además tal condición caduca y debe ser renovada periódicamente. Vamos, igual que los médicos o cualquier otra profesión, que cada año deben ser confirmados en su actividad
18 organismos decidirán en cada ámbito y territorio quién es periodista y esa decisión será revocable. ¿Hace falta argumentar más?
¿Quién no será periodista?
El capítulo de incompatibilidades no es demasiado extenso e igualmente arbitrario:
El ejercicio de la profesión periodística es incompatible con a) el ejercicio profesional de la actividad publicitaria, de marketing y relaciones públicas; b) la condición de policía, militar, juez o fiscal; c) los ministros y los cargos públicos de libre designación ministerial o por los órganos de gobierno de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Dado que el proyecto de ley reconoce el carácter de periodista a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, excluir a tantos niega la propia definición del profesional de la información que recoge el texto propuesto. ¿En nombre de qué no va a poder ser periodista un juez, o un militar, o un publicista? ¿Pero qué clase de caza de brujas subyace en este texto? Doble rasero a la hora de medir, eso es todo.
Control de la actividad privada
El proyecto de ley de IU establece también cómo deben comportarse las empresas de comunicación. La norma pormenoriza quién puede ser director de un medio y de qué forma ha de ser elegido y debe actuar, cuando tales atribuciones deben corresponder a los propietarios de las empresas, dado que estas son de carácter privado. Este no es un estatuto para RTVE, pero los diputados parecen haberlo olvidado.
La proposición de Estatuto de periodista que ayer presentó en el Congreso IU y aplaudió el PSOE supone un paso atrás porque:
Pone en riesgo la independencia de los profesionales de la información.
Les hace depender de unos organismos que serán los únicos con capacidad para otorgar permisos de trabajo renovables a los que quieran ser periodistas.
Regula el funcionamiento interno de las empresas privadas de comunicación.
Supone legalizar nuevas formas de control político y censura.
Texto íntegro de la proposición de Estatuto profesional del periodista
El Estatuto del Periodista nos devuelve al franquismo.
19 comentarios
Gonzalez U. -
Gonzalez U. -
Según el presidente de la FAPE, los medios de comunicación nunca prestaron "tan poca atención a lo que ocurre en la profesión", por lo que, dijo, "buena parte de los problemas que tenemos es por culpa nuestra". "Podemos buscar excusas donde queramos, pero si no actuamos todo lo que nos pase nos estará bien empleado", apuntó el presidente de la FEPA y también presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. En su opinión, los periodistas deberían centrarse en trabajar por "la autoestima, dignidad y prestigio de la profesión", lo que empezaría "por respetarnos unos a otros" para luego "tratar de que los demás nos respeten".
Rosario Suarez -
Rosario Suarez -
El tercer eslabón de esta cadena de acoso a un medio crítico es ya plenamente goebeliano: si no les puedes cortar el dinero, si siguen dando caña a pesar de que les castigas con el destierro informativo, trata de convencer a la gente de que no son lo que parecen, sino algo bien distinto. El mensaje es ahora: en la COPE no son periodistas sino obscenos manipuladores de páginas web pornográficas. En consecuencia, no pueden acogerse al derecho a la libertad de información.
La última fase del acoso socialista a la única cadena de radio crítica con el Gobierno resulta burda y torpe. No es que carezca de fundamento, sino que resulta ridícula en sí misma. ¿A quién se le ocurrió que colaría la imagen de la Conferencia episcopal partiéndose de la risa con una página obscena? O todavía peor, de una jerarquía de la Iglesia integrada por imbéciles que no se enteran de nada ni tienen criterio propio y cada mañana son manipulados a voluntad por un periodista radiofónico.
Rosario Suarez -
No se trata ya solamente de una importante operación de control de la profesión periodística a través de comités de carácter político integrados por personas elegidas desde los partidos, al estilo del franquismo y aun del comunismo soviético.
La intolerancia del actual PSOE a la crítica, tenga la forma que tenga, ha dado estos días un paso más con la persecución descarada a un medio específico. La guerra declarada por ZP a la COPE (conviene recordar que se trata de la única cadena de radio crítica con el Gobierno) ha tenido tres fases bien distintas:
Al amparo de la laica perfección del Estado, los socialistas desencadenaron la primera campaña de acoso a la cadena de radio intentando dañar su estructura económica. El cuestionamiento de los sistemas de financiación a la Iglesia o los llamamientos a no destinar dinero para esa institución en la declaración del IRPF, que en apariencia nada tienen que ver con la COPE, se inscriben en una estrategia destinada a culpabilizar, a crear un ambiente hostil y a poner en duda las cuentas de las obispos y de los organismos que de ellos dependen. La reacción de la Iglesia y la respuesta social han bloqueado el intento y el PSOE, consciente del lío en que se estaba metiendo, rectificó a través de José Blanco.
Becaria -
La promulgación parlamentaria del Estatuto del Periodista Profesional y aprobación de una ley que regule los derechos laborales del colectivo, serán dos herramientas claves para garantizar el derecho constitucional de la población española a una información libre, veraz e independiente.
En concreto, el Estatuto, como proclama en su introducción, debe desarrollar los derechos de la libertad de expresión e información en un conjunto de facultades que permitan a los informadores reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar.
Becaria -
CONCLUSIONES
Hoy, en España, la profesión de periodista no está regulada. Y cualquier medio de comunicación puede convertir a quien desee en periodista, extendiéndole un contrato. Y sin embargo existe una absoluta conformidad en la importancia social del periodista, profesión clave para que se haga efectivo el derecho a la información que proclama la Constitución. Parece algo incongruente, sobre todo, si se tiene en cuenta que todos los países de nuestro entorno disponen de una ley, de un Estatuto Profesional que fija los deberes y derechos del periodista o cuentan con un sistema de autorregulación.
La elección de un nuevo Gobierno abre en España la posibilidad de iniciar un debate parlamentario sobre los derechos y los deberes profesionales y laborales de los periodistas. La Agrupación de Periodistas debe trabajar por conseguir la promulgación del Estatuto.
Los partidos de izquierda, encabezados por PSOE, IU y el catalán Iniciativa-Verds per Catalunya critican la actitud ultraliberal del Partido Popular y la de otros grupos políticos conservadores cuya posición es contraria a la regulación. Quienes se muestran en este sentido apuntan al Derecho a la Información como un marco global de regulación, como un derecho fundamental reconocido por la Carta Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Española y los estatutos de Autonomía.
Becaria -
Más recientemente, la ley portuguesa de 13 de enero de 1999 promulga un estatuto con un completo elenco de derechos y deberes. En el caso italiano tiene un destacado protagonismo la Ordine dei Giornalisti y la necesidad de estar inscrito en un registro especial para ejercer la profesión, inscripción que requiere acreditar un periodo de práctica previo y la superación de un examen.
En los países latinos, es habitual el reconocimiento a los periodistas de una situación estatutaria especial. Un organismo público, corporativo o sindical, acredita la condición de periodista profesional (lo que supone que esa actividad habitual es la principal fuente de ingresos y exige tiempo de práctica demostrada) mediante la expedición de un carné, que básicamente da ciertas ventajas en el ejercicio diario como es el acceso a lugares públicos o privados.
Por tanto, en Europa y en los países más desarrollados existe un Estatuto que regula los deberes y derechos de los periodistas, excepto en el mundo anglosajón, donde la peculiaridad de su derecho protege por otras vías el ejercicio profesional.
Becaria -
La historia sobre el debate del Estatuto se volvió a plantear el pasado 20 de febrero en la última reunión que mantuvieron los componentes del Foro de Organizaciones de Periodistas en la sede de la Asociación de la Prensa de Alicante (APA). Sus portavoces decidieron impulsar otra de las vías abiertas para obtener el respaldo institucional y legislativo a la garantía del derecho a una información veraz e independiente. En el encuentro se acordó buscar el respaldo de los parlamentos autonómicos para aprobar de forma definitiva el Estatuto del Periodista Profesional. En el seno de esta convocatoria, los miembros del FOP manifestaron la intención de reunirse con los diferentes grupos parlamentarios de la Comunidad Valenciana y de otras regiones para recabar su apoyo en la redacción final del proyecto. Recientemente se han mantenido reuniones con representantes los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.
MARCO INTERNACIONAL
Los defensores del Estatuto del Periodista Profesional decimos que la regulación de los deberes y derechos de la profesión es un hecho en los países de nuestro entorno como Italia, Portugal y Francia.
En cuanto a los vientos que soplan en otros países de Europa, en general tienen regulada la figura del periodista profesional mediante estatutos o con modelos que se corresponden con la línea de lo que establecen sus respectivas legislaciones democráticas.
Becaria -
En este debate también participó el diputado del PSOE Luis González Vigil que respaldó la iniciativa de IU porque, como recordó, España es el único país de la UE que carece de una regulación específica de la profesión periodística.
El portavoz de CiU, Pere Grau defendió la necesidad de encontrar entre todos una solución para la situación de los periodistas a la pieza y freelance, mientras que el representante del PP en la Comisión de Control de RTVE, Alejandro Ballestero, vió déficits de forma y de fondo en la proposición y defendió la posición liberal del PP ante la independencia de los periodistas.
Iniciativa Verds per Catalunya presentó el 19 de noviembre de 2003, a instancia de diputado Joan Saura, otra Proposición de Ley Orgánica de Redacción de un Estatuto Profesional y una Proposición de Ley de reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas (con idénticos contenidos a las de IU) que no se llegaron a debatir ni a votar.
Becaria -
La propuesta de IU, incluía el texto del borrador del Estatuto elaborado por el FOP y recogía la creación de un Consejo Estatal de la Información con la función de promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del público a recibir información y también los derechos de los profesionales.
Según esta iniciativa parlamentaria, el consejo sería un organismo público e independiente del poder ejecutivo que rendiría cuentas de su actuación al poder legislativo y estaría dotado económicamente con fondos presupuestarios. Sobre su composición apuntaban un total de veinte personas: ocho periodistas, cuatro representantes de asociaciones empresariales de la comunicación, dos juristas de reconocido prestigio, cuatro representantes sindicales y cuatro de asociaciones de consumidores y telespectadores, siempre elegidos al 50 por ciento entre el Congreso y el Senado.
El Pleno del Congreso rechazó el 9 de diciembre, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Convergencia i Uniò, la propuesta de Izquierda Unida de crear un Estatuto del Periodista Profesional. Votaron a favor de la propuesta de IU los diputados de los grupos de IU, PSOE y Mixto.
Becaria -
El ponente del PSOE Luis González Vigil sostuvo que aproximadamente la mitad de los periodistas en España trabaja en condiciones precarias, una situación que puede alcanzar al 90% de los trabajadores en las televisiones locales y más del 60% en la prensa no diaria.
Por su parte, el PP dijo que la cuestión debía ser abordada en la negociación colectiva y acusó a los socialistas de pretender impulsar esta ley en la recta final de la legislatura cuando no hicieron nada al respecto durante sus 14 años en el Gobierno. Según el PP, fueron ellos quienes comenzaron a desarrollar la Constitución en relación con los derechos y los deberes de los periodistas con la aprobación de la Ley orgánica sobre la Cláusula de Conciencia en 1997.
El representante del PSOE afirmó que España es el único país de Europa que carece de regulación de la profesión periodística a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa que recomienda normalizar esta actividad.
Becaria -
El encargado de redactar los textos legislativos fue el periodista de TVE, abogado y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, Rafael Díaz Arias, afiliado a La Agrupación de Periodistas de CC.OO. En menos de un año, el Estatuto del Periodista Profesional y la Ley de Derechos Laborales estaban redactados y consensuados por las organizaciones del FOP que, con ligerísimos retoques, dio el visto bueno al trabajo efectuado por Rafael Díaz Arias.
ASAMBLEAS, REUNIONES Y ENTREVISTAS PARA DIVULGAR LA INICIATIVA
Acordado el borrador definitivo, el FOP comenzó una labor de difusión cuyo objetivo era la tramitación y aprobación parlamentaria de unas leyes que promulgaran el Estatuto del Periodista Profesional y la Ley de Derechos Laborales. A lo largo del 2001 se enviaron cartas a los Grupos Parlamentarios en las que se adjuntaron los textos de las dos proposiciones
de ley y, posteriormente se tuvieron reuniones con todos los grupos parlamentarios con el fin de hacerles comprender la necesidad de regular la actividad periodística en las vertientes profesional y laboral.
Becaria -
Por su parte, CiU defendió abiertamente la necesidad de alcanzar un consenso político para sacar adelante ambas proposiciones de ley.
El FOP, inasequible al desaliento, ha seguido con las presiones para sacar adelante el proyecto y, en sendas reuniones, en primavera y en el mes de septiembre de 2003 aprobó enviar nuevas cartas a los representantes parlamentarios para reiterarles la necesidad de promover el Estatuto, con el fin de sondear al partido del Gobierno (PP). Esta iniciativa suponía reiniciar la lucha contra el déficit con el que se topa el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, veraz, contrastada e independiente.
Becaria -
En los últimos años, la necesidad de un Estatuto del Periodista Profesional ha adquirido carácter de urgencia debido a la sensibilización de las organizaciones de periodistas que han sabido recoger las demandas efectuadas en encuentros y convenciones por los profesionales de la información. La Ley de Prensa de 1966 contiene un apartado referido al acceso a la profesión aunque no estaba dirigido a garantizar la independencia de los informadores para cuyo ejercicio era preciso contar con una habilitación expresa de la administración. En 1967 se aprobó el Decreto 744/1967 por el que se exigía el registro obligatorio de los titulados, y se regulaba la figura del director.
Treinta años más tarde, en la I Convención de Periodistas de España, organizada por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) celebrada en Cádiz en 1998, los 300 periodistas asistentes plantearon una plataforma reivindicativa para dotarse de un marco laboral que garantizara una información libre, plural y de calidad.
El FOP está constituido por la Agrupación de Periodistas de CC.OO. la Federación de Asociaciones de la Prensa de España FAPE, la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas, y el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Becaria -
Rodríguez Zapatero citó tres cuestiones hoy importantes para el debate general en torno a los medios de comunicación: la Constitución, que ampara a los periodistas como profesión en su artículo 20 y que concede una atención extraordinaria al derecho a la información; la globalización, donde señaló a los inmensos y todopoderosos grupos que tienen bajo su control los medios y denunció la concentración de la información en pocas manos; y, por último, la injerencia del poder político en el trabajo de los profesionales, donde se preguntó por lo que había hecho del Partido Popular en estos ocho años para ayudar a la sociedad española a estar mejor informada.
A su juicio las mejores normas de prensa serán las que garanticen la máxima neutralidad y la máxima independencia de los medios públicos, la libertad y la calidad de los profesionales y las que eviten la intromisión del poder político en la prensa, la radio y la televisión.
Becaria -
La regulación legislativa del ejercicio de la profesión periodística en España todavía no esta resuelta. Este es un asunto de absoluta actualidad, para el que se han abierto grandes expectativas tras el cambio de gobierno que se ha producido como consecuencia del resultado electoral del 14 de marzo.
El anterior Ejecutivo, de mayoría absoluta del Partido Popular, rechazó las propuestas para regular la actividad periodística presentadas por PSOE (proposición no de ley) e IU (proposición de ley) en el Congreso de los Diputados a finales de 2003.
En la clausura de la jornada parlamentaria, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista, el pasado 25 de noviembre en el Congreso de los Diputados: Derecho a la información. Periodistas con derechos, el actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la necesidad de promulgar El Estatuto del Periodista Profesional y la Ley de Derechos Laborales, respetando los textos presentados por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) a todos los grupos parlamentarios, la modificación del Estatuto de RTVE con el fin de que las Cortes elijan a su director por mayoría cualificada y la incorporación de debates políticos en los medios públicos.
Periodista precario -
Periodista precario -
Creo que están temblando porque puede que se le acabe el chollo. Puede que se termine eso de tener 'becarios' para cubrir plazas de redactores. Puede que terminen esos sueldos de 300 euros a jornada completa de 12 horas y sin fines de semana. Puede que se acaben esos 'colaboradores', recien licenciados, que cobran (muy poco) a la pieza, que no cotizan a la Seg. Soc. y que ocupan muchas mesas (30-40) en las redacciones de diarios de tirada nacional (y no mundial).
Señor Urbaneja (ahora en contra del Estatuto por no se sabe que oscuros intereses empresariales) en el primer Informe Anual de la Profesión Periodística 2004, dirigido por el catedrático Bernardo Díaz Nosty y editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (asociación de la que es usted presidente), se expone una encuesta realizada a periodistas en activo miembros de la APM en la que el 88,5% de ellos considera que la precariedad laboral es el primer problema para la profesión. ¿Por qué tiene miedo a terminar con esta situación?
Afirman algunos (como la directiva del diario El Mundo y esta misma página de internet) con la boca llena de razones inventadas que hay miedo a volver a la censura franquista.